Economía española

Historia Económica de España. Sistemas económicos españoles. Autarquía. Estabilidad y desarrollo económico. Crisis. UE (Unión Europea)

  • Enviado por: Roberto Castillo
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 11 páginas
publicidad
publicidad

INDICE

  • Autarquía, 1939-1959 Página 1

  • Estabilidad y desarrollo, 1959-1974 Página 2

  • Crisis económica de los años 70 Página 3-4

  • Del ajuste industrial a la adhesión a

la comunidad europea, 1982-1986 Página 5

  • Fase de crecimiento, 1986-1989 Página 6

  • Fin de la expansión económica, 1990-1992 Página 7

  • De la convergencia con Europa a la nueva

economía, 1992-2002 Página 8-9

  • Bibliografía Página 10

AUTARQUÍA, 1939-1959

La no intervención de España en la Segunda Guerra Mundial la distanció de los planes europeos de recuperación y la dejó en una situación de completo aislamiento. En el período posterior a la Guerra Civil, los esfuerzos internos se dirigieron hacia la reconstrucción del país, especialmente de edificios y medios de transporte, al mismo tiempo que se instituía una política de racionamiento para cubrir las necesidades mínimas de subsistencia.

Tras la Guerra Civil pues, España adoptó un modelo de desarrollo interior conocido como autarquía, cerrando sus fronteras a la entrada de mercancías, servicios y capital extranjero. Este concepto de política económica se vio condicionado por la siguiente consideración: España no había participado en la Segunda Guerra Mundial pero tenía una cierta afinidad política con los países derrotados por lo que se vio sometida a un aislamiento político. Sin embargo, el diseño de la política económica se basó en la convicción de que la economía española tenía los recursos necesarios de producción, sin tener que depender de otros países, para satisfacer todas las necesidades sociales y además conseguir un desarrollo económico.

Este proteccionismo fue acompañado de una fuerte intervención estatal, tanto en el proceso de establecer precios y niveles de interés, como por su participación en la industria a través del Instituto Nacional de Industria (INI), compañía pública que asumió la responsabilidad del desarrollo industrial.

Esta política económica estaba destinada al fracaso porque España no poseía suficiente materia prima ni tecnología, y su alcance no permitió el desarrollo de negocios lo suficientemente grandes para ser competitivos y capaces de exportar y generar capital para importar los materiales necesarios para el crecimiento de la economía española. Todo ello llevó a un radical cambio de estrategia que fue formulado en el Plan de Estabilización de 1959.

ESTABILIDAD Y DESARROLLO, 1959-1974

Con el Plan de Estabilización se produjo en España un importante cambio de estrategia en la política económica: la apertura de las fronteras a la entrada de mercancías y capital extranjero.

Esta apertura comercial, tuvo como resultado un notable déficit crónico en la balanza comercial, que fue financiado por la entrada de capital a España a través del aumento de turistas en los años 60: el dinero enviado a casa por los trabajadores españoles emigrados a los países más desarrollados, y las inversiones extranjeras. El nuevo modelo produjo un gran crecimiento en los ingresos nacionales y de producción.

Cuando la producción aumentaba rápidamente, generaba un déficit en la balanza de pagos.

La recesión generaba un nuevo equilibrio de mercado y las medidas de restricción económicas eran abandonadas; el ciclo se repetía una y otra vez. La economía de este periodo es un claro ejemplo de p.económica del “parón-expansivo”.

Eran frecuentes los subsidios a empresa, los circuitos financieros privilegiados en determinados sectores, los precios de la administración, la falta de competición en le sistema financiero, etc. Se mantuvo un concepto paternalista y protector de Estado.

La política monetaria aplicada durante los años 60, estuvo caracterizada por los siguiente aspectos:

  • Fue una política monetaria pasiva y hasta 1971 no contó con los instrumentos necesarios para controlar las acumulaciones monetarias.

  • Era una política de dinero barato, debido a la posibilidad del descuento automático en la Deuda Pública en el Banco de España.

  • Era una política que permitía la financiación que el desarrollo económico requiere.

Esta política generó un uso del capital mas intenso por parte de los recursos físicos de capital del país. Este hecho, junto con la abundante fuerza de trabajo, mayor incluso debido a la disminución del empleo en agricultura, como resultado de la industrialización, y la incorporación de la mujer al mundo laboral, facilitado por el crecimiento del sector terciario, significo que, a pesar del fuerte crecimiento económico, no se consiguió un empleo total, lo que originó la emigración de los años 60.

El sector industrial se asentaba sobre todo en los sectores del metal y de las navieras, así como en la tradicional industria textil y del calzado. La industria tecnológica fue la norma y su competitividad estuvo basada en el bajo coste de producción, lo que, en relación al trabajo, significó una mano de obra barata y poca inquietud industrial, y un capital basado en un sistema monetario de dinero barato.

CRISIS ECONÓMICA

DE LOS AÑOS 70

En España, ni la política económica ni las empresas respondieron con la flexibilidad necesaria a los nuevos parámetros económicos que siguieron a la subida del precio del petróleo y la materia prima, además de los cambios en la demanda mundial, que surgieron en 1973 y 1974. Las razones fueron dobles: por una parte, la economía era proteccionista y se caracterizaba por el intervencionismo estatal, así que no estaba acostumbrada a responder a las fuerzas del mercado. Por otra parte, la crisis económica coincidió con el fin de un régimen político y la transición a otro muy diferente. Como el ajuste a los nuevos parámetros hubiera tenido un alto coste con respecto al desempleo, la debilidad política del Gobierno hacia estos cambios significó la no oposición a las demandas laborales que florecieron tras el largo período de silencio impuesto.

Como consecuencia, la dramática subida del precio del petróleo no se tradujo en un aumento del precio de los productos derivados ni en la adaptación de la industria a las nuevas condiciones del mercado, manteniéndose mediante subsidios del Estado. Lo que es más, los trabajadores no aceptaron las moderaciones de salario que debían aplicarse para afrontar la caída en la producción, como consecuencia de la subida de un factor tan esencial como el petróleo. Además, la industria española era particularmente sensible a la nueva situación económica, dado que consumía una gran cantidad de petróleo, fue muy afectada por la caída de la demanda mundial de acero e industria naviera, y era menos competitiva que los nuevos países industrializados del sudeste asiático en la industria textil y del calzado. Todo ello acarreó las siguientes consecuencias: un notable incremento en el déficit público, debido al mantenimiento artificial de los precios interiores de los productos derivados del petróleo así como por los subsidios a las empresas para compensar sus pérdidas; una caída en picado de los beneficios comerciales, como consecuencia del crecimiento de los salarios nominales, mucho más elevado que el crecimiento del valor productivo del trabajo. La disminución de los márgenes empresariales, unido al deterioro de sus expectativas, tuvo un efecto inmediato en la inversión productiva e hipotecó las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.

A partir de ahí, como el déficit no estaba financiado de una manera ortodoxa, restaurando el mercado de capital, sino apelando al Banco de España, se impulsó un fuerte proceso inflacionista. Resumiendo, para paliar la pérdida de ingresos reales, que era consecuencia de la crisis energética, las autoridades económicas intentaron hacer arreglos en vez de ajustar los precios nacionales de los productos derivados del petróleo al precio del crudo y aplicar una política financiera expansiva (monetaria y fiscal). Estas políticas de demanda expansiva, junto con la apreciación del factor trabajo, alimentaron una espiral inflacionista originada por la subida del precio del petróleo.

Al mismo tiempo, las acciones tanto de las autoridades económicas como de los distintos agentes sociales incrementaron el deterioro de la balanza de pagos, ocasionado por la creciente importación que seguía soportando la economía. Este deterioro no fue corregido por la devaluación de 1976. Como la economía estaba fuertemente limitada, el incremento en la competitividad derivado de la devaluación fue enseguida equilibrado por el incremento de los precios debido al mismo motivo. Lo que es más, como el desequilibrio interno no era el resultado del exceso en el gasto interior, la devaluación no fue capaz de ajustar la demanda interna a un nivel similar a la producción interna. El progresivo deterioro de la balanza tuvo repercusiones negativas en las expectativas de los inversores extranjeros y una consecuente reducción en la inversión extranjera no consiguió financiar el déficit. Por ello, tuvo que ser financiado recurriendo a los fondos de reserva, creándose una fuerte deuda y provocando una situación que no podía prolongarse mucho más. Las autoridades se vieron entonces forzadas a reconocer la necesidad inevitable de adoptar unas medidas de ajuste a la nueva relación del factor precio.

Las primeras medidas drásticas de ajuste macroeconómico se adoptaron en 1977, en los llamados Pactos de la Moncloa. Estas incluían la devaluación de la peseta, acompañada de una política monetaria moderadamente restrictiva, y una política de ingresos junto con un compromiso para iniciar la reforma estructural. Todo esto se acordó con el consenso de las principales fuerzas políticas. Sin embargo, la industria española no pudo adaptarse a los nuevos parámetros de precios y demanda y el problema persistió incluso después de la crisis de 1979. Entonces, se produjo un nuevo incremento de los desequilibrios inflacionistas y del desempleo, acompañados del deterioro en las cuentas del Estado y en la balanza de pagos, generándose una situación de incertidumbre económica que no fomentó la inversión y perpetuó el estancamiento. En pocas palabras, se incrementaron los desequilibrios y no se alcanzó ningún consenso para corregirlos. En el período de 1975 a 1982, el Producto Interior Bruto creció a una media anual del 1,5% en términos reales y la formación de capital neto disminuyó a una media de 2,5% en términos reales.

DEL AJUSTE INDUSTRIAL A LA ADHESIÓN A LA COMUNIDAD EUROPEA, 1982-1986

El primer gobierno socialista se enfrentó con una economía con unos bajos índices de crecimiento (con una aumento del PIB del 1,2% en 1982), unos altos niveles de inflación (14% en ese mismo año) por encima de los de otros países europeos, un déficit en la balanza de pagos de 4000 dólares, un elevado déficit publicado de casi el 6% del PIB y un alto y creciente desempleo.

Se siguió una política de ajuste gradual a medio plazo, con el objetivo de reducir los desequilibrios básicos: inflación, deuda externa, deuda pública y desempleo. Al mismo tiempo, estas medidas iban destinadas a corregir las desigualdades macroeconómicas.

Las autoridades se esforzaron por establecer las bases de un crecimiento sostenido y preparar la economía española para su futura entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE).

Después de tres años, la economía entro en una fase de expansión y, el 1 de enero de 1986, se hizo realidad la adhesión de España a la CEE.

Si la situación general se hizo más favorable a partir del petróleo (de 27 a 15 dólares por barril) que se registro en 1985, lo que estabilizo el año siguiente.

El buen clima internacional se completó con una caída de los tipos de interés. Por último, la lenta depreciación del dólar, que había ido subiendo de 1980 a 1985, disminuyó las presiones inflacionistas. Con la caída y moderación de los precios internacionales, la economía internacional en general, y las economías de los países industrializados y de España en particular, entraron en un estado prometedor de crecimiento expansivo.

FASE DE CRECIMIENTO, 1986-1989

La fase de crecimiento económico se debe al aumento en la demanda de inversión. Este aumento en la inversión respondía a una mejora en las expectativas comerciales y a la gran necesidad de capitular la economía española.

En el periodo comprendido entre 1986 y 1988, la formación brutal de capital aumentó en un nivel medio anual del 14,1% en términos reales. La formación bruta de capital, que en 1985 era alrededor del 19% del PIB, creció al 26% en 1989. Este crecimiento de la demanda provocó un aumento del PIB.

El periodo de cuatro años de expansión económica generó una gran cantidad de empleo. El crecimiento económico, el más rápido de Europa en esos años, fue compatible con la reducción de algunos desequilibrios y del desempleo. El déficit público disminuyó y, al mismo tiempo, cayó también la inflación.

DEMANDA Y PRODUCCIÓN

(Índices anuales de incremento medio en %)

1986-1989

1990-1992

Consumo Privado

4,9

2,3

Gastos del Gobierno

6,6

2,9

Formación cap. Bruto

14,1

1,9

Exportación

3,9

5,2

Importación

17,0

7,8

Empleo

3,1

0,3

PIB

4,8

2,4

Índices de crecimiento medio en términos reales.

FIN DE EXPANSIÓN ECONÓMICA, 1990-1992

El deterioro de la balanza de pagos en el comercio exterior, fue también resultado de la apertura económica de España después de su ingreso en el Mercado común.

Para suavizar estos síntomas de recalentamiento, se adoptaron varias medidas con respecto a la demanda y a la oferta.

Las primeras reducían el crecimiento de la demanda, mientras que las segundas se pusieron en marcha para que aumentase el crecimiento (de la demanda) potencial o no inflacionista de la economía. Se diseño una política de ingresos para complementar esta combinación de medidas de oferta y demanda y, a partir de esto, estas han sido las coordenadas de la política económica, respaldados por los criterios de convergencia de Maastricht de diciembre de 1991.

Respecto a la demanda, se puso en marcha una política financiera restrictiva. Se consideró necesario marcar unos objetivos para la mejora de la infraestructura y de los beneficios sociales compatibles con la corrección del exceso de demanda, y el Estado hizo un esfuerzo para contener la política Fiscal mediante la eliminación de la cláusula de revisión de salarios de los empleados del sector público, o la congelación del empleo durante 1992 y 1993.

Respecto a la oferta, se tomaron una serie de medidas estructurales destinadas a crear una economía más flexible, menos inflacionista y más eficiente.

Como complemento a estas políticas de demanda restrictiva y oferta más flexible, el gobierno estaba preocupado por el desarrollo de los costes laborales y la perdida de competitividad económica. Se intento estipular una política de ingresos en varias ocasiones.

DE LA CONVERGENCIA CON EUROPA A LA NUEVA ECONOMÍA, 1992-2002

Las devaluaciones de 1992 y 1993 y la ampliación de las bandas de fluctuación de las monedas confirmaron que era difícil mantener unos tipos de cambio fijos cuando la realidad macroeconómica de los distintos países es muy diferente.

A comienzos de esta década, cuando ya estaban en vigor los acuerdos de Maastricht, la economía española se enfrento a los tres problemas siguientes:

  • Un déficit público de más de un 3% sobre el PIB.

  • Una tasa de inflación, que mantenía una diferencia notable con la de los países más estables de la UE.

  • Una aceleración del aumento de los costes unitarios del trabajo, que se plasmó en un déficit creciente de la balanza comercial y en presiones sobre la inflación.

En cumplimiento de los tratados firmados en Maastricht, la economía española se orientó hacia la convergencia con los países que se integrasen en la Unión Monetaria en 1999.

El Gobierno intentó, en primer lugar, lograr un entorno macroeconómico estable y un crecimiento sostenido, y para conseguir esto optó por una política monetaria orientada al control de la inflación y una política fiscal encaminada a la reducción del déficit público.

Otro fin del Gobierno era reducir las rigideces de la economía española, para aumentar la capacidad de adaptación de los agentes y de los mercados. Se propiciaron reformas institucionales y estructurales en el mercado laboral y en el mercado del suelo.

Los resultados de esta determinación fueron realmente positivos. No sólo se logró entrar en la Unión Monetaria en el primer grupo de países, sino que las tasas de crecimiento alcanzadas estuvieron por encima de la media europea.

  • EL IMPACTO DE LA NUEVA ECONOMÍA

Durante la segunda mitad de la década de los noventa el país atravesó una de las etapas más prósperas de su historia económica.

La denominada nueva economía, concentraba un buen número de avances tecnológicos y el crecimiento de las tecnologías de la información, junto a la globalización, han incrementado la productividad y han derribado barreras informáticas. A partir de 2001 se entro en una fase de desaceleración.

El crecimiento experimentado especialmente a partir de 1995 se vio estimulado por la globalización de la economía y los incrementos de la productividad asociados con la eclosión de la nueva economía: las nuevas tecnologías y las tecnologías de las información han contribuido a incrementar la producción por trabajador y a reducir los precios.

Los únicos problemas son el diferencial de inflación con la zona del euro, el fuerte aumento del déficit exterior y el bajo crecimiento de la productividad, factores que podrían deteriorar la competitividad de la economía española y reducir su crecimiento.

Del boom bursátil se ha pasado al crash de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, y su efectos se han trasladado a la economía real provocando una recesión. El caso de España también confirma la ralentización del crecimiento durante los años 2001 y 2002. El lado positivo es que, con la recesion, la diferencia de inflación con el resto de Europa se ha reducido.

BIBLIOGRAFÍA

  • La mayor parte del trabajo la he sacado de Internet :

  • Una pequeña parte del trabajo la he sacado del libro de texto de 1º de economía.

La economía española

Página 1 de 11