Economía Peruana

Economía Gerencial. Globalización. Sudamérica. Acuerdo de Libre Comercio. Unión Europea y América Latina. Sistema Financiero Internacional

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  • Idioma: castellano
  • País: Perú Perú
  • 38 páginas
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LA MOLINA, 28 DE MARZO DEL 2001

A.P.C.

INDICE

LA ECONOMIA PERUANA EN EL CONTEXTO SUDAMERICANO

  • Introducción

  • 2- Capitulo I.-

    Las perspectivas de un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y América Latina.

    3- Capitulo II.-

    El Sistema Financiero Internacional y su impacto sobre América Latina y el Caribe

    4- Capitulo III.-

    Situación de la Economía Peruana en el contexto Sudamericano .

    5- Conclusiones

    6- Bibliografía

    7- Anexos

    1.- INTRODUCCIÓN

    La presente monografía tiene por finalidad enmarcar la economía peruana dentro del contexto sudamericano y latinoamericano, partiendo del principio de la globalización, termino actual en la que se desarrollan la gran mayoría de las economías mundiales.

    En los siguientes capítulos desarrollaremos primero el entorno latinoamericano dentro de la Unión Europea, debido a que esa esta en un franco ascenso y de importancia mundial; luego analizaremos el impacto del Sistema Financiero Internacional en América Latina y el Caribe, como este afecta directa e indirectamente a nuestras economías y principalmente a la peruana, como al realizar cambios en el Sistema se beneficia o no el desarrollo económico de los países de Latinoamérica; Seguidamente abordaremos el tema de fondo La Economía Peruana en el contexto Sudamericano, en este capitulo analizaremos (por comparación) como se encuentra nuestra economía en el entorno de Latinoamérica y principalmente dentro de la Sub-región del Pacto Andino, esto lo haremos a través de indicadores macroeconómicos tales como; tasa de cambio, interés, exportaciones, etc Finalmente luego de un análisis de los diferentes capítulos desarrollados y de los diferentes cuadros (anexos) de indicadores macroeconómicos, llegaremos a las conclusiones pertinentes de esta monografía.

    Cabe indicar que la presente monografía ha sido redactada en un lenguaje de fácil compresión para el estudiante de bachillerato de Administración de Empresas, con la finalidad de que este se pueda formar claramente un criterio sobre la situación actual de la economía peruana en el contexto sudamericano; asimismo la bibliografía consultado en su gran mayoría es de artículos, cuadros estadísticos y editoriales de las más prestigiosas revista e economía del medio, a través de Internet, para lo cual en la bibliografía se adjunta las diferentes direcciones electrónicas para que el lector, si así lo deseara, pueda profundizar en los temas que desee.

    Indice

    2.- CAPITULO I

    Las perspectivas de un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y América Latina.

    En los próximos años, un Acuerdo Libre Comercio entre América Latina y la UE no parece demasiado factible. La principal razón para ello es la creciente diversidad latinoamericana, los niveles de desarrollo e intereses cada vez más dispares entre 19 países de diferentes tamaños, herencias históricas y relaciones exteriores. Por tanto, en el actual escenario de heterogenización, el término “América Latina” parece cada vez más obsoleto. Al menos en el ámbito comercial no parece existir una agenda de intereses comunes frente a terceros socios, sino necesidades individuales basadas en distintos niveles de desarrollo y estructuras comerciales.

     

    La consolidación de bloques subregionales como el MERCOSUR, el MCCA, la CARICOM y la CAN, así como el creciente perfil de países individuales como Chile o México como parte del NAFTA son el fiel reflejo de la creciente diversidad del subcontinente latinoamericano. Por otra parte, se está perfilando una clara separación entre el área del Gran Caribe orientado hacia EE UU y una Sudamérica más cercana a Europa. En este sentido, América Latina ya no es un término apropiado para definir la realidad de un subcontinente cada vez más dispar (Lowenthal 2000).

     

    La UE ha reconocido estas diferencias y ha elaborado desde mitad de los anos noventa estrategias de cooperación por país y subregión, teniendo en cuenta las respectivas idiosincrasias de cada uno de los socios. El resultado fue una política diferenciada: la oferta de ALC's frente a los países más avanzados y económicamente más prometedores; cooperación con los socios menos desarrollados: la CAN y Centroamérica. En este sentido, frente a “América Latina”, la UE ha optado por una “política de dos velocidades”, aunque es posible que sólo sea una estrategia temporal hasta igualar las relaciones. Por estas razones, un acuerdo de libre comercio entre la UE y América Latina no parece un proyecto factible ni tampoco una meta deseada por uno de los dos socios. Un ALC entra la UE y América Latina sería más bien un proceso gradual. Así, podría ser el resultado de la convergencia de los acuerdos firmados con países individuales (Chile y México) y bloques subregionales.

     

    Ni América Latina ni la UE tienen un mayor interés de seguir el modelo del ALCA de negociar entre 34 países. Desde la perspectiva latinoamericana no existe una posición común de los 20 países que hiciera factible dialogar en bloque con la UE, sino distintos intereses  según el tamaño y nivel de desarrollo de los respectivos países. Para la UE es más fácil y prometedor negociar con países individuales pequeños grupos de países, dando preferencia a los socios más desarrollados como el MERCOSUR, México y Chile. Este es el grupo de “países pioneros” a los cuales la UE ha ofrecido acuerdos de libre comercio. Los perdedores de este juego por mantener la presencia europea en América Latina son al menos de momento, los países andinos, Centroamérica y Cuba. En este sentido, se percibe una “geometría variada” en las relaciones europeo-latinoamericanas.

     

    Los acuerdos de asociación firmados y en negociación

     

    La idea de firmar acuerdos de libre comercio entre la UE y los países latinoamericanos económicamente más avanzados surgió en diciembre 1995 con la firma de un acuerdo de cooperación interregional entre la UE y el Mercosur, diseñado para preparar una futura asociación política y económica. Un año después, la UE formuló la misma oferta a Chile y en 1998 empezó a negociar un acuerdo de libre comercio - en base a un acuerdo global interino firmado el 8 de diciembre de 1997 - con México.

     

    Pese al ligero aumento de los intercambios en 1998, con menos del 15%, México sigue teniendo una participación pequeña en el conjunto del comercio europeo-latinoamericano. Durante toda la década de los noventa, la UE sostuvo un superávit en el comercio con México, que alcanzó 6.100 millones de dólares en 1998. Debido a su creciente concentración en el mercado norteamericano, las exportaciones mexicanas a la UE han caído drásticamente:  Si en 1990 un 13,3% se dirigieron al mercado común europeo, en 1997 fue tan sólo el 3,6%. Por la misma razón se ha reducido también la participación de la UE en las importaciones del país a la mitad: del 17,4% en 1990 al 9% en 1997.

     

    Este marcado declive en los flujos revela una clara desviación del comercio por el “efecto NAFTA. Recuperar posiciones europeas en el mercado mexicano, que además es un puente al mercado de EE UU, fue la principal motivación europea para firmar, el 23 de marzo de 2000.  un ALC con México. México, a cambio, buscó contrarrestar el creciente peso de EE UU en su economía a fin de diversificar sus relaciones comerciales hacia otras partes del mundo.

     

    Aunque el MERCOSUR es el principal socio económico de la UE en América Latina y fue el primero en acordar una futura asociación, las negociaciones con México concluyeron primero, en un plazo de sólo dos años. México fue el primer país latinoamericano que firmó el 23 de marzo de 2000 un ALC con la UE, que entrará en vigor el 1 de julio del 2000. La brevedad del proceso se debe a dos factores:

     

    ð         En primer lugar por el interés mutuo en firmar un acuerdo: México para crear un contrapeso contra EE UU, la UE para tener acceso al NAFTA -,

     

    ð         En segundo término por una estructura comercial donde el sector agrícola es poco relevante al representar sólo alrededor de un 6% de los intercambios totales.

     

    El acuerdo UE-México incluye un 96% del comercio - la OMC sólo permite la exclusión temporal de un 10% -, las pocas excepciones son productos agrícolas (carne, lácteos, cereales). El plazo fijado para la liberalización comercial son siete años, hasta el 2007, aunque la mayor parte de los intercambios circulará libremente en 2003. En este ano, cuando los productos industriales del NAFTA serán liberalizados, todas las exportaciones mexicanas entrarán en el mercado europeo exento de aranceles, y a las ventas de la UE se aplicará una tarifa máxima del 5%.

     

    Una comisión conjunta y un mecanismo de regulación de conflictos garantizarán el seguimiento institucional de los compromisos adquiridos. Tanto la UE como México esperan de este acuerdo un fuerte impulso de sus intercambios comerciales y los flujos de inversión, que se habían reducido sustancialmente a partir de la entrada de México en el Nafta. Teniendo en cuenta que 3.000 empresas europeas están radicadas en México, el acuerdo dará sobre todo un nuevo impulso a las inversiones. En el contexto de la desviación de comercio a partir de la creación del Nafta, el proceso de liberalización comercial garantizará en los próximos años que la UE no siga perdiendo posiciones en el mercado mexicano y, viceversa, que México consolide su participación en las compras de la UE desde América Latina.

     

    Es altamente probable que Chile sea el próximo socio latinoamericano en firmar un acuerdo de libre comercio con la UE. Según el entonces Presidente Eduardo Frei, las negociaciones con la UE podrían concluir en un plazo de dos años (El Mercurio, 17.2.2000). Como México, Chile ha reducido a lo largo de los años noventa sus intercambios con la UE: si en 1990 dirigió un 38,5% de sus ventas al mercado europeo, debido a los crecientes intercambios con Asia y EE UU, esta cifra se redujo al 22% en 1997. No obstante, la UE sigue siendo el principal mercado extrarregional (después de América Latina) para las exportaciones chilenas. Esta tendencia indica perspectivas favorables para la intensificación del comercio, una evolución que será consolidada por la próxima firma de un acuerdo de asociación económica y política que ambas partes están negociando desde 1999. Al margen de la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno América Latina-Caribe-UE en Rió de Janeiro, Chile y la UE firmaron el 28 de junio de 1999 una declaración conjunta en la cual se comprometen iniciar negociaciones en noviembre. El 24 de noviembre tuvo lugar en Bruselas un primer encuentro para aprobar la agenda, estructura y metodología de las negociaciones que fueron inaugurados en abril de 2000 en Santiago de Chile.

     

    Como en el caso de México, los productos agrícolas no representan el sector clave en el conjunto del comercio entre Chile y la UE, aunque con una participación de cerca del 20% en las ventas chilenas a Europa son muy importantes. Un 7% de los bienes agrícolas son considerados sensibles, de modo que, conforme a las reglas de la OMC, sería posible excluirles temporalmente de un acuerdo de asociación. La agenda de negociación se reduce a un pocos productos de intercambio, ya que dos tercios de las exportaciones chilenas entran libres de aranceles o a tarifas bajas (el promedio es del 3,4%) en la UE.

     

    Si México es el puente hacia Norteamérica, Chile sigue siendo - pese a la reducción del comercio desde la crisis financiera - la puerta de entrada latinoamericana más importante hacia Asia, a la vez que está asociado al Mercosur y en un futuro próximo podría ser miembro con pleno derecho en el bloque. Es por ello que el proceso de negociación entre Chile y la UE tiene lugar paralelamente y está estrechamente vinculado al diálogo UE-Mercosur.

     

    Un acuerdo de libre comercio entre la UE y el MERCOSUR tendría la particularidad de ser el primero del mundo entre dos uniones aduaneras. El MERCOSUR es el principal socio comercial de la UE en América Latina. En 1998 representó más de la mitad de los flujos comerciales birregionales y de la IED europea en la región. La UE aporta más de una cuarta parte de las exportaciones e importaciones del Mercosur, perfilándose como su socio comercial principal y también su primer inversor. La evolución del comercio entre ambos socios es muy favorable: Desde 1990 se ha triplicado el comercio entre la UE y el MERCOSUR. No obstante, la estructura de los intercambios es altamente asimétrica y en beneficio de la UE: En el período 1990-1998, las ventas europeas al Mercosur registraron un crecimiento anual promedio del 18%, frente a tan sólo el 1,8% anual de las compras desde el bloque.

     

    Al igual que con Chile, la UE firmó en Río de Janeiro -después de un arduo debate interno- una declaración conjunta con el Mercosur. Según el compromiso acordado, las negociaciones interregionales sobre un acuerdo de libre comercio comenzaron (igual que con Chile) el mismo día 24 de noviembre y continuaron en abril del 2000 en Buenos Aires. Sin embargo, el complejo proceso de negociaciones arancelarias no empieza hasta el 1 de julio de 2001, sin  que se haya definido una fecha para finalizar el diálogo. Hasta ahora, se han celebrado tres reuniones con escasos resultados concretos. La fase más interesante de las negociaciones -el desmantelamiento de las barreras arancelarias- no se iniciará antes de julio del próximo año. Hasta esta fecha es altamente improbable que se logren avances sustanciales. 

     

    Un acuerdo de libre comercio interregional UE-Mercosur sería altamente beneficioso para ambos socios, que mantienen tradicionalmente las relaciones más estrechas en el marco de la cooperación UE-América Latina. Según los cálculos de la Comisión Europea, un acuerdo de libre comercio le traería más beneficios a Europa que al Mercosur. Un acuerdo de libre comercio podría generar un crecimiento adicional anual del 1.4% de las exportaciones del Mercosur al mercado europeo, mientras que las ventas de la UE hacia el bloque se elevarían entre el 2,4% y el 3,4% anual.

     

    Aunque el MERCOSUR fue el primer socio al que la UE ofreció un ALC, probablemente será también el último que firmará un acuerdo. Desde que la UE y el Mercosur firmaron un acuerdo marco de cooperación, en diciembre de 1995, está previsto crear una zona de libre comercio común. En estos cinco años se ha avanzado paulatinamente, pero a una velocidad menos alentadora de lo esperado. Comparado con Chile y México, un acuerdo de asociación interregional entre la UE y el MERCOSUR se enfrenta a tres dificultades adicionales que complican el proceso de negociación:

     

    Primero, los productos agrícolas y pesqueros representan más del 40% de las exportaciones del Mercosur a la UE y constituyen el mayor obstáculo a un acuerdo de libre comercio. Ante la futura competencia de los productores sudamericanos, el fuerte lobby agrícola en países como Alemania, Francia y España bloquea una apertura de este sector. La Comisión ha calculado que para el sector agrícola europeo un ALC con el MERCOSUR tendría un coste adicional entre 5,3 y 14,3 millones de euros al ano.

     

    Además de este obstáculo principal, un segundo problema adicional radica en la estructura misma de las negociaciones de tipo interregional, según el esquema “15 más 4”, lo cual es de por sí más difícil de consensuar.

     

    En tercer lugar, se trata de negociaciones entre dos zonas aduaneras (incompleta en el caso del Mercosur), siendo el Mercosur un proyecto que se encuentra aún en construcción. Cabe recordar que hasta el 2006, cuando se hayan cumplido los plazos transitorios para el 15% de los productos no incluidos, el Mercosur no se ha constituido como una unión aduanera completa.

     

    Desde el punto de vista del Mercosur, la apertura del sector agrícola y pesquero - también textiles - generaría las mayores ventajas comerciales de un futuro ALC con la UE, reduciendo el creciente déficit comercial del bloque. Para la UE, un ALC con el Mercosur sería altamente beneficioso, sobre todo en los sectores más dinámicos de sus exportaciones, tales como automóviles, productos industriales, bienes de consumo y servicios, donde el Mercosur sigue manteniendo altas barreras arancelarias. Sin embargo, precisamente en estos sectores más prometedores en las relaciones comerciales UE-Mercosur no se percibe una apertura. Si la UE es reacia a reformar la PAC, son precisamente los automóviles, bienes de capital y servicios los que no estarán incluidos en la unión aduanera del Mercosur. Ante este panorama, el escenario más realista para la firma de un ALC sería 2003 o 2005, siendo el sector agrícola el último que sería liberalizado.

     

    Condicionantes y perspectivas de un ALC América Latina-Europa

     

    Las perspectivas para un ALC europeo-latinoamericano parecen más bien remotas y a muy largo plazo. Para ninguna de las dos regiones tiene prioridad estrechar vínculos con la otra. Más bien se percibe tanto en Europa como en América Latina una tendencia hacia la introversión, una creciente orientación a la propia región. Por otra parte, está claro que, a diferencia de EE UU y la propuesta del ALCA, la UE no negociará un acuerdo de libre comercio con el conjunto de América Latina. Es decir que no habrá ningún “ALCALUE” a medio plazo, sino una proliferación de acuerdos individuales que incluyen la liberalización comercial. De estas premisas se desprenden varios condicionantes claves para los plazos y el desenlace de las futuras negociaciones sobre una liberalización comercial recíproca.

     

    Los condicionantes recíprocos del libre comercio

    La estabilidad del Euro -que ha perdido un tercio de su valor en sólo un año y medio-  y la ampliación hacia el Este son los dos temas principales en la agenda actual de la UE. Mientras que la devaluación de la moneda europea agravada por la subida de los precios del petróleo (en dólares) podría provocar una seria crisis económica en la UE, la inclusión de seis nuevos países en la Unión es un proceso aún más complejo que la resolución de la crisis económica que se avecina.

     

    En una primera ola de ampliación entrarán en los próximos años Chipre, Estonia, Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovenia en la UE. Al mismo tiempo, en 2000 se iniciaron las negociaciones con los cinco PECO restantes (Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Rumania), la segunda “ola” que ingresaría a la UE. La ampliación de la UE a otros seis u once miembros requiere una reforma de las instituciones y de los mecanismos de decisión, un proceso que se definirá en el marco de una Conferencia Intergubernamental a finales de diciembre en Nizza. Asimismo, la entrada de los nuevos 11 candidatos a la UE hace necesaria una previa reestructuración de la política agrícola altamente subvencionada. Para América Latina, la ampliación de la UE hacia los PECO tiene la ventaja de acelerar la reforma de la PAC y la desventaja de tener que competir con los productos agrícolas de los próximos miembros de la UE.

     

    Aunque se aprobaron algunos avances graduales hacia una mayor apertura del sector agrícola europeo -el más protegido del mundo-, estos cambios no suponen ventajas visibles para los productores latinoamericanos. Teniendo en cuenta que la PAC sigue siendo el eje central de la UE, su eliminación sería una decisión política de gran alcance, que provocará protestas masivas por parte del lobby agrícola europeo, sobre todo en Alemania y Francia como mayores beneficiarios de la política de subvenciones. La agricultura es un tema altamente sensible para los ciudadanos europeos. El Comisario responsable de la PAC, Franz Fischler, resumió en marzo del  año pasado la posición de la UE en estos términos: “la dimensión multifuncional de la PAC de la UE no se someterá a negociación y no tenemos intención de sacrificarla en aras de libre comercio” (IRELA, 1999a).

     

    Ante las dificultades de crear un consenso interno para remover las barreras agrícolas, avances concretos en este sector parecen más factibles por presiones del exterior. Por lo tanto, la  disponibilidad de la UE de progresar hacia una PAC más abierta al exterior depende en gran medida de la evolución de las negociaciones de la OMC, donde EE UU y otros países industrializados tienen una mayor capacidad que América Latina para solicitarle a la UE una reforma sustancial de este sector principal en las negociaciones comerciales multilaterales. Aún sin “ronda milenaria” en este año sigue en la OMC las negociaciones multilaterales en los sectores agricultura y servicios. La próxima reunión de la OMC a nivel gubernamental está prevista para marzo del 2001.

     

    América Latina se enfrenta al desafío de crear hacia el 2005 el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que determina su grado de compromiso comercial con EE UU y también sus vínculos económicos con la UE. La realización del ALCA cambiaría a largo plazo no sólo los flujos comerciales sino también la identidad de la región. Si en cuanto a lo primero América Latina podría perfilarse como principal mercado para las exportaciones del vecino del Norte, lo segundo significaría a largo plazo que la región dejaría de ser un actor independiente en el sistema de comercio internacional y que el dólar sería definitivamente la moneda latinoamericana.

     

    También sin fast-track avanzan las negociaciones sobre la creación del ALCA, un proceso que ya se inició en 1994. En abril del próximo año será presentado en Buenos Aires un primer borrador del acuerdo final, y la posterior III Cumbre de las Américas en Quebec marcará las pautas futuras del ALCA. Hasta entonces, bajo el mandato del próximo Presidente de EE UU podría haberse acelerado el proceso del fast-track sin el cual no habrá libre comercio en el continente americano. Si el ALCA se realiza en el plazo previsto del 2005, se acentuará en América Latina la tendencia hacia la desviación del comercio del mercado europeo hacia la propia región. Si se retrasa el proceso, la UE podría incrementar su presencia en el mercado latinoamericano, a través de una convergencia de los ALCs firmados hasta aquel entonces. De momento, EE UU le lleva ventaja a Europa: firmó un ALC con México seis años antes y e inició las negociaciones sobre el ALCA cinco años antes que la UE con Chile y MERCOSUR.

     

    Vías para una asociación interregional

    Crear una “asociación interregional en el siglo XXI” con América Latina y el Caribe es la meta que se ha propuesto la Comisión Europea en las nuevas orientaciones de cooperación para el período 2000-2006. Según este documento estratégico, que define la cooperación birregional en el siglo XXI, se prevé una futura unión entre las dos regiones, pero teniendo en cuenta la diversidad de América Latina. Sin embargo, esta visión se limita al elemento caritativo de la relación, a la cooperación al desarrollo, y no incluye el tema comercial.

     

    A pesar de continuas alusiones a la futura asociación estratégica, la primera cumbre entre la UE, América Latina y el Caribe en Río de Janeiro, a finales de junio de 1999, marcó el final de un posible proyecto europeo-latinoamericano de libre comercio. Tampoco se creó una nueva arquitectura para armonizar los distintos procesos de diálogo y negociación. En esta primera cumbre birregional se descartó la posibilidad de definir un ALC entre las dos regiones. En los preparativos de la cumbre se decidió continuar las negociaciones comerciales a nivel individual con cada uno de los socios latinoamericanos, mientras que la cooperación y el diálogo político son temas que se discuten a nivel interregional. Con ello no habrá un segundo ALCA entre América Latina y Europa. Para muchos, la exclusión de los temas comerciales de la agenda de Río de Janeiro fue tan decepcionante como los escasos resultados de la cumbre misma. El único resultado concreto y positivo fue la decisión de negociar un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR y Chile.

     

    Bajo el pretexto de respetar la diversidad de la región, la UE ha emprendido negociaciones con los socios económicamente más avanzados. Más adelante, hacia el 2005 se iniciará un diálogo con el Caribe sobre la liberalización comercial, según lo establecido en el nuevo convenio entre la UE y los países del grupo ACP. Todavía es una incógnita si se formulará la misma oferta a América Central y a los países de la Comunidad Andina. En todo caso quedaría Cuba, a no sea que decida entrar en el Convenio sucesor de Lomé, firmado en junio de 2000. Sin embargo, estas relaciones a diferentes velocidades no son tan negativas, sino reflejan también que los objetivos de la política de la UE hacia América Latina son más  ambiciosos que los de EE UU: más allá del libre comercio, se busca entablar relaciones basadas en la reciprocidad, respetando el nivel de desarrollo y las particularidades de los países y subregiones. En este sentido, los acuerdos de “cuarta generación” que ofrece la UE a América Latina incluyen cooperación en distintas materias y un diálogo político regular. 

     

    En el futuro, más allá del 2005, existen al menos tres posibles vías para una liberalización comercial entre las dos regiones: 1) a través de una armonización paulatina de los acuerdos firmados con países individuales y bloques subregionales - escenario a medio plazo, 2) como resultado de las negociaciones en la OMC - escenario a largo plazo, 3) como resultado de un mercado común trasatlántico entre la UE, EE UU y América Latina - escenario futuro.

     

    Lo primero significaría sin duda una liberalización comercial a dos velocidades: en una primera ola se negocia con los países con más peso económico (México, Chile, Mercosur), en una segunda ola con los demás socios latinoamericanos, a saber los países andinos, Centroamérica y el Caribe. En cuanto a la posibilidad de llegar a un ALC en el marco de la OMC, esto sería un proceso a muy largo plazo y no demasiado probable, ya que el organismo está desacreditado después del fracaso de Seattle. Además, las negociaciones sobre liberalización comercial siempre tendrán lugar entre determinados países o grupos de países, mientras que la OMC tiene la función de enmarcar este proceso, a través de la definición de normas y reglas multilaterales de comercio. En cuanto al tercer escenario, la creación de un mercado trasatlántico, propuesta formulada por primera vez en 1997, todavía no parece demasiado realista, teniendo en cuenta los múltiples conflictos comerciales entre la UE y EE UU. Tanto EE UU como países europeos como Francia han expresado su escepticismo en cuanto a la viabilidad de este proyecto. Descartando los dos últimos escenarios - la OMC y el mercado trasatlántico -, el incipiente proceso de liberalización comercial entre la UE, América Latina y el Caribe podría conducir a los siguientes resultados:  

     

    Geometría variada: Se crearían sólo dos ALCs con la UE. 1) con Sudamérica incluyendo el MERCOSUR, Chile y la Comunidad Andina, 2) con México. Por el momento y a medio plazo -hacia 2010- este escenario es el más realista. Actualmente, un ALC con toda Sudamérica parece más probable que acuerdos separados UE-MERCOSUR, UE-Chile, UE-CAN. Así, Chile anunció en julio su próximo ingreso como miembro pleno en el MERCOSUR, y durante la reciente Cumbre Sudamericana en Brasilia se ha planteado una convergencia entre el MERCOSUR y la CAN antes del 2010. Esto podría significar la ampliación del futuro acuerdo UE- MERCOSUR a los países andinos y la inclusión de Chile.

     

    Diversidad: En este panorama surgirían múltiples ALCs: 1) UE-México, 2) UE-Chile, 3) UE-MERCOSUR, 4) UE-CAN, 5) UE-SICA, 6) UE-CARICOM. Este podría ser un escenario alternativo al primero que también se realizaría en torno al año 2010. Sin embargo, la UE todavía no ha formulado ninguna oferta de libre comercio a los países centroamericanos (que hace poco ratificaron el acuerdo de tercera generación) y a la Comunidad Andina. En cuanto a los países del Caribe, las negociaciones con los respectivos grupos subregionales del grupo ACP podrían concluir en 2008.

     

    Convergencia: armonización de los distintos acuerdos individuales y subregionales en una asociación interregional UE-América Latina. Esta posibilidad futura no será una realidad al menos hasta el 2020. Sin embargo, negociaciones multilaterales facilitarían los hasta ahora complejos y costosos mecanismos de coordinación y negociación paralela de la UE con distintos socios en América Latina. Este escenario depende por un lado de la capacidad de la región de concertar posiciones y hablar con una sola voz. Por otra parte, depende de los cambios que podría generar la definición del ALCA para América Latina.

    Indice

     

    3.- CAPITULO II

    El sistema financiero internacional,
    su impacto sobre América Latina y el Caribe

    El Sistema Financiero ha sido la expresión más cabal de los cambios de organización económica de los últimos años. En la medida en que es el más susceptible y de mayor capacidad para responder a estos cambios, en él se expresan rápidamente sus virtudes y defectos. En la medida, también, en que en las finanzas se reflejan las expectativas e incertidumbres de los agentes económicos, a través de ellas se amplifican los avatares positivos o negativos. Más aún, en cuanto es más rápidamente y más fácilmente manejable y manipulable que otras áreas de la vida económica, en el mundo de las finanzas se cometen más errores y se tienen más aciertos que en cualquier otro. A lo que habría que añadir que se trata también, quizás por su propia fluidez, de la parte menos regulada de la vida económica internacional.

     

    Por ello no es de extrañar que las crisis más importantes de esta época sean financieras. Economías y empresas que parecían totalmente sólidas pueden derrumbarse prácticamente de la noche a la mañana y otras que parecían ajenas a ellas pueden contaminarse rápidamente, en lo que ha dado en llamarse el efecto “contagio”. Al respecto cabe recordar que la larga recesión japonesa resulta de una vieja crisis financiera y que la crisis asiática se manifiesta particularmente en el mundo de las finanzas.

     

    La deuda externa, y particularmente la de los países emergentes, forma parte de ese movedizo mundo financiero internacional.

     

    El escenario internacional de los últimos años, en el cual el sistema financiero juega un papel protagónico, ha sido denominado como “globalización”. Para caracterizar la globalización se puede mencionar, en primer lugar, el progreso tecnológico, el aumento de las comunicaciones y de las facilidades de transporte; en segundo lugar, el aumento del comercio internacional, facilitado por los acuerdos que condujeron a la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC); en tercer lugar, el predominio de las grandes corporaciones multinacionales en ese comercio; en cuarto lugar, el crecimiento explosivo de las transacciones financieras; y por último, su profundización después de la desaparición del bloque socialista como poder mundial.  Lo que puede resumirse como el tránsito desde un mundo en el cual predominan las economías nacionales a uno en el cual prevalece la economía internacional.

     

    La transición desde el predominio de las economías nacionales al de la economía global ha resultado errático y a veces traumático. No existen reglas claras para manejarse en la economía global, ni instituciones capaces de decidirlas o imponerlas. Como dice Lester Thurow:  “El mundo va a tener una economía global sin un gobierno global. Lo que significa una economía global sin reglas acordadas capaces de hacerse cumplir, sin guardianes de comportamientos aceptables, y sin jueces o jurados a quienes acudir si se piensa que no se está haciendo justicia”[1].

     

    En este contexto, para hablar del impacto del sistema financiero internacional sobre América Latina y el Caribe es necesario mantener en mente que el endeudamiento es un factor permanente en el funcionamiento de una economía moderna.

     

    En el caso de nuestro continente esto se hace evidente en la década de los noventa, durante la cual la recuperación y el crecimiento se basaron en el acceso a los mercados de capital y la inversión extranjera. Incluso el problema de la deuda en la década de los ochenta consistió tanto en el enorme endeudamiento acumulado como en la falta de acceso a nuevo endeudamiento. La suspensión de acceso al crédito, tanto para cumplir las viejas obligaciones como para mantener un ritmo de actividad satisfactorio, fue lo que produjo la necesidad de ajustes radicales y las consecuentes recesiones y presiones inflacionarias. Cuando los acreedores reanudaron el financiamiento, satisfechos con las condiciones que habían impuesto, comenzó la recuperación de los noventa.

     

    En este sentido es necesario distinguir entre la deuda acumulada y la nueva deuda. La deuda acumulada si alcanza montos excesivos dificulta el funcionamiento de la economía, pues su servicio distrae recursos que pudieran usarse para fines más productivos. Además un endeudamiento acumulado alto dificulta y hace más caro o impide el acceso a los nuevos créditos que necesita la economía. El peor de los mundos posibles es cuando la deuda acumulada es de tal magnitud que la nueva que se contrae solo puede servir para pagar la vieja.

     

    Por ello cuando se aborda el tema de condonación o alivio de la deuda se acostumbra a distinguir “deuda vieja” y deuda nueva. La deuda vieja, si alcanza montos  mayores de los que una economía es capaz de soportar normalmente, produce lo que se ha dado en llamar la “cruda” o “ratón” de deuda (debt overhang). La superación de éste fenómeno es a lo que se aspira. Porque lograr una condonación o alivio de la deuda que signifique a la vez una exclusión de la posibilidad de obtener nueva deuda -esto es, que signifique la exclusión de los mercados de capital- sería una victoria pírrica: se lograría remover un gran obstáculo para el desarrollo pero a la vez se limitaría radicalmente las posibilidades de desarrollo futuro.

     

    El problema principal es reducir la deuda vieja y tener acceso a los mercados de capital. Tal fue el objetivo, por ejemplo, del Plan Brady.  De acuerdo a este Plan, si se cumplían determinadas condiciones se refinanciaba la deuda vieja, y en algunos casos se reducía, de modo que el país acreedor estuviera en condiciones de reanudar una actividad económica relativamente normal, lo que incluía el acceso a nuevos endeudamientos.

               

    El problema principal en este caso consiste en definir que se entiende por una actividad económica relativamente normal. Y, por supuesto, en cuales son las condiciones que se imponen para la condonación o el alivio.  Esto incluye considerar si los severos ajustes  y reformas de política a que fueron sometidos los países endeudados de América Latina y el Caribe tenían justificación suficiente.

     

    Mirando hacia el pasado, se pudiera objetar a la afirmación de que cierto nivel de endeudamiento es necesario el hecho que durante varias décadas los países de América Latina pudieron subsistir, vivir y crecer casi sin deuda o con una deuda mínima. Tal es el caso de Venezuela. En los años treinta,  el General Juan Vicente Gómez anunció que Venezuela había cancelado la totalidad de su deuda externa. Desde entonces hasta mediados de los años cincuenta la deuda venezolana fue casi nula. En la mayoría de los otros países latinoamericanos la razón fue otra. Perdieron el acceso a los mercados de capital por no haber honrado o haber repudiado sus deudas externas y se mantuvieron a la fuerza fuera de los mercados de capital internacionales privados hasta las décadas de los sesenta o de los setenta.

     

    Aquí se debe subrayar lo de  “mercados privados”, porque precisamente esa falta de acceso al financiamiento privado externo fue lo que otorgó una especial importancia al financiamiento público externo, bien fuera a través de los mecanismos multilaterales creados después de la segunda guerra mundial, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BIRF) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o bien a través de las agencias de financiamiento a las exportaciones de los países desarrollados.

     

    Lo cierto es que a medida que los países de la región se fueron desarrollando aumentaron sus necesidades de financiamiento. Pues puede afirmarse que mientras más desarrollada y más grande es una economía requiere mayor financiamiento.

     

    Después de la Segunda Guerra Mundial buena parte de este financiamiento lo proveían para sí mismas las empresas extranjeras o los organismos públicos ya mencionados. Pero a medida que escasearon los fondos externos, que se fue haciendo realidad el llamado estrangulamiento externo, se hizo necesario apelar a otras fuentes financieras.

     

    Los organismos multilaterales se hicieron insuficientes y encontraron dificultades para crecer al ritmo que crecía la demanda de fondos. En especial, porque existían resistencias políticas internas para incrementar la base de capital de tales instituciones en los países que aportaban el grueso del mismo. Adicionalmente, porque sus convenios constitutivos les imponían restricciones que obligaban a un manejo extremadamente conservador de sus recursos. Por ejemplo, y fundamentalmente, no poder prestar montos superiores a su capital.

     

    En estas circunstancias, comenzó a cobrar cada vez mayor importancia el acceso a los mercados privados de capital de los países en desarrollo, incluyendo a los de América Latina.

     

    El punto de inflexión entre el predominio del financiamiento público al predominio del financiamiento privado probablemente pueda situarse en la crisis petrolera de 1974. Inmensas cantidades de recursos pasaron a manos de  países exportadores de petróleo que no tenían suficiente capacidad de absorción para invertirlos en sus economías domésticas y terminaron depositados en bancos internacionales que se encontraron con depósitos multimillonarios que estaban en la obligación de colocar para evitar pérdidas y cumplir con su función de intermediación. De esta manera la mayor demanda de fondos prestables logró tener como contraparte una mayor oferta de los mismos.

     

    El crecimiento explosivo de la deuda de los países de América Latina y el  Caribe se inicia junto con la crisis petrolera y la sobreoferta de petrodólares. También es facilitado por el rápido crecimiento de los euromercados, a partir de la crisis del Sistema de Bretton Woods como regulador de los mercados monetarios, a principios de los setenta.

     

    La expansión de los euromercados y las estrategias agresivas de internacionalización de los mayores bancos de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, pueden considerarse como uno de los primeros procesos de globalización y desregulación. Como el aumento explosivo del endeudamiento y la consecuente crisis de la deuda de los años ochenta fueron una consecuencia casi directa de éste fenómeno, tenemos que no necesariamente todas las manifestaciones de globalización y desregulación son positivas.

     

    El paso del financiamiento público al financiamiento privado de las necesidades de endeudamiento de los países en desarrollo inicia lo que desembocó en la crisis de la deuda. Ninguno de los protagonistas -ni los bancos privados ni los países en desarrollo- tenían mayor experiencia reciente en una relación crediticia mutua.  Para los países en desarrollo con posibilidades de acceso a los mercados financieros internacionales (incluyendo a los propios países petroleros) se les abría un mundo en el cual podían obtener recursos sin los condicionamientos políticos tradicionales de las agencias financieras públicas, mientras que para los bancos privados se abría un nuevo universo de clientes de grandes posibilidades y pocos riesgos. Porque, como rezaba el lugar común de la época: “los países no quiebran”. El llamado “riesgo soberano”, después de casi medio siglo de ausencia de los países en desarrollo de los mercados financieros internacionales, y aunque hoy parezca increíble, era un territorio prácticamente sin explorar.

     

    Con la oferta y la demanda florecientes no tardó en producirse un crecimiento acelerado del crédito a los países en desarrollo. Se concentró en aquellos que presentaban mayores posibilidades de crecimiento. Y contó con el beneplácito de los organismos multilaterales de financiamiento, que veían reducirse su capacidad de atender a las demandas de sus prestatarios. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por sólo citarlos a ellos, estimularon y alabaron el “acceso a los mercados de capital” de los nuevos países en desarrollo demandantes de crédito y los pusieron como ejemplos a seguir a sus otros posibles prestatarios. Ambas instituciones alababan abiertamente a Brasil, México y Venezuela por haberse endeudado en los mercados privados de capital a finales de los setenta.[2]

     

    Por esa misma época comenzó a utilizarse con gran insistencia el concepto de “graduación” de las instituciones financieras multilaterales de los países que tenían acceso a los mercados privados de capital. La graduación consistía en que tales países dejaban de tener acceso a los préstamos de tales instituciones.

     

    A partir de entonces la deuda creció de manera desproporcionada. En 1975 la deuda externa total desembolsada de los países de América Latina y el Caribe era de 69 mil millones de dólares, en 1980 el monto había aumentado  a 220 mil millones de dólares. Esto es, se había más que triplicado. Para 1990 -luego de una década en la que la nueva deuda se utilizó fundamentalmente para servir la deuda vieja- se había duplicado nuevamente y alcanzaba a 458 mil millones de dólares. En los años noventa casi se duplica nuevamente, y para fines de 1999 se registra una deuda de 750 mil millones de dólares. En veinticinco años la deuda se multiplicó por once.

     

    Los finales de los setenta fueron una suerte de paraíso para el endeudamiento, con el estímulo y apoyo tanto de la comunidad bancaria como de la llamada comunidad financiera internacional. Existía, además, el incentivo adicional de que las tasas de interés eran negativas en términos reales, por lo que para los países prestatarios el endeudamiento parecía un buen negocio.

     

    Para citar unos pocos ejemplos, tenemos que la deuda de la Argentina entre 1985 y 1990 casi se quintuplicó; las de Brasil y México se triplicaron; y las de Venezuela y Ecuador se multiplicaron por siete. En casos como los de Brasil y Argentina el endeudamiento se justificaba como financiamiento para pagar la factura petrolera.

     

    En el caso de los países petroleros, los pronósticos generalizados de que los precios del petróleo seguirían aumentado indefinidamente se alegaban como razón para endeudarse y emprender proyectos ambiciosos de desarrollo. El Banco Mundial, entre otros, había previsto un precio de cien dólares por barril de petróleo para 1985. Obviamente, esta perspectiva representaba una tentación difícil de resistir tanto para prestatarios como prestamistas. Para salir por un momento de América Latina, Argelia y Nigeria aumentaron su deuda en veinte veces entre 1970 y 1980 e Indonesia en 9 veces para el mismo período.

     

    Carlos Marichal, un autor, del cual no tengo mas señas que su nombre y un libro que llegó a mis manos casi por casualidad, titulado “Historia de la Deuda Externa de América Latina”[3], sostiene una tesis interesante. Utiliza el concepto de “ciclo crediticio”, que incluye dos etapas: la de auge de los empréstitos externos y la de crisis subsiguiente de la deuda”. La fase de auge crediticio, está vinculada a un ciclo comercial expansivo y a la aceleración de los flujos internacionales de capital. Es decir, a la existencia de “una abundancia de fondos en los mercados financieros de las naciones industrializadas”.  La de crisis financieras, normalmente a la inestabilidad de los mercados monetarios internacionales.

     

    Según Marichal el patrón de éstos ciclos de préstamos se repite históricamente y no es circunstancial, sino que resulta de la interacción entre los ciclos económicos de las naciones capitalistas más avanzadas y los procesos de cambio económico en América Latina.

     

    El asunto resulta interesante porque recientemente se ha vuelto a subrayar la importancia de ciclos de auges y crisis. La CEPAL, por ejemplo, insiste en que la mejor prevención contra la crisis es un buen manejo de los auges. Así, por ejemplo, en una publicación reciente afirma lo siguiente: “la tendencia a adoptar políticas monetarias y crediticias pro cíclicas, que permiten auges crediticios y fuertes disminuciones de las tasas de interés durante los períodos de expansión y marcadas contracciones y altas tasas de interés durante la crisis, ha sido en muchos países la causa básica de las crisis financieras nacionales y de la inestabilidad del crecimiento económico”[4]. Si a esto se le agrega que los ciclos crediticios pueden responder a una dinámica internacional, o global, la situación resulta mucho más compleja. 

     

    El libro hace un interesante recuento histórico y aplica la tesis a América Latina  hasta la crisis financieras de los años treinta, pero no deja de señalar el paralelismo entre los episodios históricos que reseña y la crisis de los años ochenta. Además, señala como el “detonador” de ella el fuerte incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos durante 1980 y 1981, en la medida en que elevó abruptamente el servicio de la deuda acumulada.

     

    El aumento de la tasa de interés norteamericanas -realizado por razones ajenas al problema de la deuda latinoamericana- condujo, entre otras razones, a que un nivel de endeudamiento que de por sí era exagerado se hiciera insoportable. Esto a su vez llevó a que el gobierno de México anunciara en Agosto de 1982 que no estaba en condiciones de honrar sus obligaciones, con lo que se inició formalmente la crisis de la deuda. Otro aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos durante 1984 y la recesión que vivió por esos años la economía norteamericana, llevaron a otros países de la región al borde de la bancarrota.

     

    La crisis de la deuda estuvo acompañada de un largo proceso de negociaciones y renegociaciones que muestra como ni la llamada comunidad internacional ni los países deudores estaban preparados para ella. Muestra también las inmensas diferencias de poder de negociación entre prestamistas y prestarios. En acontecimientos más recientes, como la crisis del tequila de 1994 y la crisis asiática de 1997, las consecuencias han sido menos prolongadas y traumáticas que durante los años ochenta porque ha habido una capacidad de reacción más rápida y se han comprometido inmensas cantidades de dinero para superarlas, acciones y cantidades que resultaban impensables en los años ochenta.

     

    En ese entonces se puso de moda citar una frase atribuida a Keynes, según la cual “si uno le debe un millón de dólares a un banco, el problema es de uno. Pero si le debe cien millones, el problema es del banco”, para señalar que la alta exposición de los grandes bancos internacionales en América Latina les restaba capacidad negociadora. Pero, como era de esperar, los bancos no estaban solos. Tenían el respaldo de los gobiernos de sus países y de las instituciones llamadas a velar por la estabilidad del sistema financiero internacional.

     

    Por otra parte, y muy importante, la banca internacional mostró una solidaridad extraordinaria ante la crisis, cuya manifestación más visible fue la formación de Comités de acreedores que negociaban en bloque con cada uno de los países deudores y que coordinaban sus acciones de manera que las posiciones frente a los diversos deudores fueran coherentes entre sí.

     

    Los bancos acreedores, si bien fueron solidarios no tuvieron claridad en cuanto a sus acciones. En una primera etapa aceptaron refinanciamientos -prácticamente forzados, porque no tenían alternativa- hasta un máximo de un año. Esto agravaba la situación de los países deudores y los obligaba a adoptar medidas de ajuste radicales. No fue sino hasta 1985 cuando empezaron los llamados refinanciamientos multianuales (llamados MYRA, Multi Year Rescheduling Agreements). En todos los casos, con poquísimas excepciones, el refinanciamiento sólo era posible si se contaba con un acuerdo de préstamo del Fondo Monetario Internacional, lo que obligaba a los países a seguir un curso predeterminado de políticas y aseguraba cierta disponibilidad de fondos para el servicio de la deuda.

     

    Los países deudores no mostraron el mismo grado de solidaridad de los bancos ni tuvieron grandes poderes que los respaldaran. Como la crisis fue presentándose paulatinamente, ningún país deseaba ser confundido con otros que estuvieran en situación más comprometida. Además, los propios bancos le prometieron a cada uno de ellos que obtendrían un trato favorable y especial si negociaban por sí solos y no se integraban a lo que despectivamente llamaban un “cartel de deudores”.

     

    Los primeros intentos de los países endeudados por organizarse fueron bastante tímidos. En 1983 un grupo de países pequeños y medianos organizaron reuniones para analizar una posible respuesta conjunta al problema de la deuda. Entre ellos el único deudor relativamente grande era Venezuela y, a partir de principios de 1984, Argentina.  A mediados de ese mismo año un nuevo aumento de las tasas de interés internacionales produjo una respuesta más activa por parte los mandatarios latinoamericanos y bajo el liderazgo de los principales países deudores se creó el llamado “Consenso de Cartagena”, el cual tenía como objeto articular una posición común de la región en torno al problema de la deuda.

     

    El “Consenso de Cartagena”, a pesar de que celebró varias reuniones de muy alto nivel (con la presencia de Cancilleres y Ministros de Hacienda de los países miembros) no pudo ir más allá de una retórica muy tímida. En parte esto se debió a que cada vez que se reunían los Ministros, alguno de los países importantes estaba a punto de concluir una negociación con los acreedores  y temía que una posición firme de parte suya la pondría en peligro. Aunque el tema fue ampliamente debatido, ni siquiera pudo acordarse una declaración en la cual se afirmara que el problema de la deuda superaba lo estrictamente financiero y tenía implicaciones políticas.

     

    Curiosamente, el Gobierno de los Estados Unidos sí comprendió que el estancamiento en las negociaciones entre los acreedores y los países deudores podía tener connotaciones políticas. Comprendió también que una posible solución le podría reportar dividendos políticos. Fue así como en 1985, el entonces Secretario del Tesoro, James Baker, lanzó lo que se llamó el “Plan Baker” para el refinanciamiento de la deuda, en el cual solicitaba una participación más activa y un mayor financiamiento por parte de la banca privada. Se beneficiarían del Plan aquellos países que adoptaran políticas y programas económicos “serios”, supervisados por el FMI. Esto es, que se adaptaran a las políticas liberales que Estados Unidos trataba de imponer globalmente. Además, los países deudores serían considerados “caso por caso”, con el objeto de poder mantener la “disciplina” en el cumplimiento de los programas.

     

    El Plan Baker no dio mayores resultados porque la banca privada no participó ni con los recursos ni con el entusiasmo que se le requería. Por ello, hacia finales de 1988, el nuevo Secretario del Tesoro, Nicholas Brady, propuso el llamado “Plan Brady”, en el cual se facilitaba la adquisición por parte de los deudores de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que servirían de garantía para los bancos acreedores. Al transformar la deuda en bonos, el Plan Brady (que tenía varias variantes, conocidas como Menús) diluía la deuda en multitud de acreedores, con lo que alejaba la posibilidad de que los países deudores ejercieran su poder de negociación frente a unos pocos acreedores o pudieran adoptar posiciones comunes. Por otra parte, con el Plan Brady se aceptan por primera vez , con condicionantes, reducciones de los montos adeudados. Esto, junto con la posposición en el tiempo de los pagos más importantes le confirió viabilidad. Obviamente se mantuvieron los condicionamientos respecto a las políticas a seguir por los deudores, la supervisión del FMI y el tratamiento “caso por caso”.

     

    Cuatro puntos a destacar en esta historia son, primero, que las condiciones exigidas por los acreedores fueron cambiando, aunque muy lentamente, a lo largo de la década, desde la intransigencia casi absoluta de los años iniciales hasta aceptar la posibilidad de pequeñas reducciones en los montos adeudados. Segundo, que la posición negociadora de los acreedores era mucho más fuerte que la de los países deudores, por el respaldo que tenían de sus gobiernos. Tercero, que la moderación de la posición de la banca fue estimulada por sus propios gobiernos, los cuales comprendieron la significación política y las consecuencias para la economía mundial de una prolongación aún mayor del problema de la deuda como punto central de las negociaciones económicas internacionales. Cuarto, que los gobiernos de los países industrializados aprovecharon la fortísima posición negociadora que tenían en esta situación para imponer el modelo económico que propugnaban, más tarde articulado en el llamado Consenso de Washington, incluyendo la apertura de las economías en desarrollo, las privatizaciones, y el predominio de  políticas de mercado y de instituciones favorables a las inversiones extranjeras. En esto último contaron con la colaboración activa, tanto teórica como práctica, de las instituciones financieras multilaterales.

     

    Un caso que vale la pena destacar es el de la deuda externa privada. En principio, de acuerdo a las leyes de mercado, en la contratación entre entes privados las responsabilidades y riesgos corresponden a las partes. Bajo ésta óptica, las consecuencias de las dificultades para pagar  deudas privadas deberían ser asumidas por quienes prestaron y evaluaron los riesgos correspondientes. Esto, sin embargo, no sucedió la mayoría de las veces durante la crisis de la deuda latinoamericana.

     

    Por presión de la banca acreedora, de sus gobiernos y, por supuesto, de los deudores privados, lo común fue que los gobiernos nacionales asumieran, de una u otra forma, total o parcialmente, el pago de la deuda privada. En unos casos la presión fue directa y se debió inventar figura como las “unidades empresariales estratégicas” para evitar la quiebra de las empresas endeudadas, asumiendo el Estado sus obligaciones. En otros, la conversión  de la deuda externa a moneda nacional trasladaba las obligaciones en divisas al Gobierno Nacional o al Banco Central. En una variante alternativa, la nacionalización de la banca trasladó al Estado las deudas de los bancos nacionales y sus empresas relacionadas. Un enfoque de menor lenidad obligó a las empresas a demostrar la legitimidad de sus deudas y sus balances en divisas y subsidió parte del pago de la misma mediante el otorgamiento de divisas en términos preferenciales. Estas prácticas llegaron a conocerse como “la socialización de las pérdidas”.

     

    Actualmente se reconoce generalmente la importancia de que los deudores privados asuman al menos parte de los costos que ocasiona sus deudas en divisas en una crisis financiera, y a partir de la crisis asiática de 1997 ha empezado a reconocerse por parte la comunidad financiera internacional y los gobiernos de algunos países desarrollados la posibilidad y la necesidad de que los acreedores privados asuman parte del costo de la superación de las crisis financieras a través de refinanciamientos colectivos concertados o reducción de las tasas de interés o montos adeudados.

     

    Recientemente también se ha aceptado la posibilidad de alivio o condonación de la deuda para los países pobres muy endeudados ( PPME o HIPC, según las siglas en inglés de Highly Indebted Poor Countries). Esta iniciativa fue ampliada en relación a los posibles países beneficiarios y reforzada en cuanto a sus objetivos por el G-7 en su reunión de Colonia en Junio de 1999. Este fortalecimiento obtuvo un apoyo político generalizado de parte tanto de los gobiernos de los países en desarrollo como de diferentes sectores de la llamada sociedad civil de países desarrollados y en desarrollo. No faltaron dudas y críticas respecto a las modalidades operativas propuestas, pero los objetivos de dar viabilidad financiera a los países más pobres mediante el alivio de su deuda y dedicar los recursos liberados a la lucha contra la pobreza fueron ampliamente compartidos.

     

    Sin embargo, desde entonces y en particular en las reuniones semestrales del Comité de Desarrollo y del Comité Internacional Monetario y Financiero (antes Comité Interino) del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, celebradas en Washington en Abril del año 2000, se hizo patente que los avances para el financiamiento de la iniciativa eran insuficientes y podrían poner en peligro su aplicación en el caso de varios países que han llenado o llenarán próximamente los requisitos iniciales para beneficiarse de ella. Los Ministros reconocieron que aún teniendo en cuenta las promesas (realizadas), la Iniciativa sigue experimentando falta de financiamiento.

     

     Esto pudiera llevar a que la iniciativa tuviera un alcance menor del acordado o a que se fuera instrumentando sólo parcialmente a medida que se obtuvieran los recursos, lo que pudiera dar lugar a la discriminación (exclusión) entre países beneficiarios bien sea por orden de llegada o por criterios que en otros contextos han sido caracterizados como “clientelismo”. A la vez pudiera contribuir al desprestigio delas instituciones financieras internacionales, a las cuales a menudo sus órganos políticos máximos comprometen en programas ambiciosos y les hacen adquirir compromisos ante la comunidad pero a la vez les niegan los recursos para cumplirlos. Todo esto sin contar la fuerte condicionalidad que acompaña a la iniciativa. De manera ilustrativa, sólo cuatro países de América Latina califican para este programa: Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua.

     

    A partir de aproximadamente 1990, ya en operación el Plan Brady, y una vez solucionado en buena medida el problema inmediato del servicio de la deuda, mediante el refinanciamiento, los duros programas de ajuste y el aumento de las exportaciones, se inicia en América Latina un nuevo auge crediticio que dura hasta casi finales de la década de los noventa, con algunos contratiempos provocados por crisis relativamente pasajeras. Este auge coincide con el crecimiento sostenido y alto de la economía norteamericana, y en general de la economía mundial, y con las bajas tasas de interés predominantes en los mercados internacionales.

     

    Entre 1991 y 1997 las emisiones internacionales de bonos por parte los países de América Latina y el Caribe  crecen sostenidamente (con la excepción de 1994) de 7.250 millones de dólares en 1991 a 59.000 millones de dólares en 1997 (se multiplican por ocho). En 1998 y 1999 los montos se reducen a aproximadamente 39.600 millones de dólares por año (en todo caso 5,5 veces la cifra de 1991). La inversión extranjera directa neta, por su parte, aumenta continuamente de 11.000 millones de dólares en 1991 a 70.275 millones de dólares en 1999. Los índices de precios en dólares de las bolsas de valores más importantes de América Latina pasan de 49 en 1991 a 90 en 1997 (casi se duplican), para bajar a 56 en 1998 y recuperarse a 81 en 1999 (índice 1997=100).

     

    Por otra parte, los ingresos netos de capitales autónomos (que excluyen crédito del FMI y Financiamiento Excepcional), que entre 1983 y 1989 fueron fuertemente negativos, pasan a ser crecientemente positivos  y llegan a un tope de 83 mil millones de dólares en 1997 (43,5 mil millones en 1999). Las transferencias netas de recursos que fueron negativas entre 1982 y 1990 ( en un promedio de 24,5 mil millones por año) pasan a ser positivas entre 1991y 1998 (en un promedio de  21,3 mil millones por año) para transformarse en ligeramente negativas en 1999 (-1.600 millones).

     

    Mientras tanto, como ya se dijo, la deuda externa sigue creciendo y pasa de 459 mil millones de dólares en 1991 a 749 millones de dólares en 1999. Pero como en el mismo período las exportaciones de bienes y servicios aumentaron fuertemente al pasar de 140 mil millones de dólares en 1991 a 340 mil millones en 1999, los indicadores más comúnmente utilizados para medir la carga de la deuda mostraron cierta mejoría.  Así, la relación entre los intereses a pagar y las exportaciones de bienes y servicios se redujo de 21.7 en 1991 a 16.8 en 1999.

     

    Estas cifras, sin embargo, deben manejarse con cautela y sin complacencia, debido a que no es posible asegurar para el futuro próximo un incremento de  las exportaciones como el experimentado en la mayoría de los años noventa, tal como lo muestra el desempeño de las mismas en los últimos dos años.

     

    Si un menor dinamismo en las exportaciones fuera acompañado por una disminución importante de los flujos de recursos externos hacia la región pudieran presentarse nuevamente situaciones muy difíciles. Esto no es imposible, porque la composición del financiamiento externo se han concentrado en la inversión directa, mientras que las otras modalidades han tendido fuertemente a disminuir. Así, por ejemplo, entre 1997 y 1998 el flujo neto de deuda privada no garantizada se redujo de 38 mil millones de dólares a 3 mil millones de dólares y el flujo neto de adquisición de acciones de 10 mil millones a 1.600[5]. Las cifras para 1999 aparentemente no son tan negativas.

     

    En general, durante la década de los noventa se han verificado cambios en las modalidades de financiamiento externo de América Latina que pueden caracterizarse por a) La disminución de los préstamos bancarios; b) el aumento de las inversiones de cartera; c) el traslado de las obligaciones del sector público al sector privado; y d) el aumento de la inversión directa. Esta última, es la única modalidad que no se ha contraído en los años posteriores a la crisis asiática.

     

    De tal manera que preguntarse si acaso estamos acercándonos a una declinación de un auge crediticio internacional parece pertinente. Pero esto pertenece más bien al tema de nuestra sesión de  esta tarde sobre “La problemática presente y futura de la deuda externa”.  


    [1] Lester C. Thurow. Building Wealth. Harper Collins. 1999

    [2] Además de felicitar a Venezuela por haber aumentado sus gastos en el exterior, contribuyendo así al “reciclaje” de los petrodólares.

    [3] Carlos Marichal. Historia de la deuda externa de América Latina. Alianza América.1988.

    [4] CEPAL. Equidad Desarrollo y Ciudadanía. Santiago de Chile.2000

    [5] SELA. Financiamiento externo y deuda externa en América Latina y el Caribe en 1998. Caracas.1999. 

    Indice

    4.- CAPITULO III

    SITUACIÓN DE LA ECONOMIA PERUANA EN EL CONTEXTO SUDAMERICANO

    Crecimiento de las exportaciones entre los países andinos

    Todos los países andinos recuperaron en el 2000 la tendencia al crecimiento de sus exportaciones intracomunitarias, lo cual se reflejó en un significativo aumento de los intercambios de 3940 millones de dólares en 1999 a 5166 millones en el 2000, es decir un incremento de 31 por ciento.

    'Economía Peruana'

    Esta importante recuperación se debe al gran dinamismo registrado por los países andinos, especialmente Ecuador con una tasa de crecimiento del comercio intracomunitario de 49 por ciento, seguido de Colombia con 33 por ciento, Venezuela con 30 por ciento, Perú con 29 por ciento. Bolivia sólo aumentó en 4 por ciento.

    Los combustibles (petróleo y sus derivados), al interior de la Comunidad Andina crecieron 65 por ciento durante el año 2000 pasando de 577 millones de dólares en 1999 a 952 millones en el año 2000, por efecto del incremento en los precios internacionales de dichos productos.

    Descontando los combustibles, las exportaciones intracomunitarias crecieron 25 por ciento, cifra aún significativa e importante que muestra la recuperación de los flujos comerciales entre los países andinos, pasando de 3 363 millones en 1999 a 4 214 millones en el año 2000. En este último año, representaron el 18 por ciento de las exportaciones intracomunitarias.

    Exportaciones bilaterales entre países andinos

    Entre las principales corrientes bilaterales andinas, destacan las exportaciones de Colombia hacia Venezuela por 1 295 millones de dólares en el 2000, aumentando el 42 por ciento los registros de 1999 (913 millones de dólares). Recíprocamente, las exportaciones de Venezuela hacia Colombia también han crecido, pero sólo en 8 por ciento, pasando de 789 millones de dólares en 1999 a 853 millones en el año 2000.

    'Economía Peruana'

    Entre otras corrientes bilaterales que destacaron, figuran las exportaciones de Colombia a Ecuador que han crecido 43 por ciento, pasando de 324 millones de dólares en 1999 a 462 millones en el 2000. También sobresalen las ventas de Venezuela al Perú con un crecimiento de 86 por ciento, pasando de 286 millones de dólares en 1999 a 530 millones en el 2000.

    También son importantes por su crecimiento, las exportaciones ecuatorianas al Perú con una tasa de 77 por ciento, de 163 millones de dólares en 1999 a 289 millones en el 2000. Recíprocamente las exportaciones del Perú hacia Ecuador, también crecieron en 91 por ciento, pasando de 51 millones de dólares en 1999 a 97 millones en el 2000.

    Principales mercados de destino de las exportaciones andinas al mundo en el 2000

    Durante el año 2000, el Mercado Andino (5 166 millones de dólares) ha pasado a ser el segundo mercado de destino de las exportaciones de los países de la Comunidad Andina al mundo, después de los Estados Unidos de Norte América (27 176 millones de dólares). Le sigue la Unión Europea con 5 103 millones y MERCOSUR con 2 267 millones de dólares.

    Los principales mercados que figuran en el cuadro representan casi el 80 por ciento de las exportaciones andinas al mundo y solamente con tres de ellos se han registrado en el año 2000, menores ventas que las observadas en 1999.

    Las exportaciones hacia nuestro principal mercado de destino, Estados Unidos, que representa el 47 por ciento de las exportaciones andinas al mundo, ha crecido en 42 por ciento, pasando de 19 mil millones de dólares en 1999 a 27 mil millones en el año 2000; cabe señalar que en el año 2000 el 75 por ciento de las exportaciones a los Estados Unidos fueron combustibles (casi 20 mil millones de dólares).

    Las exportaciones al MERCOSUR que representa casi el 4 por ciento de nuestras exportaciones al mundo, crecieron en 35 por ciento, pasando de 1 685 millones de dólares en 1999 a 2 267 millones en el 2000; también hay que destacar que en el 2000 el 60 por ciento de dichas exportaciones fueron combustibles. Descontando los combustibles en ambos años, las exportaciones al MERCOSUR crecieron en 26 por ciento pasando de 716 millones de dólares en 1999 a 906 millones en el 2000.

    'Economía Peruana'

    Las exportaciones andinas a República Dominicana (1,7 por ciento de las exportaciones andinas al mundo), aumentaron en 44,3 por ciento, de 679 millones de dólares en 1999 a 980 millones en el 2000. A Japón (1,6 por ciento), también crecieron pero sólo 8 por ciento de 852 a 904 millones de dólares entre los dos años.

    Las exportaciones a Chile (1,5 por ciento de las exportaciones andinas al mundo) crecieron 20 por ciento, de 708 millones de dólares en 1999 a 848 millones en el 2000. Hay que señalar que las exportaciones de combustibles a dicho mercado crecieron en 21 por ciento pasando de 500 millones en 1999 a 604 millones en el 2000. Descontando los combustibles, las exportaciones andinas a Chile continuaron creciendo en 21 por ciento.

    De los restantes países, cabe destacar las exportaciones a México (1,2 por ciento de las exportaciones andinas al mundo) que crecieron en 18 por ciento, pasando de 602 millones de dólares en 1999 a 712 millones en el 2000. Las exportaciones a China (1 por ciento) que crecieron en 72 por ciento de 327 a 563 millones de dólares entre los dos períodos analizados.

    Rusia y el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), que representa cada uno el 0,4 y 1 por ciento respectivamente, en las exportaciones andinas al mundo, también incrementan sus compras a la Comunidad Andina. El primero crece con una tasa de 65 por ciento pasando de 142 millones de dólares en 1999 a 235 millones de dólares en el 2000 y el segundo con una tasa de 22 por ciento, de 453 millones de dólares en 1999 a 554 millones en el año 2000.

    Finalmente, hacia la Unión Europea (9 por ciento de las exportaciones andinas al mundo) disminuyeron las exportaciones en 9 por ciento, pasando de 5 589 millones en 1999 a 5 103 millones de dólares en el 2000. También disminuyeron en 12 por ciento las exportaciones andinas hacia Canadá (1,3 por ciento), pasando de 840 millones de dólares en 1999 a 742 millones en el 2000. Las exportaciones hacia Taiwán (0,3 por ciento) disminuyeron en 9 por ciento, pasando de 174 millones de dólares en 1999 a 158 millones en el 2000.

    Comportamiento de los principales indicadores coyunturales

    Inflación y devaluación anualizada correspondiente a enero 2001

    La inflación comunitaria anualizada desde enero de 2000 hasta enero de 2001 fue de 15,7 por ciento, inferior en 1,6 puntos a la anualizada hasta diciembre de 2000. Entre los Países andinos, Bolivia registró la menor inflación anualizada a enero de 2001, ésta se situó en 3,1 por ciento, le sigue Perú (Lima) con 3,9 por ciento, Colombia con 8,5 por ciento, Venezuela (Caracas) con 12,6 por ciento y finalmente a Ecuador le corresponde la mayor inflación anualizada 78,1 por ciento.

    Inflación anualizada: enero 2000 - enero 2001


    La devaluación anualizada, de enero de 2000 hasta enero de 2001 muestra que al Perú le corresponde la menor 0,6 por ciento, en Bolivia es 6,7 por ciento, en Venezuela 7,2 por ciento y en Ecuador 7,4 por ciento, a Colombia le corresponde la mayor devaluación anualizada 16,5. En Bolivia y Colombia, la devaluación es superior a la inflación y en Ecuador, Perú y Venezuela la devaluación es inferior a la inflación, para el mes de enero de 2001.

    Devaluación anualizada: enero 2000 - enero 2001

    Tasas de interés activas en enero de 2001

    Las tasas activas reflejan el interés que paga una persona por los préstamos obtenidos de las entidades bancarias. En los países andinos las tasas de interés activas, anualizadas, en moneda nacional fueron en enero de 2001, para Bolivia 19,7 por ciento, Perú 25,5 en Colombia 29,4 por ciento y en Venezuela 22,4 por ciento.

    La tasa activa efectiva en dólares en Bolivia fue de 15,5 por ciento y en Perú 11,9 por ciento hasta 360 días; en el Ecuador la tasa nominal referencial fue 16,4 por ciento. Colombia y Venezuela no publican tasa activa en dólares.

    Las tasas activas tanto en moneda nacional como en dólares muestran un incremento en enero de 2001 respeto a diciembre de 2000 para todos los países andinos, salvo para el Perú.

    Inflación y devaluación, en enero de 2001

    La inflación comunitaria durante el mes de enero fue de 1,4 por ciento, frente a una tasa anualizada de 15,7 por ciento. En el ámbito comunitario y según lo registrado en cada país para el mes de enero, en el Perú (Lima) los precios al consumidor aumentaron en 0,19 por ciento; en Bolivia 0,23 por ciento, Venezuela (Caracas) 0,90 por ciento; en Colombia 1,05 por ciento; la mayor inflación en enero le correspondió a Ecuador con 6,97 por ciento.

    Inflación Nacional (%): enero

    La devaluación en los países de la Comunidad Andina tuvo el siguiente comportamiento durante el mes de enero: en el Perú se devaluó la moneda en 0,09 por ciento; Ecuador tiene su economía dolarizada; Venezuela devaluó en 0,14 por ciento, Bolivia 0,6 por ciento y Colombia registró 2,5 por ciento de devaluación.

    Devaluación (%): enero 2001

    Tipo de cambio real bilateral, en enero de 2001

    Con respecto a los tipos de cambio reales bilaterales, encontramos que la evolución de los tipos de cambio reales bilaterales entre los Países Miembros de la Comunidad Andina (calculados mensualmente con base diciembre 1999=100), muestran que en el mes de enero de 2001, los productos bolivianos habrían ganado competitividad en el mercado de Ecuador, Perú y Venezuela. En el caso de Colombia sus productos habrían ganado competitividad en el mercado de Ecuador y en menor intensidad en los de Bolivia, Perú y Venezuela; Ecuador habría perdido competitividad en todos los mercados andinos. Por el lado del Perú y Venezuela ambos países habrían ganado competitividad significativa, sólo en el mercado de Ecuador.

    Evolución de los Tipos de cambio reales bilaterales de cada país con el resto de la Comunidad Andina
    'Economía Peruana'

    Circulante (M1) en enero de 2001

    La variación de billetes y monedas en poder del público (M1), promedio de los últimos doce meses (desestacionalizado) respecto a igual promedio para el mes anterior, registró el mayor incremento en Venezuela y Colombia con 2,2 y 1,7 por ciento respectivamente; en Bolivia fue 0,6 por ciento y en Perú se presenta una variación negativa de (-0,3) por ciento. En el caso de Ecuador este indicador por efecto de haber dolarizado su economía, dejó de ser publicado por el Banco Central a partir de febrero de 2000.

    Variación porcentual mensual del M1 (promedio últimos 12 meses)
    'Economía Peruana'

    Reservas internacionales acumuladas a enero de 2001

    Las reservas internacionales netas de la banca central al mes de enero aumentaron en 745 millones de dólares respecto a diciembre de 2000. Registraron en Bolivia 974 millones de dólares, en Colombia 9 502 millones de dólares, en el Perú 8 201 millones de dólares y en Venezuela (estimadas con base en la variación de las reservas brutas) fueron 14 924 millones de dólares. En Ecuador las reservas de libre disponibilidad fueron 970 millones de dólares, concepto utilizado desde la entrada en vigencia de la dolarización.

    Comunidad Andina: Reservas Internacionales Netas (millones de dólares)
    'Economía Peruana'

    Precios

    Internacionales

    Los precios internacionales que aumentaron en enero de 2001 respecto a mes diciembre de 2000, fueron plata, plomo, azúcar, café y harina de pescado. Los precios internacionales que por el contrario registraron bajas en sus cotizaciones internacionales (enero respecto a diciembre) fueron, cobre, oro, zinc, estaño, petróleo residual 6 y petróleos de la cesta de crudos de Venezuela.

    Al Consumidor

    Los precios al consumidor del aceite, leche y pasaje en microbús, fueron menores en Quito, respecto a los registrados en las otras ciudades andinas durante el mes de diciembre. En La Paz se registraron los menores precios al consumidor de pollo y azúcar; y en Bogotá se registró el menor precio para el arroz.

    'Economía Peruana'

    BOLSAS DE VALORES DE LA COMUNIDAD ANDINA

    Durante el mes de enero de 2001, los montos totales negociados han disminuido en 15 por ciento con respecto a diciembre, notándose un traslado de las preferencias bursátiles hacia el mercado de valores de menor riesgo (renta fija), el cuál incrementó su participación de 76,5 por ciento en diciembre de 2000 a 94,5 por ciento en enero del presente año. En este período, los montos de negociación de Renta Fija y Renta Variable de las Bolsas Andinas experimentaron tendencias opuestas.

    Comunidad Andina: Montos Negociados por Renta Fija y Renta Variable (millones de dólares)

    Por el lado de los instrumentos de renta fija, durante el mes de enero de 2001 respecto al mes de diciembre de 2000, se produjo un incremento en la negociación de 0,3 por ciento mientras que la negociación de valores de renta variable registró una disminución de 76,7 por ciento respecto al mes anterior. Cabe señalar que la fuerte contracción de la negociación del mercado accionario en enero de 2001 (187 millones de dólares) se debió, principalmente, al alto monto negociado en diciembre 2000 (801 millones de dólares), cuando el valor negociado en acciones se incrementó en casi 3 veces su valor de noviembre.

    Comunidad Andina: Indices Busátiles
    Base diciembre 1998=100

    Con relación a los índices de cotización de mercado o índices bursátiles, se observa que durante el mes de enero de 2001 con respecto al mes de diciembre de 2000 Colombia, Perú y Venezuela han experimentado significativos crecimiento, correspondiéndole a Medellín el mayor incremento con 15,8 por ciento, le siguen Caracas 12,9 por ciento, Bogotá 9,9 por ciento y Lima 6,0 por ciento; mostrándose de ese modo, durante enero de 2001 una importante recuperación en los precios de las acciones cotizadas en las bolsas Andinas.  Indice

    5.- CONCLUSIONES

    Como hemos podido determinar en los capítulos anteriores la economía peruana se esta desarrollando casi a la par con las economías de los grandes productores de América latina (Argentina, Brasil, México y Chile), los que no lleva a definir que nuestra economía ha y esta evolucionando en forma continua como los diferentes países de su entorno, además y a pesar de las diferentes crisis con las que se ha afrontado, se muestra ligeramente fuerte, pero a la vez recesiva.

    En el cuadro Nº 01 “Ranking del PBI en Latinoamérica en el 2000”, se muestra como este indicador de la producción nacional esta en condiciones favorables que algunos de sus países limítrofes o de la sub-región andina, lo que es una ventaja competitiva para ser aprovechado para atraer inversionistas extranjeros.

    Completando lo anteriormente expuesto, mostramos el cuadro Nº 02, “Evolución PBI de Latinoamérica de 1993 - 2000”, el cual nos indica como ha evolucionado el Perú en comparación con los demás países de Latinoamérica, como se aprecia nuestro PBI ha sufrido variaciones positivas y negativas, pero estas comparativamente están dentro del promedio general de los demás países de América, lo cual nos muestra un país atractivo para la inversión nacional o extranjera. Y finalmente en le cuadro Nº 04 “ PBI de los Países Industrializados y de la Unión Europea 1998 -2000”, lo cual nos permite observar como Latinoamérica se ha convertido en las economías emergentes de este nuevo mundo globalizado.

    En el cuadro Nº 03 mostramos el Tipo de Cambio de los principales países latinoamericanos, donde se puede concluir en una observación objetiva, como los países mas estables económicamente, mantienen un tipo de cambio cercano al us$, tratando de que la economía mantenga un tipo de cambio lo mas cercano a la realidad y así beneficiar el comercio exterior.

    Indice

    6.- BIBLIOGRAFÍA

    1.- Tercer Seminario-Taller sobre Negociaciones Comerciales Multilaterales

    Las perspectivas de un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión
    Europea y América Latina

    Caracas, del 27 al 29 de septiembre 2000.

    2.- El sistema financiero internacional, su impacto sobre América Latina y el Caribe

    Por Dr. Eduardo Mayobre
    11 y 12 de mayo de 2000

    3.- Resumen Ejecutivo  de los Indicadores Mensuales de la Comunidad Andina, Enero 2001
    Documento elaborado por la Secretaría General de la Comunidad Andina

    http://www.comunidadandina.org/estadistica/re_ene01.htm

    Indice

    7.- ANEXOS

    1.- Cuadro Nº 01

    'Economía Peruana'

    2.- Cuadro Nº 02

    'Economía Peruana'

    3. Cuadro Nº 03

    Tipo de Cambio

    Dólar en Latinoamérica (Compra)

    País

    22.03.01

    23.03.01

     

     

     

    Argentina (Peso)

    1.000

    0.999

    Bolivia (Boliviano)

    6.480

    6.485

    Brasil (Real)

    2.162

    2.172

    Chile (Peso)

    595.900

    595.300

    Colombia (Peso)

    2,293.500

    2,297.650

    Costa Rica (Colón)

    323.890

    323.150

    Ecuador (Sucre)

    25,000.000

    25,000.000

    Guatemala (Quetzal)

    7.720

    7.710

    México (Nvo.Peso)

    9.570

    9.641

    Panamá (Balboa)

    1.000

    1.000

    Paraguay (Guaraní)

    3,769.000

    3,780.000

    Perú (Nuevo Sol)

    3.526

    3.525

    Uruguay (Peso)

    12.930

    12.915

    Venezuela (Bolívar)

    705.700

    706.250

    Fuente:Bloomberg

    4.- Cuadro Nº 04

    'Economía Peruana'

    Indice

    TEMA : LA ECONOMIA PERUANA EN EL CONTEXTO SUDAMERICANO

    CURSO : ECONOMIA GERENCIAL