Economía de Andalucía

España. Evolución histórica. Infraestructura econónimica andaluza. Integración europea. Agricultura, ganadería e industria. Turismo

  • Enviado por: Nadine
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 140 páginas
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Economía

LA ECONOMÍA EN ANDALUCÍA

Índice

  • Los sectores económicos en Andalucía

  • La evolución de la economía en

  • Andalucía

  • La infraestructura en Andalucía

  • El desempleo en andalucía

  • Andalucía en Europa

  • El futuro de Andalucía

  • Los sectores económicos en Andalucía

    Economía de Andalucía
    1. Complejo Agroalimentario y Pesquero

    1.1. Agricultura y Ganadería

    1.2. Industria Agroalimentaria

    1.3. Modernización de la pesca

    2. Industria

    3. Minería

    4. Modernización del comercio

    5. Turismo

    LOS SECTORES ECONÓMICOS EN ANDALUCÍA

    1. Complejo Agroalimentario y Pesquero

    1.1. Agricultura y Ganadería

    1.2. Industria Agroalimentaria

    1.3. Modernización de la pesca

    2. Industria

    3. Minería

    4. Modernización del comercio

    5. Turismo

     

    1. COMPLEJO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO

    El complejo agroalimentario y pesquero está compuesto por el conjunto de las producciones agrarias y las industrias agrarias y alimentarias, constituyendo una importante especialización productiva dentro de la economía andaluza, debido a su riqueza agraria y a la dedicación alimentaria de una parte importante de su sector industrial.

    Por ello, el sector primario constituye una pieza básica de la economía regional, debido por un lado al peso y posición que ocupa en su estructura económica; y a sus ventajas y potencialidades por otro, todo lo cual permite prever que seguirá contando con un gran protagonismo en el futuro inmediato.

    Dicha posición destacada se pone de manifiesto según indican los siguientes datos:

    • En lo que respecta a la producción agraria, la participación de dicho sector en la formación del V.A.B. andaluz, es del 9,8%, frente al 4,4% en España y el 3,3% en la Unión Europea. El peso de los ocupados con respecto al conjunto de la población ocupada andaluza es del 11,8%, frente al 8,7 de la media española y al 5,8% de la Unión Europea.

    • Por lo que respecta al subsector de la industria agroalimentaria, su elevada trascendencia queda reflejada, igualmente, por dos datos básicos: Su aportación al valor añadido industrial y a la ocupación industrial en Andalucía es, aproximadamente, del 30% del total. De igual forma, las exportaciones del sector representan el 44% del total de las exportaciones andaluzas, y el conjunto de las importaciones alcanzan el 20% del total.

    En este sentido, los suministros regionales suponen el 31% de la producción efectiva en la agricultura y la pesca y el 50% en las industrias de alimentación y bebidas. Por su parte, los insumos de origen exterior suponen porcentajes bastante menores (en el sector primario no alcanza el 10% de la producción mientras que en industrias de alimentación y bebidas apenas supone un 17%). De esta información se desprende que el complejo agroalimentario y pesquero tiene una mayor dependencia relativa de materias primas de origen andaluz; conclusión importante por cuento un aumento de la producción del sector primario redundará en un aumento de la demanda de materias primas de origen regional, con los efectos multiplicadores inducidos.

    En relación al destino de la producción del complejo agroalimentario y pesquero se puede afirmar que:

    • El 47,7% de lo que producen el conjunto de las actividades agrarias y pesqueras, es utilizado como materia prima para otros sectores, mientras que en el sector de la industria de alimentación y bebidas este porcentaje es tan sólo del 20,3%. La diferencia refleja los distintos destinos de ambas producciones : la demanda intermedia (sector extractivo) y demanda final (sector transformador y comercializador).

    • Dicho esto, hay que precisar que ciertas producciones abastecen en un porcentaje elevado (90%) de su producción a la demanda final, como es el caso de las hortalizas y frutas, agrios y aceites, frente a las producciones cuyo destino principal (70% de su producción) se halla en los consumos intermedios para otros sectores, sobre todo la industria agroalimentaria : olivar, silvicultura, industrias de alimentos para animales, etc.

    Una nota interesante a señalar son las relaciones intersectoriales dentro del complejo agroalimentario y pesquero. que permite que los efectos inducidos de un aumento de la demanda de un determinado producto se trasladen en mayor grado al resto del sistema productivo. En este sentido, las interrelaciones dentro del complejo agroalimentario y pesquero pueden considerarse relativamente intensas, y por orden de importancia cabe destacar las siguientes:

    • La existente entre la producción de olivar y la industria del aceite y grasas, y aceituna de mesa.

    • La ganadería con las industrias cárnicas y lácteas.

    • Los cereales y leguminosas con la molinería.

    • Las plantas industriales con la industria asociada (azucarera y desmotadora).

    • La pesca con la industria de conservas de pescado.

    Por otra parte, en la actualidad, en el contexto en que se mueve la Comunidad Autónoma andaluza dentro de la UE y en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, el complejo agroalimentario y pesquero no sólo cumple un papel de índole económico, sino que atiende también a otros de carácter social y medioambiental. Aunque no se puede decir que estos cometidos sean nuevos, sí es cierto que han ido adquiriendo en los últimos tiempos un reconocimiento y significación específicos, y precisamente por este hecho, el análisis del complejo agroalimentario y pesquero no puede hacerse sólo desde una visión exclusivamente económica, sino que tiene que plantearse desde un enfoque múltiple que dé cabida a otras variables.

    El análisis del empleo agrario revela la especial significación del sector primario en Andalucía, donde, pese a las tendencias universales en nuestro entorno, el mismo sigue teniendo una considerable importancia. Así, a pesar de la tendencia decreciente, la población ocupada agraria en Andalucía sigue significando una parte importante, el 12,8% del total de ocupados en 1996. Este porcentaje es sensiblemente superior al 18,4% que correspondía ese mismo año al conjunto del país y al 5,8% que en 1992 significaba en toda la UE. Si a estas cifras de empleo directo en la producción agraria, se agregan las correspondientes al sector de la elaboración agroalimentaria, se puede decir que el complejo agroalimentario y pesquero representa más del 20% de la ocupación regional.

    Dicho esto, es previsible que la población ocupada en agricultura y pesca en Andalucía seguirá disminuyendo en los próximos años (como ha pasado en todas las economías desarrolladas). Esta previsible tendencia es consecuencia directa de la necesidad de aumento de la productividad. El reto actual consiste, por tanto, en poder generar empleo alternativo para la población afectada por el proceso de transformación de los sistemas de producción.

    Será necesario el desarrollo de actividades que compensen esta tendencia y, particularmente, que la política de desarrollo rural potencie todas las posibilidades complementarias a las puramente agrarias y pesqueras.

    Dentro del análisis de los efectos sociales de la agricultura, conviene destacar también su capacidad para mantener y fijar un cierto nivel de población por todo el territorio. Esto reduce los efectos negativos que, tanto en el mantenimiento de los recursos económicos, ambientales, culturales, etc., se derivan del despoblamiento masivo que, en otro caso, se produciría necesariamente en gran parte de las zonas desfavorecidas de Andalucía, como ha sucedido en otras zonas de España.

    Otro elemento adicional en el análisis del sector se refiere a su particular relación con los sistemas medioambientales, que ha dado cuerpo, incluso, a una de las líneas políticas de la reforma de la PAC. A este respecto cabe destacar el papel que la agricultura ha tenido y sigue teniendo como creadora y gestora de una gran parte del rico patrimonio de ecosistemas y paisajes andaluces. Las dehesas, como ejemplo del modelo de equilibrio agro-silvo-pastoral, con notables valores ambientales, paisajísticos o de biodiversidad, o el ``bosque de olivar'', son ejemplos significativos del modelado que ha ido haciendo el hombre sobre la naturaleza, integrando en la misma como un componente propio, la actividad agraria. A esto cabría añadir otras influencias positivas muy importantes sobre el medio ambiente, menos reconocidas por su carácter más difuso. Así, por ejemplo, la labor de descontaminación del aire que producen las masas vegetales, entre las que destacan, lógicamente, las agrarias, la conservación de recursos y protección de incendios que suponen sistemas como las dehesas si están bien gestionados, etc.

    En el otro extremo, cuando la agricultura, como actividad productiva que utiliza los recursos naturales, no está adecuadamente gestionada puede tener también efectos negativos sobre los sistemas ambientales que le sirven de soporte. Cabe citar a este respecto ejemplos como la sobreexplotación de acuíferos, algunas contaminaciones en los mismos por exceso de fertilizantes nitrogenados o de aglomeraciones de cultivos bajo plástico por lo que producen de residuos. De todo ello, se deduce la necesidad de que en la agricultura se mejoren los aspectos de uso y conservación de los recursos naturales, tendiendo hacia modelos de agricultura sostenible.

    Aparte de los enfoques económicos, sociales y ambientales ya vistos, el análisis del papel de la política agraria andaluza debe considerar otros elementos estratégicos.

    • Por un lado, está la situación de Andalucía como modelo de la llamada ``agricultura mediterránea'', que le confiere una posición especial tanto en el orden alimenticio (su condición de impulsora de la ``dieta mediterránea'') como en la producción y transferencia de tecnologías agrarias o industriales asociadas a los cultivos o ganadería típicos de esta agricultura.

    • Por otro lado, la cooperación agraria va a ser otro elemento importante en las relaciones internacionales, en el que a la agricultura andaluza, por su avanzada situación le puede corresponder un papel significativo.

    Como resumen del análisis anterior, la actuación pública se puede situar en dos apartados diferentes: el complejo agroalimentario y pesquero y el desarrollo rural. Este último se contempla como una política específica de tipo horizontal, que se centra en la dinamización de todas las potencialidades del mundo rural, la equidad territorial y la integración en su conjunto, de otras políticas sectoriales además de las agrarias. Dicha política de desarrollo rural es objeto de una atención independiente en el PEA 2000.

    La política del complejo agroalimentario y pesquero se presenta subdividida en:

    • Agricultura y ganadería, dirigida a su modernización, en respuesta a las nuevas exigencias de la política comunitaria y los acuerdos del GATT.

    • Industria agroalimentaria, que se centra en su modernización y potenciación, y su mayor integración con el sector productor, del que en buena parte depende y al que dinamiza; así como en la mejora de todo el proceso de la comercialización dentro del complejo agroalimentario.

    • Modernización del sector pesquero, donde se articula una política que responde a los importantes retos que el mismo tiene planteados.

  • AGRICULTURA Y GANADERÍA

  • El sector agrario ha registrado unas intensas transformaciones en la última década, que han modificado sus características estructurales. Se ha producido un descenso continuado de su participación relativa en el empleo y producción regional. Sin embargo, incluso con este descenso, los valores que estas magnitudes agrarias presentan en Andalucía son superiores a las que podemos encontrar en España y la Unión Europea. La fuerte presencia del sector agrario en el VAB andaluz y el empleo regional continúan siendo, por tanto, y pese a su continuo descenso relativo, los rasgos que mejor definen la evolución estructural del sector. A su vez, el descenso de la población ocupada agraria, y el aumento de la producción ha dado como resultado un incremento notable del VAB por ocupado agrario, superior al del resto de los países europeos.

    Sin embargo, como se ha indicado, en estos rasgos estructurales se han visto sometidos a fuertes tensiones de cambio, que han originado una configuración estructural del sector muy diferente de la que presentaba dos décadas atrás. El primer factor impulsor de este cambio ha sido, la integración de la economía española, y la agricultura con ella, en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Una integración que, a su vez, ha tenido lugar dentro de un doble proceso de transformación: en un primer lugar, la adaptación de la agricultura andaluza a la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y, posteriormente, la propia adaptación de la PAC al comercio internacional, derivada de una mayor apertura de los mercados mundiales, consecuencia de los acuerdos adoptados en la Ronda GATT celebrada en Marrakech en 1995. De esta forma, la agricultura española, y por ende la andaluza, se han incorporado a un sistema que se hallaba a su vez en profunda transformación dentro del proceso que se ha dado en denominar las sucesivas Reformas de la PAC, cuya puesta en marcha se inicia a partir de 1992.

    Otro factor que ha incidido sobre el derivado de la situación descrita, ha sido la producción en unos mercados internacionales cada vez más abiertos, en un sector tradicionalmente muy protegido. Esta situación ha obligado a los empresarios agrarios a redoblar sus esfuerzos para lograr una agricultura más competitiva en los mercados tradicionales, partiendo desde una posición menos ventajosa a la que la de la mayoría de sus socios comunitarios, que venían beneficiándose desde varios años atrás de una PAC hecha a medida de sus necesidades, y con un fuerte sesgo hacia producciones intensivas propias de las zonas atlánticas. No todos los cultivos han podido responder por igual a este desafío y determinadas producciones (frutas y hortalizas, aceite de oliva) han ido ganando terreno en los mercados europeos e internacionales, mientras que otras más tradicionales han ido en retroceso.

    La mayor apertura a los mercados mundiales, como orientación principal de la Política Agrícola Comunitaria, se ha visto acompañada de una sustancial modificación en el régimen de ayudas a la renta agraria, auténtico motor de la PAC desde su propia declaración de principios en el Tratado de la Unión, donde se identificaba el mantenimiento de las rentas de los agricultores como el primer objetivo de esta Política Común. Los planteamientos de las Reformas de la PAC, a partir de su diseño inicial en 1991 (``Informe MacSharry'') ha evolucionado en el sentido de sustituir las ayudas a la producción, generadoras de excedentes imposibles de soportar en determinadas producciones continentales, por las ayudas a la superficie, en cultivos como las oleaginosas, o ayudas directas a las rentas. La Política Agraria Común ha introducido una nueva orientación a partir de 1992, al incorporar las llamadas ayudas agroambientales, que buscan retribuir a los empresarios agrarios por sus beneficios indirectos al medio ambiente en cuanto que mantenedores del espacio rural, así como ayudas a la reforestación de tierras agrarias, buscando la reducción de superficies de cultivo y la diversificación de producciones. Del análisis de las macromagnitudes agrarias puede deducirse que la presencia de estas diversas ayudas a las rentas agrarias ha ocasionado un fuerte aumento de la participación de las subvenciones dentro de la renta agraria.

    Finalmente, hay que reseñar que determinados factores de carácter coyuntural han acabado repercutiendo en factores de índole estructural: el prolongado proceso de sequía que ha afectado a los cultivos andaluces entre 1991 y 1995 condujo a un importante debate acerca de la sostenibilidad de determinados modelos de producción y la necesidad de racionalizar el uso de un elemento como el agua, cuya escasez se ha puesto de manifiesto. Más allá de soluciones de tipo coyuntural, la sequía ha forzado importantes modificaciones, no sólo en lo que se refiere a las estructuras agrarias, especialmente a los Planes de Regadío, sino incluso en la orientación de muchos cultivos.

    El proceso de transformación que la agricultura andaluza ha experimentado en los últimos años queda reflejado en el aumento del VAB agrario, que creció en términos reales, durante el período 1983-1995, con una tasa media anual acumulativa del 1,5%, frente al 2,9% del conjunto de sectores; mientras que la productividad por persona ocupada lo hizo a una tasa del 6,96%, muy superior al 3,94% del conjunto, continuando esta tendencia en la actualidad, aunque con incrementos más moderados. En comparación con lo sucedido a escala nacional, la producción agraria andaluza, que supone la cuarta parte de la española, tuvo un crecimiento en este período también superior a la media nacional, tanto en términos de VAB como de productividad por ocupado.

    Con relación a su composición interna, el sector agrario andaluz se caracteriza por el predominio de la producción agrícola, que representa en torno al 75% de la Producción Final Agraria (PFA), con tendencia a llegar hasta el 80%, mientras que en el ámbito nacional alcanza cifras del 55 al 60%. La aportación de la producción ganadera es menor, siendo su valor en 1997 del 18,6%. Por último, el resto de las producciones, incluida la forestal, aportan en torno al 4%. Las causas fundamentales que explican estas diferencias son las condiciones agroclimáticas, que resultan en general mucho más favorables para los cultivos que para la ganadería de pastos o producciones forestales, y el menor desarrollo que ha tenido la ganadería intensiva en la región.

    A. DIAGNÓSTICO

    La expresión ya acuñada ``las agriculturas andaluzas'' define con claridad la falta de homogeneidad cuando se pretende caracterizar el sector. A diferentes realidades agrarias (climatología, suelo, estructuras) corresponden, por tanto, diferentes diagnósticos. Basta citar como ejemplos significativos que Andalucía cuenta al mismo tiempo con los lugares de máxima y mínima pluviometría de todo el país, desde las máximas elevaciones peninsulares hasta la importante zona agraria costera al nivel del mar. Si el análisis se centra en las estructuras agrarias, se comprueba una situación muy diversa, desde zonas con un elevado grado de minifundismo y agricultura familiar hasta otras de economía empresarial, con un tamaño medio por explotación muy superior a la media, que cuentan con un alto porcentaje de mano de obra asalariada. En cuanto a la tecnificación de las explotaciones, la situación refleja que coexisten explotaciones tradicionales en zonas de sierra, cuya producción se destina a la mera supervivencia o autoabastecimiento, con explotaciones avanzadas de agricultura intensiva muy tecnificada en el litoral, orientada hacia los mercados exteriores y con potentes redes de distribución.

    No todas estas realidades agrarias pueden enfrentarse por igual a los desafíos que representa producir en una situación de mayor apertura a los mercados y, en consecuencia, una mayor competitividad. Supeditando la situación del sector a una necesaria síntesis en los párrafos siguientes se destacan los rasgos fundamentales que representan el conjunto del sector.

    En primer lugar, la propia dinámica del proceso de reformas de la PAC abre dudas e incertidumbres, comunes a todos los empresarios agrarios europeos, lo que les impide adoptar posiciones firmes desde un primer momento. Junto a la apertura de los mercados derivada de los acuerdos del GATT, la entrada de los países del Este (PECOS) en el ámbito comunitario y los acuerdos preferenciales con terceros países que, como los mediterráneos, definen un escenario competitivo donde la capacidad del empresariado andaluz se está poniendo a prueba, con éxito en la mayoría de las ocasiones.

    En segundo lugar, señalar la importante amenaza para Andalucía de la propuesta de modificación de la OCM del aceite de oliva.

    En tercer lugar, y en relación con la sostenibilidad de los recursos naturales del medio rural, resulta cada vez más evidente la necesidad de un nuevo modelo de gestión del agua que responda a un planteamiento estratégico para la producción agraria andaluza. Siendo un recurso natural escaso e irregular en el tiempo y espacio, no ampliable por la mera voluntad del hombre, es necesario mejorar la planificación territorial para su distribución, al igual que lo es aumentar sus disponibilidades, proteger su calidad, economizar su empleo y racionalizar sus usos. En el caso de la agricultura andaluza, como ha quedado de manifiesto en el período de sequía del quinquenio 1990-1995, la presencia de este recurso ha llegado a condicionar numerosas producciones, influyendo de manera muy desigual en unas zonas respecto de otras, con las consiguientes tensiones territoriales. No debe pasarse por alto el hecho de que el regadío proporciona un elemento de flexibilidad frente a los cambios de producciones que impone el mercado y la política agraria, con lo que significa de apoyo a la competitividad en las producciones de nuestro clima frente a otras agriculturas europeas que no necesitan el riego como elemento esencial.

    Los cultivos de regadíos, los más afectados por esta situación, han sido objeto de un profundo estudio. Dado que más del 60% de los regadíos andaluces tienen más de veinte años de antigüedad, se impone el reto de su modernización, al objeto de reducir el consumo unitario de agua ante una situación de déficit hídrico generalizada. En un contexto de escasez de estos recursos para atender la demanda exigida por el desarrollo integral de la región, más allá de cualquier sequía coyuntural, se hace inaplazable la modernización de los regadíos para lograr una mayor eficacia en la utilización del agua. Se estima que la modernización de las redes actuales conllevaría un ahorro superior al 13% de la dotación neta actual de los regadíos andaluces. Existen, asimismo, otras posibilidades importantes de aumentar las disponibilidades de agua para la agricultura en determinadas áreas costeras donde los cultivos son más competitivos para los mercados exteriores, mediante la reutilización de aguas residuales. Será necesario abordar con profundidad la planificación de los usos del agua, considerando las demandas económicas, sociales y ambientales.

    En cuarto lugar, la diversidad de las explotaciones agrarias se traduce en una pluralidad de modos de gestión, empresas y situaciones de empleo. Junto a grupos de agricultores con un alto grado de profesionalización gerencial, que han sabido orientar con éxito sus empresas en los mercados exteriores, constituyéndose en motores del proceso de modernización del sector, existen amplias zonas, especialmente en el interior y en áreas de montaña, donde las explotaciones familiares tienen carácter de subsistencia. Por ello, resulta preciso elevar el nivel de formación de los empresarios y trabajadores del sector, para lograr una mayor cualificación y competitividad, que debe completarse con las oportunas acciones para reducir el desempleo en el sector y aumentar la calidad en el mismo.

    Junto a una necesaria mejora en la formación y los sistemas de información, hay que señalar la necesidad de potenciar la política sectorial de I+D en materias agrarias, que debe encontrar su complemento en la política de Investigación y Desarrollo Tecnológico. La necesidad de reforzar la innovación en el sector es mayor si se considera el bajo grado de eficiencia en algunos procesos productivos agrarios, respecto a su potencialidad y condiciones agroclimáticas. En ocasiones este desajuste entre la producción real y la potencial se deriva de los medios empleados, como sucede por la todavía insuficiente utilización de semillas certificadas, plantas en buenas condiciones sanitarias o ganado de baja calidad genética. En otros casos, se debe a meras deficiencias en el uso de dichos medios, como sucede frecuentemente con los fertilizantes y fitosanitarios, alimentos animales, etc. La mejora de estos procesos, que requiere intensificar la transferencia de tecnología, permite reducir costes y, en ocasiones, evitar efectos no deseables como la contaminación nítrica de acuíferos.

    En quinto lugar, hay que señalar una débil tendencia al asociacionismo en el sector y una deficiente implantación de empresas de servicios, hechos que le suponen una debilidad estratégica. Estos dos últimos aspectos distinguen fundamentalmente a las agriculturas más desarrolladas, donde se constata un mayor desarrollo de esos aspectos.

    El apoyo tecnológico ha venido siendo desempeñado tradicionalmente por las Agencias de Extensión Agraria, en cuanto que órganos especializados de la administración en transferencia de tecnología a los empresarios agrarios y agentes de cambio en las comunidades rurales. Tras un paréntesis derivado de la ordenación del sector como consecuencia de las Reformas de la PAC, cada vez es más valorado el papel que la estructura comarcal agraria (materializada en la red de Oficinas Comarcales Agrarias) puede suponer entre el empresariado agrario y las comunidades rurales, como agente difusor de la innovación tecnológica y del cambio social en las funciones que la agricultura y el medio rural pueden desempeñar en el desarrollo regional. Junto a la potenciación de las Oficinas Comarcales Agrarias, hay que señalar la importancia de otras medidas tendentes a la mayor articulación del sector, que potencien los movimientos asociativos, la representación profesional, los acuerdos interprofesionales, etc.

    En sexto lugar, también es necesario señalar algunos aspectos sobre la composición de la producción agrícola andaluza. El 72% de la producción agrícola, en 1997, es aportado por los cultivos de hortalizas, cítricos y frutales (39%) y el subsector de aceite de oliva y derivados (33%). El resto de la producción agrícola, un 28%, se reparte fundamentalmente entre cultivos industriales, vino y mosto, cereales y tubérculos. Esta estructura de la producción final agrícola difiere sustancialmente con la distribución de la superficie utilizada para su producción: prácticamente el 60% de la superficie está destinada a cultivos que sólo contribuyen en el 28% de la producción final. Contribuyen a la misma el grupo de cultivos industriales y forrajeros, leguminosas, tubérculos, viñedos y, especialmente, los cereales, que ocupan el 40% de la superficie agrícola y aportan algo menos del 5% de la producción final agrícola. En la producción de hortalizas, cítricos y frutales se emplea algo menos del 10% de la superficie agrícola, representando cerca del 40% de la producción final agrícola. Por su parte, la producción de aceite de oliva guarda un peso similar en la producción final y en la superficie de cultivo.

    Destacar, asimismo, en relación con la apertura del sector al exterior, que Andalucía absorbe un 25,9% del total de las inversiones extranjeras que se realizan en España en el sector primario, dirigiéndose la mayor parte de éstas a las actividades de transformación y comercialización de productos agrarios, siendo prácticamente inexistente la destinada al subsector de silvicultura y explotación forestal (0,45%). No obstante, pese a su importancia en el total nacional, las inversiones extranjeras en la agricultura andaluza suponen menos de un 2% del total de inversiones extranjeras en la región.

    En este sentido, señalar también la importancia de los aspectos sanitarios de las producciones que, además de afectar a los rendimientos, se ha convertido en un factor clave en los intercambios comerciales. Destacar que Andalucía presenta, además, una situación singular debido a su dependencia de las importaciones de material genético selecto (semillas hortícolas, reproductores porcinos, etc.), lo que, unido a sus condiciones climáticas y a su situación geográfica fronteriza que incrementa el tránsito de personas y mercancías, hacen especialmente importante mantener un sistema eficaz de vigilancia epidemiológica y protección sanitaria. Hay que resaltar los notables avances que la Comunidad Autónoma ha realizado en materia de sanidad animal: desde finales de 1992 España fue declarada totalmente libre de peste equina, y en 1995 se levantaron las restricciones sanitarias que existían en Andalucía sobre ganado porcino. En este nuevo contexto, la alta calidad de las producciones debe ser aprovechada como un elemento de importante potencialidad.

    Otro rasgo básico estructural en el sector agrario andaluz concierne a su financiación y, en especial, al elevado nivel de endeudamiento en algunos subsectores, tanto en lo referente a explotaciones individuales como a entes asociativos. Dada la importancia de los cambios estructurales que el sector debe acometer, la cuestión adquiere una mayor relevancia en este contexto, que necesitará de nuevos modelos de financiación que se adecuen más a los requerimientos del sector.

    Por otro lado, destacar el apoyo de las ayudas a los productores y producciones establecidas en la PAC. Con la reforma de la misma se ha ampliado notablemente el conjunto de ayudas a las rentas de los agricultores, ya sea como compensación por limitaciones naturales (zonas desfavorecidas o de montaña), o por pérdidas de renta derivadas de la nueva desregulación de mercados (en este sentido cabe entender buena parte de las reformas acometidas en las Organizaciones Comunes de Mercado) y descenso de la protección vía precios. Como dato que refleja su importancia, baste indicar que en 1997 estas ayudas alcanzaron la cifra de 250.000 millones de pesetas. La financiación de tales ayudas corre en su totalidad a cargo del FEOGA, aunque el proceso de gestión se desarrolla coordinadamente entre la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas.

    La consolidación del régimen de ayudas comunitarias se ha realizado progresivamente en estos últimos años, lo que ha significado un importante esfuerzo de gestión y control de las mismas por parte de la Administración Andaluza, que ha culminado con la creación del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA). Tal es la complejidad de este sistema de gestión que su adecuación y mejor eficiencia se ha convertido en un objetivo en sí dentro de la política sectorial agraria, con su correspondiente estrategia específica. A esta estrategia, dado su efecto estabilizador, hay que agregarle el aumento de la actual cobertura del sistema de seguros agrarios, que en la actualidad cubre a los agricultores frente a las oscilaciones provocadas por graves adversidades climáticas o accidentes, incendios, etc.

    Señalar, por último, en los rasgos básicos que resumen las características de la agricultura andaluza, los principales factores de potencialidad que dispone:

    • Un conjunto de producciones específicas de calidad, ligadas a sistemas de producción singulares.

    • Economías de escala derivadas de la estructura territorial (favorable para determinadas actividades) y un importante mercado de consumo interno sustentado en la población regional.

    • Las condiciones agroclimáticas, que permiten una adecuada diversificación, y con ella la adaptación a nuevas demandas. En el caso concreto de las zonas de regadío y el cordón litoral, su potencial de adaptación es muy alto, con importantes ventajas estacionales con relación al resto de la UE.

    • Posibilidades de crecimiento de la renta agraria, como resultado de una mejora de la manipulación y/o transformación de muchas producciones, al objeto de obtener un mayor valor añadido en su comercialización.

    • Un conjunto de sistemas productivos tradicionales que permiten agregar valores ambientales, susceptibles de incorporar nuevas tecnologías y mejorar su capacidad comercial: como en el caso de olivar, porcino ibérico en extensivo, etc.

    • Posibilidad de aumentar el consumo de productos mediterráneos, en un contexto de calidades específicas ligadas a la dieta mediterránea con atributos beneficiosos para la salud.

    • Existe un umbral suficiente en el conjunto de las instituciones y servicios, con capacidad tecnológica para dar apoyo a los diferentes sectores.

    B. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

    La reforma de la Política Agraria Común y los acuerdos firmados en el GATT, se dirigen a disminuir el proteccionismo sobre los mercados. Esto ha llevado a la modificación de algunas de las más importantes Organizaciones Comunes de Mercado, y prevé la reforma de otras en breve plazo, lo que producirá repercusiones en el sector agrario andaluz. Estas circunstancias requieren una adaptación que impulsa la modernización y la competitividad del sector, eludiendo planteamientos proteccionistas. Ante esta situación en la actualidad, la Junta de Andalucía, con la participación de los agentes económicos y sociales firmantes del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, está elaborando el Plan de Modernización y Mejora de la Competitividad de la Agricultura Andaluza.

    Por otra parte, sobre la base del diagnóstico efectuado, teniendo en cuenta la consideración de las potencialidades existentes y el papel que se demanda al sector agrario en el contexto del desarrollo económico de Andalucía, y dentro de la consecución del objetivo final de generación de empleo del PEA 2000, se plantean los siguientes objetivos básicos para la política de agricultura y ganadería: 

    Objetivos.

  • Modernizar las explotaciones agrarias y reestructurar las producciones agrícolas y ganaderas.

  • Desarrollar las potencialidades agrarias con una racionalización del uso de los recursos, en particular del agua.

  • Mejorar la calidad de las producciones, el proceso comercial y la integración con la agroindustria.

  • Conservar los recursos naturales afectados por la actividad agraria, en línea con los principios del desarrollo sostenible.

  • Para la consecución de estos objetivos se han articulado trece estrategias, encuadradas en cuatro grandes áreas:

    Regadíos e infraestructuras agrarias.

  • Mejorar la gestión y el uso del agua en la agricultura.

  • Dada la importancia que tiene el agua en la agricultura, la irregularidad climática y la situación de déficit hídrico, es necesario optimizar el uso de este recurso mediante el desarrollo de mecanismos de planificación de las disponibilidades y demandas, la explotación de fuentes adicionales, fomentando la utilización de aguas residuales en zonas, especialmente del litoral, y la modernización de los regadíos para reducir el consumo. Todo ello, unido a una mayor atención a la protección de la calidad de las aguas.

  • Mejorar la accesibilidad de las explotaciones agrarias y dotar al medio agrario y rural de infraestructuras que no limiten su desarrollo.

  • La existencia de infraestructuras adecuadas, caminos, electrificación, abastecimiento, saneamientos, etc., favorece el desarrollo agrario, en particular, y la dinamización de todo el mundo rural en general.

    Con este planteamiento, se actuará en colaboración con las Corporaciones Locales tanto en la dotación de nuevas infraestructuras, como en el mantenimiento de las existentes.

  • Adecuación de las estructuras territoriales y de propiedad de las explotaciones.

  • La adecuación de la estructura territorial de las explotaciones y el acceso a la propiedad de jóvenes agricultores, son elementos claves para la modernización del sector con la finalidad de que las explotaciones tengan las dimensiones adecuadas, y se fomente la renovación generacional, a fin de facilitar la adaptación de nuevos procesos y tecnologías necesarios que permita alcanzar una mayor competitividad. En este ámbito se inscribe una estrategia específica, que se desarrolla, fundamentalmente, en las orientaciones de la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias y en el R.D. 204/96, así como en el programa comunitario regulado por el Reglamento (CEE) 2079/92.

    Ordenación y modernización de la producción agraria.

  • Ordenación de las actividades y producciones agrarias.

  • La ordenación de las actividades y de las producciones agrarias es una componente básica de la Política Agrícola Común de la UE. A estos fines se dirige esta estrategia que pretende, por un lado, la adecuada aplicación de las normas reguladoras, con actuaciones de control y registro de determinadas actividades, superficies y producciones agrarias. Por otro lado, es necesario mantener la evaluación y seguimiento de los recursos productivos agrarios, que permita no sólo afrontar mejor las ordenaciones existentes, sino conseguir de las mismas una mayor adaptación a la realidad y a las necesidades de la agricultura andaluza. Finalmente, es importante considerar el desarrollo de nuevos aprovechamientos agrarios.

  • Modernización de la estructura productiva de las explotaciones agrarias.

  • Esta estrategia se dirige a mejorar la estructura productiva de las explotaciones, incluyendo acciones derivadas en gran medida de los programas estructurales de carácter horizontal de la UE: mejora de los equipos productivos de las explotaciones y otras actuaciones conexas, y desarrollo de planes sectoriales de reconversión o reestructuración de producciones y de adaptación a normas comunitarias sobre la calidad de las producciones.

  • Mejora de la eficiencia de los sistemas de producción agraria.

  • Estrategia que se plantea la modernización de la producción agraria, mediante una mayor eficiencia de los sistemas de producción que los haga más diversificados y competitivos, dentro de los principios del uso sostenido de los recursos. Se instrumentará con actuaciones para fomentar la innovación tecnológica, el uso más racional y de mejores medios de producción, tanto agraria como ganadera, la diversificación productiva y la mejora de las calidades.

  • Fomentar la forestación en tierras agrarias.

  • Esta estrategia se dirige hacia la forestación de tierras agrícolas marginales y las mejoras de carácter forestal en superficies agrarias ya arboladas, todas ellas en manos privadas, mediante ayudas adaptadas a este tipo de actuaciones, como un elemento clave en la diversificación de las actividades agrarias y en el uso racional de los recursos, cuya aplicación se hará operativa con el programa comunitario regulado por el Reglamento (CEE) 2080/92.

  • Impulsar el desarrollo de métodos de agricultura sostenible.

  • La actividad agraria, como usuaria de recursos naturales, debe tender hacia modelos de desarrollo sostenible, entendiendo éste como el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Para ello, dentro de la PAC, en las medidas de acompañamiento de la reforma de 1992, se incluyó una línea específica (Reglamento CEE 2078/92) para desarrollar programas de fomento de métodos de producción agraria que tiendan a la conservación y protección de los recursos naturales, en donde se enmarcan una serie de programas de ámbito nacional o regional.

    En esta estrategia se incluyen el fomento de métodos como los de producción integrada o la agricultura ecológica, que tienden a minimizar los posibles impactos ambientales de la actividad.

  • Protección sanitaria de las producciones.

  • Como ya se ha indicado en el apartado de diagnóstico, la protección sanitaria de las producciones se configura como un elemento fundamental en el sector. La estrategia en este campo se va a centrar en cuatro grandes aspectos: el desarrollo de sistemas eficientes de alerta sanitaria, tanto vegetal como animal; el control fito o zoosanitario de las producciones; la lucha contra algunas enfermedades o plagas de gran repercusión en la salud de las personas; y el fomento de las actuaciones colectivas, ya sean llevadas a cabo por agricultores para el desarrollo de métodos avanzados como la protección integrada, o por agrupaciones de ganaderos para la defensa sanitaria (ADS).

  • Potenciar la información para mejorar la toma de decisiones en la agricultura.

  • En el contexto económico actual, disponer de información adecuada significa como una de las principales claves del éxito en la gestión. Por ello se considera imprescindible mejorar la cantidad y calidad de información relevante para la toma de decisiones, tanto de los empresarios del sector como de la propia Administración para su labor de seguimiento y planificación. A este fin se dirige la creación del Sistema Integrado de Información Agraria, que debe facilitar a una diversidad de usuarios, en modo y tiempo adecuados, la información que se genera en el sector. Dentro de este sistema, lógicamente, se incluirá todo el programa estadístico oficial incluido en los planes autonómicos, nacionales o de la UE. Además, se realizarán estudios y actuaciones sectoriales para la modernización del sector y evaluación de los programas estructurales.

    Mantenimiento de las rentas agrarias y ordenación de mercados.

  • Mantenimiento de las rentas de agricultores y ganaderos.

  • La ayudas dirigidas al mantenimiento y compensación de rentas, establecidas en la PAC, suponen un importante componente en la renta final agraria, de los agricultores. Por ello se considera trascendente dirigir una actuación que incluya el desarrollo de un sistema adecuado de gestión de este conjunto de ayudas, que asegure el control y agilidad de los procesos, y que potencie los mecanismos de colaboración con las entidades representativas del sector.

    Asimismo, en esta estrategia se incluye la potenciación de los seguros agrarios, para extender al máximo la cobertura frente a riesgos climáticos.

  • Ordenación de los mercados agrarios.

  • La política comunitaria de estabilización y ordenación de mercados mediante regulación de los precios y de ciertas producciones agrarias mediante intervenciones directas se va a gestionar a partir de ahora, y en gran medida, a nivel territorial por la Administración autonómica, mediante un organismo específico (FAGA).

    Formación agroalimentaria.

  • Formación agroalimentaria.

  • A la mejora de la cualificación profesional de los agricultores y trabajadores agrarios, se dirige una estrategia específica con actuaciones tanto de formación profesional reglada como ocupacional, que serán dirigidas desde la red de centros especializados de la Consejería de Agricultura y Pesca, pero que se van a ir desarrollando cada vez más en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector.

    C. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

    1. MEJORAR LA GESTIÓN Y USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA.

    1.1. Planificación del uso del agua en la agricultura.

    Para ello se va a intensificar la ejecución del Plan de Regadíos de Andalucía, que contemplará el conjunto de disponibilidades actuales y futuras así como las demandas, para establecer las líneas principales de actuación. Se incluyen también la implantación de mecanismos de seguimiento y gestión del uso del agua, así como la realización de estudios que avancen en alternativas viables sobre aspectos referidos a concesiones y tarifas que permitan optimizar el uso de este recurso.

    1.2. Modernización de los regadíos actuales.

    A fin de mejorar el uso del agua en los regadíos ya existentes se actuará adecuando las redes de distribución, fomentando la mejora de los sistemas de riego por las Comunidades de Regantes y creando instalaciones que permitan controlar y mejorar la gestión del agua.

    1.3. Transformaciones en regadío.

    Para determinadas zonas, donde se cuenta con disponibilidades y en las que se pueden desarrollar producciones competitivas, se contempla dentro de esta línea de actuación su transformación en regadío mediante la construcción de las correspondientes infraestructuras.

    1.4. Fomentar la reutilización de aguas residuales en la agricultura.

    Esta línea de actuación se llevará a cabo mediante la redacción de Planes coordinados con las administraciones hidráulicas y locales para la reutilización de las aguas residuales depuradas en los regadíos y la puesta en funcionamiento de instalaciones para reutilización de estas aguas en la agricultura.

    1.5. Proteger la calidad del agua de la contaminación agraria difusa.

    Incluye actuaciones normativas, de divulgación de prácticas adecuadas y de control, en aquellas zonas donde pueda existir riesgo de contaminación nítrica derivada de las actividades agrícolas o ganaderas, todo ello en aplicación de la Directiva comunitaria 91/676 del Consejo, desarrollada por el R.D. 261/96.

    2. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y DOTAR AL MEDIO AGRARIO Y RURAL DE INFRAESTRUCTURAS QUE NO LIMITEN SU DESARROLLO.

    2.1. Mejora de los caminos rurales.

    Incluye actuaciones de construcción de caminos rurales en colaboración con Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Diputaciones, así como el apoyo a la creación de parques de maquinaria para la conservación de los caminos rurales.

    2.2. Mejora de otros equipamientos de uso general en el medio agrario o rural.

    En apoyo al desarrollo del medio agrario y rural se actuará en la dotación de equipamientos tales como electrificación, saneamientos, etc.

    3. ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES Y DE PROPIEDAD DE LAS EXPLOTACIONES.

    3.1. Mejora de la estructura territorial de las explotaciones.

    Se desarrollarán y completarán las actuaciones en marcha en determinados municipios, para mejorar la estructura territorial de las explotaciones reduciendo la división parcelaria existente.

    3.2. Optimización de los recursos territoriales agrarios en manos de la Administración Autonómica.

    En las fincas propiedad del IARA se continuará el proceso de acondicionamiento de su equipo productivo, en unos casos como paso previo a la preceptiva reasignación entre agricultores o entes asociativos, y, en otros, para que puedan ser utilizados como ejemplos de gestión a utilizar en los planes de experimentación y transferencia tecnológica agrarias.

    Asimismo, se planificará el uso y acondicionamiento de las fincas de titularidad pública.

    3.3. Adecuación de la propiedad de las explotaciones.

    Esta línea de actuación incluye ayudas destinadas a facilitar el acceso a la propiedades en el caso de los arrendamientos rústicos históricos, así como medidas derivadas de la Ley 19/95 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, relativas a su desarrollo normativo (creación del Registro de explotaciones prioritarias, determinación de las unidades mínimas de cultivos, etc.), y ayudas para la adquisición de tierras.

    3.4. Fomento de la renovación generacional.

    Incorpora las ayudas al cese anticipado de la actividad agraria, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento 2079/92, que acompañó a la reforma de la PAC de dicho año, así como los estímulos a la incorporación de jóvenes en la agricultura, establecidos en el R.D. 204/96.

    4. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIONES AGRARIAS.

    4.1. Evaluación e Inventario de los recursos agrarios.

    Esta línea de actuación comprende la elaboración y actualización de determinados inventarios de cultivos agrarios, instrumentos imprescindible de la política de ordenación de los mismos, la aplicación y revisión de los parámetros de la regionalización productiva y su regulación normativa.

    4.2. Control de superficies de cultivo y producciones sometidas a regímenes de ordenación sectorial.

    Comprende medidas derivadas de la ordenación de determinados sectores agrícolas y ganaderos, control de determinadas producciones, como las de semillas y plantas de vivero; el registro de plantaciones y derechos de replantación en cultivos leñosos; el control de superficies de siembra de algunos cultivos herbáceos y de ciertas producciones ganaderas (cuotas de leche de vacuno).

    4.3. Registro y control de actividades agrarias sujetas a ordenación.

    Incluye la gestión de los registros y la inspección y control de la serie de actividades agrarias que están sometidas a régimen de ordenación.

    Entre otros, comprende los Registros de Maquinaria Agrícola, de establecimientos productores o comercializadores de determinados medios de producción, de ciertas explotaciones ganaderas (porcinas, avícolas...), etc.

    4.4. Desarrollo de nuevos aprovechamientos agrarios.

    Se incidirá de forma especial en el desarrollo de los cultivos energéticos, la producción para la obtención de productos químicos industriales y los cultivos ecológicos.

    5. MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.

    5.1. Desarrollo del programa comunitario de mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, establecido en el Reglamento (CEE) 2328/91.

    En el citado Reglamento, desarrollado a nivel nacional por el R.D. 204/96, se incluyen las ayudas a los planes de mejora de las explotaciones agrarias, así como a actuaciones complementarias y colectivas para equipamientos y prestaciones de servicios comunes.

    5.2. Establecimiento de planes sectoriales de actuación.

    Esta línea de actuación comprende acciones de estudio de planes de actuación sectorial, así como ayudas para reestructuraciones sectoriales o adaptaciones a las normas comunitarias de calidad que les afecten.

    6. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRARIAS.

    6.1. Caracterización técnico-económica de los sistemas de producción y contrastación de nuevas tecnologías agrarias.

    Incluye esta actuación el seguimiento de los principales sistemas de producción agrícola o ganadera y del uso de los medios de producción, para mejorar el conocimiento de los mismos y sobre ello diseñar modos y procesos más eficientes. Además, se potenciará el ensayo de nuevos cultivos o actividades ganaderas y de nuevas tecnologías agrarias, que faciliten la diversificación y mejor utilización de los recursos.

    6.2. Fomentar la mejora de la productividad, la diversificación y el uso más eficiente de los recursos agrarios.

    En esta actuación se contemplan medidas de mantenimiento del patrimonio genético vegetal con usos agrícolas, así como el estímulo a la incorporación de innovaciones tecnológicas, de fomento a la producción y uso de material vegetal selecto (semillas o plantas de vivero o material genético vegetal o animal), la promoción de nuevos cultivos y aprovechamientos, junto al apoyo al uso eficiente de determinados medios de producción y mejora de la gestión técnico-económica en las explotaciones. Asimismo se incluye el estudio y diseño, en colaboración con las entidades financieras, de nuevos modelos de financiación de las actividades agrarias, que resulten más apropiadas a las necesidades y a las disponibilidades reales del sector.

    6.3. Fomentar la selección y conservación de razas animales y la mejora de los métodos reproductivos.

    La mejora de la base ganadera y de la eficiencia reproductiva, se basará en medidas de apoyo a los planes de mejora y conservación de razas, en particular las autóctonas andaluzas: estímulos a la difusión y utilización de material genético de alto valor; ayudas a la creación de centros y servicios de apoyo a la mejora de las técnicas de reproducción animal (inseminación artificial, transferencia de embriones, etc.) y a la adecuación de los medios materiales y humanos de los centros propios de la Administración que trabajan en apoyo a estos programas (Laboratorios de Producción y Sanidad Animal y Centro de Selección de Ovino).

    7. FOMENTAR LA FORESTACIÓN EN TIERRAS AGRARIAS.

    7.1. Desarrollo del Programa Comunitario de Forestación de Tierras Agrarias (Reglamento CEE 2080/92).

    Incluye la línea comunitaria de ayudas establecida como complementaria a la reforma de la PAC de 1992, para la forestación de tierras agrarias marginales y las mejoras que se deban hacer en superficies agrarias ya forestadas.

    8. IMPULSAR EL DESARROLLO DE MÉTODOS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE.

    8.1. Desarrollo de programas agroambientales acogidos al Reglamento (CEE) 2078/92.

    Esta línea de actuación comprende las ayudas para los programas "agroambientales" nacionales y regionales, acogidos al Reglamento CEE 2078/92, de fomento de métodos de producción agraria que sean compatibles con la protección de recursos naturales. En esta serie se incluye un programa de carácter horizontal, y otro aplicable a ciertas zonas de especial protección, desarrollados a nivel nacional por los RR.DD. 51/95 y 632/95 y los programas regionales del olivar sostenible, conservación de las dehesas, caña de azúcar, viñedo de pasas, apicultura trashumante, y Doñana.

    8.2. Fomentar los sistemas de producción integrada y ecológica.

    Incluye medidas de establecimiento de normas y de fomento de producciones desarrolladas bajo métodos que tienden a la protección de los recursos en línea con los principios del desarrollo sostenible, tales como las producciones "integradas" o "ecológicas".

    9. PROTECCIÓN SANITARIA DE LAS PRODUCCIONES.

    9.1. Desarrollo del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal.

    El Plan Andaluz de Sanidad Vegetal incluye cinco medidas: inspección y control del material vegetal (pasaporte fitosanitario), de los productos fitosanitarios y de su uso, mediante el control de residuo; desarrollo de la Red de Alerta e Inspección Fitosanitaria, que incluye la vigilancia epidemiológica, la red agrometeorológica y la elaboración de modelos de decisión; actuaciones directas o indirectas para la prevención y lucha contra agentes nocivos; fomento de métodos de lucha integrada y la ayuda a las agrupaciones que los desarrollan (ATRIAS) y, por último, la adecuación en medios materiales y humanos de los centros de diagnósticos y apoyo (Laboratorios de Sanidad Vegetal).

    9.2. Desarrollo del Plan Andaluz de Sanidad Animal.

    En este Plan se contemplan las siguientes medidas: las Inspecciones Zoosanitarias, en desarrollo de la normativa para control sanitario del comercio intracomunitario; el desarrollo de la Red de Alerta Sanitaria, básica para la detección precoz de los procesos sanitarios; las actuaciones directas para la prevención, control y erradicación de determinadas enfermedades de gran repercusión y la calificación sanitaria de las explotaciones; las acciones de divulgación y particularmente, de fomento de actuaciones colectivas mediante Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y, finalmente adecuación de los medios de la Red de Laboratorios de Producción y Sanidad Animal, elementos básicos e imprescindibles de apoyo de todo este programa.

    10. POTENCIAR LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA AGRICULTURA.

    10.1. Establecer un sistema integrado multiusuario de información agraria.

    Incluye esta actuación el diseño del citado sistema, la dotación de medios humanos, informáticos y de otro tipo, que va a requerir su adecuada implantación, así como el desarrollo de sistemas de identificación para agricultores y explotaciones agrarias que agilicen el acceso de los usuarios a determinados procesos de control y gestión de ayudas.

    10.2. Programa estadístico agrario.

    En desarrollo de los programas estadísticos establecidos a nivel comunitario (EUROSTAT), nacional, en colaboración con el MAPA, o andaluz, en colaboración con el Instituto de Estadística de Andalucía, esta actuación comprende medidas para la elaboración de una amplia serie de estadísticas, información de precios, mercados y otras variables relevantes en el sector, así como la elaboración de análisis sectoriales, cálculo de macromagnitudes, etc.

    10.3. Estudios y actuaciones sectoriales.

    Para el desarrollo de esta línea de actuación se realizarán planes generales de modernización del sector y de evaluación de los diferentes programas estructurales de agricultura.

    11. MANTENIMIENTO DE LAS RENTAS DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.

    11.1. Compensación a agricultores y ganaderos por desarrollar su actividad en zonas desfavorecidas y de montaña.

    En esta línea de actuación se incluyen las ayudas comunitarias establecidas para agricultores o ganaderos de zonas desfavorecidas o de montaña (Indemnizaciones Compensatorias de Montaña).

    11.2. Mantenimiento de rentas a agricultores y ganaderos afectados por adversidades climáticas.

    Comprende el fomento de los seguros agrarios, para ampliar al máximo posible la cobertura de los mismos, que minimizará la incertidumbre derivada de los riesgos climáticos en la actividad agraria.

    11.3. Ayudas a las producciones agrarias.

    Gestión de las ayudas, fundamentalmente establecidas en la PAC, a cultivos y producciones agrícolas o ganaderas, que incluye todo el proceso de tramitación, control, inspección y pagos.

    11.4. Mejora del sistema de gestión de ayudas.

    La asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la mayor parte de las funciones de la gestión y pagos de las ayudas del FEOGA, que antes realizaba el MAPA, ha requerido la creación de un órgano específico, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA).

    En este ámbito se diseñará e implantará un sistema ágil y eficiente de gestión integrada del conjunto de las ayudas del FEOGA-Garantía, así como el fomento de la participación del propio sector en la gestión y seguimiento de las mismas.

    12. ORDENACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS.

    12.1. Regulación de los precios agrarios.

    Esta actuación que le corresponde al FAGA, incluye todo el conjunto de medidas indirectas de intervención en los mercados, a través de los diferentes mecanismos establecidos en la PAC (financiación de excedentes, retiradas de producciones, distribuciones gratuitas de alimentos, etc.).

    12.2. Regulación de determinadas producciones agrarias mediante intervenciones directas.

    Comprende medidas de intervención directas en los mercados agrarios, con compras, almacenamiento y ventas estratégicas, que ayuden a su estabilización, así como el mantenimiento de la red propia de centros de almacenamiento de estas producciones.

    13. FORMACIÓN AGROALIMENTARIA.

    13.1. Programa de formación agroalimentaria.

    Entre las medidas de esta línea, se incluyen el desarrollo de programas de formación de trabajadores, técnicos y empresarios agrarios, que atienden a las necesidades crecientes de certificaciones profesionales exigidas por la normativa actual, oferta específica y programas a demanda, concertados con organizaciones del sector.

    13.2. Formación de profesores y elaboración de material didáctico.

    Esta actuación comprende medidas para la formación del profesorado específico, propio o de entidades asociativas colaboradoras (OPA), y la elaboración de materiales didácticos de los nuevos programas.

    1.2 INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

    Desde la incorporación de España a la Comunidad Europea hasta el cierre de los acuerdos de la Ronda Uruguay, en el seno del GATT, se ha producido un importante proceso de globalización de las actividades económicas y empresariales, en un contexto de creciente ampliación y desregulación de los mercados. Asimismo, la creciente competitividad y los avances producidos en los transportes, las comunicaciones y las nuevas tecnologías han afectado las condiciones de producción y comercialización de los productos agroalimentarios, dado que han permitido la integración plena de estas actividades en el proceso de globalización de los mercados, superándose las limitaciones que planteaba la naturaleza perecedera de estos productos. Todo ello, ha afectado con intensidad al complejo agroalimentario, habituado a desarrollarse en mercados locales y en condiciones de protección.

    A partir del ingreso de España en la Unión Europea, se produce un gran impulso en los procesos de concentración e internacionalización, que consolida la integración del entramado empresarial español, no sólo en la agroindustria sino también en el sector de la distribución. La inversión agroindustrial creció a tasas muy elevadas y de forma continuada durante el quinquenio 1986-1990, para posteriormente iniciarse una inflexión en las tendencias inversoras, motivadas por la recesión de la economía y otros factores.

    En este contexto las pequeñas y medianas empresas —de origen principalmente regional— son las que se están enfrentando con más dificultades a este proceso de concentración e internacionalización. Dificultades derivadas fundamentalmente de su estructura productiva y comercial, y de la menor capacidad contractual de este tipo de empresas frente al sector de la distribución, progresivamente más concentrado y con mayores exigencias tecnológicas y comerciales. Aún así, las pequeñas y medianas empresas andaluzas deben asumir este reto e incidir de forma adecuada en los siguientes factores estratégicos: mayor flexibilidad para emprender nuevos proyectos, agilidad y dinamicidad, incrementar su vocación exportadora y búsqueda de fórmulas de cooperación entre ellas.

    A. DIAGNÓSTICO

    La industria agroalimentaria andaluza, con más de 6.000 establecimientos y unas 55.000 personas ocupadas genera una producción bruta de 1,42 billones de ptas. (18% del total de la industria) y un consumo de materias primas de 0,68 billones de ptas., según datos de la Encuesta Industrial de Empresas de 1993. Los datos anteriores representan el 27% de las personas ocupadas en el total de la industria de la comunidad, así como el 43% de las ventas de productos industriales. Si comparamos los datos andaluces con los nacionales, estos indicadores suponen el 15,3% de las personas ocupadas, el 18% de las ventas de producto y el 20% del consumo de materias primas de la Industria Agroalimentaria nacional, lo que sitúa al sector andaluz en el segundo lugar después de Cataluña.

    Dentro de la estructura económica de Andalucía, el sector agroalimentario es de singular importancia por su aportación al valor añadido, a la ocupación industrial y a las exportaciones regionales; además de ser el principal mercado intermedio para el sector agrario y desempeñar un papel importante en el equilibrio territorial.

    Los establecimientos de este sector se encuentran dispersos por toda la región, reflejando la propia distribución de la actividad agraria, y manifiestan una diversidad de tamaños, desde empresas familiares de muy reducida dimensión hasta otras que se cuentan entre las mayores de la región, de las cuales algunas son actualmente propiedad de compañías multinacionales. Estas industrias están diseminadas por las ocho provincias, aunque sobresale la mayor presencia de industrias aceiteras en Jaén, Córdoba y Sevilla, y de industrias vinícolas en Jerez y el Puerto de Santa María (Cádiz), el Condado (Huelva) y en Montilla (Córdoba). El sector agroalimentario ha sido uno de los principales destinos de la inversión extranjera en los últimos años, conduciéndose con la reestructuración de algunos subsectores en los que han entrado empresas foráneas: elaboración de cerveza, refino de azúcar o refino de aceite, entre otros. El subsector vinícola, especialmente el productor de vinos de Jerez, ha sido objeto también de una importante reestructuración competitiva en los últimos años.

    La naturaleza de las diversas actividades conduce a diferentes estructuras de mercado, pero en general puede distinguirse entre un conjunto de grandes compañías que atienden a mercados nacionales e internacionales en algunas producciones, y una gran cantidad de pequeñas empresas que atienden a los mercados locales o a especialidades tradicionales. A ello se suman las plantas de algunas multinacionales de bebidas gaseosas y de panadería y bollería industrial, cuya presencia obedece a razones logísticas. Cabe señalar que la presencia del sector público ha sido tradicionalmente escasa, con la excepción del monopolio de la industria del tabaco.

    Una importante desventaja competitiva de las empresas agroalimentarias andaluzas radica en su tamaño, respecto al de las empresas foráneas que se han ido implantando progresivamente en el mercado nacional. Esa dimensión limita también la capacidad de desarrollo de nuevos productos y reduce considerablemente el poder de negociación frente a las empresas de distribución; sector en el que se ha producido una intensa concentración en los últimos años.

    Entre los principales rasgos que caracterizan a la industria agroalimentaria andaluza, destacan los siguientes:

    • Coexistencia de grandes empresas muy competitivas en importantes sectores agroindustriales junto a Pyme con problemas de competitividad, lo que determina una cierta estructura de carácter dual.

    • Grado de diversificaciones relativamente escaso, al estar concentrada la producción en ciertas actividades tales como: aceite y grasas, azúcar y bebidas alcohólicas.

    • Escasa presencia relativa de la industria de segunda transformación, que viene derivada de la especialización productiva en actividades muy ligadas al sector agrario y en las que se producen bienes con bajo grado de elaboración.

    • Coexistencia de actividades tecnológicamente avanzadas con otras que utilizan sistemas tradicionales de producción.

    • Desarrollo comercial desigual, con una presencia heterogénea en los mercados internacionales; asimismo, y debido al proceso de globalización y homogeneización del consumo se ha perdido cuota de mercado interna en este subsector.

    • Insuficiente integración intersectorial entre la industria agroalimentaria y las actividades primarias, que se refleja en la fuerte orientación de la producción agraria a la demanda final de consumo y exportaciones.

    • Progresiva generalización de procesos adecuados de gestión de residuos y vertidos generados por la actividad agroindustrial, aunque todavía insuficientes.

    En este orden de cosas, hay que resaltar las dificultades intrínsecas de estas empresas para mejorar su competitividad; ya que una de las especificidades del sector agroalimentario respecto al resto de las actividades productivas es la de requerir altas necesidades de capital circulante. El carácter biológico de las producciones agrícolas y ganaderas determina que se produzca en momentos muy determinados del año, lo que conduce a que la industria deba comprar sus materias primas cuando se producen (aceites, hortalizas, frutas) para transformarlas y almacenar el producto, mientras que se va abasteciendo el mercado. En otros casos, los procesos de producción son muy largos (vinos, quesos, chacinas) lo que obliga a realizar las inversiones en inputs y esperar a que, varios meses después, se obtenga el producto final y pueda venderse.

    Por otra parte, la naturaleza de las materias primas requiere que los procesos productivos de primera transformación, y la fase posterior de envase y embalaje, exijan fuertes inversiones muy difíciles de amortizar por las empresas de pequeña y mediana dimensión. Finalmente, los escasos volúmenes de producción obtenidos por las empresas son insuficientes para negociar con proveedores y distribuidores, lo que no favorece una adecuada posición en los mercados.

    Esta situación explica el grado de industrialización andaluza en comparación con el alto potencial de estos productos, que admite un mayor nivel de industrialización, así como la creación de empresas con actividades de segundas transformaciones. Este alto potencial agrario, en relación con las demandas actuales, facilitaría el lanzamiento de nuevos productos, tanto alimentarios como no alimentarios. Por otro lado, la existencia de Entidades Asociativas Agrarias con fuerte implantación en las zonas de producción permite disponer de producciones de calidad con posibilidades de mercado y de volúmenes de comercialización adecuados, no sólo para el mercado nacional, sino también para los mercados internacionales. En esta línea hay que mencionar también el gran esfuerzo llevado a cabo en los últimos años, tanto por la Administración, como por el sector privado, en la mejora de la industrialización, comercialización y promoción de productos agroalimentarios andaluces de calidad.

    La racionalización del sector precisa de canales de financiación adecuados para hacer frente a la renovación tecnológica y a las mayores exigencias de capital circulante en cada campaña productiva, pero a su vez, obtener una financiación favorable obliga a las empresas a acelerar los procesos de concentración (fusión/absorción, cooperativas), y los de cooperación interempresarial en distintas fases de la cadena productiva y comercial.

    En la evolución futura de la industria agroalimentaria hay que prever la acentuación de las siguientes tendencias:

    • En primer lugar, la nueva configuración de las coordenadas de competitividad intrasectorial de la industria agroalimentaria surgida, tanto de los acuerdos del GATT —que establecen un período transitorio durante el cual habrán de armonizarse los intereses en materia de productos agroalimentarios de los distintos países signatarios—, como del intenso proceso de desregulación a nivel mundial en favor de espacios económicos más amplios. Sin duda, esto va a influir de una manera decisiva en las estrategias empresariales de los diferentes agentes y grupos económicos que operan en el sector.

    En consecuencia, las grandes firmas agroindustriales de empresas de segunda transformación y de distribución instaladas en Andalucía tenderán a relocalizar sus actividades de abastecimiento de materias primas, elaboración de bienes y distribución de productos finales con criterios espaciales bastante diferentes a los que regían en mercados más aislados y regulados, debido a que puede resultarles más rentable aprovisionarse de materias primas y productos procedentes del exterior de la región.

    • En segundo lugar, es preciso evaluar las perspectivas futuras de los factores de competitividad de las empresas agroalimentarias, fundamentalmente los relacionados con la innovación tecnológica en procesos y productos y con las tecnologías de la información aplicadas a la gestión y a la organización (informática y telemática, fundamentalmente), con el objeto de adecuar los productos a la tendencia hacia una mayor calidad y la diferenciación que exigen los mercados.

    Otra faceta de las actividades de I+D son las actuales y futuras innovaciones en materia de ingeniería genética y de biotecnología —la comercialización de los productos modificados genéticamente empieza a ser una realidad—, por cuanto pueden provocar una auténtica ruptura tecnológica en el complejo agroalimentario de la actual forma de vinculación de la producción primaria con las etapas de transformación.

    • En tercer lugar, las empresas agroalimentarias habrán de incorporar su estrategia comercial a la relación que se está estableciendo entre las fases de transformación y distribución alimentaria. El rápido avance hacia la fuerte concentración empresarial por parte del sector de distribución alimentaria, puesto de manifiesto en la región por el crecimiento de la inversión extranjera en las grandes superficies de venta, está originando un desequilibrio en las relaciones a lo largo de la cadena alimentaria en favor de la gran distribución, tanto en la fijación de los precios como en las especificaciones técnicas.

    Como consecuencia de lo anterior, se está produciendo una mayor dualidad en la situación de las empresas agroindustriales, donde aquellas con mejor posición en los mercados adquieren una capacidad negociadora más equilibrada frente a la gran distribución.

    • De otra parte, las nuevas exigencias medioambientales van a repercutir sobre el sector, ya que la actividad agroalimentaria es originaria de una importante producción de residuos. En esa dirección, la legislación comunitaria se orienta hacia el establecimiento de normativas que obliguen a las empresas a desarrollar una política de recogida selectiva y reciclado de residuos, así como a disminuir el peso de los envases y embalajes y a utilizar materiales reciclables.

    El futuro del marco normativo para estas actividades supondrá para las Pyme un importante esfuerzo para adaptarse a los requerimientos de calidad, marca, protección medioambiental, normativa técnico-sanitaria, etc., pero a su vez representará una garantía de calidad que supondrá una mayor competitividad frente a productos de terceros países.

    B. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.

    Teniendo en cuenta que la Administración Autonómica, junto con los agentes Económicos y Sociales, está elaborando en la actualidad el Plan de Modernización y Mejora de la Competitividad de la Agricultura Andaluza, y dada la vinculación de la Política Agroalimentaria con la Política de Agricultura y Ganadería dentro del llamado Complejo Agroalimentario, los objetivos y estrategias de la Política de Industria Agroalimentaria son un reflejo de los expuestos en el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza. y tienen por finalidad articular la modernización del mismo para adecuarlo al entorno económico existente en la actualidad.

    El sector agroalimentario en Andalucía presenta una significativa participación en el VAB y en el empleo de la región, constituyéndose, de este modo, en un sector de importancia para la consecución del objetivo final de generación de empleo del pea 2000.

    Bajo esta premisa, los objetivos en materia agroindustrial del PEA 2000 son los siguientes:

    OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

  • Ampliar y modernizar el tejido empresarial agroalimentario.

  • Mejorar la comercialización de productos agroalimentarios.

  • Desarrollar producciones agroalimentarias de calidad.

  • Para la consecución de estos objetivos se desarrollarán las estrategias siguientes:

  • Mejora de los factores de competitividad de las empresas, especialmente de las Pymes.

  • Esta estrategia trata de adaptar las empresas agroalimentarias a las exigencias actuales del mercado. Para ello las líneas de actuación incidirán en los pilares básicos en los que se asienta la empresa, es decir: producción, recursos humanos, gestión empresarial, estructura financiera y comercial, actividad de I+D y cooperación sectorial.

  • Ordenación de la oferta agroalimentaria.

  • Con objeto de paliar la dispersión de la oferta agroalimentaria las actuaciones se dirigirán a favorecer la unión de las empresas y el fomento del asociacionismo agroalimentario como instrumentos para concentrar la oferta y facilitar su comercialización en común.

    Otras actuaciones incidirán en la mejora de las redes de comercialización existentes, apoyando la ordenación de las relaciones contractuales e interprofesionales entre las empresas de producción, industrialización y distribución, o la constitución de mesas intersectoriales como foro de encuentro entre los componentes del sistema agroalimentario.

  • Fomento del consumo de productos de calidad.

  • La promoción de la calidad, como elemento diferenciador de los productos andaluces, representa una actuación clave para dar a conocer al consumidor la variada y amplia oferta agroalimentaria en estos productos, dado que cada vez se da una mayor preferencia por los productos de calidad y, especialmente, por los acogidos a Denominaciones de Calidad, "productos naturales" o "productos ecológicos".

    C. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

    1. Mejora de los factores de competitividad de las empresas.

    1.1. Fomento de la industrialización de los productos agrarios.

    Se fomentará una mayor industrialización de productos agrarios, tanto de uso alimentario como no alimentario, para diversificar las producciones y conseguir un mayor valor añadido, lo que contribuirá además a la generación de empleo en el sector.

    Esta actuación se concentrará en el apoyo a los proyectos de inversión de las empresas, cuya finalidad sea la instalación, ampliación, modernización, reconversión o innovación tecnológica de establecimientos fabriles o centros de manipulación, así como completar su adaptación a la normativa técnico-sanitaria para su homologación comunitaria, medidas de ahorro de agua, uso mejor de la energía, adaptación de los establecimientos a las normas ISO y la implantación de tratamientos y gestión de residuos y vertidos.

    Las acciones anteriores se canalizarán a través de la normativa comunitaria (R(CEE) 866/90), nacional (R.D. 633/95, Ley de Incentivos Regionales) y de la Comunidad Autónoma (D. 271/95). Esta última normativa contempla además ayudas para sectores que no tienen apoyo comunitario y para proyectos específicos que representen una innovación importante en un determinado sector o comarca.

    1.2. Apoyo a la formación profesional de los recursos humanos de las empresas.

    Las actividades a realizar se encuentran recogidas en el Plan Andaluz de Formación Profesional.

    1.3. Mejora de la gestión empresarial.

    Las medidas que se contemplan dentro de esta línea de actuación, sin obviar las que recogen otros instrumentos de formación empresarial, se centran en la formación del empresariado agroalimentario en los aspectos de control de la calidad, presentación de productos, políticas de marca, auditorías de gestión de mejora de la calidad, marketing, etc.

    1.4. Adecuación de la estructura financiera de las empresas.

    Las medidas pretenden mejorar la capitalización de las empresas del sector, al objeto de que no le suponga un obstáculo para acudir a los mercados de capitales y conseguir la financiación preferente que necesitan para la ejecución de sus actividades.

    Esta actuación se realizará informando, asesorando y poniendo a disposición de éstas los instrumentos financieros existentes o de nueva creación.

    1.5. Fomento de la inversión empresarial en actividades de I+D y apoyo a la transferencia de tecnología a las empresas.

    Las actividades de I+D representan un factor fundamental en las empresas para el desarrollo de nuevos productos y procesos, ya que en la actualidad la demanda general de los mercados se orienta hacia productos diferenciales nutricionales y tecnológicos de calidad, relacionados con el concepto de salud. Por otro lado, la obtención de nuevos productos permite abrir nuevos mercados, dando lugar a un nuevo posicionamiento estratégico.

    Las medidas que se contemplan dentro de esta actuación son las siguientes:

    • Desarrollo de un sistema integrado de investigación y transferencia de tecnología en colaboración con la iniciativa privada, con el fin de optimizar los recursos públicos dedicados a tal fin.

    • Potenciar un sistema integrado de información para los empresarios y administraciones, actualizado y de fácil acceso, que apoye la toma de decisiones tanto públicas como privadas.

    • Creación del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, como instituto tecnológico que dé soporte a la industria agroalimentaria andaluza y que sea además un elemento de cooperación internacional en materia de investigación y transferencia de tecnología para las empresas.

    Las acciones anteriores se completarán con las que recoge el Plan Andaluz de Investigación.

    2. Ordenación de la oferta agroalimentaria.

    2.1. Facilitar la unión de empresas y la reorganización del sector.

    La finalidad principal de esta línea de actuación es conseguir una optimización de la dimensión de las empresas. En este sentido la cooperación empresarial puede facilitar el reducir los costes de suministros, producción y distribución, adoptar las tecnologías más adecuadas a los procesos productivos, introducir nuevas fórmulas de gestión, contribuir a la especialización de las empresas del sector, posibilitar la implantación de contramarcas de calidad, etc.

    En esta línea se apoyará el desarrollo de nuevos productos y procesos que den lugar a corporaciones agroindustriales andaluzas con la participación directa de los productores, las Entidades Financieras y otros entes y empresas.

    2.2. Fomento del asociacionismo agroalimentario.

    La internacionalización de la economía, cada vez mayor, exige una constante actualización de las estructuras del sector agroalimentario, constituyendo un importante recurso para los productores organizarse en Entidades Asociativas Agrarias y en otras fórmulas empresariales de asociación para hacer frente a la fuerte competencia comercial.

    En la normativa comunitaria se están recogiendo estas nuevas realidades, mediante una serie de modificaciones en su reglamentación, en las que el asociacionismo, y más concretamente las Organizaciones de Productores, como instrumentos para la concentración de la oferta, mejora de la calidad de los productos, ordenación de los mercados y como gestores de la puesta en marcha de medidas respetuosas con el medio ambiente, ocupa un lugar relevante dentro de la política comunitaria agroalimentaria, para la gestión de los mercados.

    En este sentido, las acciones que se vienen realizando están dirigidas a la promoción para la constitución de entidades asociativas de primer grado y su agrupación en entidades de segundo o ulterior grado, apoyo a la modernización de las mismas (fundamentalmente en los aspectos de gestión, concentración de la oferta y adecuación de los mercados) y seguimiento, control y asistencia para su adaptación, en su caso, a la reglamentación comunitaria (APAS y OPFH), así como a la normativa nacional y autonómica que las regula, reconocimiento de esas entidades y tramitación de las ayudas que les conceda las distintas reglamentaciones.

    2.3. Mejora de las redes de comercialización.

    Las medidas que se recogen en este apartado van dirigidas a:

    • Potenciación de los Mercados de Productos Agrarios en Zonas de Producción. El Decreto 459/1994 regula la inscripción de dichos mercados en el correspondiente registro y contempla ayudas para obras de adecuación y mejora de la eficacia de gestión de los mercados existentes.

    Por otro lado, hay que resaltar las ventajas de los productos normalizados en su comercialización, ya que facilitan las operaciones de compraventa al no necesitar inspección previa de la mercancía, evitan fraudes en distintas fases de su comercialización y contribuyen a la clarificación de los precios y por tanto a la transparencia de los mercados.

    • Promoción y ordenación de las relaciones contractuales e interprofesionales. Los ajustes y adecuación de las producciones a las necesidades de los mercados es algo que hay que programar y realizar anticipadamente.

    La Administración autónoma viene impulsando los contratos agrarios homologados, como una fórmula interesante y eficaz para que los productores e industriales mejoren la comercialización e industrialización de los productos agrarios andaluces, estableciendo una relación normalizada y profesional entre ambas partes intervinientes.

    • Creación de consorcios de exportación para garantizar la presencia de los productos andaluces en los mercados mundiales. Con el fin de adaptarse a la situación de los mercados internacionales, se apoyarán infraestructuras de comercialización que coordinen las actuaciones de empresas, organismos e instituciones en el exterior, de forma que no sólo se conviertan en punto de encuentro entre la oferta y la demanda, sino que además se faciliten todas las condiciones que exige el comercio internacional.

    3. Fomento del consumo de productos de calidad.

    3.1. Promoción de productos agroalimentarios de calidad.

    Se agrupan en esta línea de actuación las medidas tendentes a dar a conocer a los distintos sectores del mercado los productos, así como sus cualidades, acercándolos a los que pueden suponer mercados potenciales y a las últimas novedades tecnológicas.

    La promoción institucional incluye la campaña de "Alimentos de Andalucía", que comprende las inserciones publicitarias en distintos medios de comunicación y la realización de otras actividades de promoción. También se contempla la participación institucional en ferias y certámenes agroalimentarios con stand propio en el que además se ofrece a las entidades del sector un espacio en el que puedan desarrollar otras acciones. La promoción institucional se hará en conexión con las políticas de Industria, Comercio y Turismo.

    Por otra parte, se conceden ayudas a las empresas del sector agroalimentario para acciones promocionales, tales como campañas publicitarias, actos promocionales y de degustación, patrocinio de actividades culturales y deportivas, catas, etc. Asimismo se le conceden ayudas para asistencia a ferias y certámenes agroalimentarios con el fin de dar a conocer su oferta agroalimentaria a los potenciales consumidores.

    3.2. Denominaciones de calidad y otras figuras.

    Las actividades se dirigen a velar por el prestigio de las Denominaciones de Calidad, vigilar el posible empleo indebido y continuar con las labores de tutela y colaboración con los diversos Consejos Reguladores en sus planes de promoción.

    Asimismo se propiciará el reconocimiento de nuevas denominaciones de productos tradicionales de calidad, apoyando la constitución y equipamiento de los respectivos Consejos Reguladores.

    La Consejería de Agricultura y Pesca ha promovido, diseñado y registrado el distintivo de calidad "Alimentos de Andalucía" y concede el uso del mismo a aquellos productos que, cumpliendo los requisitos establecidos, sean acreedores a su utilización en justa correspondencia a su calidad constatada y al esfuerzo y esmero de sus productores.

    Por lo anterior, y a fin de lograr la mayor eficacia en las actividades promocionales, se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y la Asociación Empresarial de Usuarios del Distintivo de Calidad "Alimentos de Andalucía", además de la cooperación con otros entes y Centros Directivos para la promoción de productos de calidad.

    Además, se fomentará el concepto "Alimentación Mediterránea" y del consumo de los productos que la constituyen, incidiendo en la repercusión de la mejora de la salud y calidad de vida, así como mejorar la formación y educación alimentaria del consumidor.

    Por otro lado, se fomentarán las actuaciones relativas a los sistemas de producción integrada y de "Agricultura Ecológica" como generadores de productos de calidad. También se promocionará el desarrollo de marcas y garantías que permitan producir "Alimentos Saludables".

    3.3. Red de laboratorios agroalimentarios.

    Como actuaciones complementarias en pro de la calidad, se potenciará la red de Laboratorios Agroalimentarios con los medios necesarios, para que los servicios que les sean requeridos puedan ser ofrecidos con rapidez y garantía. En esta línea se concentrará también la prestación de servicios con los laboratorios privados necesarios.

    1.3. Modernización de la pesca

    El Parlamento de Andalucía aprobó, en diciembre del año 1994, una moción por la que se encomendaba al Gobierno Autónomo elaborar, conjuntamente con el sector pesquero, un Plan de Modernización de la Pesca. En la elaboración de este Plan han intervenido muy activamente los agentes sociales del sector pesquero de todas las provincias andaluzas, y su ejecución se ha puesto en marcha en 1997. La presente política del PEA 2000 recoge las principales directrices y orientaciones de dicho Plan.

    La Administración Pesquera de Andalucía ha adquirido el compromiso de elaborar una norma general que recoja los objetivos de la política pesquera regulando todas las materias que son de competencia de la Comunidad Autónoma. Con la formulación de la Ley de Pesca se pretende alcanzar como objetivos: garantizar una explotación racional y responsable de los recursos pesqueros, mejorar y adaptar la flota pesquera andaluza a los recursos disponibles y accesibles, mejorar las condiciones socioeconómicas de los profesionales del sector, contribuir a la transparencia de los mercados, incrementar la calidad de los productos pesqueros, y establecer un sistema de control que garantice la consecución de todos estos objetivos.

    A. Diagnóstico

    El sector pesquero en Andalucía, en su conjunto representa aproximadamente el 1% del VAB regional con una producción anual superior de 116.040 Tm, genera un volumen de empleo directo de unos 20.000 trabajadores, y cuenta con un importante efecto multiplicador en el conjunto de la economía regional.

    Andalucía es una región fuertemente vinculada a la pesca. A lo largo de su perímetro pesquero muchas poblaciones del litoral han centrado su actividad económica alrededor de la pesca, convirtiéndose en una actividad característica de la localidad. Por ejemplo, en Huelva, el 6% de los empleos provinciales los produce la pesca, siendo también importante el porcentaje en Cádiz. además, existe un conjunto de poblaciones, como Isla Cristina, Ayamonte, Barbate, etc., casi exclusivamente dependientes de la actividad pesquera.

    La flota pesquera andaluza experimentó un fuerte crecimiento en las décadas de los años sesenta y setenta, al que siguió un período de contención de dicho crecimiento e incluso una ligera recesión en los años ochenta. A partir de 1991, se ha producido un reajuste de la flota como consecuencia de las fluctuaciones registradas en los precios de los productos desembarcados, del deterioro de los recursos pesqueros en caladeros próximos, y de la cada vez mayor incertidumbre para obtener licencias de pesca en caladeros de terceros países.

    La antigüedad de la flota es, en general, elevada (29 años de edad media), por lo que muchas embarcaciones necesitan ser sustituidas por otras con menor coste de mantenimiento y mejor tecnología. En 1997 la flota cuenta con 2.592 embarcaciones pesqueras que desplazan unas 67.573 Toneladas de registro bruto y potencia propulsora de 358.855 cv. Esta flota representa el 14% del total nacional en términos de número de barcos, el 15,9% en arqueo y el 17,9% en potencia propulsora; siendo la segunda de España en importancia después de la gallega.

    El número de tripulantes embarcados es de 14.284, representando el 18,6% de los tripulantes que trabajan en la flota pesquera española.

    Respecto a la producción, hay que subrayar que desde el año 1970 hasta 1993 los desembarcos de productos pesqueros han sufrido una fuerte caída, en torno al 63% (pasando de 251.496 Tm. en 1970 a 91.487 Tm. en 1995), aunque no ha afectado de igual modo en todas las flotas. Las embarcaciones que faenan en caladeros andaluces y los desembarcos que se efectúan en los puertos de Andalucía no han experimentado cambios importantes en las dos últimas décadas, situándose en unas 30.000 Tm año.

    Por otra parte, según las tablas input-output de 1990, el 87,4% de la exportación pesquera andaluza se dirige al resto de España, siendo éste el origen del 90% de lo importado en la región, lo que justifica en cierta medida la débil importancia relativa de estos productos en el comercio exterior del sector primario que se deriva de los datos de aduanas (4,3% del total de la importaciones y 1,9% de las exportaciones).


    COMERCIO EXTERIOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA ANDALUZA. AÑO 1995

     

    Importaciones

    % Variación
    95/94

    Exportaciones

    % Variación
    95/94

    Pesca y acuicultura

    5.076,8

    -21,4

    4.149,5

    -10,8

    Total del Sector Primario Andaluz

    117.122,3

    42,5

    215.756,7

    14,8

    Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ministerio de Economía y Hacienda.

    Por otra parte, la significación económica de la actividad pesquera en Andalucía debe necesariamente contemplarse en el contexto más amplio y complejo de su contribución a las economías locales y provinciales y, sobre todo, a su importancia social.

    Los elementos principales del diagnóstico del sector son los siguientes:

    • Los rendimientos netos de la actividad pesquera se sitúan por debajo de los rendimientos potenciales. Esta caída de los rendimientos se debe, entre otros, a los siguientes factores:

      • El envejecimiento de la flota, que incrementa los costes de operación y hace disminuir su eficiencia tecnológica.

      • El deterioro de los caladeros andaluces, consecuencia del incumplimiento reiterado de las medidas de ordenación y control, problemas de contaminación, ausencia de regulación de la actividad por puertos, flotas y zonas de pesca, etc., y del aumento de la presión sobre los mismos por el aumento de la flota artesanal de menor porte.

      • Las fuertes resistencias para el acceso a las pesquerías de terceros países, consecuencia del cambio operado en el contexto internacional en los últimos veinte años y de las dificultades que emanan de la propia Política Pesquera Comunitaria, con un inestable equilibrio entre la coherencia de su política de recursos internos y externos y las exigencias de abastecimiento de su mercado interno de productos pesqueros.

      • El descenso experimentado por los precios de los productos pesqueros en primera venta durante los últimos diez años.

    • La estructura de la flota conforma en el sector pesquero andaluz la existencia de un empresariado que, debido a la magnitud y rapidez de los cambios producidos en el sector, aún no ha logrado adaptarse convenientemente a las nuevas circunstancias, presentando en su mayoría características propias de actividades artesanales. Por ello, junto al mantenimiento de los pequeños empresarios pesqueros que cuentan con esta actividad como su único medio de vida, se debe consolidar un núcleo de empresas potentes capaz de adaptarse a las circunstancias de un entorno cambiante y donde el mercado adquiere un protagonismo que antes reposaba en el volumen de la producción y ahora lo hace en la calidad de la misma.

    • Las pesquerías se caracterizan en los momentos actuales por un doble proceso aparentemente contradictorio: se asiste, por una parte, a un proceso de internacionalización del comercio pesquero, mientras que por otra, las materias primas se nacionalizan como consecuencia de la ampliación de las aguas de los estados ribereños a las 200 millas.

    Hasta la década de los años ochenta, la flota andaluza abastecía sus propios mercados con los productos que, en una gran proporción, extraía de caladeros ajenos. Esta situación ha cambiado radicalmente: hoy tiene que competir en los mercados con los productos provenientes del exterior, mientras que su presencia en caladeros foráneos se ha reducido drásticamente.

    • La situación descrita afecta de manera especial al mercado de los productos de la pesca. La oferta ha sufrido una profunda transformación como consecuencia de la liberalización del comercio mundial, sobre todo de los productos alimentarios, y la integración de España en la UE que protege la libre circulación de mercancías, y que mantiene acuerdos con terceros países a los que abre los mercados andaluces como contrapartida al acceso de los buques comunitarios a sus recursos.

    • A estos factores hay que añadir la utilización del transporte aéreo y la mejora de los sistemas de conservación, que permiten introducir en los mercados andaluces productos no sólo congelados o elaborados, sino también frescos, habiéndose duplicado las importaciones en los últimos años.

    • La demanda también ha cambiado cualitativa y cuantitativamente. Los nuevos hábitos de consumo y modos de vida demandan productos congelados y elaborados, sustituyéndose la compra diaria doméstica por la compra periódica en grandes superficies. Por otra parte, los mayores niveles de renta permiten el consumo de productos de calidad, mientras que los restaurantes y grandes áreas de servicios exigen mayor regularidad de los suministros, y mayor selección de precios y calidades.

    Este proceso, implica importantes riesgos sobre el futuro de la pesca extractiva en Andalucía.

    • Es manifiesta, por otra parte, la escasa adaptación del sector pesquero andaluz a la nueva situación. La respuesta, sin embargo, únicamente puede venir desde un sector pesquero fuertemente organizado que sea capaz de proteger sus propios recursos, explotarlos racionalmente y comercializarlos de forma competitiva.

    Por ello, son objetivos prioritarios de la Administración andaluza consolidar un sector pesquero vertebrado, capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos de la pesca y garantizar que la producción se comercializa, se transforma y se distribuye de forma moderna y competitiva. Además, conforme señala el PEDEA, se considera preciso garantizar una explotación racional y responsable de los recursos pesqueros y mejorar las condiciones socioeconómicas de los profesionales del sector, para ello es necesario la consolidación de unas organizaciones fuertemente vertebradas y capaces de responder a los grandes desafíos que a escala mundial plantea hoy la actividad pesquera.

    Como conclusión de todo lo anterior, resulta necesario emprender actuaciones precisas en orden al aprovechamiento de las principales potencialidades señaladas, como son los productos de las costas andaluzas, de muy alta calidad, apreciados por consumidores exigentes, sobre todo en el litoral y especialmente en aquellas zonas en donde la principal actividad económica gira en torno al turismo, y en la puesta en marcha de una eficaz red de distribución y comercialización de los productos.

    B. Objetivos y estrategias

    La base de la política pesquera andaluza es el Plan de Modernización del Sector Pesquero, en el que se diseñan las líneas programáticas de las actuaciones en esta materia.

    OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

  • Mejorar las estructuras productivas del sector pesquero, para adaptar las capacidades de pesca a los recursos existentes y mejorar la productividad y rentabilidad del sector.

  • Desarrollar una explotación responsable y sostenible de los recursos, que apoye su protección y regeneración.

  • Consolidar un sector vertebrado y capaz de dar respuesta a las nuevas exigencias de la actividad de la pesca.

  • Garantizar que la producción se comercializa, se transforma y se distribuye de forma moderna y competitiva.

  • Potenciar acciones de investigación y desarrollo tecnológico sobre los recursos y de formación profesional del sector pesquero.

  • Desarrollo de una política social para mejorar las condiciones socio-laborales de los distintos colectivos dependientes de la actividad pesquera.

  • Para el logro de los objetivos formulados se plantean las siguientes estrategias:

    1. La renovación y reestructuración de la flota pesquera andaluza.

    Se hace patente un cierto desequilibrio entre las posibilidades de pesca al alcance de esta flota y su capacidad pesquera medida en términos de arqueo y potencia propulsora, lo que aconseja la adopción de medidas tendentes a equilibrar ambos. Por otra parte, se observa cierta obsolescencia en la flota pesquera andaluza, lo que es un claro indicador de las necesidades de renovación y modernización de los buques que la configuran.

    2. Desarrollo de la acuicultura marina.

    La acuicultura juega cada vez un papel más relevante en el conjunto de la producción pesquera mundial y el sector de los cultivos marinos en Andalucía no es ajeno a esta tendencia. El aumento de la acuicultura en Andalucía desde 1986, unido a las potencialidades de desarrollo de este sector productivo crean una situación favorable para el crecimiento de esta actividad, la cual no debe configurarse como alternativa a la pesca industrial sino como complemento a la misma.

    3. Mejora de las condiciones de financiación de las empresas pesqueras y acuícolas.

    Constituye una estrategia clave para un sector precisado de ganar en confianza y preferencia hacia las entidades que en muchos casos habrán de financiar las iniciativas de adaptación y desarrollo de la pesca en Andalucía de cara al año 2000.

    4. Regulación de la actividad pesquera extractiva.

    Es necesario desarrollar una adecuada regulación de la actividad pesquera en las modalidades de gran importancia para Andalucía, compatibilizando por un lado la capacidad extractiva real de la flota andaluza con las posibilidades que ofrecen los caladeros. Esta regulación y gestión del esfuerzo pesquero va dirigida a promover el uso de artes de pesca cada vez más selectivos, de manera que se reduzcan gradualmente los efectos negativos de la actividad sobre el medio marino. Estos aspectos serán recogidos en la futura ley de Pesca.

    5. Protección y regeneración de los caladeros litorales.

    La situación en la que se encuentran determinados caladeros explotados por la flota andaluza, hacen necesario emprender en unos casos y desarrollar en otros, medidas de conservación de los recursos pesqueros, protegiendo determinadas zonas de la actividad pesquera y regenerando caladeros especialmente sensibles a la acción de la pesca y a la contaminación medioambiental.

    6. Control de la actividad pesquera y erradicación de las prácticas ilegales.

    Es necesario garantizar el cumplimiento de las medidas de ordenación de la actividad pesquera y el respeto de las medidas de protección de los recursos, de manera que se preserven los recursos para los profesionales del mar, erradicando las prácticas de pesca antirreglamentarias y las actividades furtivas, que suponen una competencia desleal contra la pesca responsable.

    La vigilancia e inspección pesqueras son imprescindibles para proteger los caladeros andaluces. Por ello, se hace necesaria la colaboración de distintas áreas administrativas para una protección eficaz de nuestros caladeros.

    7. Adecuación de la flota andaluza que opera en caladeros internacionales.

    La flota andaluza que opera en caladeros comunitarios próximos como Portugal, la que opera en caladeros de terceros países como Marruecos, y la flota de altura y gran altura que faena en Mauritania, Angola, Senegal y en aguas de otros países del continente africano cada día se encuentra con más obstáculos para pescar, debido a que estos países con riqueza pesquera son conscientes de la oportunidad que tienen para utilizar sus costas para negociar en condiciones ventajosas.

    Por este motivo, se hace necesario una adaptación de la flota a caladeros externos, con actuaciones tales como el mantenimiento de los actuales acuerdos de pesca y la colaboración en la búsqueda de nuevos caladeros.

    8. Dotar al sector pesquero de infraestructuras y equipamientos que permitan el adecuado desarrollo de la actividad.

    La existencia de buenas infraestructuras y de equipamientos adecuados son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que se dinamice la actividad económica y comercial del sector pesquero. Destaca la importancia que proporcionan las infraestructuras para dotar a los sectores productivos de ventajas competitivas.

    La Administración y el sector pesquero extractivo y comercial han hecho un importante esfuerzo por modernizar sus estructuras, adecuándolas a las exigencias sanitarias que establecen las directivas de la UE, pero todavía queda un camino por recorrer para hacer competitiva la actividad pesquera.

    9. Crear las condiciones que permitan mejorar las condiciones de venta de la producción e incrementar la calidad de la oferta.

    Los mercados de los productos de la pesca son en Andalucía poco transparentes, mientras que los procesos de formación de precios y de comercialización y distribución de los productos están poco tecnificados. Todo ello redunda en la elevada presencia de intermediarios no vinculados al sector extractivo y comercial y la pérdida por los productores de valores añadidos. Por otra parte, se detecta la falta de organización del sector para asumir las actividades de comercialización, y no existen relaciones entre los sectores que intervienen en el proceso comercial.

    10. Mejora de la competitividad de la industria transformadora de los productos pesqueros.

    Por último, se carece una estrategia integral tendente a la defensa de la calidad de los productos desembarcados por la flota andaluza. Muchos productos provenientes del exterior y que compiten con los andaluces entran en los mercados de la región con mayor regularidad, mejor calidad y menores costes. Se hace, por tanto, necesario superar estos estrangulamientos adoptando las medidas adecuadas para crear las condiciones que permitan mejorar las condiciones de venta de la oferta y mejorar su calidad.

    11. Dinamizar los agentes sociales del sector pesquero y vincularles con el resto de los sectores productivos.

    La Administración Autónoma ha apostado desde hace tiempo por el fortalecimiento de las Organizaciones del sector pesquero, para superar la falta de dinamismo de unos agentes sociales orientados a la actividad extractiva, obviando la adopción de innovaciones tecnológicas para sobrevivir a las transformaciones de las pesquerías y a las crecientes exigencias de garantías de calidad de los productos en los mercados.

    La estrategia, por lo tanto, es doble: por una parte, la vertebración del sector pesquero, caracterizado por el individualismo y por un asociacionismo heterogéneo y disperso; y, por otra, su vinculación con el resto de los sectores productivos, especialmente con los que desarrollan actividades conexas con la pesca en orden a establecer iniciativas conjuntas para la mejora de las estructuras del sector y de la comercialización de sus productos.

    12. Información y conocimiento de los recursos

    La ordenación y gestión de los recursos pesqueros requiere como herramientas de trabajo la disponibilidad de conocimientos y datos sobre recursos, biología pesquera, capturas desembarcadas, comercialización, etc.; en definitiva, la potenciación de estudios y infraestructuras.

    13. Investigación y generación de innovaciones.

    Se pretende el desarrollo de tecnologías pesqueras con destino a su aplicación sobre los recursos pesqueros que permitan mejorar su productividad y abrir nuevas posibilidades de uso a otras formas distintas a las actuales, que sirvan de complemento a la actividad extractiva para aplicar un menor esfuerzo sobre los caladeros o como actividad alternativa.

    14. Transferencias de nuevas tecnologías.

    Esta estrategia permitirá superar las actuales limitaciones relacionadas con la coordinación y estímulo a la cooperación entre grupos o centros de investigación de distintas entidades u organismos, así como a posibilitar actuaciones o proyectos a través de la promoción de centros de investigación y la dotación en infraestructura de alto nivel, para la utilización común por los grupos o centros vinculados a la I+D pesquera de Andalucía.

    15. Creación de un sistema de formación marítimo-pesquera moderno y eficaz que actualice los conocimientos y capacite a los profesionales del sector.

    La formación profesional náutico pesquera dirigida a la regulación y capacitación de los trabajadores de la pesca, al reciclaje y adaptación a las nuevas tecnologías pesqueras así como a la ocupación y dedicación de puestos de trabajo afines y complementarios a su actividad, exige la implantación de un sistema orgánico e infraestructuras que posibilite la creación de una red de centros y coordinación de las actividades de todos los organismos y entidades con funciones y competencias en esta materia.

    C. Líneas de actuación

    1. Renovación y reestructuración de la flota pesquera andaluza.

    1.1. Promoción y apoyo a las iniciativas de sustitución de buques obsoletos y ajuste de la capacidad pesquera.

    Se basa en el apoyo a los proyectos de construcción de buques de pesca en sustitución de unidades que no están operativas para el ejercicio de la pesca en condiciones seguras y rentables, con el concurso de los fondos comunitarios del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Esta actuación se acompaña de medidas de apoyo a la modernización de buques existentes (Planes de renovación de la flota artesanal), que precisan la renovación tecnológica y las primas a la retirada definitiva de los buques con escasas posibilidades de continuar en los calderos habituales, estableciendo los criterios para estas últimas.

    Para ello, es de todo punto imprescindible la continuidad del fondo estructural IFOP a partir del año 2000, con unas asignaciones que en cualquier caso deberían mantener las establecidas para el período 1994-99.

    1.2. Medidas de acompañamiento de carácter socioeconómico.

    Persiguen la adopción de medidas tendentes al desarrollo de las zonas dependientes de la pesca afectadas por la reducción de su capacidad pesquera, contando para ello con la participación de los fondos comunitarios destinados a la Iniciativa Comunitaria "Pesca", y apoyando medidas de promoción al empleo.

    2. Desarrollo de la acuicultura.

    2.1. Apoyo a proyectos de diversificación de producción, modernización de instalaciones y aprovechamiento de nuevos espacios naturales.

    Se persigue la consolidación y el desarrollo de una actividad que ha tenido que superar una primera etapa de fuerte carácter experimental. Aunque limitadas, existen posibilidades de incremento de producciones y de aprovechamiento de espacios naturales para usos acuícolas compatibles con la preservación del medio ambiente que deben aflorar en los próximos años.

    La participación del mayor volumen de fondos comunitarios del IFOP constituye una pieza clave en esta actuación.

    3. Mejora de las condiciones de financiación de las empresas pesqueras y acuícolas.

    3.1. Colaboración con instituciones y entidades financieras.

    Para lograr esta estrategia la Administración andaluza va a colaborar con las empresas y con las entidades bancarias, a través de la promoción de instrumentos de cooperación (firma de convenios de colaboración) y de ayudas directas para la minoración de intereses en operaciones que contribuyan a la modernización del sector.

    Como medidas complementarias a impulsar dentro del primer objetivo hay que señalar las siguientes:

    • Atraer el mayor volumen de financiación comunitaria y nacional, en apoyo a los proyectos de inversión que presenten las empresas.

    • Agilizar y simplificar la gestión de las ayudas al sector.

    • Potenciar la información sobre ayudas.

    • Promoción de barcos tipo y polivalentes.

    4. Regulación de la actividad pesquera extractiva.

    4.1. Ordenación del régimen de explotación de los caladeros.

    Para Andalucía, la flota que ejerce su actividad en las proximidades de la costa utilizando artes de marisqueo y realizando pesca artesanal con artes menores, es la de mayor importancia social. Es por ello que la regulación y ordenación de estas actividades son de gran importancia por afectar a un elevado número de embarcaciones.

    Asimismo, las actividades de cerco o de arrastre tienen una alta representación en la flota andaluza y es por ello que en el ámbito competencial tanto de la pesca marítima en aguas interiores como de la ordenación del sector pesquero, se regulan las materias que están relacionadas con estas actividades.

    Asimismo, en Andalucía existen en la actualidad un total de 31 zonas de producción en las que está permitida la captura de moluscos. Estas zonas han de estar continuamente en condiciones óptimas para su explotación, regulándose la actividad según las condiciones existentes.

    Las medidas que materializan esta línea de actuación son: análisis y seguimiento de las zonas de producción.

    5. Protección y regeneración de los caladeros litorales.

    5.1. Conservación de los recursos pesqueros.

    Con el fin de evitar que determinadas especies pesqueras de alto interés comercial se encuentren en condiciones de sobreexplotación, es necesario que desde la administración se establezcan medidas de regulación de tallas mínimas de especies pesqueras, épocas de veda para la cría y alevinaje de las especies, con la búsqueda de soluciones o alternativas para este período, cupos máximos de capturas permitidos para determinadas especies e incluso prohibiciones para capturar y retener determinadas especies cuyo equilibrio ecológico está seriamente dañado.

    Esta línea de actuación se concreta en la evaluación de los recursos pesqueros disponibles y búsqueda de posibles caladeros accesibles.

    5.2. Protección y recuperación de los recursos pesqueros.

    La existencia de caladeros sobreexplotados implica que la Administración debe tomar medidas encaminadas a proteger los recursos e incluso a disminuir la presión ejercida por la pesca o de la actividad ejercida de modo antirreglamentario.

    Las medidas adecuadas para proteger y recuperar los recursos pesqueros son: estimación y fijación de zonas o fondos vedados a la actividad pesquera o reservados a determinadas modalidades; creación de Reservas Marinas de interés pesquero; instalación de arrecifes artificiales disuasorios de la pesca ilegal y de arrecifes de producción- concentración; acciones de repoblaciones y de regeneración y adecuación de zonas; establecimiento de descansos programados de determinadas modalidades pesqueras.

    6. Control de la actividad pesquera y erradicación de prácticas ilegales.

    6.1. Control de la actividad pesquera.

    La Administración pesquera cuenta con medios de inspección y vigilancia de la actividad que deben ser reforzados para adecuarse a las circunstancias actuales y garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras de la actividad.

    La eficacia de este control requiere la creación de un Cuerpo de Inspección Pesquera que controle y vigile adecuadamente tanto las actividades extractivas de captura de especies pesqueras como su transporte y posterior comercialización, necesitándose para ello una presencia en toda la Comunidad Autónoma.

    Las medidas que se van a continuar y las que necesitan emprenderse son las siguientes: creación de un Servicio de Inspección Pesquera; control de la actividad pesquera extractiva; control del transporte y comercialización de los productos pesqueros.

    6.2. Erradicación de la actividad furtiva e ilegal.

    Uno de los problemas que inciden de manera directa sobre la conservación y protección de los recursos es la práctica de actividades de pesca por parte de embarcaciones y personas que no están autorizados para ello y que evaden todo tipo de normativa, desde la fiscal a la laboral, pasando por el ordenamiento del tráfico marítimo y la ordenación de la flota pesquera.

    Estas actividades ejercen una competencia desleal sobre los profesionales del sector y provocan tensiones sobre los mismos. Desde la Administración pesquera se propiciará la colaboración y actuación de todos aquellos organismos que de alguna manera tienen la capacidad para corregir estas actividades ilegales.

    En este sentido se mantienen planes de colaboración en los que participan los servicios de la Guardia Civil, Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas, que redundan en la mejora de los recursos pesqueros y por consiguiente en la rentabilidad de la flota profesional.

    Las medidas previstas son: elaboración de Acuerdos de colaboración con Guardia Civil, Medio Ambiente, Autoridades Portuarias, Capitanías Marítimas, Ayuntamientos, etc.

    7. Adecuación de la flota andaluza que opera en caladeros internacionales.

    7.1. Mantenimiento de los actuales Acuerdos de Pesca.

    A pesar de las cada vez mayores dificultades que tienen las flotas andaluzas para acceder a los caladeros de terceros países, de cuyas aguas proceden las dos terceras partes de la producción pesquera regional, sigue siendo imprescindible la presencia de barcos andaluces en estos caladeros, para lo cual es necesario la realización de estudios de rentabilidad por modalidades de pesca, intervalos de TRB y zonas de pesca de estas flotas.

    Para cumplir con lo anterior es necesario reforzar la capacidad de la Administración pesquera andaluza en la defensa de los intereses del sector en los foros internacionales donde se juega su futuro, dotándola de información estratégica y permanentemente actualizada en lo que se refiere a la Política Pesquera Comunitaria de Recursos, tanto internos (caladero comunitario y mediterráneo) como externos (convenios internacionales).

    La creación de un Programa de Información y Seguimiento Pesquero Internacional serviría para el asesoramiento de la consolidación de los Acuerdos, incorporando a la pesca en la negociación de los programas de desarrollo comunitario a los países en vías de desarrollo. Para ello, es necesario abordar tanto la búsqueda de nuevos caladeros como la revisión de los existentes, en orden a diversificar la presencia de la flota andaluza en caladeros lejanos y a estudiar si todos los acuerdos actualmente firmados son económicamente rentables para potenciar Sociedades Mixtas con países lejanos, si es oportuno.

    También es de interés la participación de representantes, tanto de la Administración pesquera andaluza como del sector pesquero, en reuniones previas a las rondas negociadoras de los Acuerdos de Pesca, para que la Administración española sea portadora de la inquietud andaluza.

    7.2. Búsqueda de nuevos caladeros.

    Con esta línea de actuación se pretende que mediante contactos con empresas extranjeras o con representantes de países terceros y en colaboración con la Administración central se puedan encontrar nuevos caladeros que ofrezcan posibilidades de pesca y nuevas especies que sean interesantes para el mercado regional y nacional, al tiempo que se contaría con la colaboración del sector pesquero andaluz para estudiar la viabilidad de nuevas pesquerías e incluso para la creación y/o fomento de Sociedades Mixtas.

    8. Dotar al sector pesquero de infraestructuras y equipamientos que permitan el adecuado desarrollo de la actividad.

    8.1. Programas de inversiones en infraestructuras y equipamientos que permitan el desarrollo adecuado en la actividad.

    El sector pesquero necesita para el desarrollo de su actividad una infraestructura portuaria compleja y un conjunto de instalaciones capaces de atender en tierra las necesidades de la flota. Sin embargo, en Andalucía, a pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años, se perciben marcadas deficiencias. Las infraestructuras y equipamientos son, generalmente, de bajo nivel tecnológico. Existen, por otra parte carencias de suelo industrial en los puertos y de instalaciones destinadas a la transformación, eviscerado, conservación y congelación de los productos. Por ello se hace necesario establecer un programa de inversiones públicas destinado a dotar a los puertos de la adecuada infraestructura portuaria.

    Las medidas que se proponen para esta línea de actuación son: instalación de nuevas líneas de atraque en los puertos; ampliación y protección de las zonas de almacenamiento y reparación de artes y pertrechos; instalación de grúas de carga y descarga y otros medios de transportes; suministro de insumos para satisfacer las necesidades de la flota; modernización de los varaderos y talleres de reparación de los buques; construcción de cocederos de mariscos, depuradoras y centros de expedición de moluscos.

    8.2. Programas de inversiones en la mejora de los establecimientos de comercialización en origen.

    Durante estos años la Administración y el sector pesquero han hecho un importante esfuerzo para adecuar las estructuras de las lonjas a la normativa comunitaria. Concluida esta fase, el objetivo actual es mejorar el funcionamiento de los mercados de origen, dotándoles del equipamiento adecuado para que la conservación, manipulación y comercialización de los productos en primera venta alcance condiciones de calidad higiénica y comercial óptimas.

    Para ello se requiere establecer un programa de inversiones públicas y privadas destinado a dotar a las lonjas portuarias y a los establecimientos de primera venta de las instalaciones y equipamientos adecuados.

    Las medidas serán: dotación de infraestructura frigorífica, dotación de palés suficientes y zonas especiales para el limpiado y descabezado de pescado, instalaciones de clasificación, embalaje y etiquetado, informatización de las salas de subastas.

    9. Crear las condiciones que permitan mejorar las condiciones de venta de la producción e incrementar la calidad de la oferta.

    9.1. Regular y ordenar las condiciones de comercialización de los productos de la pesca, y verificar su cumplimiento.

    La falta de transparencia en los mercados de los productos de la pesca se debe, en gran medida, a las carencias de una regulación y ordenación adecuada del proceso de comercialización, tanto en primera venta como posterior a esta. El Reglamento de control (CEE) y el Real Decreto de 16 de diciembre de 1995 regulan el proceso de comercialización en origen, pero esa normativa que es básica todavía no ha sido convenientemente desarrollada en Andalucía.

    Por otra parte, la publicación de la normativa no es suficiente. Es necesario determinar los órganos competentes de control y verificar su cumplimiento.

    Las medidas serán: publicación de una norma que ordene el proceso de comercialización de los productos de la pesca; verificación del cumplimiento de las condiciones de comercialización; realización periódica de actuaciones ejemplares contra las actividades de comercialización ilegales.

    9.2. Mejorar el proceso de formación de precios en primera venta.

    El proceso de formación de precios en las lonjas se caracteriza por la dispersión de la oferta frente a una demanda concentrada, las bruscas y fuertes oscilaciones de una subasta que se impone como única fórmula de primera venta y que no es controlada por los productores, la falta de información sistemática y organizada de los productos que se ofertan y la proliferación de intermediarios que encarecen el coste final, todo ello unido a unas prácticas irregulares en los procedimientos de la subasta que obligatoriamente debe ser pública, pero que en la práctica, por su falta de transparencia, va destinada al grupo de compradores que la manejan.

    Por ello, se hace necesario establecer unas líneas de actuación que propicien que los empresarios pesqueros concentren la oferta dando salida, a través de sus organizaciones, a los productos de la pesca y participando de modo directo en la formación de precios en primera venta.

    Las medidas serían: potenciación de organizaciones de productores que concentren la oferta; informatización de las subastas que permitan una información rápida y veraz de la oferta; implantación de sistemas alternativos a la subasta, tales como precios mínimos de retirada y contratos directos; fortalecimiento de la capacidad financiera de las Organizaciones de Productores como instrumento para eliminar figuras intermedias.

    9.3. Establecer estrategias integrales de mejora, diferenciación y promoción de la calidad de los productos pesqueros andaluces.

    El sector pesquero andaluz se va incorporando al Mercado Único de los productos de la pesca, aunque hay que fomentar la aplicación de las reglas comerciales que le conforman, en particular las referidas a la identificación de los productos según procedencia, condiciones higiénico sanitarias, y normas comerciales de clasificación por categorías de frescura y tamaño, presentación y envasado de los productos.

    Por otra parte, la preparación de los productos no responde en calidad a las nuevas exigencias de las grandes superficies y de los consumidores de productos elaborados. Los mercados, por último, no diferencian los productos andaluces de la pesca artesanal que son de alta calidad, frente a las presiones de las importaciones de otros países.

    Por todo ello, es necesario establecer estrategias integrales orientadas, en primer lugar, a garantizar e incrementar la calidad sanitaria y comercial de la oferta de los productos desembarcados por la flota andaluza, y en segundo lugar a diferenciar y promocionar los productos andaluces de la pesca artesanal de alto valor comercial.

    Las medidas más convenientes se desarrollarían en forma de: campañas de concienciación sobre la necesidad de incrementar la calidad de la oferta; divulgación de la normativa que afecta a la calidad comercial y sanitaria de los productos; normalización de los productos en lo que se refiere a denominación, descripción, identificación, talla comercial y calidad; identificación específica de los productos frescos de la flota artesanal andaluza y promoción de su consumo; cualificación del personal embarcado y en tierra dedicado a las tareas de manipulación, clasificación, embalaje y etiquetado de los productos.

    10. Mejora de la competitividad de la industria transformadora de productos pesqueros.

    10.1. Fortalecer la estructura comercial y financiera de las industrias transformadoras, y mejorar sus procesos productivos.

    El sector conservero andaluz está compuesto por pequeñas empresas con una estructura financiera y comercial débil que compiten en un mercado dominado por pocas y muy grandes, y que tiene que hacer frente al incremento de los costes de transformación. Por otra parte, las exigencias de competitividad se han endurecido por la incorporación a un mercado más abierto.

    Ante esta situación, la estrategia de cara al futuro pasa por garantizar el aprovisionamiento de productos pesqueros autóctonos de calidad, mejorar la tecnología, diversificar la oferta, modernizar el diseño del producto final y afrontar la comercialización de forma agresiva, diferenciando el producto ante el consumidor mediante una imagen o denominación de origen que no ofrezca dudas. Todo ello requiere previamente fortalecer la estructura financiera y empresarial de las empresas y mejorar sus procesos productivos.

    Las medidas a adoptar son: modernización de las industrias, introduciendo innovaciones tecnológicas; promoción de la instalación de cámaras que permitan la conservación de la materia prima y de los excedentes; diseño de estrategias comerciales conjuntas para promocionar los productos autóctonos y poder competir con los importados; determinación de criterios unánimes sobre los factores que inciden en la calidad de los productos para crear imágenes de marca; establecimiento de acuerdos con empresas extractivas para garantizar los suministros de materias primas; establecimiento de denominaciones específicas.

    11. Dinamizar los agentes sociales del sector pesquero y vincularles con el resto de los sectores productivos.

    11.1. Fomentar el asociacionismo

    Para conseguir el objetivo de dinamización de los agentes sociales de la pesca en su doble vertiente de vertebración de las organizaciones del sector y de su vinculación con el resto de los sectores productivos, es necesario impulsar desde la Administración un asociacionismo fuerte y capaz de defender sus intereses.

    Por ello, desde la Administración se fomentará iniciativas tendentes a la creación de Federaciones de Asociaciones y de Cofradías de Pescadores que vertebren el sector, a establecer estrategias conjuntas con los sectores transformadores y comerciales, a favorecer la participación de los agentes en la ordenación de las pesquerías y en las negociaciones de acuerdos internacionales, y a difundir la actualidad pesquera andaluza y las grandes tendencias de las pesquerías y del comercio mundial de la pesca.

    Las medidas serán: participación del sector en la ordenación de las pesquerías; participación de las organizaciones del sector pesquero en el desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Modernización del Sector Pesquero; creación de una Comisión Asesora para el desarrollo pesquero de Andalucía; fomento de Federaciones provinciales y regionales de Asociaciones de Productores y Cofradías de Pescadores; fomento de la capacidad financiera de las Organizaciones de Productores; culminación del proceso de modernización de las Cofradías de Pescadores; convenios de colaboración y celebración de Jornadas con las Organizaciones del sector.

    12. Información y conocimiento de los recursos.

    12.1. Creación de bases de datos multidisciplinares sobre actividades pesqueras.

    En la gestión de los caladeros influyen múltiples parámetros, además de los estrictamente biológicos, como los de tipo económico, pesquero, ambiental, etc.; todos ellos dispersos en distintos Organismos y Entidades, siendo muchos desconocidos o de laboriosa obtención, pero necesarios. Su utilización conjunta o parcial, así como su procesamiento aportarían una información imprescindible para la ordenación y gestión de los recursos pesqueros.

    Por ello, esta línea de actuación contempla dos medidas: implantación de una red de datos informatizados en los puertos pesqueros de Andalucía y Centros de la Administración e Investigación, con su correspondiente dotación de personal e infraestructura, y la creación de un programa y base de datos capaz de almacenar y procesar la información que se le aporte desde las distintas fuentes.

    12.2. Potenciación y financiación de estudios sobre los Recursos Pesqueros de Andalucía.

    La realización de estudios destinados a conocer la ubicación de los recursos, la biología de las especies que expliquen sus ciclos productivos así como del medio en el que habitan, son medidas a potenciar junto con la determinación de bases técnicas para la gestión de las pesquerías y aspectos sociales y económicos que inciden sobre ellas, con el fin de superar las limitaciones señaladas acerca del desconocimiento de datos o falta de respuestas a ciertas cuestiones, lo cual no permitirá adoptar las medidas más adecuadas para la explotación racional de los recursos.

    Se proponen las siguientes medidas: potenciar la realización de estudios sobre la interacción pesca-medio ambiente; efectuar un cartografiado de los recursos pesqueros de Andalucía; fomentar estudios sobre biología y ecología de especies marinas de interés comercial; determinar las bases técnicas para la gestión de los recursos pesqueros, incluidos aspectos sociales y económicos que inciden en su explotación.

    12.3. Creación de infraestructura para la innovación y tecnología pesquera.

    Los estudios sobre el medio marino y, en concreto, los recursos pesqueros requieren de una infraestructura especial y en numerosas ocasiones costosa, dado el medio en el que se trabaja.

    Por otra parte, como se ha señalado en las limitaciones existentes para el desarrollo de esta política, la desigualdad de medios requiere la creación de infraestructura y su dotación de equipamiento; por ello se propone como medida la dotación de infraestructura, a través de la financiación a Organismos, grupos o Centros para el desarrollo de proyectos sobre recursos pesqueros.

    13. Investigación y generación de nuevas tecnologías para la explotación pesquera.

    13.1. Promover nuevas tecnologías destinadas a diversificar la producción.

  • Mediante la financiación de proyectos sobre nuevas especies y el desarrollo de técnicas para nuevos métodos y medios de explotación aplicables en el litoral andaluz.

  • Promover la realización de experiencias piloto o demostrativas.

  • La existencia en otras zonas, de planes o programas puestos en práctica y la utilización de tecnologías ya comprobadas, distintas a las actuales con resultados adecuados podrían experimentarse en las condiciones del litoral andaluz a nivel piloto o demostrativo y posibilitar un avance más rápido en la potenciación de los recursos pesqueros.

    Para ello se propone: la experimentación con tecnología existente, distinta a la que actualmente se aplica, a nivel demostrativo.

    14. Transferencias de nuevas tecnologías

    14.1. Promoción de Centros e infraestructura de uso común para la Innovación y Tecnología Pesquera.

    A través de la creación de un Centro Andaluz sobre I+D de recursos pesqueros que dé prioridad a los objetivos y proyectos, unifique criterios, coordine equipos que desarrollen proyectos comunes o complementarios, promueva acciones, realice la transferencia de tecnología, gestione ayudas a proyectos y técnicos, actúe directamente en el desarrollo y ejecución de planes y programas con el sector y sirva como centro de referencia de calidad de productos del mar.

    14.2. Creación de un Plan estratégico de desarrollo de la Innovación y Tecnología Pesquera en Andalucía.

    Para lo cual se propone: el diseño y ejecución del Plan y la financiación de acciones divulgativas sobre resultados, avances de las investigaciones sobre los recursos y acuicultura al sector pesquero.

    15. Creación de un sistema de formación continua marítimo-pesquera moderno y eficaz que actualice los conocimientos y capacite a los profesionales del sector.

    15.1. Implantación de una Red de Centros de Formación Ocupacional marítimo-pesquera en las poblaciones litorales pesqueras.

    Esta actuación se desarrollará mediante la creación de una Comisión Técnica para la promoción, planificación y coordinación de las actividades formativas ocupacionales marítimo pesqueras formada por los gestores de Organismos, Entidades y Centros con competencia y funciones en política, formación y empleo del sector de la pesca en Andalucía; y la promoción de campañas divulgativas sobre la formación profesional dirigida al sector pesquero.

    15.2. Modernización de la Formación Profesional continua marítimo pesquera.

    Se instrumentará a través de medidas referentes a la dotación y optimización de las infraestructuras y equipamientos necesarias para la impartición de las enseñanzas, y el reciclaje del personal docente que desarrollará su actividad en la formación profesional continua.

    2. Industria

    El sector industrial es uno de los soportes más firmes del crecimiento de la productividad y de la eficiencia de una economía, por ser el principal generador de innovación tecnológica y de nuevos procedimientos gerenciales y de organización del trabajo, luego difundidos al conjunto del sistema productivo. Por otra parte, la industria es, con diferencia, el mayor suministrador de inputs intermedios y, en consecuencia, determinante del grado de articulación productiva de una región.

    Además, la expansión de las actividades terciarias avanzadas es, en buena medida, el resultado de un proceso simultáneo de externalización de actividades por parte de las empresas industriales y de una creciente utilización de servicios financieros, comerciales o de comunicaciones. De esta forma, la producción y composición del sector terciario está fuertemente vinculada a la demanda de las empresas industriales, siendo, la existencia de servicios específicos ("terciario avanzado") a las mismas uno de los rasgos que mejor caracterizan a una economía moderna, por lo que la necesaria adaptación y modernización del sector servicios dependerá en gran medida de una mayor demanda de servicios empresariales avanzados. La propia evolución del sector primario dependerá también, en gran medida, de una mayor capacidad transformadora de la industria regional.

    Así pues, la posición clave que ocupa la industria en el conjunto del sistema productivo, pone de relieve que el desarrollo de Andalucía no puede plantearse al margen de la presencia de una base industrial amplia y diversificada, construida a partir de la incorporación de nuevas actividades y de la mejora de la competitividad de las ya establecidas.

    El Programa Industrial para Andalucía (PIA) aprobado en 1994 con el consenso de los agentes económicos y sociales ha venido siendo la base de la política industrial del Gobierno andaluz durante estos últimos años. Actualmente, se encuentra en elaboración un nuevo PIA que tendrá vigencia hasta el año 2001. Este nuevo PIA establece como objetivos el aumento del peso industrial en la estructura productiva andaluza, la mejora de la competitividad y la mayor eficiencia y eficacia de la Administración Industrial.

    A. Diagnóstico

    Siguiendo a grandes rasgos las líneas del Programa Industrial para Andalucía, se puede realizar el análisis de la industria en la estructura productiva de Andalucía, incluyendo sus rasgos básicos; el estudio de sus factores de competitividad, de su rentabilidad, y del comercio exterior; y por último el análisis de sus potencialidades de futuro.

    Entre los principales rasgos que caracterizan la estructura productiva de la economía andaluza destaca la menor entidad relativa del sector industrial frente a otros sectores, lo que se pone de manifiesto en la participación relativa en la producción y el empleo regional : un 16,5% del VABc.f. regional y el 13% del empleo en 1996.

    Este menor peso relativo de la industria en la estructura productiva andaluza, al margen de ciertas consideraciones históricas, se justifica por la presencia de ciertos factores que, aunque han tenido importantes transformaciones en los últimos años, caracterizan todavía un sector industrial menos desarrollado respecto a otros espacios económicos de su entorno.

    Localización

    La industria andaluza tradicionalmente se ha distribuido de forma desigual en el territorio, destacando la fuerte concentración en pocas zonas de la región, en especial las provincias occidentales de Sevilla, Cádiz y Huelva, que en 1994 acumulaban casi el 65% del VAB industrial andaluz. Por el contrario, en las provincias orientales se dan los menores porcentajes (apenas un 17% entre Almería, Granada y Jaén).

    Especialización productiva

    La aportación de los distintos subsectores al VAB industrial y su comparación con el conjunto nacional, reflejan que la industria andaluza está menos diversificada que la española, concentrando su producción en pocas actividades (industrias alimentarias y extractivas) manifestando, por tanto, una elevada especialización interna. Concretamente, estas actividades representan el 51,8% del VAB industrial de Andalucía, mientras que a nivel nacional no llegan al 35%. Junto a ello, se da una clara especialización en relación a la industria nacional en el sector del material de transporte (reflejando el peso relativo de los astilleros andaluces y las factorías de la industria aeronáutica), química básica (el refino de petróleo, principalmente) y en materiales de construcción y cementos.

    Frente a esta especialización, en aquellos sectores que incorporan un elevado contenido tecnológico y que generan un mayor valor añadido aparecen unos bajos coeficientes de especialización, como es el caso de los instrumentos de óptica y precisión, productos farmacéuticos, o maquinaria y material eléctrico. Es decir, la industria andaluza, al igual que la española, posee una fuerte especialización en industrias tradicionales (de bajo contenido tecnológico y alto grado de utilización de mano de obra poco cualificada). No obstante, la industria andaluza ha ido adaptándose a la competencia internacional por la vía de la modernización de estos sectores tradicionales, antes que por la emergencia de nuevas actividades productivas.

    Tamaño de las empresas

    En líneas generales, y usando la información proporcionada por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE correspondiente a 1995, la industria andaluza presenta un reducido tamaño medio, si se considera el número de ocupados por establecimiento, al punto que el 92% de las empresas industriales recogidas en el directorio tienen menos de 20 trabajadores. Esta baja dimensión media pone de manifiesto la escasa importancia de grandes empresas industriales en la región y la fuerte proliferación de pequeñas y medianas empresas con tradición familiar y, en muchos casos, de carácter artesanal. Las mayores dimensiones se dan entre las industrias más vinculadas a los recursos naturales y que constituyen una cierta especialización de la estructura industrial de la región, presentando una mayor dimensión las industrias agroalimentarias (en especial las de las ramas de cerveza y tabaco), así como las industrias extractivas de minerales metálicos, producción y primera transformación de metales.

    Articulación productiva

    El análisis detallado de las Tablas Input-Output de la economía andaluza de 1990 permite conocer el grado en el que la producción industrial andaluza satisface las necesidades de otros sectores regionales (articulación por el lado de la demanda) y la relación entre los consumos intermedios regionales y los totales (articulación por el lado de la oferta). Tradicionalmente, los análisis realizados sobre la industria en Andalucía coinciden en destacar la necesidad de una mayor articulación productiva, basada en factores de competitividad. De esta forma, la industria agroalimentaria destaca por su mayor intensidad en los consumos intermedios, al igual que la de los materiales de construcción.

    Tecnología

    El menor desarrollo tecnológico relativo de las industrias andaluzas (sólo un 4% del gasto nacional en I+D) se manifiesta tanto en el grado de incorporación y producción de nuevas tecnologías, como en la capacidad de investigación de las empresas (menos de la cuarta parte del gasto andaluz en I+D). En este apartado, es importante destacar el papel desarrollado, durante los últimos años, por la Administración, tanto central como autonómica, mediante una intensa política de incentivación de la inversión y modernización tecnológica de Andalucía. Es necesario reconocer, asimismo, el esfuerzo de modernización tecnológica realizado por el tejido productivo.

    Productividad

    La productividad laboral del conjunto de la industria andaluza, medida por el cociente entre valor añadido y empleo, ha seguido una evolución bastante diferente al promedio nacional en el período 1987-1994, en el que la industria española sigue una tendencia continuadamente creciente, mientras que la andaluza, pese a tener una mayor productividad aparente, manifiesta ciertas inflexiones, siendo inferior a la nacional en los años 1990 a 1992. No obstante, para los años 1994 y 1995, los valores para Andalucía y España coinciden.

    Sector público industrial

    La mayor presencia relativa del sector público respecto al promedio nacional constituye otro rasgo característico del sector industrial en Andalucía. En el conjunto de las empresas públicas industriales en Andalucía es necesario distinguir entre las que son mayoritariamente dependientes de la Administración Central del Estado, y las que dependen del Gobierno regional a través del Instituto de Fomento de Andalucía.

    El balance global de las empresas industriales del Estado en Andalucía refleja la importancia relativa de esas empresas en el sector industrial y el impacto que sobre el empleo han tenido los procesos de reconversión y ajuste previos a la decisión de enajenación de las participaciones públicas en dichas empresas. Del conjunto de los efectos inducidos por las empresas públicas estatales en Andalucía, se extraen las siguientes conclusiones:

  • Los efectos sobre el VAB regional, aunque no muy intensos, no son despreciables, sobre todo en la rama de otros equipos de transporte.

  • Sí son de mayor trascendencia relativa los efectos en términos de empleo; cualquier reducción de la actividad de estas empresas afectaría de forma significativa al empleo regional. El grupo de empresas estatales industriales empleaba a 10.500 trabajadores al final del año 1996, lo que representaba el 4,5% del empleo industrial andaluz.

  • En cuanto al grupo de empresas industriales pertenecientes al Instituto de Fomento de Andalucía, hay que hacer constar que, por razones coyunturales, la participación del IFA en las de mayor tamaño se debió a la compra de acciones al sector privado, pero con carácter temporal.

    Factores de competitividad, rentabilidad y comercio exterior

    La consideración de la industria como sector de alto valor estratégico para la economía andaluza se debe a su posición central en el esquema general de interdependencias sectoriales, y a su decisiva contribución a la posición comercial con el exterior.

    Respecto al primero de los factores, el sector industrial se caracteriza por ser el principal consumidor de inputs intermedios, realizando más del 47,5% del total de consumos intermedios de Andalucía, lo cual le confiere una importante capacidad para generar actividad. De otra parte, el sector industrial es, así mismo, el principal proveedor de la economía ya que el 42,7% del total de los productos utilizados por la economía regional son de origen industrial, superando, incluso, la demanda de servicios.

    Por lo que respecta a la decisiva contribución de la industria a la posición comercial con el exterior, el 81% de las exportaciones y el 76% de las importaciones, según las tablas input-output de 1990, corresponden igualmente a productos industriales.

    Así pues, aunque entre las características estructurales del sector industrial en Andalucía no se encuentra la de contribuir de forma mayoritaria a la formación del PIB y el empleo regional, sin embargo, puede afirmarse, que el sector industrial andaluz asume un importante papel estratégico dentro del funcionamiento de la economía de la región, debido a que es, al mismo tiempo, comprador y suministrador de un porcentaje importante de los bienes y servicios que se producen, y a que ocupa una posición clave en las relaciones de la economía andaluza con el exterior.

    Tradicionalmente, el sector industrial andaluz se ha identificado como un sector de menor peso relativo en la estructura de la producción y el empleo regional, concentrado en las industrias básicas, con procesos productivos poco avanzados, de escasa generación de valor añadido y baja modernización relativa. No obstante, en los años recientes, y especialmente a partir de la segunda mitad de los 80, en el sector industrial se observan claros signos de modernización tecnológica y de adecuación de las estructuras empresariales a marcos competitivos más abiertos.

    En concreto, la recuperación a partir de la crisis económica de principios de los noventa está evidenciando una posición de la industria que parte sobre bases más sólidas.

    Como factores indicadores de la transformación que se está produciendo en la industria andaluza, se pueden citar los siguientes:

    • El análisis de la rentabilidad, utilizando el valor de la producción de bienes y servicios para la venta, presenta unos resultados similares a la media nacional.

    • El crecimiento de la producción industrial de la segunda mitad de los ochenta, que supuso una tasa anual acumulativa del 10,5%, superior a la correspondiente al sector industrial español (3%) y al de los países de la Comunidad Europea (2,8%) o la OCDE (3,2%), estuvo acompañado de un fuerte aumento de la formación bruta de capital fijo (FBCF), resultante de la adaptación de las empresas andaluzas a condiciones más competitivas, traducidas en ajustes de costes, especialización productiva, incorporación de tecnologías, redimensionamiento, etc.

    • A dicha evolución del sector en la segunda mitad de los ochenta contribuyó notablemente la fuerte inversión en empresas industriales en Andalucía procedente del exterior, inversión que siguió incrementándose en el quinquenio 1990-1995, a pesar del período recesivo de los años 1992-1993, pasando, de representar una media anual de 26.000 millones en el primer período (1986-1990), a representar 66.441,7 millones de media anual en el período 1991-1997. Esta inversión, cuyo origen está, sin duda, en la apertura de las economías y en la integración de la economía andaluza con las economías del exterior, supone una aportación de recursos al sector que viene acompañada de nuevos procedimientos técnicos, modernización y mejoras en la capacidad gerencial del sector.

    • Además, durante los últimos años, ha crecido especialmente la inversión exterior directa en constitución de sociedades, sucursales o establecimientos andaluces (frente a la inversión en compra o adquisición), que se ha incrementado en un 50% respecto a la de 1990. Esta aportación de capital, mediante constituciones, no sólo tiene como consecuencia directa la generación de inversión en nuevos procesos productivos y el aumento de la modernización de la industria andaluza, sino que es un claro síntoma de la mejora de la competitividad del sector industrial regional en su conjunto.

    • De especial importancia resulta que, a lo largo de la década de los ochenta, la industria andaluza incrementa su especialización relativa, con respecto al conjunto de España, en actividades que incorporan un componente elevado de valor añadido por unidad de producto final. Es decir, Andalucía se va especializando cada vez más en subsectores que incorporan una mayor transformación a sus productos, en contra de la tradicional especialización andaluza en subsectores de bajo valor añadido. La especialización más significativa corresponde a las ramas de extracción y primera transformación de metales y a vehículos de transporte.

    • El sector industrial andaluz ha incrementado notablemente, en los últimos años, el porcentaje de su producción que destina a la exportación. Si en 1990 el 39,8% del VAB c.f. del sector se destinaba a la exportación, en 1995 éste porcentaje pasa a ser del 61,9%. Este comportamiento, consecuencia de la necesidad de competir en los mercados internacionales, pone de manifiesto, asimismo, la mejora de la competitividad del sector y la modernización de sus productos. Por otra parte, las relaciones comerciales del sector con el exterior han seguido manteniendo un elevado dinamismo en 1995 aunque, y en sintonía con la desaceleración de la actividad industrial en las principales economías desarrolladas, su ritmo de crecimiento ha registrado una leve moderación en 1995 respecto al año anterior.


    COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN ANDALUCIA.
    AÑO 1997

    (Miles de ptas.)

     

    1996

    1997

    Incremento

    IMPORTACIONES

    Industrias extractivas

    551.542,9

    656.184,6

    18,97%

    Industrias Manufactureras

    420.919,7

    609.169,4

    20,97%

    Total

    972.472,6

    1.165.354,0

    19,83%

    EXPORTACIONES

    Industrias extractivas

    155.156,9

    150.635,9

    -2,91%

    Industrias Manufactureras

    577.125,7

    683.035,3

    18,35%

    Total

    732.282,6

    833671,2

    13,84%

    Fuente: IEA.

    • Durante los años 1985-1995 la productividad del sector ha venido, asimismo, creciendo, lo que acompañado de un comportamiento moderado de los salarios pone de manifiesto, la iniciación de un importante proceso de renovación tecnológica.

    • El análisis de los costes de la industria andaluza pone de manifiesto diferencias con respecto a la estructura del conjunto de la española. No obstante, la situación competitiva regional, desde este punto de vista, se ha ido consolidando durante la década de los ochenta: el excedente bruto de explotación sobre la producción bruta se ha ido incrementando, compensando el menor crecimiento de los consumos intermedios. Paralelamente, si se analizan los costes laborales unitarios (CLU), se observa que son relativamente inferiores a los de la industria nacional.

    • El grado de utilización de servicios externos por parte de la industria andaluza durante 1991 es inferior al de la industria nacional, habiéndose incrementado este diferencial respecto a 1981 por la mayor intensidad con que se han ido utilizando estos servicios en la industria nacional. Las actividades de agua, energía y material de transportes, son las únicas que presentan en 1991 niveles superiores respecto al promedio nacional.

    Oportunidades de futuro.

    Si bien hay síntomas evidentes de transformaciones en el sector industrial que lo colocan en una posición muy distinta de la que tradicionalmente venía ocupando, también es cierto que los cambios que se están produciendo en el entorno requieren afrontar, en el futuro inmediato, una serie de retos que necesitan continuar e intensificar los esfuerzos en la línea iniciada.

    Por un lado, la globalización de las economías y la internacionalización de los mercados pueden vaciar de contenido ciertas actividades productivas, ya sea por su deslocalización en función de países como Marruecos, los de Europa del Este o Portugal, en los que la mano de obra tiene un menor coste, o ya sea por la necesidad de afrontar la transformación de grandes instalaciones tecnológicamente obsoletas.

    Asimismo, la necesidad de Europa de disponer de un sistema productivo competitivo frente a las amenazas comerciales de EE.UU, Japón, inducirá probablemente a favorecer el desarrollo de las grandes empresas tecnológicamente avanzadas reforzando la posición relativa del Centro europeo, lo que puede situar en peor posición a las industrias de las regiones periféricas.

    En este sentido la industria andaluza debe actuar especialmente sobre los siguientes factores:

    • La menor dimensión relativa de la industria, frente a la media nacional y europea, supone que el desarrollo del sector sea inferior al que se obtiene en otras áreas con mayor tradición industrial. Las diferencias en el tamaño relativo de las industrias andaluzas parece que contribuyen a explicar la especialización productiva y ventajas comparativas en algunas actividades, mientras que el tamaño relativo de algunas empresas condiciona su capacidad para competir en el mercado, explicando así las desventajas competitivas de algunas industrias. Por ello, se debe continuar el ya iniciado camino hacia el redimensionamiento de las empresas industriales, buscando la dimensión óptima en cada caso.

    • Si bien Andalucía ha mejorado su dotación de infraestructuras de apoyo a la actividad productiva, que en épocas anteriores le impidieron un desarrollo adecuado del sector industrial, en un contexto en el que las ventajas competitivas son la base del desarrollo, hay que continuar los esfuerzos para situar a la región al nivel de las economías más avanzadas.

    • Las empresas industriales andaluzas deben reforzar el camino iniciado de la renovación tecnológica, de manera que se posibilite la necesaria adaptación a las condiciones que imponen los cambios acaecidos en la economía internacional, en donde el desarrollo tecnológico es el motor de avance de un desarrollo competitivo.

    • Asimismo, la formación, la estabilidad en el empleo y la cualificación de los recursos humanos es un factor de competitividad que tiene que ir en absoluto paralelismo a la modernización que se le exige al sector. En este sentido, la industria andaluza está plenamente equiparada a la industria española y europea por lo que se refiere a la formación de los técnicos superiores, y cuenta igualmente con las instituciones y la organización adecuada para que la formación ocupacional de sus trabajadores vaya respondiendo a las necesidades y la continua evolución del sector. No obstante, se deben acentuar los esfuerzos por lo que respecta a la formación profesional de técnicos medios, sector clave en el funcionamiento de los procesos productivos, cuya adaptación a los nuevos procedimientos hay que potenciar, solucionando los déficit de determinadas especialidades.

    • Si bien se ha iniciado la senda del incremento de la especialización en sectores con mayor creación de VAB, modificándose la tradicional estructura productiva de épocas pasadas, los esquemas de producción actuales aún no se corresponden con la tendencia de las economías más industrializadas del entorno andaluz, que está registrando un mayor desarrollo de las producciones de mayor contenido tecnológico.

    Frente a estos retos que se plantean en el futuro inmediato y ante los cuales la industria andaluza se encuentra en una posición de partida favorable, también existen oportunidades que pueden favorecer la consolidación y dinamización de la industria en la región. Entre ellas hay que contabilizar la posibilidad de expansión de importantes núcleos empresariales con capacidad inversora, y la constancia de que la región andaluza ofrece buenas perspectivas y posibilidades a la inversión industrial extranjera.

    Asimismo, la existencia de un amplio número de Pyme industriales dinámicas, con capacidad para incorporarse al proceso de ampliación y modernización del tejido industrial andaluz, partiendo de la mejora competitiva de sus estructuras y métodos de gestión, permite establecer favorables perspectivas al desarrollo de un tejido industrial vertebrado, en donde los impulsos al desarrollo se puedan expandir generando actividad y crecimiento.

    Otro tipo de factores, como el menor coste del suelo en comparación con las zonas de mayor aglomeración; la introducción de sistemas de producción flexibles que reducen las restricciones en cuanto a localización; y el reciente desarrollo de infraestructuras y servicios del transporte, y telecomunicaciones; pueden compensar las desventajas iniciales de las regiones alejadas de las áreas de alta densidad industrial como Andalucía.

    B. Objetivos y estrategias

    En función de lo anterior, los objetivos propuestos para que la industria andaluza se ubique favorablemente en el espacio económico europeo caracterizado por el cambio tecnológico y la progresiva globalización de los mercados, son los siguientes:

    OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

  • Aumento del peso del sector industrial, de la producción y el empleo.

  • Mejora de la competitividad.

  • Mejora de la eficiencia y de la eficacia de la administración industrial.

  • Para la consecución de los objetivos propuestos en esta nueva etapa, la política industrial se dirigirá hacia la articulación de cinco estrategias, complementarias y estrechamente relacionadas entre sí.

    1. Innovación y modernización tecnológica.

    Con la instrumentación de esta estrategia se trata de impulsar la innovación y modernización tecnológica con el fin de alcanzar progresivamente el objetivo de mejorar la competitividad del tejido industrial. Este planteamiento requiere una intensificación de las vinculaciones entre investigación pública y actividad industrial, avanzando en la configuración de un verdadero sistema de Ciencia-Tecnología- Empresa. Para ello se instrumentan tres líneas de actuación que no son excluyentes sino complementarias, e incluso confluentes en las mismas empresas industriales en diferentes momentos del tiempo. La distinta capacidad de innovación que presentan las empresas andaluzas hacen conveniente establecer líneas de actuación diferenciadas, unas de carácter selectivo dirigidas específicamente al conjunto de empresas innovadoras sumando todo tipo de actuaciones de financiación y de acompañamiento, y otras de carácter generalista, dirigidas a la creación de una cultura de innovación y modernización industrial.

    2. Apoyo a la inversión.

    La inversión productiva constituye una variable fundamental para el crecimiento económico y el aumento de la productividad, y representa la condición necesaria para alcanzar uno de los objetivos de la política industrial: aumento del peso del sector industrial, de la producción y el empleo. El fomento de la inversión industrial se realizará básicamente en función de las externalidades positivas que genere, dándose prioridad a las desarrolladas en los sistemas productivos sectoriales y locales. Asimismo, la política de apoyo a la inversión se orientará prioritariamente a los factores cualitativos, fomentando el desarrollo de los recursos que en mayor medida sostienen la competitividad de las empresas. Finalmente, el desarrollo de la política de inversión exigirá también un mayor grado de colaboración entre la Administración industrial con las empresas, para apoyar el fomento de la competitividad que en última instancia, recae en las mismas.

    Dentro de esta estrategia se articularán cuatro líneas de actuación: en primer lugar se apoyará a las empresas industriales andaluzas con objeto de alcanzar un mayor valor añadido y siempre que dicha inversión induzca efecto de arrastre positivo sobre la actividad económica regional. En segundo lugar, el apoyo a la inversión externa, cuyos criterios serán los mismos que para cualquier otro tipo de inversión: las externalidades positivas que genere y las características de oferta regional. En tercer lugar, se plantea una línea de actuación consistente en la asistencia en procesos de crisis y ajuste estructural de empresas con potencial competitivo. En cuarto y último lugar, una línea de actuación que tiene como objetivo intensificar las interrelaciones productivas de las empresas industriales andaluzas.

    3. Mejora de la infraestructura industrial.

    La dotación en infraestructuras es un factor de gran influencia sobre la posición competitiva de la industria andaluza, pudiendo afirmarse que las deficiencias en las dotaciones de infraestructura explican buena parte de las dificultades de las industrias para competir en igualdad de condiciones con las de otros espacios económicos. Esto es así porque este tipo de inversiones crean externalidades positivas para las industrias, facilitando la adquisición de suministros y la distribución de sus productos, y favoreciendo su presencia en los mercados, implicando unos menores costes de producción y, por tanto, mayor competitividad. De especial trascendencia para el sector industrial se configura la estrategia de desarrollo y consolidación de las infraestructuras de apoyo a los sectores productivos, especialmente las que van dirigidas al desarrollo de la infraestructura energética y la oferta de suelo industrial.

    4. Empresa pública industrial.

    Dada la importancia que en Andalucía tiene la empresa pública en el sector industrial, la estrategia en este ámbito se orienta a mejorar la adaptación de la empresa pública al nuevo escenario competitivo. Esta adaptación ha de entenderse:

    • Como una adecuación, en términos de eficiencia, entre los costes y los beneficios directos e indirectos, que para la región genera la existencia y el mantenimiento de las empresas públicas.

    • Como la necesidad de consenso y de consideración de todos los agentes sociales en los posibles procesos de adaptación, de forma que se tengan en cuenta la situación de las comarcas donde las empresas sometidas a dicho proceso juegan un papel socioeconómico destacado, arbitrando las medidas para que no se resientan.

    • Como expresión de que las soluciones aplicadas han de ser coherentes en los distintos ámbitos de las Administraciones Públicas.

    5. Control Industrial.

    Complementariamente se desarrollará una estrategia de ordenación y control industrial, a través de la que se pretende la potenciación, en las empresas industriales (fundamentalmente Pyme), de la necesaria adecuación de sus estructuras tecnológicas y humanas para mejorar las condiciones de seguridad y calidad de sus productos e instalaciones, como requisito ineludible para aumentar su competitividad.

    La política de control industrial se enmarca dentro de las tendencias de facilitar el desarrollo de la actividad industrial y de rigor en las materias de seguridad y calidad industrial. En esa dirección, esta política trata de eliminar los trámites innecesarios, evitando someter a los empresarios a trabas que no contribuyen a un mejor control de aquellas actividades y productos que pueden implicar riesgos para las personas.

    Igualmente, se dirige a conseguir unos niveles adecuados de inspección y revisión de aquellas instalaciones y productos que pueden ocasionar algún tipo de riesgo o inseguridad para las personas. La seguridad industrial no debe suponer para el empresario un obstáculo a superar, sino que ha de concebirse estrechamente vinculada a la calidad, como un medio de mejorar la competitividad de las empresas.

    En esa dirección, la política de control industrial contempla tres líneas de actuación, orientadas a la consecución del objetivo de mejorar la competitividad de la industria: simplificación de los trámites administrativos; disponer de amplia información sobre las instalaciones y actividades sujetas a normas de seguridad industrial, y elevar el grado de cumplimiento de las normas de seguridad industrial.

    C. Líneas de actuación

    1. Innovación y modernización tecnológica.

    1.1. Promover una cultura de innovación en la industria.

    La administración, por sí sola, no puede generar un intenso proceso de cambio en la cultura de innovación en la industria, pero si puede apoyar algunos factores del mismo como generalizar la asunción de la vinculación existente entre innovación y competitividad en la economía actual, o demostrar que la innovación no es exclusiva de regiones con mayor tradición o densidad industrial. Con este propósito se instrumentará una medida tendente a difundir el conocimiento de las implicaciones competitivas de la tecnología. Su puesta en práctica se llevará a cabo mediante la realización de conferencias cuyo contenido versará sobre la vinculación entre tecnología y competitividad, seminarios sectoriales dedicados a las nuevas tecnologías de procesos y productos, jornadas-demostración consistentes en la exposición de casos empresariales representativos de acciones de modernización y de generación interna de innovación tecnológica y, por último, mediante la creación de un Club de Innovación cuyo objetivo será la promoción y desarrollo de las ventajas competitivas de la innovación.

    1.2. Actualizar la tecnología utilizada por las empresas industriales.

    La modernización tecnológica debe situarse en el marco general de las necesidades de innovación de la empresa, que incluye la organización, formación, comercialización, financiación, etc., para asegurar una asimilación rápida y eficaz de las nuevas tecnologías. A tales efectos dentro de esta línea de actuación se contempla como medida la integración de las acciones de actualización de activos e intangibles en forma de paquetes específicos para cada proceso empresarial. Para ello, bajo la forma de programas de actualización tecnológica, se facilitarán subvenciones a fondo perdido para la adquisición de tecnología incorporadas en nuevos equipos productivos y actuaciones integrales de renovación tecnológica que tendrán lugar en empresas cuyas vías de actualización tecnológica no estén suficientemente identificadas.

    1.3. Acrecentar la generación de innovación tecnológica.

    Esta línea de actuación está dirigida a ampliar el grado de realización de actividades de innovación en la industria andaluza, tanto en los aspectos cuantitativos (número de empresas que abordan proyectos de innovación) como cualitativos (alcance tecnológico de los proyectos). Para implementar esta línea de actuación se aplicarán tres medidas complementarias:

    • Reducción de las barreras a la innovación, a través de la financiación de proyectos I+D empresariales, la dotación de capital riesgo específico para las empresas innovadoras, el aumento del grado de participación de las empresas andaluzas en programas nacionales y europeos, y la potenciación de la red CESEAND.

    • Vinculación de la investigación pública y el desarrollo tecnológico industrial, a través de la mejora de la difusión y utilización de la oferta tecnológica pública, la realización de un número reducido de proyectos de demostración que tengan valor ejemplarizante, desde la perspectiva de la tecnología innovada, intensidad de la colaboración, movilización de recursos humanos y materiales y tipología de la industria implicada, y la creación de una Comisión Mixta Industria — PAI.

    • Ampliación de la capacidad de realización de investigación aplicada y de adaptación de tecnología. Esta medida contemplará el apoyo a la creación de la Red Andaluza de Centros de Innovación y Tecnología, conformada por un conjunto de centros con diferentes grados de especialización tecnológica y orientación sectorial, capaces de atender con eficacia un amplio rango de demandas tecnológicas provenientes de la industria.

    2. Apoyo a la inversión.

    2.1. Apoyo a la inversión endógena.

    Dentro de esta línea de actuación se establecen dos medidas destinadas a impulsar la ampliación de la capacidad de instalación de nuevas empresas industriales, el aumento de la productividad y la renovación de activos combinando las acciones de apoyo financiero con las de adquisición de nuevas capacidades competitivas.

    Para ello se establecen medidas dirigidas a ampliar la oferta de recursos financieros para la inversión, conjugando la facilidades para la capitalización de la empresa con las de acceso al crédito y las de obtención de garantías, con el fin de minorar las dificultades de acceso a créditos bancarios. Además se apoyará a la adquisición de capacidad competitiva, gerencial, comercial o técnica y se continuará con la aplicación de los programas de implantación de sistemas de calidad y de diagnóstico y mejora competitiva.

    2.2. Apoyo a la inversión exógena.

    Los criterios que deben determinar el apoyo a la inversión externa serán los mismos que para cualquier otro tipo de inversión. La atracción de inversiones exógenas requiere, además del apoyo financiero, otro tipo de acciones públicas con una mayor influencia en las decisiones de los directivos. En esa dirección se establecen las siguientes medidas:

    • Detectar y captar inversiones foráneas mediante actividades de promoción que permitan establecer un ámbito de búsqueda de aquellas actividades que mejor se ajusten a las características de la región y proporcionen un mayor potencial para el crecimiento.

    • Apoyo a la inversión exterior. El principal instrumento que regula los incentivos a la inversión externa en España es el Sistema de Incentivos Económicos Regionales, que regula las subvenciones a la inversión que se otorgan a las empresas extranjeras que se instalan en determinadas áreas. En el caso de nuestra región estos incentivos pueden complementarse con otros de la Junta de Andalucía.

    En relación con la utilización de este instrumento, la cuantía de la ayuda vendrá determinada por los efectos externos positivos que genere dicha inversión. Entre los criterios que deben seguir empleándose para valorar los proyectos de Incentivos Económicos Regionales destacan los que se reflejan esas externalidades: la utilización de factores productivos de la zona, la incorporación de tecnología avanzada o el carácter dinamizador del proyecto para la economía de la región, el personal cualificado que incorpora la nueva planta, el nivel de relaciones con los suministradores locales, los planes de expansión de la filial, etc.

    2.3. Asistencia en procesos de crisis y ajuste estructural de empresas con potencial competitivo.

    Con carácter singular, y cuando las circunstancias lo hagan necesario, se apoyará a las empresas que, por su alta incidencia en el tejido productivo andaluz, se encuentren transitoriamente en dificultades, contribuyendo de esta forma a su recuperación.

    El acceso a estas ayudas conlleva el compromiso de un Plan de Viabilidad que contendrá, en todo caso, un análisis de su incidencia en el sector y en el territorio, previamente consensuado con los representantes sindicales, que permita conocer la situación económico-financiera de la empresa y su capacidad para el mantenimiento de su actividad, así como, la asunción por parte de la empresa y de sus trabajadores de los esfuerzos necesarios para superar la situación por la que atraviesan.

    En este sentido, las ayudas a conceder desde la Junta de Andalucía serán de carácter complementario a las aportadas por la empresa, y se concretarán, prioritariamente, a través de políticas activas de empleo.

    2.4. Intensificar las interrelaciones productivas de las empresas industriales andaluzas.

    Con esta línea de actuación se pretende aumentar el porcentaje de inputs adquiridos por las empresas andaluzas a otras firmas de la región. Cuando una empresa decide sustituir un proveedor foráneo por otro de la misma región se produce un incremento de la producción y del empleo regional.

    Para instrumentar esta línea de actuación se establecen dos medidas:

    • Detectar las oportunidades de creación de interrelaciones del tejido industrial, seleccionando por sectores de actividad industrial las empresas que operan en Andalucía con fuerte dependencia del exterior respecto a sus suministros, identificando en cada caso a los posibles proveedores y clientes andaluces.

    • Favorecer el desarrollo de los sistemas productivos sectoriales. Para ello se identificarán los sistemas productivos sectoriales, evaluando sus características y posibilidades de actuación, se subvencionarán aquellas iniciativas empresariales que se orienten al logro de una mayor cooperación entre las empresas que integren el sistema productivo sectorial y se establecerán planes específicos para sectores industriales concretos, con objeto de incrementar la cooperación, las mejoras tecnológicas, la comercialización, etc.

    3. Mejora de la infraestructura industrial.

    3.1. Política de suelo industrial.

    Se consolidará la oferta de suelo industrial promoviendo su correcta dotación como factor de localización. No se trata por tanto, de la creación continuada de nuevo suelo industrial, sino de asegurar el uso y la ocupación adecuada del ya existente, cualificando la oferta mediante la mejora de las infraestructuras, y desarrollando paralelamente nuevos tipos más especializados y adecuados a las necesidades de las aglomeraciones industriales.

    Las medidas que en este ámbito se abordarán en los próximos años se pueden resumir en las siguientes:

    • Respecto a los Polígonos Industriales, se establecerán convenios de colaboración con la iniciativa privada y las Administraciones Locales en aquellos casos en los que exista una demanda potencial convenientemente contrastada.

    • Por lo que respecta a los Parques Empresariales, la Administración promoverá las infraestructuras especializadas en torno a grandes núcleos industriales que requieren la ubicación cercana de un importante número de empresas auxiliares.

    • En cuanto a los Parques Industriales, se contempla, igualmente, la posibilidad de su creación en función de la demanda y de los estudios de oportunidad. Asimismo, se continuarán arbitrando las medidas necesarias para potenciar el Parque Industrial de Linares, de manera que se favorezca la implantación de industrias auxiliares del sector de la automoción.

    • Se mantendrá la política de apoyo a los Medios de Innovación (Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y Sevilla - Tecnópolis) potenciando la ampliación y consolidación de sus infraestructuras.

    4. Empresa pública industrial.

    4.1. Ordenación del sector público industrial.

    La actitud de la Junta de Andalucía respecto a las empresas públicas localizadas en el territorio de la Comunidad Autónoma es la de apoyar su adaptación al escenario competitivo actual.

    5. Control industrial.

    5.1. Simplificación de los trámites administrativos.

    La actividad industrial está actualmente sujeta a dos tendencias aparentemente contrapuestas. Por un lado, a un proceso de liberalización que elimina trabas administrativas en el desarrollo de la actividad industrial. Por otro lado, a un incremento en el número y complejidad de la normativa relativa a la seguridad industrial o medio ambiente, en el que el campo para la regulación por parte de la Junta de Andalucía en temas sustantivos es bastante reducido, dado el carácter básico que tienen las normas estatales.

    En consecuencia, con esta línea de actuación se persigue eliminar aquellas trabas innecesarias a los empresarios y alcanzar unos niveles de seguridad industrial aceptables mediante la siguiente medida: análisis y definición de los procedimientos necesarios para el control industrial.

    5.2. Disponer de información completa sobre las instalaciones y actividades sujetas a normas de seguridad industrial.

    Para desarrollar esta línea de actuación será necesario realizar las siguientes medidas:

    • Ampliar la información básica sobre las actividades industriales y su distribución territorial, necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones Públicas en materia económica e industrial.

    • Disponer, asimismo, de la información relativa a las entidades de acreditación, organismos de control, laboratorios y otros agentes autorizados para colaborar con las Administraciones Públicas, en materia de seguridad y calidad industriales.

    • Constituir el instrumento para la publicidad de la información sobre la actividad industrial, como un servicio a los ciudadanos y, particularmente, al sector empresarial.

    • La regulación por parte de la administración de la obligación registral, indicando el procedimiento que suponga los menores trámites administrativos para las empresas.

    5.3. Potenciar el nivel de seguridad industrial.

    Dentro de esta línea de actuación se continuarán realizando las tareas de control industrial con el doble objetivo de garantizar el cumplimiento de las exigencias definidas para la calidad y la seguridad industrial, y de impulsar la competitividad de las empresas potenciando la calidad de sus productos y procesos a través de la certificación y homologación. Para ello se acometerán las siguientes medidas:

    • Ejecución de Auditorías Tecnológicas sectoriales que diagnostiquen y posibiliten, la implantación de la Certificación de la Conformidad de la Producción de acuerdo con los principios del mercado interior; y por otro, la adecuación de las industrias del sector al cumplimiento de las exigencias definidas para la calidad y seguridad industrial.

    • Ejecución de programas sectoriales de certificación industrial, especialmente Pyme, para conseguir la necesaria calibración de sus equipos productivos, la organización de sus propios laboratorios, y la realización de ensayos necesarios en productos y líneas de producción tendentes a implantar los sistemas modulares de Certificación de la Producción conforme a las Directivas Comunitarias.

    • Ejecución de programas específicos de control de productos industriales, que permitan, tras un conocimiento de las condiciones de seguridad y calidad de los productos, llevar a cabo programas operativos en las industrias afectadas para potenciar su adecuación a las condiciones necesarias de calidad y seguridad industrial.

    • Puesta en marcha y ejecución de planes sectoriales de cumplimiento de los reglamentos de Seguridad Industrial. Además del diagnóstico de los productos e instalaciones, se arbitrarán las acciones tendentes a asesorar a los industriales sobre sus obligaciones, responsabilidades y procedimientos para prevenir y adecuar las industrias e instalaciones a las condiciones reglamentarias.

    • Creación de un laboratorio de calibración de equipos e instrumentos, para el ejercicio de las actuaciones propias en el campo de la metrología legal.

    • Desarrollo del laboratorio oficial de verificaciones y ensayos de metales preciosos que realizará, entre otras funciones, la supervisión de los laboratorios de carácter privado.

    Suscripción de convenios marcos y específicos de colaboración con las entidades dedicadas a la seguridad industrial y a la verificación medioambiental. Con estos acuerdos se intenta conseguir la colaboración en los planes de inspección y revisión de los laboratorios acreditados existentes en Andalucía, de las asociaciones de las entidades autorizadas por la administración como apoyo técnico para el cumplimiento reglamentario, y de las asociaciones empresariales de carácter sectorial.

    3. Minería

    El sector minero tiene, a nivel mundial, una serie de condicionantes que determinan actualmente unas características peculiares. Esos factores condicionantes pueden agruparse en cuatro categorías: físicos, económicos, político-comerciales y ecológicos.

    Entre los factores físicos destaca el volumen existente de reservas de cada sustancia. Al tratarse de recursos no renovables, este factor es susceptible de imponer limitaciones físicas a la demanda. Los avances en las tecnologías y las tendencias en la utilización de los materiales, influyen, a veces decisivamente, en las producciones y en la cobertura de la demanda. Otro condicionante físico que caracteriza al sector minero es la distribución irregular de las reservas. Los países no disponen de las reservas minerales que requieren sino de aquellas que la naturaleza les ha dotado, de tal manera que existe para algunos minerales una concentración de oferta, en un número reducido de países, que condiciona el desarrollo de la producción y los mercados.

    Entre los condicionantes de tipo económico destaca fundamentalmente los precios. Existen pocas materias primas en el mundo que en un corto período de tiempo puedan duplicar o reducir a la mitad sus precios de venta, como sucede con los minerales. Los diferenciales entre países de los costes de mano de obra, energéticos y financieros, condicionan a menudo la explotación de muchos yacimientos.

    El mercado mundial de las materias primas minerales presenta rasgos de cierta inestabilidad. Los factores político-comerciales, entre los que puede citarse la evolución cíclica de las economías, básicamente de los países industrializados, que son los que generan la mayor parte de la demanda de los productos primarios, condicionan la evolución ordenada del sector minero. Asimismo, condicionantes políticos refuerzan en ocasiones los movimientos de ciclo acelerando alzas o caídas.

    Por último, destacar los factores ecológicos, que en la mayor parte de los países desarrollados entrañan una serie de restricciones legales que se han hecho graves y efectivas, tanto a nivel de ordenamiento legal interno como por la transformación mundial que se está produciendo en relación con el medio ambiente. En este sentido, resulta necesario valorar y disminuir, en su caso, el impacto que ciertas actividades extractivas producen sobre el medio físico y natural, así como la necesidad de devolver a éste sus condiciones originales, sobre todo para los espacios de especial interés medioambiental. Las normas que regulan estas materias son el Reglamento 86/88 sobre Impacto Ambiental, el Real Decreto 2994/82 de Restauración del espacio natural afectado por las actividades mineras y la Ley 7/94 de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

    La conjunción de los cuatro factores estructurales reseñados ha motivado que los países, o los bloques de países, marquen unas políticas de abastecimiento de minerales tendentes a reducir los efectos indeseables de una carencia de ordenación en este campo.

    En España, después de que la situación internacional atravesara diferentes fases que llegaron a distorsionar el mercado mundial de materias primas minerales, se pusieron en marcha tres planes relacionados con el sector minero, durante el período 1969-1985.

    El primero de ellos, Plan Nacional de la Minería (1969-1975), supuso la primera toma de conciencia efectiva sobre la necesidad de actuar a nivel estatal en el sector minero. Dicho Plan se instrumentó a través de tres programas de actuación: Investigación Minera, Explotación Minera y Política Social.

    En 1975 se pone en marcha, por una parte, el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales (PNAMPM); que incluía el conjunto de materias primas minerales a excepción de los minerales energéticos; y por otra, el Plan Energético Nacional (PEN), que afectaba directamente al carbón y al petróleo.

    A partir de la nueva ordenación territorial contemplada en la Constitución española, se produce el desarrollo del proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas. Las decisiones políticas adoptadas a partir de 1986 sobre el sector minero han hecho desaparecer el PANMPM, mientras que las actuaciones relativas al carbón se han adaptado a las directrices de la Política Comunitaria en este ámbito, recogiéndose las mismas en el PEN.

    En la actualidad se encuentran transferidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía la práctica totalidad de las funciones de la Administración minera. En este contexto, se ha elaborado el Plan de Desarrollo Minero de Andalucía (1996-2000), que supone la creación de un marco estable de actuación institucional para el desarrollo del sector minero durante los años de vigencia del citado Plan, estableciendo como objetivo fundamental promover y desarrollar la explotación, investigación, explotación y beneficio de los recursos minerales de la comunidad, en las mejores condiciones de competitividad económica, seguridad en las explotaciones y respeto al medio ambiente, con el fin de impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico de Andalucía. Además, se ha firmado el Pacto por la Minería Andaluza entre la Junta de Andalucía, las centrales sindicales UGT y CC.OO. de Andalucía, y la confederación de empresarios de Andalucía. En cumplimiento de lo establecido en el Pacto, se ha constituido una Mesa de Seguimiento del mismo. El documento suscrito por las instituciones mencionadas se enmarca dentro de la estrategia general de la política industrial y al amparo del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía.

    A. Diagnóstico

    La caracterización del subsector minero en Andalucía puede realizarse en cuatro categorías: minería energética, metálica, no metálica, y minería de productos de cantera.

    La minería energética concentra su producción en los yacimientos de hulla y antracita situadas en la cuenca del Guadiato y Peñarroya-Espiel.

    En los minerales metálicos, la evolución de la actividad viene marcada por los precios de los metales, el descubrimiento de nuevas masas, así como por el agotamiento de antiguos yacimientos. Sólo han podido mantenerse las actividades más competitivas o las que producen un recurso escaso, de alto precio y cuya explotación exige niveles tecnológicos más depurados. Las potencialidades existentes en este subsector son muy importantes dada la existencia de grandes recursos mineros, destacando los yacimientos de la faja pirítica de Huelva y Sevilla.

    Los minerales no metálicos constituyen una actividad en la que Andalucía cuenta con una amplia gama en rocas industriales, que abastece con holgura las necesidades de la construcción, industrias químicas, etc. La totalidad de las provincias andaluzas producen algunos recursos incluidos en este subsector.

    La extracción de productos de cantera presenta una fuerte subordinación al sector de la construcción, que motiva el progresivo aumento de esta actividad, aunque, debido a su dependencia del transporte —cuyos costos suelen superar al propio valor de los productos—, sus mercados tienen un carácter local o provincial.

    La producción de roca ornamental tiene su máximo exponente en la producción de mármol en Macael y Olula del Río (Almería), donde, a través de un fuerte impulso inversor, las industrias extractoras pueden competir en mercados nacionales e internacionales.

    La región andaluza ha sido tradicionalmente suministradora de gran parte de los recursos mineros, no sólo a la industria nacional, sino también a la de otros países, principalmente del entorno europeo.

    Andalucía es la región española con el mayor y más variado potencial de recursos mineros, siendo su aportación al VAB industrial del 5,2%. La aportación de las diferentes actividades mineras en el valor total de la producción del sector se cifra en los siguientes porcentajes: minería energética 21,4% (hulla y antracita en Córdoba), minerales metálicos 39,8% (faja pirítica de Huelva y Sevilla), minerales no metálicos 8,9%, y productos de cantera 29,9%. 

    La estructura productiva actual de la minería andaluza, refleja una importante transformación respecto a la estructura que presentaba el sector hace diez años. En el caso de los minerales metálicos, su participación en el valor de la producción total ha disminuido hasta el 39,8% (70% en 1985). En sentido contrario, se destaca el fuerte incremento participativo que a partir de 1986, fueron tomando los productos de cantera: el 29,9% en 1994 frente al 10% en 1985.

    Por otra parte, la minería andaluza representa alrededor del 12% de valor de la producción nacional, situándose el subsector de la minería metálica andaluza como el más significativo de España.

     

    B. Objetivos y estrategias

    El objetivo final de la Política Minera de la Junta de Andalucía, establecido en el Plan de Desarrollo Minero de Andalucía (1996-2000), es promover y desarrollar la exploración, investigación, explotación y beneficio de los recursos minerales de la Comunidad, en las mejores condiciones de competitividad económica, seguridad en las explotaciones y respeto al medio ambiente, con el fin de impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico de Andalucía. Ese objetivo final se instrumenta a través de los siguientes objetivos operativos:

    OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

  • Desarrollo del potencial minero andaluz, con especial atención a las comarcas mineras.

  • Coordinación institucional y reforma funcional de la Administración minera.

  • Aplicar una Política de Concertación que integre los intereses existentes de los agentes sociales del sector minero.

  • Para la consecución de estos objetivos se plantean las siguientes líneas estrategias:

    1. Apoyo a la exploración, investigación y explotación minera.

    Esta estrategia exigirá adoptar medidas en la exploración, investigación y explotación mineras.

    2. Reforma funcional de la Administración Minera.

    Se conseguirá mediante actuaciones sobre el dominio minero, mejorando la organización interna de la Administración minera. Asimismo, se realizarán actuaciones que permitan dotar las explotaciones de mayores medidas de seguridad.

    C. Líneas de actuación

    1. Apoyo a la exploración, investigación y explotación minera.

    1.1. Exploración e investigación.

    Las medidas a adoptar dentro de esta línea de actuación son las siguientes:

    • Apoyo a la investigación minera a nivel de empresas o grupos de empresas.

    • Desarrollo de las acciones infraestructurales necesarias para hacer viable económicamente la explotación minera.

    • Facilitar el acceso a sociedades solventes interesadas en la exploración minera en la Comunidad Autónoma.

    • Definición y puesta en marcha de una planta hidrometalúrgica para tratamiento de sulfuros complejos.

    • Creación de un Centro Tecnológico del Mármol.

    1.2. Explotación.

    Dentro del área de la explotación minera, se adecuarán los medios para la consecución de los objetivos de producción marcados en el Plan de Desarrollo Minero de Andalucía 1996-2000. Igualmente, se facilitará la participación de las empresas mineras solventes en proyectos, y se apoyarán económicamente las nuevas explotaciones, así como el mantenimiento de las existentes que sean viables económicamente.

    2. Reforma funcional de la Administración Minera.

    2.1. Dominio minero.

    Del total del territorio de la Comunidad Autónoma, únicamente una quinta parte está disponible para realizar trabajos de investigación. Ante esta situación se hace necesario actuar en las siguientes direcciones:

    • Ejecución de un Plan de Choque sobre el dominio minero, con el fin de liberar terrenos ocupados en los que no se ejecuten trabajos convenientes. Para ello será necesario, primero, sacar a concurso aquellos permisos y concesiones caducados y reservas levantadas, y segundo, caducar los derechos mineros inactivos o insuficientemente investigados.

    • Establecimiento de un sistema de control coordinado con la Administración Central sobre las Reservas del Estado ubicadas en todo o en parte del territorio andaluz.

    • Levantamiento de Reservas del Estado.

    2.2. Mejora en la organización interna de la Administración minera.

    Esto será posible mediante el desarrollo e integración del Sistema de Información Geológico Minera de Andalucía, el cual deberá estar orientado a los planteamientos de la Administración andaluza, así como de los requerimientos empresariales y de otras Administraciones.

    Además, se adecuarán los medios existentes en los distintos departamentos de minas de las Delegaciones Provinciales y de la formación del personal a los requerimientos de las nuevas actuaciones.

    2.3. Desarrollo de la seguridad minera.

    Uno de los aspectos de los que se ocupa la política minera es el de la mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo dentro de este sector, mediante la prevención de accidentes de trabajo, riesgos y enfermedades profesionales y la vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes en materia de Seguridad Minera. Para ello se plantean las siguientes medidas:

    • Elaboración, desarrollo y ejecución de un Plan de Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales dentro del sector minero. Dicho Plan contemplará un programa de divulgación y concienciación en materia de seguridad minera.

    • Elaboración de un Plan de Formación para el sector minero, que contemple la creación de una Escuela Permanente de Formación en aspectos técnicos relacionados con la Seguridad Minera.

    • Realización de actuaciones directas sobre minados antiguos existentes en concesiones caducadas.

    • Creación de la Comisión de Seguridad Minera.

    4. Modernización del comercio

    A. Diagnóstico

    Las actividades comerciales representan un 13,6% del VAB regional y un 13% del empleo. Estos datos dan cuenta de la importancia del sector en el conjunto de la economía andaluza.

    La característica básica que define el sistema de distribución comercial de Andalucía es su carácter dual, determinado por la coexistencia de un comercio tradicional con una presencia significativa en el sector, con un comercio moderno y que, con un menor número de establecimientos, empieza a conseguir cada vez mayores cuotas de mercado.

    El sector de la distribución comercial está sometido a un intenso proceso de transformación, como consecuencia de los cambios en los hábitos de los consumidores, la aparición de nuevas tecnologías aplicables al comercio, la incorporación de nuevas formas comerciales y la entrada en vigor del Mercado único europeo. Este proceso es previsible que continúe e, incluso, se intensifique en el futuro.

    De entre los factores señalados, es preciso referirse, especialmente, a la entrada en vigor del Mercado único, que ha provocado una aceleración en el ritmo de evolución del sector comercial español en su conjunto, debido, fundamentalmente, a las condiciones de funcionamiento del mismo, orientado por los principios de libertad de circulación de mercancías y capitales. Esto implica, en definitiva, que la distribución comercial tiende a globalizarse en la Unión Europea.

    De hecho, y a pesar de las diferencias que existen entre los sistemas comerciales de los países miembros, el proceso evolutivo en todos ellos viene marcado por una serie de rasgos comunes, como son: la tendencia a la concentración, la expansión de las grandes superficies, el desarrollo de la innovación tecnológica, la internacionalización y la modificación de las relaciones de intercambio con productores y clientes o consumidores.

    En definitiva, el sector de distribución comercial se haya sometido a rápidas transformaciones tecnológicas y organizativas que están modificando la naturaleza del servicio que prestan y su papel dentro del esquema de interrelaciones productivas regionales, y cuyas consecuencias son importantes no sólo para el propio sector sino también para el conjunto de sectores productivos de la economía andaluza.

    Con la aprobación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, se establece un marco jurídico acorde con la realidad del sector, de forma que le facilite el desempeño de sus funciones dentro del sistema económico regional. Asimismo, esta Ley establece la obligación de que se apruebe un Plan Integral del Comercio Interior de Andalucía. Este Plan, consensuado con los agentes económicos y sociales, es el complemento necesario para profundizar en la modernización del comercio andaluz y en especial de las Pyme, a través del asociacionismo comercial, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de sus recursos humanos y el aprovechamiento de sus ventajas competitivas.

    Según el Censo de Establecimientos Comerciales de Andalucía, el sector comercial andaluz contaba en 1990 con 98.689 establecimientos activos, de los cuales 88.363 (es decir, el 89,5%) eran minoristas y empleaban a 168.679 personas, ocupando una superficie de venta de 5.676.214 m 2 ; y 10.326 (el 10,5%) eran mayoristas, empleando a 72.486 personas, en una superficie de venta de 2.799.321 m 2 .

    La densidad comercial de establecimientos minoristas en Andalucía era, según la misma fuente, de 14,3 establecimientos por cada 1000 habitantes, siendo las provincias de Almería y Málaga las de mayor densidad con un ratio de 16,4. La provincia con menor densidad comercial minorista era Cádiz con 12,7 establecimientos por cada 1000 habitantes. Esta densidad comercial es bastante similar a la de otras Comunidades Autónomas, tales como la de Madrid (14,6 en 1986), País Vasco (15,5 en 1987) y Valencia (17,7 en 1985).

    Las principales características estructurales del sector comercial andaluz son las siguientes:

    • El sector comercial ha acrecentado su importancia productiva en términos de aportación al VAB regional y al empleo. El aumento del gasto en bienes y servicios, así como la reducción del autoconsumo en ámbitos rurales y la mayor demanda de consumo de bienes motivado por el turismo en Andalucía, son algunas de las causas de esta mayor participación del sector en el conjunto de la economía.

    • Se observa una creciente internacionalización de la distribución comercial con la incorporación de grandes grupos europeos. Este fenómeno no sólo está afectando a los pequeños y medianos comercios del sector, sino también a las propias empresas productoras locales, que ven dificultado su acceso a estas grandes superficies comercializadoras.

    • La evolución del empleo en el comercio presenta rasgos cualitativos importantes. El fenómeno más destacable es el crecimiento del empleo asalariado, que fundamentalmente está teniendo lugar en el comercio minorista, a costa del empleo autónomo. Asimismo, debe mencionarse el importante peso del componente femenino en el empleo. Asimismo, se ha producido un incremento en la temporalidad, especialmente en el colectivo femenino, en detrimento del empleo fijo, no de trabajo a tiempo parcial. Por otro lado es destacable el relativo rejuvenecimiento del sector.

    • Se está produciendo un aumento de la dualidad del sector comercial regional, como consecuencia de una mayor presencia de empresas, que utilizan modernas técnicas de gestión y avanzadas tecnologías, junto a empresas locales con métodos tradicionales de gestión. Esta situación genera un notable desequilibrio competitivo, que se ve acentuado por la incorporación de pequeñas empresas que se constituyen con parte de los excedentes laborales de otros sectores, caracterizadas por la escasa eficiencia y capacidad competitiva.

    • La utilización de nuevas tecnologías se está extendiendo rápidamente por el sector, lo que demanda una mayor formación de los recursos humanos.

    Estas características estructurales están inmersas en un proceso de continua transformación. Las tendencias del sector a medio plazo se pueden sintetizar en:

    • La continuidad del proceso de internacionalización y concentración de los grandes grupos de distribución, aunque a un ritmo menor que en los últimos años.

    • La ralentización del ritmo de crecimiento de las grandes superficies no especializadas y el fuerte crecimiento de las grandes empresas comerciales con medianas y pequeñas superficies, en especial con formato de descuento.

    • El aumento de la especialización y de la concentración espacial del pequeño comercio.

    • Absorción de funciones que tradicionalmente eran ajenas al sistema comercial.

    • La creciente importancia de las nuevas tecnologías, tanto para aumentar la productividad como para acceder a nuevas fórmulas de venta: televenta, venta a través de ordenador, etc.

    • En relación con los consumidores, se observa un mayor peso de los servicios de ocio y otros nuevos servicios en la oferta comercial, así como un cambio en los hábitos de consumo, cada vez más estandarizados a nivel europeo.

    El sector comercial muestra importantes potencialidades de desarrollo a medio plazo en Andalucía. Por una parte, las pequeñas y medianas empresas comerciales, que son mayoritarias en la región, cuentan con unas ventajas comparativas en términos de capacidad de adaptación a las exigencias de los clientes: proximidad del servicio, personalización de la relación, etcétera, que deben ser aprovechadas. Además, las condiciones climáticas son especialmente aptas para ofrecer servicios concentrados en entornos abiertos que, junto a ofertas adicionales de servicios de ocio, puede ofrecer alternativas viables frente a otros patrones de oferta comercial.

    Por otro lado, existen importantes ventajas y economías de escala no aprovechadas para el establecimiento de centrales de compras y servicios mediante la asociación de pequeñas y medianas empresas autóctonas. Este asociacionismo podría jugar un importante papel en el aprovechamiento de dichos canales de distribución para comercializar productos regionales.

    El diagnóstico efectuado pone de manifiesto que estamos ante un sector muy dinámico y competitivo, caracterizado por la aparición continua de nuevas formas comerciales, donde la profesionalidad de los pequeños y medianos comerciantes será determinante para la coexistencia de los distintos modelos de oferta comercial, de forma que entre todos se ofrezca a la sociedad un sistema de distribución eficiente. La necesidad de mejorar la eficiencia del sistema viene derivada de los siguientes motivos:

    • La necesidad de generar y mantener el empleo y la actividad del sector.

    • Para que los consumidores reciban el mejor servicio al menor precio, aumentando su bienestar y que no genere tensiones inflacionistas.

    • El comercio de una región es, sin duda, el mejor escaparate de su producción y su primer destino. En Andalucía, según el Censo de 1990, el 49% de los aprovisionamientos de los mayoristas proceden de empresas andaluzas y un 6% de fabricación propia.

    • La existencia de canales de distribución de ámbito local, provincial o regional constituyen la mejor, y en ocasiones la única, salida posible a la producción de numerosas pequeñas y medianas empresas, las cuales carecen de dimensión e infraestructuras para atender los requerimientos de los grandes grupos de distribución. Hay que tener en cuenta, a estos efectos, que en Andalucía el 99% de las empresas comerciales son Pyme.

    • La existencia de empresas andaluzas de distribución comercial, con implantación suprarregional y supranacional, puede beneficiar a la producción regional.

    B. Objetivos y estrategias

    El Plan Integral de Modernización del Comercio Interior de Andalucía (1998-2001) ha supuesto un importante esfuerzo de consenso entre todos los agentes implicados en el sector. La presente política traslada los objetivos, estrategias y actuaciones planteadas en dicho Plan. En consecuencia, los objetivos del PEA 2000 en materia de modernización del comercio son los siguientes: 

    OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

  • La consecución de un sistema comercial más eficaz y eficiente.

  • El restablecimiento del equilibrio entre los diferentes agentes que integran el canal de distribución.

  • Una distribución territorial equilibrada del comercio.

  • Modernizar y renovar las PYMEs comerciales.

  • El objetivo principal, es la consecución de un sistema comercial más eficaz y eficiente. Es decir, conseguir que el sistema comercial cumpla su función de puente entre la producción y el consumo, garantizando el abastecimiento a todos los consumidores, al menor coste y generando las menores tensiones inflacionistas posibles.

    En conexión con el objetivo anterior, se pretende el restablecimiento del equilibrio entre los diferentes agentes que integran el canal de distribución, con clara desventaja actual para las Pyme comerciales, en orden a aumentar el grado de competencia efectiva en precios, servicios y calidad del sector, que asegure que las ganancias de productividad del sector sean transmitidas en mejoras de precios y/o servicios a los consumidores.

    Otra meta es avanzar hacia un sistema de distribución territorialmente equilibrado, a través de una adecuada red de canales de distribución.

    Por último, se pretende modernizar y renovar las Pyme comerciales, aumentando su capacidad competitiva con la introducción de mejoras tecnológicas, de gestión, la formación de sus recursos humanos y aumentando sus dimensiones, ya sean físicas u operativas.

    Por ello, se busca favorecer la cooperación entre las empresas, al objeto de establecer sistemas de distribución comercial, y propiciar la concentración espacial de la oferta. A su vez, para reformar el comercio tradicional, se pretende aumentar el comercio integrado y en asociación dentro del sector, mejorando los niveles de información dentro del mismo. El mercado obliga, por último, a realizar un mayor esfuerzo en mejorar la especialización y facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías a las empresas del sector para que aumenten su competitividad.

    En orden a la consecución de los objetivos señalados, se establecen cinco estrategias:

    1. Modernización de las pequeñas y medianas empresas comerciales andaluzas.

    Las modificaciones experimentadas por el lado de la oferta en los últimos años han generado un notable desequilibrio en la orientación, estrategias y gestión de las empresas que componen el sector: frente a nuevas empresas con criterios de gestión modernos, conviven pequeñas y medianas empresas individuales con criterios de gestión tradicionales. La estrategia de apoyo a las Pyme del sector se materializa a través del siguiente conjunto de actuaciones:

    • Fomento de la incorporación de nuevos profesionales al sector comercial andaluz.

    • Adecuación del tamaño de los establecimientos comerciales andaluces a las necesidades del punto de venta.

    • Favorecer la expansión comercial de las Pyme del sector distribución comercial.

    • Mejora del equipamiento tecnológico de las Pyme comerciales andaluzas.

    • Fomento de la presencia de establecimientos especializados en la actividad comercial.

    2. Ordenación territorial del comercio.

    Constatada la existencia de desequilibrios en la distribución geográfica de las grandes superficies comerciales en los ámbitos provincial y regional, y la pérdida de capacidad competitiva de determinadas formas comerciales tradicionales, es necesario acometer una regulación de la distribución territorial de las distintas formas de comercio en Andalucía. Esta estrategia se articulará a través de las siguientes actuaciones:

    • Conseguir una distribución geográfica equilibrada de las grandes superficies comerciales en los ámbitos provincial y regional.

    • Adecuar urbanística y comercialmente determinadas formas comerciales tradicionales.

    • Elevar el grado de inserción de las estructuras comerciales en los procesos de planificación urbanística.

    3. Información, investigación e innovación comercial.

    La carencia de canales de información sobre la actividad comercial andaluza, así como la falta de estudios de investigación a cerca de la citada materia, hace necesaria la existencia de una estrategia que tenga en cuenta específicamente esta necesidad, y que se materializa a través del siguiente conjunto de actuaciones:

    • Crear canales de información sobre aspectos que afecten al sector comercial andaluz.

    • Incrementar la realización de estudios de investigación sobre el sector comercial andaluz.

    • Propiciar el reconocimiento por parte de la sociedad andaluza de los comerciantes emprendedores.

    4. Ordenación comercial.

    Esta estrategia supone en primer lugar, proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, que permita adaptar la normativa a las siempre cambiantes características de la oferta como a las nuevas exigencias de la demanda.

    Respecto a la regulación de la actividad comercial, la misma, se realizará con la participación de todos los agentes implicados, buscando el mismo consenso que consiguió la Ley 1/96 del Comercio Interior de Andalucía. En este sentido, hay que hacer mención al Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, que refleja el interés de los agentes económicos y sociales en la modernización del comercio.

    5. Articulación del comercio en el tejido productivo andaluz.

    Como se ha señalado, la existencia de canales de distribución regionales constituyen la mejor salida posible a la producción de las Pyme andaluzas, así como para la consolidación de las propias Pyme comerciales, que carecen de la dimensión e infraestructuras necesarias para competir con los grandes grupos de distribución.

    Por otra parte, la relación tradicional entre fabricante y distribuidor está siendo sometida a profundos cambios y transformaciones, alterándose lo que tradicionalmente había sido la división de funciones entre fabricantes y distribuidores a lo largo del canal. Los fabricantes están llevando a cabo estrategias de integración hacia adelante mediante el desarrollo de estructuras de distribución. Igualmente, las empresas de distribución comercial están acaparando un mayor número de funciones en la cadena de valor, a través de una integración hacia atrás en el proceso productivo. Por ello, un sistema de distribución con un elevado grado de concentración en empresas no autóctonas puede condicionar negativamente a la producción regional, en especial de las Pyme.

    Se hace necesario, pues, no sólo en beneficio de la distribución sino también de la oferta regional, el fomento de la cooperación empresarial entre empresas andaluzas productoras y comerciales, que permita a los productos andaluces conseguir mayores cuotas de mercado dentro y fuera de la Comunidad.

    Por último, es necesario señalar que, con ser importantes las iniciativas del sector público, la modernización del sistema comercial requiere de empresas andaluzas dinámicas, con planteamientos innovadores y vocación comercial de ampliar los mercados extrarregionales. Las propias empresas han de ser las que definan las condiciones de su modernización, así como sus estrategias de cooperación. En este sentido, las asociaciones de comerciantes pueden y deben desempeñar una labor importante en apoyo de los pequeños comerciantes. Para ello, han de ofrecer a sus asociados servicios de asesoramiento, alentando la modernización de los establecimientos comerciales y la formación de los comerciantes, impulsando las iniciativas de cooperación y concentración empresarial, etcétera. En definitiva, han de convertirse en los catalizadores de la modernización del pequeño comercio, en orden a constituir una alternativa real y efectiva a las nuevas formas comerciales.

    En coherencia con lo establecido en este apartado de objetivos y estrategias, el Gobierno andaluz elaborará el reglamento de la Ley de Comercio Interior de Andalucía y desarrollará el Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, previsto en la Disposición Adicional Única de dicha Ley, con la participación a los agentes sociales y económicos en virtud de los acuerdos establecidos en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía.

    C. Líneas de actuación

    1. Modernización de las pequeñas y medianas empresas comerciales andaluzas.

    1.1. Fomentar la incorporación de nuevos profesionales al sector comercial andaluz.

    Apoyo al rejuvenecimiento del sector y al acceso a la titularidad de la empresa por parte de los trabajadores de las mismas para facilitar su continuidad.

    1.2. Adecuar la dimensión física de los establecimientos comerciales andaluces a las necesidades del punto de venta.

    Se apoyará la transformación física de los establecimientos minoristas andaluces. Igualmente, se favorecerá la adecuación de la dimensión física de los establecimientos mayoristas andaluces.

    1.3. Favorecer la expansión comercial de las pequeñas y medianas empresas andaluzas de distribución comercial.

    Se instrumentará mediante el apoyo a la expansión comercial sucursalista de las pequeñas y medianas empresas andaluzas de distribución, así como el fomento de la creación y consolidación de franquicias andaluzas.

    1.4. Mejorar la dotación tecnológica de las pequeñas y medianas empresas comerciales andaluzas.

    Se incentivará la implantación de innovaciones tecnológicas en los comercios minoristas andaluces. De igual forma, se apoyará la implantación de innovaciones tecnológicas en empresas mayoristas andaluzas.

    1.5. Aumentar la presencia de establecimientos especializados en la actividad comercial andaluza.

    Se fomentará la especialización comercial y la diferenciación en servicios de las pequeñas y medianas empresas minoristas andaluzas. De igual manera, se promocionará la especialización comercial y la diferenciación en servicios de las pequeñas y medianas empresas mayoristas andaluzas.

    2. Ordenación Territorial del Comercio.

    2.1. Conseguir una distribución geográfica equilibrada de las grandes superficies comerciales en los ámbitos provincial y regional.

    En el marco de las competencias establecidas por la Ley del Comercio Interior de Andalucía, se procederá a la planificación de nuevas implantaciones de grandes superficies comerciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

    2.2. Adecuar urbanística y comercialmente determinadas formas comerciales tradicionales.

    Se procederá mediante el apoyo a la creación y consolidación de centros comerciales abiertos, la remodelación y mejora funcional de los mercados de abastos y la promoción y mejora de los mercadillos de apertura periódica.

    2.3. Elevar el grado de inserción de las estructuras comerciales en los procesos de planificación urbanística.

    Realización e inserción de memorias de información y diagnóstico comercial específicas en los Planes Generales de Urbanismo en los Municipios. Igualmente, se llevará a cabo el diseño y ejecución de planes de Formación en Urbanismo Comercial.

    3. Información, Investigación e Innovación Comercial.

    3.1. Crear canales de información sobre aspectos que afecten al sector comercial andaluz.

    Se desarrollarán programas de asistencia técnica en colaboración con las organizaciones empresariales de comerciantes, así como un mayor apoyo a la difusión de la información comercial.

    3.2. Incrementar la realización de estudios de investigación sobre el sector comercial andaluz.

    Se apoyarán las siguientes actividades:

    • Realización de proyectos de investigación promovidos por las universidades andaluzas.

    • Realización de estudios promovidos por la Junta de Andalucía.

    • Realización de proyectos de investigación comercial promovidos por otros organismos.

    3.3. Propiciar el reconocimiento por parte de la sociedad andaluza de los comerciantes emprendedores.

    Para ello, se promocionará la excelencia de la gestión empresarial en colaboración con los agentes sociales y económicos más representativos de Andalucía, así como el fomento de las iniciativas comerciales emprendedoras.

    4. Ordenación Comercial.

    4.1. Avanzar en el desarrollo reglamentario de la Ley de Comercio Interior de Andalucía.

    Se procederá a elaborar los reglamentos que desarrollan la Ley de Comercio Interior de Andalucía, así como el seguimiento del desarrollo reglamentario.

    4.2. Mejorar el seguimiento de los cambios en la normativa comercial estatal y europea.

    Se llevará a cabo mediante el seguimiento de la normativa comercial estatal, así como de la normativa comercial europea.

    5. Articulación del Comercio con el Tejido Productivo Andaluz.

    5.1. Elevar el grado de implantación de modernas fórmulas de distribución comercial desarrolladas por los productores andaluces.

    Apoyo a la realización de estudios de mercado orientados a la expansión comercial de productores. De igual forma, se apoyará la creación y consolidación de redes de distribución por parte de las empresas productoras.

    5.2. Incrementar la comercialización de productos andaluces.

    Se procederá a consolidar la red congresual de Andalucía.

    5. Turismo

    A lo largo de las cuatro últimas décadas el turismo ha experimentado un proceso de expansión mucho más acusado que cualquier otra actividad productiva; el número de viajes turísticos internacional a aumentado un 77% en el período comprendido entre 1986 y 1996. Por su parte, las personas que eligieron a España como destino aumentaron en un 93% durante esos mismos años. Este crecimiento ha seguido, sin embargo, unos patrones espaciales considerablemente rígidos en lo que se refiere a preferencias en materia de destinos. El 80,5% de los viajes turísticos al extranjero durante 1980 se concentraron en un total de 25 países, mientras que en 1994 los 25 países más visitados capturaron el 80% del total de los viajes. Desde el punto de vista de la procedencia de los turistas, se advierte una lenta, pero sistemática diversificación de los mercados emisores, de manera que si en 1980 el 65,5% de los turistas procedían de un total de 19 países, el porcentaje se reduce, para el mismo número de países, hasta el 57% en 1994.

    La evolución reciente del sector turístico en Andalucía, pone de manifiesto la existencia de dos etapas claramente diferenciadas. A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa se produce una inflexión a la baja de los principales indicadores turísticos: el número de pernoctaciones se reduce, al igual que el grado de ocupación hotelera, respecto a las cifras correspondientes a mediados de la década. Los principales factores que explican esta evolución son la fuerte apreciación de la peseta, la competencia de otros destinos y del turismo interior de los países clientes, el inicio de la fase recesiva del ciclo, y un cierto agotamiento del modelo de turismo masivo basado en ventajas comparativas y precios reducidos.

    La segunda etapa, que se inicia a partir de 1993, está marcada por el carácter expansivo de la actividad. Los datos disponibles para el período 1990-95 (cuadro 6.19) indican un aumento sostenido de la ocupación hotelera, un incremento en el número de visitantes extranjeros y en los nacionales, y un crecimiento del consumo de no residentes. Las sucesivas devaluaciones de la peseta, la contención del ritmo de crecimiento de los precios interiores, los acontecimientos políticos y bélicos en el Mediterráneo, la mejora en la calidad experimentada por el turismo andaluz y el inicio de la fase expansiva del ciclo económico en los principales países clientes, configuran los factores explicativos del crecimiento de la actividad. Se observa también una mayor desestacionalización, con un aumento del turismo en los meses tradicionalmente considerado de temporada baja, debido sobre todo a la recuperación del turismo nacional.

    Los elementos de rigidez que han caracterizado la evolución del mercado turístico, en lo que se refiere a preferencias de los turistas, no han impedido profundas transformaciones en el funcionamiento de la actividad. Andalucía, a pesar de ello, ha sido tradicionalmente —y se mantiene— como un destino privilegiado, donde el turismo se ha consolidado como una actividad productiva de alto valor estratégico (cuadro 6.20). En la actualidad contribuye en más del 10% a la formación del PIB andaluz, elevándose a un 14,6% si se consideran los efectos indirectos, mantiene más de 100.000 empleos en actividades que producen servicios para los turistas y, sobre todo, ha acentuado su condición de industria conectada a otros ámbitos durante los últimos quince años. Esto se manifiesta tanto en su especial sensibilidad a la orientación de otras políticas (medio ambiente, obras públicas, urbanismo, etc.), como por su capacidad para reforzar otros objetivos de políticas económicas y sociales (equilibrio territorial, balanza corriente, diversificación de la base productiva, etc.). Todo ello se refleja en un crecimiento de más del 80% de la oferta de alojamientos en Andalucía entre 1980 y 1996, frente al 59% en el conjunto de España durante el mismo período.

     El turismo es, por lo tanto, una actividad consolidada en Andalucía que, sin embargo, no puede ocultar la existencia de cuestiones que exigen un posicionamiento decidido por parte de la administración.

    Por un lado, la necesidad de un permanente esfuerzo de adaptación a las tendencias que, cada vez con mayor claridad, son perceptibles en la demanda de los turistas. Por otro, la modernización de los métodos de gestión y comercialización en un entorno cada vez más competitivo e innovador. Por último, el todavía insuficiente aprovechamiento de las oportunidades existentes en ciertas modalidades de turismos y en espacios concretos con importantes potencialidades, pero que se encuentran, en bastantes casos, en fase embrionaria o alejadas de su techo de desarrollo.

    Pero, además, de su consolidación y de la evidencia de oportunidades de futuro todavía por explotar, conviene reconocer dos circunstancias que han influido decisivamente en la evolución reciente del sector y que presumiblemente lo seguirán haciendo en el futuro inmediato. En primer lugar, el compromiso de los agentes del sector para coordinar sus esfuerzos en torno al proyecto de futuro que supuso el Plan Integral del Turismo de Andalucía (Plan DIA). En segundo lugar, el entorno de competencia global en que actualmente se desarrollan las relaciones económicas internacionales y que, por sus singulares características, afectan de manera especial a una actividad de tanta extroversión como el turismo.

    Es preciso reconocer que en los años transcurridos desde la constitución de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha recorrido un largo y fructífero camino en la racionalización de la actividad administrativa y en la propia vertebración del sector. La introducción de la planificación, a través del Plan DIA, como instrumento de coordinación del conjunto de la política turística, ha supuesto un avance considerable en la eficacia y transparencia de la actuación del sector público. Ello ha contribuido a la creación de un clima ejemplar de diálogo y concertación con los agentes económicos y sociales. Desde su aprobación, no obstante, se han producido modificaciones trascendentales en el escenario de referencia del Plan que aconsejan abrir un proceso de revisión que permita un nuevo impulso a una actividad que ha reforzado en los últimos años su condición de estratégica para la economía andaluza. Es por tanto necesario plantear un nuevo modelo que, tras un análisis previo, refuerce la participación y el consenso y dé respuesta a los retos y necesidades futuras para un mejor y más adecuado desarrollo del sector turístico en Andalucía en el siglo XXI. Este nuevo modelo debe contemplar un nuevo marco de concertación de forma la planificación del turismo se realice en estrecha colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales dado que el turismo es una actividad fundamentalmente privada cuyo ejercicio, sin embargo, está decisivamente influido por la orientación del conjunto de las políticas públicas.

    El nuevo marco de concertación en materia de turismo con los agentes económicos y sociales queda establecido en el Pacto Andaluz por el Turismo, suscrito el 23 de febrero de 1998 por la Consejería de Turismo y Deporte, Confederación de Empresarios de Andalucía, UGT de Andalucía y CC.OO. de Andalucía. Es bajo esta nueva perspectiva que debe impulsarse el diseño y elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Turístico de Andalucía que deberá sentar las bases de la actividad turística en nuestra Comunidad Autónoma y analizar los retos y las necesidades futuras del sector turístico en Andalucía y recogerá, entre otras, las actuaciones que ya fueron consensuadas en el Pacto por el Empleo y Desarrollo Económico de Andalucía. Desde esa perspectiva, los objetivos y estrategias que se contemplan en este documento constituyen las líneas generales que se desarrollarán en el próximo Plan de desarrollo Turístico de Andalucía.

    Superado el período de finales de los 80 y comienzos de los 90 que sirve de referencia para la elaboración del Plan DIA, el turismo andaluz asiste en los últimos años a un cambio de tendencia, cuyo elemento más característico es la estabilidad de los mercados y los indicios de ventajas competitivas conseguidas. No sólo se han alcanzado registros de visitantes superiores a los de cualquier otra etapa anterior, sino que, además, Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma que más cuota de mercado ha ganado en el conjunto de España. A esta situación han contribuido algunos factores externos, como la estabilidad cambiaria de la peseta, la normalización de los mercados financieros y la recuperación de las economías europeas tras la crisis de los 90, pero sobre todo el hecho de que la respuesta de la iniciativa privada a este cambio de tendencia ha sido más acusada que en el resto de España.

    El fenómeno de la globalización de las relaciones económicas hace referencia a un hecho concreto: los distintos mercados han adoptado en los últimos años formas de funcionamiento en las que predominan los elementos comunes sobre los diferenciadores. Desde la perspectiva del turismo, esto se traduce en cuestiones tan evidentes como que en la actualidad las estrategias de comercialización para destinos tan alejados en la distancia y en sus contenidos como los litorales españoles y el sudeste asiático en los mercados europeos, se nutren de mecanismos similares, cuando no idénticos. Por otro lado, también se manifiesta en una creciente estandarización de los productos (sustitutivos, pero no idénticos) como consecuencia de la homogeneización de las preferencias de los consumidores a nivel internacional.

    El efecto más perceptible de esta tendencia es el aumento de la competencia y la aparición de estrategias empresariales, y sobre todo de comercialización, dirigidas a la consolidación de un poder de mercado basado en la diferenciación de sus productos mediante marcas de prestigio y oferta de calidad. La riqueza del patrimonio turístico andaluz constituye un sólido argumento para apostar por una estrategia de futuro que contemple la diversidad interna de Andalucía y la calidad como elemento de diferenciación para la puesta en valor del producto turístico de Andalucía en los mercados.

    Andalucía tiene que hacer frente al reto de la competencia global en el turismo produciendo con costes reducidos para mantener y cualificar su presencia en mercados donde los precios son también reducidos. Hay que evitar, sin embargo, que el precio sea el principal argumento de comercialización lo que exige una estrategia de valorización y cualificación de los recursos y productos turísticos mediante la permanente adaptación y renovación de los componentes tecnológicos de la producción, la formación de capital humano y la modernización de los procedimientos de gestión y comercialización.

    Pero junto a los parámetros de consenso y competencia que se han descrito, el conjunto de la política turística tiene que tener en cuenta que se dirige a un sector que se encuentra inmerso en un proceso de renovación permanente, del que da testimonio la vitalidad con que determinados segmentos turísticos (golf, puertos deportivos y deportes náuticos en general, turismo interior, turismo rural, etc.) se han incorporado en los últimos años a la ya variada oferta con que cuenta Andalucía. Permanecen, sin embargo, diferentes tipos de cuestiones que, a pesar de formar parte de reivindicaciones ya tradicionales en el sector, no han encontrado hasta el momento la respuesta más adecuada por parte de la administración o que exigen una renovación en sus planteamientos para adaptarse a las nuevas formas con que se manifiestan. Entre ellas hay que destacar las cuatro siguientes.

    En primer lugar, una más eficiente coordinación de las políticas sectoriales que afectan a los intereses específicos del turismo. La creación de la Consejería de Turismo y Deporte responde específicamente a este planteamiento en un intento de elevar el rango de interlocución en la defensa de los intereses del turismo dentro de los órganos de la administración. Un paso adelante en materia de coordinación ha sido la creación del Consejo de Coordinación Interdepartamental en Materia de Turismo, decreto 1/1998 de 7 de Enero, que tiene como objetivo coordinar las actuaciones del conjunto de órganos de la Administración de la Junta de Andalucía con competencias que puedan tener incidencias en relación con el turismo.

    En segundo lugar, la articulación de una política turística integrada en el contexto de la planificación, pero lo suficientemente flexible como para reconocer la versatilidad que se deriva de su condición de actividad productiva y de su repercusión social.

    En tercer lugar, la Administración Regional tiene, también, que cumplir un papel incentivador de los procesos de comercialización que permita afrontar el reto de la competencia internacional. Sólo la cualificación de los productos, de sus recursos humanos y la adecuada comercialización de sus productos permitirán ganar cuotas de mercado entre los consumidores y una adaptación eficiente a las tendencias que imponen los mercados.

    Por último, la necesidad de renovar los planteamientos en relación con algunos problemas tradicionales (por ejemplo, el intrusismo en el sector), de actualizar los instrumentos a disposición de la administración en relación con las nuevas formas de turismo y su adaptación a las innovaciones financieras y mercantiles que experimenta la actividad (por ejemplo, el turismo a tiempo compartido) o la clarificación de la dispersa y, en buena medida, obsoleta normativa sobre el sector. La Ley del Turismo de Andalucía, como se recoge en el Pacto Andaluz por el Turismo, constituirá la respuesta a esta necesidad, será abordada con la intención de reforzar los mecanismos de tutela, coordinación y cooperación con el sector privado.

    A. Diagnóstico

    Desde el comienzo de su expansión, por la década de los sesenta, el turismo andaluz ha conocido todas las etapas imaginables en el ciclo de vida de un producto. Desde el desarrollismo de los primeros años hasta la situación actual con espacios maduros y segmentos de oferta con importantes necesidades de renovación, se han atravesado fases de estancamiento, cambios en el comportamiento de la demanda y la aparición de turismos emergentes que han suscitado fundadas, y en algunos casos excesivas, expectativas de futuro.

    Aunque el turismo, como cualquier otra actividad económica, es también sensible a las oscilaciones cíclicas, hay que reconocer que en ningún momento ha padecido tensiones coyunturales tan acusadas como otros sectores productivos. Esto viene a demostrar el marco actual de solidez en el que se desenvuelve la industria turística impulsada por una demanda que ha asimilado el viaje como un componente irrenunciable en las pautas de comportamiento social.

    La reflexión sobre el buen estado general de salud del turismo no debe ocultar la existencia de un cuadro de riesgo en el que están presentes los desequilibrios que son inherentes a todo proceso de desarrollo acelerado y de degeneración de las posibles ventajas competitivas iniciales en deformaciones de costosa corrección. La ordenación del turismo tiene que sentar las bases del desarrollo pretendido en el medio y en el largo plazo, reconociendo las relaciones de sinergia con el resto de los sectores productivos y con el conjunto de la actividad planificadora del sector público.

    El diagnóstico de la situación de Andalucía como destino turístico obliga, no obstante, a aceptar un cierto grado de relativismo en tanto en cuanto la generalización no siempre se ajusta a las particularidades de determinados segmentos de destino o de producto. Por otra parte, la demanda, ya sea organizada, colectiva o individual, viene modulada por los intereses del mercado, en unos casos, y por los costes de comercialización hasta el consumidor final, en otros. Desde esta perspectiva el diagnóstico general del turismo andaluz, diferenciando entre los elementos que son específicos de la oferta y de la demanda, se resume en los siguientes puntos.

    Diagnosis de la oferta

    • Coinciden en Andalucía ofertas de alta rentabilidad con otras cuyos principales argumentos de mercado se relacionan con el precio de los servicios ofertados.

    • Coexisten destinos tradicionales de explotación intensiva de los recursos donde el deterioro se ha hecho patente y donde la planificación y la reposición no han intervenido para mantener la tensión comercial del producto.

    • A pesar de las inversiones en infraestructura de comunicaciones y su especial incidencia en el turismo, la oferta andaluza de viajes no ha conseguido, en la medida deseada, articular una oferta territorial integrada.

    • Las ventajas comparativas de Andalucía no están suficientemente traducidas en ventajas competitivas. Hay que mejorar el impulso del turismo rural asociado a los espacios protegidos y al patrimonio cultural de estas áreas, del turismo basado en motivaciones culturales y del turismo vinculado a la práctica del deporte mediante la acción conjunta administración/empresas en la elaboración de productos comercializables y apertura de vías de acceso a los mercados.

    • La oferta andaluza está compuesta singularmente por pequeñas y medianas empresas por lo que su problemática específica, —financiación, comercialización, profesionalización de recursos humanos— se convierte en un factor de debilidad en el mercado. A esta atomización empresarial hay que sumar la escasa implantación del asociacionismo con objetivos comerciales y basado en la homologación del producto y el fortalecimiento de las vías de penetración en los nichos de mercado más adecuados.

    • La ordenación turística andaluza, en su aspecto normativo, necesita adecuarse a la realidad de las transformaciones operadas en la industria turística por lo que requiere una profunda revisión y un nuevo enfoque más ajustado al rol incentivador de una administración moderna.

    • A pesar del esfuerzo realizado desde diversas instancias en pro de la cualificación de los recursos humanos presentes en el sector turístico, se advierte todavía el origen de aluvión, sin formación específica, de una parte considerable de los profesionales de la industria turística. En consecuencia, es necesario normalizar las enseñanzas e impulsar la especialización y la formación continua en el sector.

    Diagnosis de la demanda

    • El consumidor/turista ha experimentado profundos cambios: experiencia de destinos alternativos, capacidad crítica, división de las vacaciones en períodos más cortos, personalización de las vacaciones, aumento de sofisticación y exigencias de demanda, propensión a vacaciones más activas, ampliación del arco de motivaciones principales y secundarias. Las consideraciones medioambientales, junto a la exigencia de calidad en los servicios privados y públicos y la defensa del consumidor, completan la breve radiografía de la transformación operada en los modos de consumo.

    • La demanda de productos turísticos andaluces está compartimentada en tres grandes grupos:

      • Paquetes touroperizados, de especial incidencia en el litoral y circuitos. Este segmento es de mucha menor importancia que en otros destinos alternativos como Baleares y Canarias.

      • Viajes organizados de colectivos, a través de Agencias de Viajes: congresos, convenciones, incentivos, rutas, viajes de interés especial...

      • Viaje individual/familias/pequeños grupos, programado en su totalidad o parcialmente, de forma particular. Este segmento es de especial importancia, tiende al incremento por el abaratamiento de las tarifas aéreas producido por la desregularización y condiciona los objetivos, procesos y costes del marketing turístico andaluz.

    • Los mercados tradicionales emisores de turismo hacia Andalucía presentan un elevado grado de madurez. Nuevas demandas procedentes de los antiguos países del este europeo que, en la actualidad, mantienen un comportamiento errático, irán asentando sus tendencias y pueden constituir un aporte cuantitativo de alguna relevancia así como la legítima pugna por conseguir mayores cuotas de mercado frente a la competencia.

    • La interrelación oferta/demanda, —teniendo en cuenta los tres compartimentos en que hemos subdividido la demanda—, debe ser potenciada mediante la cualificación, diversificación y especialización a través de los canales tradicionales y la disposición de canales de distribución especialmente aptos para los flujos individuales y específicos.

    El escenario de la actividad turística, en puertas del tercer milenio, se presenta con las características de encrucijada donde convergen los vectores de crecimiento y transformaciones del final de un período. Se imponen, por tanto, más las medidas cualitativas que las cuantitativas: de recuperación, de integración, de incentivación, de cualificación, de interlocución y consenso.

    Los aspectos más vulnerables del turismo andaluz radican allí donde la competencia es más abierta, como es el caso del turismo de sol y playa. En la posibilidad de asociar a ese segmento factores enriquecedores de su personalidad, —golf, puertos deportivos, animación cultural y lúdica, actividades deportivas y recreacionales además de las necesarias profesionalización y planificación pública—, reside, en buena parte, la clave de la consolidación definitiva.

    A estos factores se une el importante patrimonio natural y cultural de Andalucía que responde de manera muy satisfactoria a las nuevas exigencias de la demanda conformando con ello un producto turístico altamente competitivo en los mercados internacionales.

    B. Objetivos y estrategias

    Del diagnóstico realizado anteriormente se puede concluir que, aunque la prospectiva de la actividad turística a corto y medio plazo puede considerarse razonablemente satisfactoria, no por ello es menos cierto que de la implementación de unas políticas de planificación, promoción y coordinación podrán derivarse mayores beneficios para el propio sector, para los sectores interrelacionados y, en definitiva, para la sociedad andaluza en general.

    Es necesario progresar en los resultados de la gestión para evitar una inflexión de las mismas, en un entorno de tanta competencia. Existen en Andalucía numerosos recursos turísticos y zonas geográficas con potencialidades objetivas apenas explotadas. Y, sobre todo, existe la posibilidad real de incrementar el gasto medio por visitante y de acrecentar el valor añadido de la actividad turística para la economía andaluza articulando con más fuerza las relaciones empresariales y la conexión con otros sectores de producción.

    En función, pues, del diagnóstico se plantea como objetivo general la consolidación del turismo como una industria clave para el conjunto de la economía andaluza en el sentido de aprovechar todo su potencial de crecimiento, la creación de riqueza y empleo. Este objetivo general se desarrolla en los siguientes objetivos estratégicos:

    OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

  • Mejora de la competitividad de la industria turística andaluza.

  • Mejor integración el turismo en la sociedad para optimizar su potencial de creación de riqueza y empleo

  • El objetivo general apunta a conseguir la consistencia y estabilidad del turismo como actividad económica de primer orden. Para ello se plantea un horizonte de consenso entre todos los agentes del sector, la coordinación de las Administraciones, la revisión en profundidad de la regulación del sector a través de la promulgación de la Ley del Turismo, y la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico de Andalucía.

    De forma indisociable, se plantea en el primer objetivo estratégico activar políticas de producción, permanentemente atentas a las evoluciones de los mercados y a la competencia de destinos alternativos.

    El segundo objetivo estratégico pretende alcanzar mayores cuotas de mercado tanto en el segmento principal de sol y playa como en productos vinculados a la cultura, naturaleza, el turismo activo y, en general, en cualquier segmento de oferta que pueda responder a motivaciones de viaje de la demanda.

    Para conseguir estos objetivos se proponen las siguientes estrategias básicas:

    1. Ordenación de recursos.

    Se dirige hacia la elevación sistemática de los niveles de calidad del producto turístico andaluz y tiene como finalidad la revalorización de los recursos turísticos y productivos de Andalucía. Por un lado, en el caso de los recursos productivos esta política debe ir encaminada a transformar en mejoras de productividad las inversiones en capital humano así como a garantizar que las inversiones públicas creen un entorno favorable requisito indispensable para que puedan prestarse determinados servicios. Por otro lado, la revalorización de os recursos turísticos (motivaciones finales por las que los turistas deciden visitar Andalucía) que constituyen una ventaja comparativa que debe ser aprovechada al máximo.

    2. Mejora y Diversificación de la oferta turística.

    Se orienta a la mejora de la calidad y al fomento de las actividades de ocio en general de forma que al mejorar la diversidad y complejidad del producto turístico andaluz se dote a éste nuevos matices que aumenten los incentivos a la visita.

    3. Promoción y fomento de Andalucía como producto turístico integrado.

    La actual competencia de productos turísticos en el mercado internacional hace necesario presentar la oferta andaluza con un carácter muy diferenciado, segmentando productos y mercados de demanda, fortaleciendo la cooperación con los intermediarios en la venta del producto turístico, propiciando así plataformas de encuentro entre la oferta y la demanda y potenciando el poderoso instrumento que son la red de oficinas de turismo.

    4. Fomento del asociacionismo comercial.

    Esta política está orientada a impulsar el desarrollo de redes empresariales propias en el sector, la presencia de capital andaluz en los mercados turísticos internacionales, etc., de forma que la adaptación del sector a las nuevas formas de competencias que impone la globalización de la economía se hagan en las mejores condiciones posibles.

    5. Coordinación administrativa y consenso social.

    El carácter de globalidad que está adquiriendo el turismo, en el que cada vez tienen mayor importancia las actividades relacionadas con aspectos urbanísticos, medioambientales, sanitarios, nuevas tecnologías, formación, etc. exige un esfuerzo por coordinar las distintas políticas públicas en aras de una mayor eficacia en el desarrollo y aplicación de las mismas.

    C. Líneas de actuación

    1. Ordenación de recursos.

    1.1. Adaptación de la ordenación turística a las exigencias de equilibrio entre el control y la incentivación de los poderes públicos, de un lado, y el ejercicio de responsabilidad de los agentes económicos y sociales, de otro.

    Entre las medidas a adoptar para el desarrollo de esta línea de actuación podemos señalar:

    • Promulgación de la Ley del Turismo de Andalucía.

    • Desarrollo de la Ley del Turismo de Andalucía en relación a la ordenación turística:

    • Creación de grupos de estudio y asesoramiento para adecuar la ordenación normativa a las exigencias de la Unión Europea y la realidad económico/social de la actividad turística.

    • Definición de figuras/empresas sujetas a normativa turística y calificación de empresas de interés turístico de aquellas cuyos servicios supongan complementariedad e incremento de la rentabilidad a la actividad turística.

    1.2. Potenciar los instrumentos de coordinación de las iniciativas tendentes a conseguir los objetivos a medio y largo plazo para el turismo andaluz.

    Pretende esta estrategia perfilar una Administración útil y eficaz en sus relaciones con las empresas a través de la transferencia de información necesaria para la adopción de decisiones, para lo cual llevará a cabo las siguientes medidas: — Modernización de la Administración turística andaluza en sus procedimientos comerciales y en sus relaciones con los ciudadanos, turistas/clientes y empresas.

    • Desarrollo operativo del Sistema de Estadística y Análisis del Turismo Andaluz (SAETA).

    • Puesta en funcionamiento del Sistema de Información turística de Andalucía con sus conexiones con Oficinas de Turismo y Hoteles.

    1.3. Adopción de medidas pertinentes para favorecer la incorporación a las empresas de sistemas y procesos de información, innovación, calidad y tecnología.

    Frente a la competitividad de otros destinos alternativos basados en una oferta turística hotelera de reciente creación y costes laborales reducidos, en Andalucía, la Administración debe impulsar factores de alto rendimiento en la gestión de las empresas. A la experiencia y el conocimiento de los mercados hay que sumar las transferencias de tecnología y la implantación de sistemas de calidad del producto y calidad medioambiental.

    Las medidas a adoptar en esta línea de actuación son:

    • El estímulo a la incorporación de sistemas de calidad y fórmulas de control en las empresas del sector.

    • La intensificación del flujo de información técnica y operativa Administración/empresas.

    • El desarrollo de actuaciones específicas, teóricas y de demostración, de cara a las empresas andaluzas, de procesos y sistemas de innovación y tecnología aplicadas en el proceso de producción.

    1.4. Corrección de deficiencias detectadas en espacios turísticos facilitando la evolución y adaptación a las nuevas exigencias del mercado.

    Es obvio que el desarrollo turístico de ciertos espacios de Andalucía, que estuvieron sujetos a fuertes presiones de demanda en su etapa de expansión, no ha tenido lugar sin un coste de oportunidad muchas veces cuestionado por sectores de opinión. No obstante, la aportación a la economía andaluza de estos espacios sometidos a un intensivo uso turístico, les hace acreedores a ser sujeto de actuaciones encaminadas a la recuperación de su posición en el mercado. En este contexto, se desarrollarán las siguientes medidas:

    • Aplicación de líneas de financiación preferentes, convergentes con los objetivos de los Planes de Excelencia Turística.

    • Aplicación de Planes de Excelencia Turística en ámbitos locales afectados por el deterioro producido por una explotación de carácter intensivo.

    1.5. Desarrollo de la formación en materia turística.

    La profesionalización de los recursos humanos contribuye a la mejora de la competitividad del sector turístico. En este sentido la estabilidad en el empleo es uno de los factores que mejor colaboran a la formación de los recursos humanos y a su profesionalización.

    Como medidas para el desarrollo de la formación se contemplan la elaboración y puesta en marcha del Plan de Formación Turística para Andalucía (FORTAN), la integración de los estudios especializados de turismo en la Universidad, el programa de concienciación social del turismo, y la coordinación y apoyo de la formación turística no reglada.

    2. Mejora y diversificación de la oferta.

    2.1. Adecuar las vías de financiación a Entes Locales y empresas, estableciendo como objetivos prioritarios aquellos aspectos que supongan mejora del producto, diversificación, especialización e incremento del valor añadido.

    De esta manera conviene dirigir la financiación preferente hacia las iniciativas que aumenten la vitalidad del producto turístico andaluz desde la óptica del cliente cualesquiera sean las motivaciones de viaje. Para ello, se realizará una financiación preferente de:

    • Iniciativas de Entes Locales, Patronatos, Asociaciones y empresas, destinadas a la adecuación, accesibilidad y consumo de nuevos recursos turísticos así como a la puesta en funcionamiento de ofertas y servicios complementarios.

    • Mejoras introducidas en la oferta de alojamientos destinadas a ampliar cuota de mercado mediante la introducción de nuevos elementos de atracción.

    • Iniciativas de comercialización provenientes de Agencias de Viaje con programas de creación propia y dirigidos a público consumidor de alta rentabilidad.

    • Iniciativas en el ámbito de la gastronomía y restauración tendentes a realzar la autenticidad y personalidad de la cocina andaluza.

    2.2. Potenciar los procesos de conformación de productos turísticos de calidad, incorporando los recursos ligados a la naturaleza, la cultura y la práctica del deporte.

    Mantener una posición de liderazgo en la escena internacional requiere impulsar la oferta de productos de calidad, incorporando además aquellos vinculados a la cultura, la naturaleza y la práctica del deporte. Si bien es cierto que en este apartado Andalucía cuenta con productos de reconocido renombre internacional —ciudades monumentales, esquí, golf, Doñana...— queda todavía una gran labor: extensión de circuitos de interés cultural, incorporación de ciudades medias a las corrientes turísticas, comercialización de un turismo rural asociado tanto a espacios protegidos, como a la extraordinariamente rica cultura del campo andaluz.

    Dentro de esta línea de actuación se plantean las siguientes medidas:

    • Modernización y reestructuración de la oferta hotelera de Andalucía. Para ello se pone en marcha un programa plurianual para la mejora de la competitividad de la planta hotelera andaluza, que tiene como objetivo adaptar la oferta hotelera andaluza a las nuevas exigencias de la demanda.

    • Creación de una Mesa Operativa entre los Departamentos de Cultura, Naturaleza, Deportes y Turismo.

    • Coordinar las iniciativas existentes en Turismo Rural, con el fin de estructurar productos comerciales para su distribución en los mercados objetivo adecuados.

    • Potenciar la creación de productos turísticos basados en rutas de interés histórico-cultural, Legado Andalusí, y en los rasgos y peculiaridades andaluzas: folklore, toro, caballo, ferias y fiestas, etc.

    • Incentivar los consumos de bienes culturales por parte de los flujos turísticos, proponiendo usos más extensivos en la Comunidad Andaluza y propiciando mayor accesibilidad al patrimonio y mejor comercialización.

    • Puesta en marcha del Plan Integral de Embellecimiento de Andalucía dirigido a los proyectos municipales de mejora de infraestructuras y del entorno medioambiental.

    2.3. Identificar nuevos productos susceptibles de comercialización.

    Dentro de la sociedad europea, principal demanda del producto turístico andaluz, existen incontables asociaciones y clubs nucleados en torno a actividades e intereses económicos, culturales, deportivos, de una extraordinaria variedad. La creación de ofertas imaginativas debe apuntar hacia estos públicos-objetivo que, aunque minoritarios, tienen mayor poder adquisitivo y organizan sus viajes fuera de temporada. Para ello se elaborará un Catálogo de Recursos no explotados en la actualidad.

    2.4. Impulsar la señalización de recursos turísticos en vías rápidas, patrimonio cultural y rutas turísticas.

    El déficit de señalización de recursos turísticos en Andalucía es también una tarea prioritaria. En efecto, la información es el primer elemento de la cadena promocional. Este déficit de información no sólo es patente en las vías de comunicación sino también en los propios monumentos a lo largo de la geografía andaluza.

    Las medidas que se contemplan en esta línea de actuación consisten en la puesta en marcha, de forma coordinada con las distintas Administraciones Públicas, de:

    • Plan de Señalización de Recursos Turísticos:

      • En la red de Autovías.

      • En estaciones de servicio en carreteras.

    • Plan de Señalización de Recursos Turísticos / Culturales.

    • Plan de Señalización de Recursos Naturales.

    • Plan de Señalización de Equipamientos y Servicios de Playa.

    • Plan de Señalización de Rutas Turísticas y Recursos Locales.

    3. Promoción y fomento de Andalucía como producto turístico integrado.

    3.1. Intensificar la promoción turística segmentando productos y mercados de demanda.

    Aunque desde la complejidad del producto turístico andaluz resulta más determinante precisar públicos-objetivo que mercados geográficos, ésta última aproximación tiene interés siempre que contribuya a concentrar los esfuerzos dirigidos a reducir desequilibrios estructurales y a paliar los efectos de crisis coyunturales.

    La priorización viene determinada por tres elementos: el interés del mercado, la posición competitiva de Andalucía y las características del mercado aptas para introducir nuevos factores de desarrollo.

    La estrategia de productos permitirá:

    • Mejorar la posición competitiva de los productos andaluces a través de su especialización en determinados públicos.

    • Diferenciar la oferta para segmentos determinados dentro de ciertas tipologías turísticas.

    • Especializar parcialmente la oferta hacia colectivos específicos.

    • Dar prioridad a la acción de marketing para cada producto-mercado en función de los segmentos en los que Andalucía goza de mayor potencialidad competitiva.

    Para intensificar la promoción turística, segmentando productos y mercados de demanda, se llevarán a cabo las siguientes medidas:

    • Redacción de un Plan de Marketing, orientado hacia el cliente, con definición de objetivos comerciales, generales, zonales y por productos.

    • Coordinación de la promoción turística con entes locales y administración central.

    • Diseño de líneas publicitarias de carácter informativo.

    3.2. Fortalecer la cooperación con los intermediarios en la venta del producto turístico propiciando plataformas de encuentro entre la oferta y la demanda.

    Si influenciar directamente la opinión del consumidor supone la puesta a punto de costosas campañas de publicidad, la labor constante, la colaboración con touroperadores y agentes de viajes como principal distribuidor del producto turístico deberán arrojar resultados satisfactorios.

    Esta línea de actuación se llevará a cabo mediante el establecimiento de canales directos de contacto con el público a través de acciones mancomunadas con los intermediarios adecuados, la realización de seminarios de ventas, y la adecuación ágil de las vías de comunicación con el sector de la intermediación.

    3.3. Potenciar sistemas de comercialización adecuados para la pequeña y mediana empresa.

    La comercialización es ante todo una función operativa y dinámica. Necesita de recursos suficientes que deben estar disponibles en tiempos muy críticos y en cantidades concretas y que sólo cumplirán su cometido si se establecen en una estructura coordinada.

    La atomización empresarial del sector turístico andaluz, la limitación de los recursos disponibles, la carencia en muchas ocasiones de personal muy especializado y la dificultad intrínseca en la aproximación de los mercados, hacen imprescindible la acción de la Administración.

    Las centrales de reservas son la apuesta más ajustada a la demanda, siempre que de respuesta inmediata a los requerimientos del mercado. Debe ser auténticamente especializada en todo el abanico de oferta de Andalucía.

    Como medidas para potenciar los sistemas de comercialización adecuados para la pequeña y mediana empresa se contemplan las siguientes:

    • Localización de nichos de demanda.

    • Potenciación de Sistemas de Reservas y canales alternativos.

    • Impulso a la Central de Reservas Séneca.

    3.4. Potenciar la red de Oficinas de Turismo como instrumento de fidelización, estimulación del gasto y servicio posventa.

    Las Oficinas de Turismo son un eslabón fundamental en la estrategia global del marketing turístico. Representan el servicio de acogida y posventa de clientes que han comprado el producto turístico andaluz.

    Los objetivos de las Oficinas de Turismo son:

    • La atención del visitante.

    • La retención del visitante.

    • El estímulo al consumo de productos locales.

    • La satisfacción del visitante.

    • La reiteración de la compra.

    Analizados estos objetivos y establecida la conveniencia de su funcionamiento como verdadera red regional, se pueden comprender los inmensos beneficios que significa en este campo una eficaz gestión de las mismas orientada a la satisfacción de la demanda.

    En este sentido, como medida adicional dentro de esta línea de actuación se plantea la cualificación de los recursos humanos.

    4. Fomento del asociacionismo comercial.

    4.1. Fomentar la cooperación comercial.

    La dinámica competitiva que rige la distribución de los productos turísticos ha llevado a favorecer unas estrategias de control de los canales. El desarrollo de los mercados da como objetivo posible a conseguir: controlar los canales con medios propios o por fusiones o acuerdos de diversas características, a través de los que se intenta lograr la concentración de medios y esfuerzos para conseguir unos objetivos que puedan servir de base común a sus relaciones. Existen infinidad de áreas en las empresas turísticas andaluzas en las que solamente se pueden perfeccionar los objetivos si se dispone de un respaldo económico y financiero mucho mayor como el que puede suministrar un cierto grado de integración.

    El fomento de la cooperación comercial se realizará mediante los sistemas de comercialización asociada para promover la homologación de productos, sobre la base de criterios de calidad y nucleado por el interés de obtener mayor penetración en el mercado.

    5. Coordinación administrativa y consenso social.

    5.1. Cooperación entre la Administración Turística Andaluza y otros departamentos, administraciones, organismos y agentes.

    Fortalecimiento de la interlocución, colaboración y cooperación entre la Administración turística andaluza con otros departamentos de la propia Comunidad, Administración Central y supranacional, entes locales, Universidades, agentes sociales y económicos, asociaciones y empresas, a fin de favorecer la sinergia en las actuaciones.

    La definición del turismo como sector estratégico de la economía andaluza requiere, por un lado, un tratamiento horizontal en las políticas públicas incidentes en la actividad turística y, por otro, que se articule su desarrollo sostenible en base a las exigencias de la demanda. La presente línea de actuación contempla las siguientes medidas:

    • Sensibilización de las Administraciones Públicas hacia el desarrollo del turismo a través de la Comisión Interdepartamental en materia de turismo.

    • Fortalecimiento de la concertación con los agentes económicos y sociales firmantes del Pacto Andaluz por el Turismo a través de la constitución de la Comisión Permanente del Pacto Andaluz por el Turismo, foro permanente de negociación y diálogo entre las partes firmantes.

    • Creación del Consejo Andaluz del Turismo.

    • Presencia en todas las Comisiones de nivel local, regional y nacional donde se traten temas de interés para la actividad turística.


     


    La evolución de la economía

  • La dotación de infraestructuras de Andalucía

  • El problema del paro en Andalucía

  • Desempleo rural

  • Reflexiones sobre una política de empleo en Andalucía

  • Andalucía ante la globalización de la economía y la recuperación económica

  • LA ECONOMÍA ANDALUZA

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  • Reflexiones sobre una política de empleo en Andalucía

  • Andalucía ante la globalización de la economía y la recuperación económica

  • Un análisis mas detallado de los rasgos más característicos de la estructura productiva de esta economía se puede inferir del estudio de los componentes del valor añadido andaluz durante las dos ultimas décadas. Estos se concretan en los puntos siguientes:

  • Las actividades en torno a las cuales se establecen los pilares de la economía andaluza son la construcción, el comercio, el transporte, el turismo y las administraciones publicas.

  • A pesar de ello, el núcleo básico del tejido productivo regional descansa en las relaciones que se establecen en torno a las a las actividades industriales.

  • La economía andaluza esta caracterizada por notable dependencia exterior.

  • Estos rasgos estructurales se derivan del estudio de las ultimas tablas INPUT-OUTPUT de esta economía andaluza, los cambios más significativos de dichas tablas se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

    • En primer lugar, hay que destacar la importancia de los cambios tecnológicos introducidos en los sistemas de producción. La mayor complejidad técnica a implicado un avance hacía una economía cada vez menos primaria.

    Se observa que en las composición del valor añadido un ascenso del sector servicios, mientras desciende el sector primario, y en menor medida, la industria. La explicación a este fenómeno, en el caso de la agricultura, se puede dar en la enorme mecanización, y en la introducción de criterios empresariales para la gestión del campo. En el caso de los servicios, se podría explicar, por que algunos servicios se han convertido en grandes consumidores de inputs. En el caso de la industria se explicaría por las gran reestructuración del sector.

    • En segundo lugar, debe señalarse que el grado de apertura exterior de la economía andaluza, se ha acentuado. Esto indica el mayor numero de empresas.

    • El tercer aspecto a resaltar, es que la distribución de la renta no se ha visto alterada de forma notable durante este periodo.

    1. La dotación de infraestructuras de Andalucía

    El análisis de la dotación de infraestructuras de la economía andaluza da como resultado una posición favorable en lo que se refiere a infraestructuras sociales y desfavorable en infraestructuras económicas. Otras investigaciones recientes coinciden en destacar una posición relativamente favorable para Andalucía dentro del conjunto nacional.

    Aunque Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en renta per cápita del país, parece disponer de un potencial cientifico-tecnologico, especialmente en universidades y centros dependientes de las administraciones publicas.

    Así pues, a la luz de la evidencia, resulta que la dotación de infraestructuras ha tenido una incidencia no claramente determinante sobre el carácter dependiente del desarrollo andaluz.

    2. El problema del paro en Andalucía

    La tasa de paro en Andalucía se situaba en el 10,6%, una tercera parte de la actual, pero más del doble de la existente en 1970. La intensidad del problema en la que se manifiesta en estos momentos es, un fenómeno relativamente reciente que se produce por la consecuencia de la acumulación de tres circunstancias principales:

    • La elevación de las tasas de actividad, principalmente por la incorporación de la población juvenil al mercado del trabajo.

    • La concentración de la demanda de trabajo en las principales ciudades.

    • La modificación del marco de relaciones laborales, dificulta la renovación de plantillas, y como consecuencia, las condiciones de accesibilidad al trabajo.

    Las reformas laborales de 1993 tuvieron un efecto positivo inmediato sobre él numero de contrataciones, aunque con la contribución de la aparición de los primeros impulsos de recuperación o con evidentes deficiencias relacionadas con la calidad del empleo creado.

    3. Desempleo rural

    Andalucía y Extremadura son las únicas regiones Españolas donde la figura del asalariado campesino-jornalero en importante en términos cuantitativos. Las deficiencias en los mecanismos de autorregulación que inciden sobre el problema pueden relacionarse, en primer lugar, con la intermediación de los mecanismos institucionales, como vía de acceso al mercado de trabajo. En el medio rural como consecuencia de la abundancia de actividades irregulares y de la ocupación estacional de actividades diferentes a lo largo del año, la oferta de empleo es particularmente reducida en el medio rural, y esto implica emigración.

    4. Reflexiones sobre una política de empleo en Andalucía

    En las políticas de desarrollo industrial, hay que empezar reconociendo el papel de la pequeña y mediana industrial como principal núcleo estable del sistema industrial y como prestadora de empleo, circunstancias que justifican por sí solas una atención preferente en el contexto de la política económica. Hay que reconocer, sin embargo, que no existe ninguna economía industrial consolidada que se levante exclusivamente sobre pequeñas industrias. Es muy difícil que en Andalucía pueda existir un autentico desarrollo industrial si no es sobre la base de uno o más grandes grupos industriales andaluces, dada la escasez de grandes capitales locales que operen en el sector, exigiría además la existencia de un soporte financiero complementario.

    Estos son los grandes retos que están planteados.

    El problema del desempleo agrario debe tratar de afrontarse en el marco de una autentica política de desarrollo rural.

    5. Andalucía ante la globalización de la economía y la recuperación económica

    Andalucía se incorporó a la coyuntura expansiva iniciada en 1993.

    En este sentido, hay que destacar que Andalucía no ha sido ajena al proceso de globalización de la economía mundial.

    Este proceso se ha plasmado en la mayor homogeneización de los mercados, lo que permite, por un lado, la implantación de estrategias empresariales comunes en los distintos mercados.

    El citado proyecto de internalización ha configurado un marco de competencia global, en las que las ventajas competitivas descansan cada vez más en factores como la calidad y diferenciación de los productos.

    Pero además del fenómeno de la internacionalización de las empresas, de la expansión del comercio y del aumento de movilidad de los capitales, cada vez mayor integración económica se ve auspiciada por la formación de grandes regiones económicas.

    Andalucía ante la recuperación de la economía

    Cabe destacar que se detiene la inmigración y los desplazamientos de la población a las grandes ciudades. Así, por ejemplo, la aportación del sector primario a la formación del PIB regional se sitúa entorno al 10% del total y la presión de los jóvenes sobre el mercado de trabajo se reduce. Ciertos rasgos característicos de la estructura económica se mantienen con todo su vigor e incluso se desarrollan durante la década de los 80, amenazando con la posibilidad de que en el futuro se acentúe su presencia en el paisaje económico.

    Acumulación de capital público y cambio en el sistema productivo

    Las consecuencias previsibles o deseables de este mayor stock de capital se concretan en una mejora de la capacidad competitiva derivada de la reducción en los costes de producción de los costes de transporte y de la posibilidad de un mejor aprovechamiento del capital fijo privado. En cualquier caso hay que señalar que la brecha existente en materia de productividad entre las regiones no se cierra solo con mas capital sino que son necesarias otras condiciones.

    Simultáneamente al proceso de acumulación de capital, se produce en la economía un conjunto de transformaciones en el sistema de relaciones intereindustriales.

    Andalucía ha aprovechado las ventajas del mayor stock del capital público para producir mas de lo mismo que producía.

    La sensibilidad de la economía regional de estas actividades se ha mostrado determinante del impacto de la recesión económica de los 90 en términos de producción y empleo.

    La economía Andaluza al final de la década de los 90

    El análisis de la evolución de la economía andaluza en 1995 constata la consolidación de la recuperación de la actividad iniciada el año anterior, si bien el ritmo de crecimiento parece ralentizado de la capacidad para crear empleo limitada.

    Las estimaciones realizadas apuntan al mantenimiento al alza de la recuperación, con una tasa del crecimiento del 3,4%, ligeramente superior al previsto para el conjunto nacional. Junto al mantenimiento de la regresión del PIB agrario, que sé hacedero respecto a decrecimiento del año 1994. Las ramas industriales mantienen la fortaleza relativa con un fuerte crecimiento de la construcción.

    La competitividad de la economía andaluza, se plantea como una exigencia en la medida que se define como la capacidad de la región para mantener, al menos, de su participación en la oferta mundial.

    En segundo lugar, en la Comunidad Autónoma sé ha generado una difícil situación socioeconómica derivada de la escasez de recursos hídricos, que permite calificar la ausencia de agua como una restricción al desarrollo dado un modelo altamente consumidor.

    En tercer lugar sé a resaltado la problemática del mundo rural. En cualquier caso, el paro se define como el problema clave por excelencia de una región en la que uno de cada tres activos esta desempleado y en el que comienza a cuestionarse la viabilidad del denominado Estado del Bienestar y del objetivo del pleno empleo.

    La infraestructura en Andalucía

  • Introducción.

  • Las infraestructuras y la configuración de un territorio cohesionado

  • Las infraestructuras y el desarrollo económico y territorial.

  • Infraestructuras y desarrollo sostenible.

  • La necesidad de abordar modelos diferenciados de intervención y gestión de las infraestructuras.

  • Algunos grandes retos de futuro de andalucía en relación con las infraestructuras.

  • En relación con los sistemas de transportes y comunicaciones.

  • En relación con el sistema energético.

  • En relación con el sistema hidrológico-hidráulico.

  • La integración exterior de Andalucía.

  • LA INFRAESTRUCTURA EN ANDALUCÍA

  • Introducción.

  • Las infraestructuras y la configuración de un territorio cohesionado

  • Las infraestructuras y el desarrollo económico y territorial.

  • Infraestructuras y desarrollo sostenible.

  • La necesidad de abordar modelos diferenciados de intervención y gestión de las infraestructuras.

  • Algunos grandes retos de futuro de andalucía en relación con las infraestructuras.

  • En relación con los sistemas de transportes y comunicaciones.

  • En relación con el sistema energético.

  • En relación con el sistema hidrológico-hidráulico.

  • La integración exterior de Andalucía.

  • 1. Introducción.

    1.1. Las infraestructuras y la configuración de un territorio cohesionado.

    La consolidación de Andalucía como espacio común (desde el punto de vista político, económico, social y cultural) tiene una evidente relación con su construcción territorial, esto es, con la creación de un territorio cohesionado (articulado físicamente, integrado económicamente y equitativo socialmente).

    Los sistemas de infraestructuras territoriales (de transportes y comunicaciones, energéticas e hidráulicas, fundamentalmente) constituyen el soporte físico sobre el que se establecen los flujos y relaciones tanto de personas como de materiales e información y, por tanto, ejercen una influencia decisiva en la estructuración física del territorio y en el desenvolvimiento de las actividades económicas.

    Por tanto, la consolidación de los sistemas básicos de infraestructuras regionales se considera un aspecto crucial tanto para favorecer la construcción de Andalucía como espacio coherente y cohesionado, como para favorecer los procesos de desarrollo económico, incrementando la competitividad de dicho territorio.

    Una primera conclusión que se deriva de lo anterior es la importancia de la planificación regional en tanto que permite convertir las redes de infraestructuras en sistemas organizados desde la óptica de la construcción de un espacio andaluz coherente como tal. Igualmente hay que deducir la necesidad de establecer una consideración integrada de las relaciones de los sistemas de infraestructuras con el sistema productivo y con los recursos naturales, es decir, vincularlos con los procesos de desarrollo económico desde la perspectiva de la sostenibilidad.

    Las funciones de los sistemas de infraestructuras cobran un nuevo sentido en una perspectiva de futuro. Andalucía, al igual que el resto de países y regiones, afronta los retos de lograr unos niveles adecuados de desarrollo social y económico en el nuevo contexto de la economía global marcada por la revolución de la información. De esta forma, el desarrollo de cada territorio (país o región) depende, cada vez más, de su capacidad para incorporarse a los procesos de innovación tecnológica que dirigen el sistema económico global. Esta integración ha de realizarse potenciando las capacidades de cada territorio para dinamizar sus recursos (naturales, humanos, tecnológicos) y conformar redes de relación (empresariales, institucionales, urbanas, interpersonales) que favorezcan una más intensa interrelación y apertura de su sistema productivo.

    En cualquier caso, es importante señalar que el sistema global no anula sino que refuerza el papel de lo local/regional. La inadecuación de los referentes nacionales da un nuevo valor a las funciones que desempeñan las ciudades y territorios concretos. La incorporación a los procesos de innovación pasa, pues, por potenciar lo local/regional. Desde la perspectiva de la cohesión territorial es fundamental desarrollar y reforzar los mecanismos de relación y cooperación entre ciudades y territorios (en realidad entre las personas, las instituciones, las empresas y los sectores económicos de tales ciudades y territorios).

    De manera general, los sistemas de infraestructuras territoriales han de responder a dos grandes objetivos:

    • Construir Andalucía como espacio coherente y cohesionado mediante la creación de las redes que permitan establecer el mayor número de relaciones entre los elementos del territorio.

    • La integración de Andalucía con el exterior, a partir de los sistemas que estructuran internamente el territorio de la Comunidad.

    La creación de estos sistemas regionales de infraestructuras ha de tomar como punto de partida un modelo de ordenación del territorio andaluz, del que forman parte:

    • El sistema de asentamientos urbanos (las principales áreas urbanas que actúan como centros regionales, las ciudades medias con capacidad para conformar redes de ciudades, y los asentamientos netamente rurales).

    • Las unidades físico-naturales (las zonas de montaña, las áreas agrícolas interiores, las áreas litorales), definidas en función de una serie de problemas y oportunidades comunes en cuanto a los usos del suelo, la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, la base productiva y los niveles de desarrollo. Cada una de estas zonas presenta aspectos diferenciadores en materia de infraestructuras (tanto en sus niveles de dotación como en sus funciones a nivel autonómico).

    • El sistema de relaciones, entendido como entramado básico del territorio regional a partir del cual han de establecerse la articulación e integración entre los diferentes territorios y niveles del sistema de ciudades.

    Por tanto, los sistemas de infraestructuras, dirigidos a desarrollar el esquema de relaciones en el territorio andaluz, han de centrarse, desde un punto de vista prospectivo, en:

    • Consolidar el sistema de los centros regionales como nodos básicos de la articulación interna y externa de Andalucía en tanto que concentran buena parte de las relaciones y garantizan una correcta distribución en el conjunto del territorio.

    • Potenciar las oportunidades que ofrecen las ciudades medias para configurar redes urbanas que, además, establecen una continuidad con los centros regionales (ejes de organización urbana) y garantizan la articulación de la franja litoral (el espacio más dinámico) y de una parte importante de la Andalucía rural (depresión del Guadalquivir y surco intrabético principalmente).

    • Garantizar una adecuada articulación de las áreas más netamente rurales internamente y con el conjunto de Andalucía. Para ello es necesario, por una parte, potenciar los elementos urbanos con cierta capacidad para organizar el territorio (ciudades medias en áreas de montaña como Guadix, Baza, Ronda, Pozoblanco, así como otros centros rurales con capacidad para ejercer funciones supralocales). Así mismo, es especialmente importante partir de las propias particularidades de determinadas formas de organización de los asentamientos rurales en los que no necesariamente han de existir centralidades urbanas.

     

    1.2. Las infraestructuras y el desarrollo económico y territorial.

    Tradicionalmente se ha considerado que las infraestructuras constituyen un factor relevante para la competitividad de un territorio. Evidentemente, una región bien dotada de infraestructuras básicas ofrece una serie de ventajas comparativas para la localización y el desenvolvimiento de las actividades productivas.

    Andalucía partía, al inicio de su constitución como entidad política, de unos niveles de dotación claramente inferiores a los de otras regiones españolas y europeas lo que, lógicamente, se diagnosticaba como uno de los estrangulamientos fundamentales para el desarrollo.

    Los evidentes avances en materia de dotación de infraestructuras de los últimos quince o veinte años han reducido notablemente dicho diferencial, pese a lo cual, en determinadas infraestructuras y, especialmente, en determinadas zonas del territorio, existen aún notables deficiencias.

    En cualquier caso, un paso fundamental ya ha sido dado: varios de los principales sistemas de infraestructuras (quizá el mejor ejemplo sea la red viaria) se están construyendo sobre la base de un modelo definido en función de la consolidación de un territorio andaluz integrado.

    Sin embargo, y si aceptáramos que a medio plazo Andalucía puede contar con unas dotaciones en infraestructuras homologables a las de las regiones europeas, el gran reto está en confirmar si tal nivel de dotación actúa realmente como factor de desarrollo regional.

    Lógicamente, sin infraestructuras no son posibles determinadas relaciones económicas, pero la existencia de tales infraestructuras tampoco garantiza el desarrollo de tales relaciones. Ello hace hincapié en uno de los aspectos más relevantes de cara al futuro: la necesidad de vincular estrechamente los sistemas infraestructurales con los objetivos de desarrollo económico para Andalucía.

    Los diagnósticos comúnmente aceptados insisten en confirmar que, si bien puede afirmarse que Andalucía ha avanzado notablemente en su consolidación como espacio político, como espacio cultural (que constituye una identidad asumida por sus ciudadanos), e incluso como espacio articulado e interconectado físicamente, su principal debilidad se encuentra en su falta de integración económica. En efecto, el escaso grado de integración (horizontal y vertical) entre los sectores productivos y entre las actividades económicas de cada parte del territorio hacen que, en gran medida, Andalucía no funcione como un territorio cohesionado desde el punto de vista económico.

    Desde la perspectiva territorial ello plantea la necesidad de acercar la planificación y las intervenciones en materia infraestructural a las potencialidades de cada parte del territorio, con vistas a reforzar las posibilidades de interrelación entre los sectores y las actividades productivas de la región. En este sentido ha de tenerse en cuenta el papel de las infraestructuras para, por un lado, reforzar la integración económica de los elementos más potentes del territorio (principales áreas urbanas, litoral, redes de ciudades medias interiores) y, por otro, equilibrar el acceso de los elementos más débiles (las áreas rurales). Globalmente, supone apostar fuertemente por la innovación tecnológica aplicada a los sistemas de infraestructuras, con atención prioritaria a la integración de Andalucía en la sociedad informacional soportada por las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones.

     

    1.3. Infraestructuras y desarrollo sostenible.

    La vinculación de las infraestructuras con el desarrollo territorial plantea, además, otro punto de vista que ha de ser abordado de manera inexcusable. La opción por un modelo de desarrollo sostenible (que permita cubrir las necesidades actuales sin hipotecar las necesidades futuras, en definitiva, que lleve a cabo una gestión racional de los recursos naturales y posibilite unas determinadas condiciones de calidad ambiental), tiene una directa relación con los sistemas de infraestructuras territoriales.

    Algunos de los aspectos más destacados de esta relación serían:

    • El modelo energético imperante se basa, principalmente, en el consumo de recursos energéticos no renovables que, en el caso de Andalucía (aún más intensamente que en España y Europa), son recursos importados que determinan plenamente la estructura de la balanza exterior. La diversificación energética y, fundamentalmente, el aprovechamiento de las energías renovables propias, así como la racionalización de la demanda (el ahorro y la eficiencia energética), son las líneas esenciales para avanzar hacia un modelo energético sostenible. Todo ello tiene evidentes repercusiones territoriales e infraestructurales. Desde el punto de vista territorial es necesario avanzar en el conocimiento y las alternativas que se aportan a los balances energéticos en el territorio: las ciudades, por ejemplo, son los principales consumidores de recursos energéticos (que han de ser captados y transportados desde distancias considerables). En ellas, la aplicación de la metodología de los balances y las auditorías energéticas son un campo de futuro de enorme importancia, y que requiere, entre otras cosas, incorporar tales balances energéticos a la planificación urbanística y del transporte. Desde el punto de vista de las infraestructuras, tanto las políticas de gestión de la demanda (un menor consumo con iguales o mejores prestaciones), como el desarrollo de las energías renovables, plantean nuevos retos que, necesariamente, han de adaptarse a los recursos y potencialidades de cada parte del territorio. Evidentemente, desde la perspectiva de la vinculación entre infraestructuras y desarrollo económico regional, el sector de las energías renovables ha de considerarse como uno de los más estratégicos para el futuro de Andalucía desde el punto de vista no sólo económico sino también ambiental, territorial y tecnológico.

    • El actual modelo de transportes, basado en el consumo masivo de combustibles fósiles (no renovables) y en el predominio de la carretera y el vehículo privado, se pone en estrecha relación con las anteriores reflexiones sobre el modelo energético. La transformación de este modelo tendría, evidentemente, unas repercusiones enormes sobre los actuales modos de vida. Ello, sin embargo, no obsta para que se afirme con total rotundidad que dicho modelo tiene un techo y un límite temporal. En Andalucía se detectan unos ritmos de crecimiento del parque de vehículos más intenso que en otras regiones más desarrolladas (se ha más que duplicado en los últimos diez años). Aparte de otras consideraciones ambientales, es evidente que las infraestructuras y las ciudades -especialmente las ciudades históricas- no pueden absorber indefinidamente tales crecimientos. En este sentido, la solución no siempre es la de incrementar las dotaciones de infraestructuras ya que estas crecerán siempre a un ritmo más lento e, indefectiblemente, terminarán por congestionarse. La opción por un determinado modelo de movilidad en el que se potencie la intermodalidad y los sistemas de transportes de mayor eficiencia técnica, ambiental y social, con especial incidencia en los medios de transporte público, son algunos de los principales elementos a considerar en una perspectiva de futuro.

    • El sistema de infraestructuras hidráulicas tiene, evidentemente, una clara relación con el desarrollo sostenible. Al igual que en los casos anteriores, el crecimiento de la demanda no puede ser indefinido, ni puede serlo la creación de nuevas infraestructuras que aumenten los recursos disponibles. En un territorio de las características climáticas y ambientales de Andalucía (definidas por su mediterraneidad) el agua es un recurso de enorme importancia económica, ecológica y territorial que exige alternativas globales y tecnologías adaptadas de manera específica al medio. La prioridad a los mecanismos de gestión de la demanda (uso racional de los recursos disponibles, ahorro y eficiencia) es, sin duda, el principal reto del futuro.

    Junto a estas grandes cuestiones de carácter global, es necesario referirse también a otros aspectos que vinculan a las infraestructuras con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Entre otras, pueden mencionarse las referidas a la integración ambiental de las infraestructuras (en el medio físico, en el paisaje), o la accesibilidad del sistema regional de espacios protegidos y las redes alternativas de transporte.

     

    1.4. La necesidad de abordar modelos diferenciados de intervención y gestión de las infraestructuras.

    En el horizonte del próximo siglo, Andalucía afronta el reto principal de dotarse de los sistemas básicos de infraestructuras territoriales ya mencionados. Como se ha dicho, este proceso supone, ante todo, la construcción de tales sistemas de acuerdo a un modelo deseable de organización del territorio.

    De esta manera, la prioridad básica hace referencia a la necesidad de completar los elementos que aún faltan para lograr configurar la imagen regional de cada sistema de infraestructuras. Este reto sigue siendo de gran magnitud por lo que, necesariamente, Andalucía deberá mantener un fuerte ritmo inversor en infraestructuras durante las próximas décadas. Un ejemplo, el de la red viaria, puede mostrar claramente lo anterior. Pese a haberse diseñado la imagen final deseable del sistema viario, y haberse realizado un esfuerzo inversor sin precedentes en la historia regional, restan por completar (refiriéndonos sólo a las redes de primer nivel, las autopistas y autovías), ejes de la importancia de la franja mediterránea, la conexión entre Córdoba y Málaga, entre Granada y Motril, entre Sevilla y Mérida, entre Cádiz y Algeciras, entre Granada y Almería, o la conexión de Huelva con el sur de Portugal. Antes de haberse completado dichos ejes ya han surgido nuevas demandas que complementan el mallado de esta red de primer nivel, a lo que han de añadirse las notables necesidades que plantea la red secundaria de carreteras en las áreas rurales, lo que da idea de los requerimientos que de cara al futuro seguirá planteando la infraestructura viaria que, sin embargo, ha sido la que mayores inversiones ha recibido hasta ahora.

    En otros sistemas infraestructurales, singularmente en el ferroviario o el hidráulico, las necesidades son probablemente aún mayores y, en cierto sentido, requieren todavía pasos previos que avancen, al igual que se hizo con la red viaria a mediados de los 80, en la definición de la imagen final deseable a largo plazo.

    Por todo ello, al hablar de cuales han de ser los nuevos retos de las políticas de infraestructuras regionales no debe perderse de vista que aún queda mucho por hacer en el planteamiento inicial de logra construir el mallado básico de los sistemas regionales.

    En cualquier caso, se constata la necesidad de incorporar un enfoque territorial tanto para la planificación como para la gestión de las infraestructuras y los servicios que prestan.

    Como ya se ha ido señalando, ello supone identificar cuáles son las diferenciaciones territoriales que han de ser tenidas en cuenta y que sintéticamente pueden ser:

    • Las principales áreas urbanas actúan como nodos básicos del conjunto de sistemas infraestructurales (de transportes, energéticos, hidráulicos) y, por tanto, desempeñan una función clave para el funcionamiento de dichos sistemas y para la organización global del territorio. Por tanto, junto a la necesidad de interconectar adecuadamente a dichas áreas (el sistema de centros regionales en terminología de la ordenación del territorio), han de plantearse modelos diferenciados al nivel de cada uno de dichos ámbitos. Se trata de ámbitos con una estructura metropolitana (más o menos consolidada) en la que los problemas y las alternativas se plantean, necesariamente, en la escala supramunicipal. Su carácter de áreas de concentración de población y actividades económicas hace que en ellos se concentre también el consumo de recursos naturales (agua, energía) y los flujos de transporte y, por tanto, algunos de los principales problemas ambientales. De esta manera se convierten en ámbitos en los que es primordial el desarrollo de estrategias de gestión de la demanda en las que se prime el ahorro y la eficiencia y en las que se aborden los problemas de congestión derivados de la intensidad de los flujos.

    Algunos ejemplos de las cuestiones más esenciales que han de abordarse de forma diferenciada en estas áreas urbanas serían: el transporte metropolitano, la gestión de la energía, la gestión del agua, los sistemas de telecomunicaciones o la gestión del medioambiente urbano.

    • El conjunto de la franja litoral plantea una serie de especificidades evidentes derivadas tanto de sus características físico-naturales y ambientales, como del hecho de concentrar buena parte de los sectores productivos más dinámicos de la región (turismo, nuevas agriculturas, innovación y servicios avanzados), y un potente sistema de áreas urbanas de primer nivel y redes de ciudades medias. Dichas particularidades ambientales, económicas y territoriales hacen que la franja litoral aparezca como uno de los espacios más estratégicos para el desarrollo global de Andalucía y, sin embargo, presente algunos de los déficit más notables en materia de infraestructura, tanto en lo que se refiere a su conexión interna (la inexistencia, por ejemplo, de un eje ferroviario en el litoral mediterráneo es, probablemente, una de las mayores carencias de Andalucía), como a su conexión con el interior de Andalucía. Otro aspecto al que ha de prestarse atención prioritaria es a la función que el frente costero desempeña en relación con la integración exterior de Andalucía, destacando la existencia de un potente sistema portuario, liderado por el puerto de Algeciras, que, sin embargo, no está concebido como sistema regional en el que se plantee la coordinación/especialización entre los puertos, así como su integración territorial y económica con el interior de Andalucía.

    • Una buena parte de la Andalucía agrícola del interior (la vega y campiña del Guadalquivir y el surco intrabético) aparece como un territorio en el que existe un conjunto bien estructurado de ciudades medias que, además de ser una herencia patrimonial de primer orden (las tradicionales agrociudades andaluzas), constituyen un elemento de gran estabilidad histórica (han mantenido los niveles de población de la Andalucía rural) y presentan oportunidades reseñables de diversificación económica. En estas áreas las redes de ciudades medias aportan la oportunidad de generar economías de escala comparables, en algunos casos, a una pequeña área metropolitana (en torno a los 200.000 habitantes), pero sin sus problemas de congestión. Estas ciudades medias, además, permiten establecer una continuidad con el sistema de centros regionales (conformando los principales ejes de organización urbana de Andalucía), por lo que constituyen la principal oportunidad para el equilibrio de las áreas rurales. En ellas, los sistemas de infraestructuras han de desempeñar una función esencial de equilibrio territorial a la vez que han de servir como impulsores para la diversificación y potenciación de los sistemas productivos locales.

    • Las áreas más netamente rurales de Andalucía, en gran medida coincidentes con las zonas de montaña (Sierra Morena y las Sierras Béticas) se caracterizan, desde el punto de vista de sus sistemas de asentamientos, sus flujos de interrelación y sus sistemas productivos, como territorios de baja densidad y débil demanda. Su importancia territorial y el mantenimiento de unos volúmenes poblacionales aún importantes, pese a la larga crisis demográfica del siglo XX, justifican que los sistemas de infraestructuras hayan de plantearse un modelo de gestión diferenciado. La adaptación a tales condiciones de débil demanda y baja densidad requiere opciones tecnológicas específicas (algunos ejemplos son los de la electrificación rural, los sistemas de telecomunicación, o las tecnologías blandas de depuración de aguas). El valor ambiental de estos espacios (en ellos se encuentran gran parte de los Parques Naturales andaluces), y su función en el aprovisionamiento de recursos naturales que son consumidos en las áreas más dinámicas (el mejor ejemplo es el de la captación de agua en los embalses que se transporta a las zonas bajas de regadío y a las ciudades) hacen que se justifiquen estrategias compensatorias en estas áreas, dirigidas a favorecer un mayor efecto económico del aprovechamiento de los recursos por los sistemas productivos locales.

     

    2. ALGUNOS GRANDES RETOS DE FUTURO DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS.

    2.1. En relación con los sistemas de transportes y comunicaciones.

    Como ya se indicó anteriormente, la consolidación de un sistema intermodal de transporte estructurado a partir de las mallas básicas que articulan el territorio, y la opción por un determinado modelo de movilidad (en el que han de primarse los medios colectivos de transporte y la eficiencia social, energética y ambiental), constituyen los retos globales de mayor trascendencia para Andalucía en el próximo siglo.

    Lógicamente, el punto de partida ha de ser la definición de un esquema básico de conexión de Andalucía internamente y con el exterior a través de un conjunto de ejes o corredores de transporte que han de dotarse de las infraestructuras de primer nivel que garanticen una adecuada vertebración del territorio de la Comunidad. La definición de este esquema ha de partir de una serie de objetivos de desarrollo directamente relacionados con el modelo territorial que se desea para Andalucía.

    En este contexto global han de considerarse las principales opciones de futuro que se plantean para cada uno de los sistemas de transportes que se abordan a continuación.

     

    A. Las telecomunicaciones.

    Las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, en tanto que soporte de los flujos de información, están en la base de los principales procesos de cambio económico, social, cultural y territorial de las sociedades actuales y futuras. Estos procesos se vinculan directamente, por un lado, con el desarrollo de los sectores productivos más innovadores, en los que reposa gran parte de la competitividad del sistema económico, y por otro, con las tendencias de transformación del territorio en tanto que, al eliminar prácticamente el concepto de distancia física y temporal, tan esenciales para el resto de los modos de transporte, están favoreciendo un nuevo modelo de localización e interrelación de las actividades y las personas.

    Al igual que el resto del mundo, Andalucía se juega gran parte de sus posibilidades de futuro, en este proceso de integración en la sociedad informacional y, concretamente, en el posicionamiento de su territorio dentro del conjunto de redes que articulan el sistema de información global.

    Andalucía ha registrado una importante renovación y modernización de sus infraestructuras de telecomunicaciones en la última década (digitalización, redes de fibra óptica, comunicaciones por satélite y radioenlaces...), lo que le permite un buen punto de partida desde el punto de vista de la dotación de infraestructuras físicas.

    Sin embargo, las deficiencias y los retos más destacados vienen, probablemente, del lado de la demanda y de la prestación de servicios avanzados.

    La capacidad del sistema productivo y de la propia sociedad andaluza para incorporarse a los procesos de innovación tecnológica (y a la demanda intensiva de sistemas de telecomunicación que conllevan tales procesos) es, sin lugar a dudas, uno de los factores más decisivos para lograr incorporarse plenamente en el ámbito de los países y regiones más desarrollados.

    Por todo ello, las grandes cuestiones de futuro que Andalucía ha de plantearse en este campo están relacionadas no sólo con los aspectos infraestructurales, sino, sobre todo, con la cualificación de los recursos humanos, la investigación y el desarrollo tecnológico y la difusión de las innovaciones en las empresas, los servicios públicos y los hogares.

    Desde el punto de vista territorial ha de prestarse especial atención a favorecer que el desarrollo de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones no reproduzca los desequilibrios y desigualdades entre unas zonas y otras de Andalucía.

    Así, tanto las dotaciones como las demandas muestran una evidente concentración en las zonas más dinámicas desde el punto de vista económico (las principales áreas urbanas y el litoral)en tanto que las áreas rurales requieren un apoyo notable para conseguir que sean capaces de incorporarse a los nuevos desarrollos. De nuevo, aquí, cobran especial importancia los aspectos referidos a la formación y cualificación de la población (y especialmente de los jóvenes) como apuesta de futuro para la cohesión de las áreas rurales.

    Igualmente hay que hacer notar que, en relación con los nuevos modelos territoriales que se generan en la economía global de la sociedad de la información, es necesario potenciar la configuración de redes entre las ciudades, empresas e instituciones que permitan consolidar la integración interna y externa del territorio andaluz. Así, Andalucía ha de optar por conformar un primer nivel de la red de telecomunicaciones de gran capacidad que interconecte a los centros regionales, atendiendo prioritariamente a la consolidación de ejes estratégicos tales como los que han de conectar Málaga y Sevilla (y sus dos Parques Tecnológicos), así como los principales centros industriales y los territorios con especializaciones productivas consolidadas (turismo, nuevas agriculturas...)

     

    B. El ferrocarril.

    El ferrocarril, uno de los elementos definitorios de la revolución de los transportes asociada a la revolución Industrial del siglo XIX, cobra en el caso de Andalucía una significación nueva y especial en el cambio de siglo, concerniéndole importantes objetivos como elemento de vertebración de Andalucía y en cuanto a su relación con otros modos de transporte.

    La red ferroviaria histórica de Andalucía ha seguido un proceso de continuo declive a lo largo de varias décadas lo que se tradujo en la pérdida de competitividad frente al resto de los sistemas de transporte (especialmente la carretera), y en la progresiva obsolescencia de las infraestructuras y servicios. Entre otras cosas, ello supuso el cierre de varias líneas ferroviarias (conexión con Levante desde Granada-Almería, eje Jaén-Puente Genil, o Huelva-Ayamonte). Así mismo, otros tramos de la red se han visto afectados por graves déficit de explotación por lo que, sólo la intervención de la Administración Autónoma, atendiendo a criterios de interés territorial, ha permitido el mantenimiento de los servicios (este es el caso, por ejemplo, de las conexiones entre las zonas oriental y occidental de Andalucía).

    El hito más reciente, y que ha supuesto un replanteamiento general sobre el papel -y la competitividad- del ferrocarril, ha sido la creación del primer corredor de alta velocidad española entre Sevilla-Córdoba-Madrid. Concebido desde el inicio como una importante operación de modernización infraestructural y de equilibrio territorial (garantizando el enlace de Andalucía con la futura red de alta velocidad española y europea), el ferrocarril de alta velocidad ha servido, además, para cambiar radicalmente el signo de la tendencia histórica de crisis del transporte ferroviario en España y Andalucía. La mejora de los tiempos de recorrido y la alta calidad de los servicios (puntualidad, confort, seguridad) hacen la alta velocidad competitiva frente a la carretera e incluso frente al avión en recorridos medios.

    El replanteamiento suscitado por la alta velocidad se encuentra en la base de los nuevos retos que afrontan la red y los servicios ferroviarios andaluces en las próximas décadas. Así, la creación del nuevo acceso Córdoba-Málaga y la progresiva extensión de las conexiones con la red de alta velocidad al resto de las principales áreas urbanas, permiten dibujar un futuro bien distinto para el transporte ferroviario, en el que se potenciarán sus funciones en el sistema intermodal, no sólo debido a su carácter competitivo, sino, además, por sus evidentes ventajas sociales (como servicio de transporte público) y medioambientales (reducción del consumo energético y las emisiones), aspectos esenciales desde la óptica del modelo de movilidad por el que se ha de optar en el futuro.

    Estos nuevos retos han de plantearse, desde la perspectiva territorial y de la planificación, a partir de la definición de cual ha de ser la malla ferroviaria básica de Andalucía. Con cierto retraso respecto al caso de la red de carreteras, existe ya una propuesta de red ferroviaria de interés regional (aquella que conecta internamente al conjunto del territorio) y de cuales han de ser los ejes básicos de conexión exterior de Andalucía. En cualquier caso, cada vez es más importante la consideración, no sólo de las infraestructuras y sus necesidades de modernización, sino de los servicios que aportan y su calidad, como argumento que permite hacer competitivo al ferrocarril. De esta forma, la red y los servicios regionales básicos han de garantizar una conexión competitiva entre los principales centros urbanos de Andalucía y de estos con el exterior. En el futuro ha de contemplarse la incorporación de nuevos operadores de los servicios ferroviarios que permitan mejorar la cobertura de las demandas de interconexión del territorio andaluz.

    Desde estos planteamientos se deduce la magnitud de los retos que tiene planteados el ferrocarril en Andalucía a largo plazo:

    • La construcción del eje de alta velocidad Córdoba-Málaga.

    • La conexión del resto de capitales provinciales con la red de alta velocidad (accesos de Cádiz y Huelva con Sevilla, de Jaén y Granada con la línea Córdoba-Málaga).

    • La construcción de una serie de nuevas conexiones esenciales para la articulación interna y exterior de Andalucía.

    • Bahía de Algeciras-Bahía de Cádiz, para superar un déficit fundamental como es el del mayor enclave portuario nacional, a partir de la cual se planteará la futura conexión ferroviaria entre Europa y Africa a través del estrecho.

    • Almería-Murcia, para dar continuidad al arco mediterráneo.

    • La conexión ferroviaria del litoral mediterráneo andaluz, el espacio más dinámico desde el punto de vista demográfico y económico, cuyo futuro no puede concebirse sin comunicación por ferrocarril.

    • Huelva-Ayamonte, para conectar con la red portuguesa.

    • La prioridad e importancia territorial del papel que ha de desempeñar el transporte ferroviario en el contexto de los sistemas intermodales que han de configurarse en las principales áreas metropolitanas de Andalucía. A las ventajas técnicas, económicas, sociales y ambientales del ferrocarril en las áreas urbanas, se une su decisiva contribución a la solución de los problemas de congestión del tráfico que plantea el predominio del vehículo privado.

    En definitiva, y a la vista de todo lo anterior, no cabe equivocación si se afirma que el ferrocarril es una de las infraestructuras de transporte que mayores retos y demandas plantea en el futuro inmediato, lo que va a requerir elevados volúmenes de inversión que han de ser mantenidos a largo plazo.

     

    C. La red de carreteras.

    Posiblemente, la red viaria andaluza sea la infraestructura que más tempranamente fue objeto de una planificación que definió un esquema de interconexiones basadas en criterios de ordenación del territorio y objetivos propiamente andaluces. Junto a ello, también ha sido la infraestructura que ha concentrado mayores inversiones públicas, con lo que puede afirmarse que, en algo más de una década, se han producido sustanciales modificaciones en su estructura, lo que redunda en una mejora general de la articulación territorial y la accesibilidad tanto internamente como con el exterior.

    Es preciso hacer notar que los niveles de partida en las dotaciones eran muy bajos, con lo que los objetivos que se han cubierto, enormemente importantes, han supuesto la creación de una malla básica primaria (fundamentalmente la red de alta capacidad: autovías y autopistas), de la que, sin embargo, aun quedan elementos esenciales por completar (conexiones del litoral mediterráneo, Córdoba-Antequera, Granada-Motril, Almería-Guadix, Jerez-Algeciras, Sevilla-Mérida y Huelva-Ayamonte) que requerirán el mantenimiento de fuertes volúmenes de inversión a corto y medio plazo.

    Hacia el futuro, entre los principales retos que han de ser abordados en las próximas décadas pueden destacarse los siguientes:

    • Completar el mallado básico de la red principal de carreteras, actuando sobre los ejes antes mencionados, e incorporando progresivamente nuevos ejes que incrementen su interconexión y alcance territorial (por ejemplo el eje diagonal Jaén-Lucena, entre otros)

    • Abordar de manera decidida la mejora del resto de niveles de la red viaria a fin de lograr una incidencia positiva sobre la accesibilidad de cada territorio. Ello supone actuar coordinadamente sobre el conjunto de redes de cada ámbito territorial en los que se plantean necesidades diferenciadas: las áreas metropolitanas, las áreas litorales, las redes de ciudades medias interiores y el conjunto de las áreas rurales. Sobre todo en estas últimas tiene especial trascendencia la mejora de las redes secundarias de carreteras, como elemento clave para lograr una correcta articulación de dichas áreas internamente y con el conjunto de Andalucía. Este es, sin duda, uno de los principales retos de futuro, no sólo en materia viaria, sino también por la incidencia que tiene en la equidad territorial y la cohesión de las áreas rurales.

    • Incrementar el peso de los aspectos vinculados con la gestión de las redes de infraestructura y la calidad de los servicios que prestan. El avance realizado en la construcción de nuevos ejes demandará, en el futuro, un mayor esfuerzo en cuestiones tales como la conservación y mantenimiento y la seguridad, así como en lo que se refiere a la mejora de su integración ambiental, paisajística y urbana.

    • Mejorar la calidad de los servicios públicos de transporte de viajeros, así como su correspondencia con las necesidades de interconexión del territorio y su coordinación con otros modos de transporte.

     

    D. El sistema portuario.

    La dimensión marítima de Andalucía tiene una especial relevancia económica y territorial, claramente relacionada, además, con el carácter de nuestro litoral como el espacio más dinámico y en el que recaen gran parte de las funciones de relación con el exterior.

    Además de la extensa red de puertos pesqueros y deportivos con que cuenta Andalucía, ligados a las economías locales de cada zona del litoral, hay que destacar la importante red de puertos comerciales de primer nivel (Huelva, Sevilla, Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras, Málaga, Motril y Almería) que, junto al tráfico marítimo, desempeñan también funciones esenciales como infraestructuras intermodales de transporte y como espacios industriales relacionados con la actividad portuaria.

    Partiendo del análisis de las principales deficiencias, pero también de las oportunidades y potencialidades que presentan los puertos andaluces, pueden avanzarse varias cuestiones fundamentales para su futuro:

    • La necesidad de favorecer un desarrollo coherente de las diferentes especializaciones funcionales del conjunto de los puertos y un mayor grado de interrelación entre ellos, así como reforzar sus capacidades competitivas en el contexto nacional e internacional.

    • La necesidad de reforzar la articulación física y la integración económica de los puertos con el resto del territorio andaluz, especialmente con su entorno más próximo. Ello hace referencia directa, en primer lugar, a la mejora de la accesibilidad y las interconexiones de los puertos con el resto de los sistemas de transporte (carreteras, ferrocarril, centros de transporte de mercancías, aeropuertos, redes de telecomunicación) y, consiguientemente, al incremento de los efectos territoriales y económicos en sus respectivas áreas de influencia. Por otra parte, ha de abordarse la necesaria integración de los espacios portuarios y sus usos industriales, con el medio urbano en que se localizan y atender, de manera específica a su correcta integración medioambiental en un entorno sensible como es el medio costero.

    • Un caso especial es el del Puerto de la Bahía de Algeciras por su importancia económica, ya que es el primer puerto español en pasajeros y mercancías y desempeña una función clave en el transporte intercontinental entre el Atlántico y el Mediterráneo. Pese a ello, su incidencia en el entorno territorial es muy reducida lo se explica, en gran medida, por algunos déficit infraestructurales graves: carece de conexión con la red viaria de alta capacidad, y cuenta con una conexión ferroviaria obsoleta. La construcción de ambas conexiones (viaria y ferroviaria) entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras constituyen, por tanto, prioridades ineludibles para lograr mejorar la articulación territorial del puerto. Más adelante, al hablar de los retos infraestructurales de la integración exterior de Andalucía, volveremos a destacar el carácter estratégico de este puerto -y del conjunto de la bahía de Algeciras- como enclave fundamental para la interconexión entre Europa y Africa.

     

    E. Los aeropuertos.

    Por lo general, suele considerarse que Andalucía cuenta con una red de aeropuertos que cubre suficientemente sus necesidades. La situación de las diversas instalaciones es, sin embargo, diferente.

    El aeropuerto de Málaga, la primera instalación de Andalucía debido al peso del tráfico turístico nacional e internacional, y el aeropuerto de Sevilla, la segunda en el ranking, aunque a distancia de la anterior, cuentan con instalaciones ampliadas y modernizadas a comienzos de los noventa y con capacidad suficiente. Especial importancia tiene la futura ampliación del aeropuerto de Málaga con la creación de una nueva pista.

    En un segundo nivel, se encuentran los aeropuertos de Almería, Jerez y Granada, con un nivel medio de tráfico, pero con importantes expectativas de crecimiento, especialmente los dos primeros, que pueden demandar en el futuro actuaciones de mejora y ampliación. Por último, el aeropuerto de Córdoba carece en la actualidad de tráfico comercial lo que viene a indicar, si acaso, una sobredotación a nivel del conjunto de Andalucía.

    En una perspectiva de futuro han de tomarse en consideración varias cuestiones fundamentales:

    • Las perspectivas de ampliación de la red aeroportuaria andaluza plantea problemas debido a que tales inversiones son difícilmente justificables dadas las dotaciones existentes y su, en ocasiones, bajo grado de utilización. Así, las principales áreas urbanas que carecen de aeropuerto, cuentan con una accesibilidad adecuada a instalaciones existentes como sería el caso de Algeciras (uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar), Huelva (accesible desde los aeropuertos de Sevilla y Faro), y Jaén (accesible desde el de Granada). Ello no es obstáculo para que se planteen otras instalaciones complementarias tales como los helipuertos o, en su caso, instalaciones con capacidad para acoger tráfico de aeronaves de pequeño tamaño. En cualquier caso, parece evidente que tres nuevos aeropuertos en Andalucía no encontrarían demandas que los justifiquen y plantearían competencias no deseables frente a otras instalaciones existentes.

    • La importancia de los aeropuertos, tanto para el tráfico internacional como nacional de largo recorrido, así como su papel en la conformación del espacio y las funciones metropolitanas del área en que se localizan, plantean la necesidad de reforzar su intermodalidad (interconexión con el resto de sistemas de transporte), así como su especialización en la captación de determinados tráficos de pasajeros y mercancías. Todo ello desde la perspectiva de incrementar las actividades económicas inducidas por el tráfico aéreo en cada ámbito.

    • Uno de los aspectos que deben plantear nuevas estrategias en cuanto al tráfico aéreo, se refiere a la creación de vuelos de tercer nivel (de carácter regional e interregional) que potencien las funciones de relación de los aeropuertos andaluces en recorridos medios (Portugal, otras Comunidades Autónomas, norte de Africa, así como entre las ciudades andaluzas más alejadas). La captación de estas demandas y el desarrollo de iniciativas empresariales que den respuesta a las mismas, son los requisitos básicos para la consolidación futura de este tipo de tráficos.

     

    2.2. En relación con el sistema energético.

    Ya se hizo referencia, al principio, a la importancia global del sistema energético en tanto que determinante de la estructura territorial y productiva, y a las implicaciones que plantea avanzar hacia un modelo energético sostenible en el que se reduzca la dependencia de los recursos fósiles importados y se incremente el uso de los recursos renovables propios, en un marco global de uso racional de los recursos naturales y desarrollo de sistemas eficientes y ahorradores de energía.

    Globalmente Andalucía se integra en un sistema energético de ámbito nacional e internacional cada vez más integrado (transferencias e interconexiones de las redes eléctrica y gasista). Junto a los requerimientos de seguridad y eficacia de dicho sistema supraregional, ha de considerarse la necesidad de establecer una estrategia energética regional que se dirija a dar respuesta a las necesidades territoriales y económicas propias de nuestra Comunidad.

    En el caso de Andalucía han de considerarse algunos puntos de partida que singularizan su situación:

    • El grado de dependencia respecto a los recursos importados es mayor que en el conjunto de España y Europa (el autoabastecimiento energético se sitúa en el 8% frente al 30% de España y el 50% de Europa).

    • El territorio andaluz, por su posición geográfica, desempeña funciones de primer orden en el abastecimiento energético nacional desde el exterior, destacando la importación de petróleo, carbón y gas natural. Así mismo, desde Andalucía se ha realizado la primera interconexión de la red de transporte eléctrico entre Europa y Africa.

    • Por el contrario, Andalucía es una de las regiones españolas y europeas mejor dotada de recursos energéticos renovables, especialmente solares, eólicos y de biomasa, pese a lo cual, tienen un grado de utilización relativamente bajo.

    Dentro de las tendencias de evolución seguidas por el sistema energético andaluz, cabe destacar, fundamentalmente, el proceso de gasificación (iniciado en la segunda mitad de los ochenta a partir de la planta de regasificación de Huelva) y que se encuentra en la actualidad en una fase de relanzamiento con la entrada en funcionamiento del gasoducto Magreb-Europa que abastece desde Argelia y que está permitiendo una rápida expansión de la red gasista en el conjunto del territorio (ya están conectados Huelva, Sevilla, Córdoba, Bahía de Algeciras, Jaén y Granada, y a corto o medio plazo lo estarán también Cádiz, Jerez, Málaga y Almería).

    La importancia de la introducción del gas natural se centra en varios aspectos:

    • Favorece la diversificación de la estructura energética frente al carbón y el petróleo, aunque ha de considerarse que se trata, igualmente, de una fuente fósil (y por tanto no renovable), e importada, aunque con un impacto ambiental (emisiones) menor que los anteriores.

    • Permite una diversificación de las aplicaciones técnicas tanto en las empresas como en los hogares.

    • Es un punto de partida para el desarrollo de aplicaciones para la generación eléctrica combinado con otras fuentes energéticas renovables (está en marcha el proyecto Colón Solar en Huelva) y no renovables (ya están en funcionamiento centrales reconvertidas al uso de fuel y gas natural en Algeciras y Huelva y se prevé su aplicación en las centrales sin funcionamiento de Cádiz, Málaga y Almería.

    Otra tendencia destacable a medio plazo se refiere a la evolución de la infraestructura de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

    El parque de centrales eléctricas en Andalucía se ha transformado en los últimos años, a partir de la reducción de la producción de las centrales de fuel (Sevilla, Cádiz, Huelva, Algeciras, Málaga y Almería) afectadas por la crisis de los precios del petróleo, y la toma del relevo por las centrales de carbón (Los Barrios, Carboneras y Puente Nuevo) en las que descansa la mayor parte de la producción eléctrica, dada, por otra parte, la baja participación -y su carácter errático determinado por la climatología- de las centrales hidroeléctricas.

    A partir de esta situación, Andalucía es en la actualidad deficitaria en generación de electricidad que es importada desde centrales españolas a través de la red de transporte del sistema eléctrico nacional.

    Al ya mencionado proceso de puesta en marcha de varias centrales de fuel-gas y sol-gas, se suma la ampliación de la capacidad de generación del parque de centrales de carbón (en concreto la ya realizada ampliación de Carboneras), así como la progresiva ampliación de las instalaciones de cogeneración y la creación de parques eólicos conectados a la red eléctrica. Este incremento de la capacidad de generación eléctrica prevé que, a corto plazo, prácticamente se elimine la importación de electricidad desde el sistema nacional. Las ventajas que ello reporta en cuanto a mejora de la eficiencia del sistema eléctrico y crecimiento de la actividad económica en el sector ha de tomar en cuenta, también, las implicaciones ambientales en cuanto al incremento de las emisiones contaminantes a la atmósfera en Andalucía.

    Otra cuestión que hay que mencionar es la expectativa de crecimiento de los sistemas de cogeneración (producción de electricidad y calor útil) a partir de diversos combustibles (especialmente interesante es el empleo de biomasa). Entre sus ventajas están la mayor eficiencia energética, el uso de recursos propios renovables (en el caso de la biomasa) y su capacidad para descentralizar la generación eléctrica acercándola a los centros consumidores.

    Por lo que respecta a los grandes retos de futuro del sistema energético andaluz, en la perspectiva ya mencionada de avanzar hacia un modelo sostenible, ha de considerarse que el cambio del modelo energético no es, lógicamente, una decisión unilateral sino que ha de enmarcarse en un contexto más amplio (el de los países europeos, que se marcan ese mismo objetivo), tomando en consideración las enormes dificultades de tal evolución debido, de una parte, a la rigidez del propio sistema y sus infraestructuras, y por otra, a la dificultad de abordar un cambio con tantas implicaciones sobre el conjunto del sistema productivo, social y cultural. Un cambio en el modelo energético implica un cambio del modelo económico global.

    En cualquier caso, lo ineludible de este cambio, a largo plazo, es asumida -al menos en el plano teórico- a nivel internacional. Opciones como la de la fisión nuclear, que en su momento se presentó como alternativa a los combustibles fósiles, han demostrado no ser más rentables en términos económicos -si se valoran el conjunto de efectos indirectos que plantea su implantación- y ha planteado uno de los más graves problemas ambientales mundiales en relación con la seguridad de las instalaciones y los riesgos que comportan y, especialmente, en relación con la gestión de los residuos de alta actividad. En este sentido cabe señalar que, pese a que en Andalucía no se localiza ninguna central nuclear (aunque en los años setenta se planearan varias), parte de su actual abastecimiento eléctrico proviene de centrales de este tipo (Almaraz). Así mismo, otras opciones de futuro a largo plazo (por ejemplo la fusión nuclear) se encuentra aun en fase de investigación básica por lo que no pueden ser consideradas a medio y corto plazo.

    Así pues, las principales vías de transformación del sistema energético andaluz, desde una perspectiva de futuro y de avance hacia la sostenibilidad, abarcan varios aspectos principales:

    • La necesidad de garantizar la seguridad del suministro energético partiendo de la diversificación de las fuentes y la mejora de la eficiencia del sistema. Este primer objetivo básico de toda política energética se pone en relación con el hecho de que el sistema energético regional no es, en ningún caso, un sistema cerrado e independiente, antes bien, progresivamente más interdependiente a nivel nacional e internacional, por lo que sus opciones de futuro han de enmarcarse en dicho contexto. Ello no obsta, como se dijo anteriormente, para que se formule una estrategia energética regional propia que incida en mejorar la posición de Andalucía en dicho sistema global aprovechando los recursos y potencialidades propios. En esta línea se insertan los siguientes aspectos a considerar

    • El mayor desarrollo del aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, en línea con los objetivos marcados por la política energética europea, adaptados a las condiciones específicas de Andalucía en cuanto a disponibilidad de recursos. Ha de hacerse notar que actualmente la participación de las fuentes renovables supone en la Comunidad Autónoma un 5% de la energía final, algo más que en la media de España y Europa. En este sentido, es evidente que la participación de las energías renovables presenta importantes expectativas de crecimiento pese a lo cual, difícilmente podrán ser una alternativa global frente al resto de fuentes de energía a medio plazo. Sin embargo, esta vía de cambio tiene una enorme importancia por sus implicaciones tanto desde el punto de vista económico (reducción de la dependencia energética, desarrollo de un sector productivo de alto valor añadido y componente tecnológico) como ambiental (reducción de los impactos derivados de los combustibles fósiles) y territorial (posibilidad de aprovechamiento de los recursos de cada territorio, acercamiento de la disponibilidad de la energía a las demandas). Por todo ello, las energías renovables han de ser una de las más fuertes apuestas de futuro para Andalucía.

    Dentro de las expectativas de desarrollo de las energías renovables han de destacarse, ante todo:

    • La energía solar, de la que la región cuenta con importantes potencialidades desde el punto de vista de los recursos, presenta aún un incipiente desarrollo de las aplicaciones fotovoltáicas (generalmente vinculadas a la electrificación de edificaciones rurales aisladas) y térmicas (obtención de agua caliente) pese a lo cual han de experimentar un notable crecimiento. Es de destacar la existencia en Andalucía de una de las grandes instalaciones científicas europeas de investigación (la plataforma solar de Almería), así como la aparición de nuevos proyectos de enorme interés como la ya en funcionamiento planta solar de María, en Almería (instalación de poca potencia para la generación eléctrica conectada a la red para mejorar la calidad del servicio en esta área rural) y, sobre todo, el proyecto Colón Solar, en Huelva, para crear una central mixta de energía solar y gas natural para la producción de electricidad.

    • La energía eólica cuenta con unos recursos apreciables en Andalucía aunque su localización es menos amplia que en el caso de la energía solar. El área del Estrecho es el principal yacimiento eólico y en él se localizan los mayores parques para la generación de electricidad. Las expectativas de crecimiento han de consolidar este ámbito como uno de los principales enclaves europeos de este tipo de energía que ha logrado superar ya las limitaciones tecnológicas y económicas para su aprovechamiento comercial. En menor medida, destacan también los recursos del área sur de Almería en la que existe también ya un parque eólico conectado a la red eléctrica (en Enix).

    • La energía de la biomasa -fundamentalmente la de los productos agrarios- cuenta en Andalucía con importantes recursos renovables anualmente pero con un todavía bajo grado de aprovechamiento. Las experiencias ya realizadas en el campo de la cogeneración, así como la magnitud de los nuevos proyectos en marcha, hacen concebir previsiones de un importante crecimiento de este tipo de aprovechamientos mediante pequeñas centrales eléctricas vinculadas a la utilización y puesta en valor de recursos locales. En el futuro, junto a la utilización de residuos agrarios y agroindustriales, ha de considerarse la posibilidad de introducir cultivos energéticos.

    • En segundo lugar, partiendo del principio general del uso racional de los recursos naturales (es decir, un uso sostenible), es en general aceptada la idea de que, necesariamente, las sociedades industriales han de avanzar hacia un futuro de menor intensidad energética. Ello supone que es necesario reducir la cantidad de energía utilizada para cubrir las necesidades. En suma, es indispensable establecer estrategias energéticas dirigidas a la gestión de la demanda: no es concebible un crecimiento ilimitado del consumo de recursos energéticos y, sin embargo, es factible reducir la demanda de energía sin disminuir las prestaciones que aporta. El desarrollo de los sistemas eficientes y ahorradores de energía constituye una de las bazas fundamentales en este proceso.

    En este contexto global de los restos de futuro, el territorio desempeña una función protagonista. La necesidad de opciones y estrategias de carácter global con relación al modelo energético no impide, antes al contrario, que gran parte de las alternativas concretas surjan y se apliquen a nivel local. Esta perspectiva incide en multiplicar y diversificar las opciones posibles en función de las características naturales y económicas y los recursos de cada territorio. Así, el desarrollo de sistemas eficientes y el aprovechamiento de los recursos renovables presentan diferentes posibilidades:

    • En las zonas urbanas, tanto los usos industriales como domésticos y terciarios presentan importantes oportunidades para mejorar su eficiencia, pero a la vez, es necesario incorporar una perspectiva global de intervención sobre el balance energético del conjunto de la ciudad, estrategia que ha de considerar, por ejemplo, los aspectos urbanísticos y del sistema de transporte que inciden en el modelo energético y en su eficiencia. En suma, la ciudad ha de plantearse, de manera inexcusable, dentro de sus objetivos globales de desarrollo, la intervención sobre su modelo energético.

    • En las zonas rurales, el menor volumen de las demandas en términos absolutos, permite abordar opciones de abastecimiento energético más descentralizadas y que aprovechen de manera eficiente los recursos renovables propios. El caso de la utilización de la biomasa vegetal para la generación eléctrica a escala local es un buen ejemplo ya que requiere partir de una evaluación de los recursos disponibles en un área determinada y definir los umbrales de rentabilidad de la obtención de los recursos para decidir la localización óptima de una instalación. En las áreas rurales de baja densidad se plantean, por su parte, necesidades diferentes que han de obtener respuestas necesariamente diferenciadas. Los bajos niveles de demanda, la dispersión territorial y las dificultades de acceso de las infraestructuras convencionales hacen que deban ponerse en juego sistemas descentralizados, un buen ejemplo de los cuales son las experiencias llevadas a cabo para la electrificación de viviendas aisladas a partir de paneles fotovoltáicos.

     

    2.3. En relación con el sistema hidrológico-hidráulico.

    El agua, y esta es una idea que se repite insistentemente, es un recurso natural con un importante valor estratégico para Andalucía. Las condiciones climáticas y ecológicas de mediterraneidad determinan una disponibilidad tremendamente irregular de los recursos, tanto en el tiempo (periodos recurrentes de sequía interanual y fuertes oscilaciones estacionales a lo largo del año, marcado en cualquier caso por una larga estación seca que coincide con los momentos de mayor demanda), como en el espacio (con un claro gradiente de aridez desde el oeste hacia el este, con notables diferencias en la disponibilidad entre zonas con capacidad de regulación -áreas de montaña- y zonas consumidoras -tierras bajas y litoral-).

    Junto a su función ecológica y su papel en relación con la calidad de vida, en Andalucía casi el 80% de los recursos utilizados se destina al regadío agrícola, con lo que la relevancia económica del agua se vincula directamente con el mantenimiento de un sector esencial para la Comunidad.

    El sistema hidrológico natural (la red hidrográfica y los acuíferos subterráneos) tiene una enorme trascendencia como elemento conformador del territorio tanto desde el punto de vista físico-ambiental, como de la organización de los sistemas de asentamientos y las actividades productivas. A lo largo del siglo XX la intervención humana sobre este sistema natural ha supuesto una radical transformación derivada tanto de la creación de infraestructuras de captación (embalses, extracciones subterráneas), como de transporte (canales y conducciones que transportan el agua, a veces a muy larga distancia, hasta los lugares de consumo, bien sean ciudades, industrias o campos regados).

    De esta forma se ha ido constituyendo un sistema hidráulico en base al cual se establecen las disponibilidades del recurso en las diferentes zonas del territorio. En este sentido, es importante hacer notar la compleja trama de relaciones -económicas, ecológicas, sociales y culturales- que se establecen en torno a la utilización de los recursos hídricos. Relaciones, por ejemplo, entre las zonas de captación y las zonas de consumo, y entre estas y las zonas situadas aguas abajo cuyos recursos se ven afectados en su calidad tras haber sido utilizados. Estas relaciones se producen a diversas escalas. Desde el territorio que se asienta sobre un acuífero, o el curso de un río de corto recorrido, hasta el ámbito más amplio de las subcuencas y cuencas hidrográficas, o al de las diferentes cuencas interrelacionadas una vez que entran en juego las transferencias de recursos de unas a otras.

    Por todo ello, el sistema hidrológico-hidráulico requiere un cuidadoso análisis desde la óptica territorial y ecológica ya que constituye un factor clave para la correcta articulación y cohesión de Andalucía en su conjunto y de cada parte del territorio, así como de Andalucía con el exterior.

    La estructura de este sistema en Andalucía viene definida por la existencia de una gran cuenca hidrográfica, el Guadalquivir, que en más de un 90% de su superficie se encuentra dentro de la Comunidad, así como de un conjunto de cuencas independientes entre sí, de más reducido tamaño, formadas por los ríos que desaguan en el Mediterráneo y que se agrupan, a efectos de gestión, dentro de la Cuenca Sur. Un caso similar es el de varias cuencas de la vertiente atlántica como las del Tinto y el Odiel, el Guadalete y el Barbate. Por último, algunas zonas de las provincias de Huelva, Córdoba, Jaén y Almería forman parte de cuencas que, mayoritariamente, se encuentran fuera de Andalucía (Guadiana y Segura).

    Otro rasgo esencial para la organización del sistema en Andalucía es la diferenciación que se establece entre zonas en las que predomina la utilización de las aguas superficiales mediante la regulación de embalses (a grandes rasgos la Andalucía del Guadalquivir) y aquellas en que predomina el aprovechamiento de los recursos subterráneos (que viene a coincidir con la Andalucía de las sierras Béticas).

    La importancia de plantear la gestión del agua desde la perspectiva de su ciclo integral (captación, transporte, distribución, utilización, depuración, reutilización y reincorporación al medio), así como la ya mencionada complejidad de relaciones que se establecen entorno a estos recursos, hacen que, desde la óptica de la conformación de un auténtico sistema regional que garantice un uso y distribución adecuados, tengan una especial importancia los aspectos referidos a las competencias en materia de gestión del agua.

    Poner en relación el agua con los objetivos de desarrollo de Andalucía supone, pues, abordar dos aspectos principales e íntimamente relacionados:

    • La plena asunción de competencias sobre las cuencas del Guadalquivir y Sur por parte de la Comunidad Autónoma como garantía de que la gestión, distribución y uso del agua se lleva a cabo desde criterios vinculados al modelo de ordenación territorial y desarrollo de Andalucía. En este horizonte, sin embargo, es necesario disponer, no sólo de la voluntad de gestionar los recursos, sino de unos objetivos y unas estrategias de actuación previamente definidos.

    • La conformación de un sistema regional que considere integradamente los distintos ámbitos de gestión del agua (cuencas/subcuencas y sistemas de explotación) y permita abordar sobre ellos una planificación y gestión coordinada dirigida a lograr, como gran objetivo, una disponibilidad adecuada de agua (en cantidad y calidad) para el conjunto del territorio, la población y las actividades económicas. Ello ha de suponer, así mismo, que la gestión y las asignaciones de agua sean fijados públicamente y de manera transparente, a través de la planificación.

    Este proceso de distribución competencial y conformación de un sistema regional demanda, inexcusablemente, abordar un debate profundo en la sociedad andaluza sobre qué modelo de gestión del agua necesita la Comunidad para el futuro. Este debate, continuación del que se inició con el Acuerdo Andaluz por el Agua, en el que ya se manifestaron las diferentes sensibilidades y posicionamientos en relación al agua, ha de servir como orientación para definir las líneas maestras de la futura política hidráulica andaluza, política que, en cualquier caso, ha de ser fruto de un proceso de concertación entre los diferentes intereses y agentes sociales y económicos implicados.

    Desde este punto de vista, el gran reto global que Andalucía ha de plantearse para su futuro en relación con el agua, ha de atender a los siguientes aspectos esenciales de su gestión:

    • Las funciones ecológicas, económicas, sociales y territoriales del agua exigen que su gestión se plantee, necesariamente, desde la perspectiva de su uso racional y sostenible. Al tratarse de un recurso escaso (al menos en términos relativos) y susceptible de deterioro, los objetivos de uso racional y de conservación de la calidad deben ser primordiales.

    Hoy es comúnmente aceptada la idea de que las estrategias en relación con el agua han de dar prioridad a la gestión de las demandas. En efecto, no es pensable el mantener un crecimiento ilimitado de nuevas demandas de agua, antes al contrario, ha de pensarse en una más correcta distribución y utilización de los recursos disponibles. Es evidente que la escasez de agua es un concepto relativo. El crecimiento de decenas de miles de hectáreas de regadío en Andalucía, especialmente en la segunda mitad del siglo XX y, en mucha menor medida, el incremento de las demandas urbanas e industriales, tanto por el crecimiento de la población como por la elevación de los niveles de calidad de vida, son claramente los responsables de la "escasez" del recurso en la actualidad. Un escenario de mayor incremento de las demandas, especialmente para regadío, chocará con las cada vez mayores dificultades para incrementar los recursos disponibles.

    Por un lado, las posibilidades de incrementar la regulación de nuestros ríos a través de embalses serán ya limitadas, y han de afrontar graves problemas de impacto sobre el medio ambiente y el territorio, a la vez que buena parte de los acuíferos andaluces se encuentran ya con problemas de sobreexplotación, que comprometen sus ciclos de renovación, y de contaminación y salinización que, igualmente, limitan sus posibilidades de aprovechamiento.

    Por otro lado, el incremento de recursos por la vía de los trasvases desde cuencas exteriores a Andalucía, si bien puede efectivamente aumentar las disponibilidades (que en cualquier caso, en la hipótesis más optimista, vendrían a paliar los déficit generados por las demandas actuales) plantean también problemas derivados de las ya antes mencionadas complejas relaciones territoriales que plantea el agua. En efecto, cuando se habla de trasvases se hace siempre referencia a cuencas excedentarias (concepto tan relativo como el de cuencas deficitarias ya que depende de los niveles de demanda). En la actualidad, los conflictos territoriales en relación al agua hacen que cualquier propuesta de transferencia choque con los intereses locales de las cuencas donantes. Pese a ello, es evidente que la gestión del agua, como recurso público, ha de considerarse, también, desde una perspectiva nacional, con criterios de uso racional y reparto equitativo. De esta forma, la puesta en marcha de trasvases hacia zonas de Andalucía afectadas por déficit estructurales de agua ha de ser concebida, también, en términos de equidad y solidaridad territorial.

    Desde esta concepción es necesario considerar, como punto de partida, una evidente inadecuación actual entre los recursos y las demandas en Andalucía que determinan un déficit estructural de agua en muchas zonas del territorio, especialmente en las cuencas del Guadalquivir y el Sur. Dicho déficit explica el papel del agua como factor limitante o estrangulamiento para el crecimiento de determinados sectores productivos. La superación de tal situación requiere, sin lugar a dudas, una política de redistribución del agua tanto desde el sistema a nivel nacional, como internamente en las cuencas andaluzas.

    En cualquier caso, es evidente que la opción de futuro más importante (aún en el caso de que se incorporen recursos exteriores y procedentes de nuevas regulaciones de las cuencas andaluzas) debe centrarse, necesariamente, en la gestión y racionalización de las demandas.

    Ello supone que, partiendo de la disponibilidad de recursos y de las exigencias de conservación de la calidad y de preservación de los ecosistemas y relaciones ecológicas vinculados al agua, la gestión de los recursos hídricos ha de avanzar enormemente en la contención de las demandas y en reforzar un uso eficiente y ahorrativo de los recursos como principal vía para permitir un mayor y más equilibrado desarrollo económico.

    La mejora de la eficiencia de las infraestructuras de transporte y distribución (afectadas por graves pérdidas que se llegan a evaluar en algunos casos en el 40%) tanto agrarias como urbanas; el desarrollo de técnicas de uso que permitan ahorrar agua obteniendo los mismos rendimientos; o la depuración y reutilización de aguas urbanas, son todas ellas fórmulas fundamentales para poder ajustar la oferta y la demanda de agua, así como para poder incrementar los recursos realmente disponibles.

    Evidentemente, el debate sobre el futuro del regadío andaluz desempeña un papel esencial. Pese a las limitaciones ya señaladas, persisten demandas para la creación de nuevas superficies regadas, que se plantean como único medio para incrementar los rendimientos y la productividad del sector agrario andaluz. Junto a ello, gran parte de los regadíos existentes han de afrontar de manera prioritaria acciones integrales de modernización y mejora de sus infraestructuras dirigidas, principalmente, a incrementar su eficiencia en el uso del agua. Desde la óptica de la gestión sostenible del recurso, esta ha de ser la línea maestra de futuro para los regadíos andaluces, así como el principal instrumento para lograr incrementar los recursos disponibles vía ahorro y uso eficiente. En el marco de este debate sobre el futuro de los regadíos andaluces ha de plantearse, como criterio global, la necesidad de supeditar nuevas transformaciones a la obtención de recursos a través de una gestión eficiente y ahorradora.

    Otras alternativas de futuro para el incremento de los recursos, tales como la desalación de agua de mar, han de ser ciertamente tenidas en cuenta y evaluadas puntualmente para casos de extremo déficit estructural de agua (singularmente en casos como el del sureste árido), aunque, en la actualidad no sean plenamente competitivas desde el punto de vista económico, a la vez que han de tomar en consideración otro tipo de implicaciones como las que se refieren a los consumos de energía que pueden requerir dichos sistemas, en función de la tecnología empleada.

    Igualmente, dentro del concepto de gestión racional del recurso y actuación sobre las demandas, se sitúa también la perentoria necesidad de modificar en profundidad la política de costes del agua. Pese a su escasez relativa y a su importancia estratégica, es evidente que las tarifas del agua no recogen sus costes reales, menos aun los que se derivan de una gestión integral de su ciclo completo. Tanto en los usos urbanos e industriales como en los de regadío las tarifas no recogen ni los costes de captación ni los del transporte. Así las infraestructuras territoriales se conciben como costes públicos pese a que, en casos como el regadío o los usos industriales y comerciales, el agua sea un recurso del que se obtienen beneficios económicos.

    • Junto a los anteriores aspectos globales referidos a la gestión integral del agua, han de analizarse otras cuestiones infraestructurales esenciales que también han de ponerse en relación con los objetivos de gestión racional y sostenible del agua.

    Obviamente, un objetivo primordial es el que se dirige a dotar al conjunto de Andalucía de unas dotaciones de agua adecuadas en cantidad y calidad para el abastecimiento urbano. Las infraestructuras de abastecimiento urbano son indisociables de las que se destinan a la depuración. De esta forma se conforman sistemas cada vez más complejos de abastecimiento y saneamiento que, en la mayor parte de los casos, requieren una gestión supramunicipal y la creación de órganos y/o empresas de gestión para tales ámbitos. La consolidación de estos mecanismos de cooperación intermunicipal para la gestión del agua hace que, en el futuro, recaiga en ellos la responsabilidad principal en cuanto a la implantación de sistemas eficientes de uso de los recursos y a la completa depuración de las aguas ya utilizadas.

    Desde este punto de vista, en los primeros años del próximo siglo, de acuerdo con los horizontes temporales establecidos en la normativa de la unión Europea en la materia, habrán de culminarse los objetivos de depuración de las aguas. Este proceso, que está requiriendo ya un enorme esfuerzo en materia de infraestructuras que habrá de intensificarse en los próximos años, supone un avance de enorme importancia medioambiental para Andalucía. Vinculado a lo anterior, el gran reto que se plantea es el de avanzar en las posibilidades de reutilización de las aguas depuradas, mecanismo que se dirige a favorecer un incremento de los recursos disponibles.

     

    3. La integración exterior de Andalucía.

    Dadas las funciones de las infraestructuras como soportes a través de los cuales se canalizan los flujos de personas, materiales e información, su contribución a la articulación física y la cohesión del territorio no se agota en los límites de la Comunidad Autónoma.

    Parece evidente que el proceso de integración de Andalucía en la economía internacional es el factor más decisivo para explicar la evolución que ha seguido la Comunidad en el presente siglo. Tradicionalmente se ha considerado que Andalucía constituía una región periférica desde el punto de vista económico respecto a las regiones más desarrolladas. Una parte de ello se explicaba, lógicamente, por la posición periférica de Andalucía desde el punto de vista geográfico, situada en el extremo suroccidental de Europa.

    Este alejamiento tiene una directa relación con los sistemas de infraestructuras que interconectan a Andalucía con el exterior ya que la lejanía física se traduce en una mayor dificultad para integrarse en las redes y sistemas que conectan con las regiones y países más desarrollados de Europa.

    En general, esta posición periférica y los menores niveles de dotación en infraestructuras, así como la ausencia de centros urbanos internacionales, ha sido uno de los factores limitantes para el desarrollo andaluz y para su integración en Europa.

    Ya se han comentado, para cada una de las infraestructuras analizadas, diversos aspectos que hacen referencia a la integración exterior.

    Sin embargo, parece necesario hacer una reflexión más global sobre la importancia de las infraestructuras en el futuro de integración global de Andalucía en el mundo.

    Las infraestructuras contribuyen, en este sentido, a un objetivo más general como es el de mejorar la posición de Andalucía en el contexto de la economía internacional toda vez que de ello depende, en gran medida, el desarrollo de la Comunidad y, por tanto, es uno de los mayores retos de futuro que tiene planteados.

    Esta contribución se realiza, al menos, a dos niveles. Por una parte, mediante la conexión física con otras regiones y países y, por otra, la dotación de infraestructuras incrementa la capacidad competitiva del territorio ya que favorece la localización y el funcionamiento de las actividades económicas y su acceso a los mercados.

    Una primera cuestión, de gran importancia, hace referencia a la vinculación que ha de establecerse entre la integración exterior y la cohesión interna de Andalucía. Como ya se ha dicho, la integración exterior ha de abordarse desde la construcción de un espacio andaluz cohesionado y articulado internamente. Sólo así, dicha integración exterior se realizará respondiendo a los objetivos propios de desarrollo de Andalucía y permitirá superar el carácter de territorio periférico.

    De esta forma, y tal como se ha visto en el análisis de los retos de futuro que tiene planteados cada sistema de infraestructuras, es a partir de la consolidación de sistemas infraestructurales regionales vinculados a las características, necesidades y objetivos del territorio andaluz y de cada uno de sus componentes, como han de plantearse las opciones y prioridades de integración a nivel supraregional.

    Desde este punto de partida general, es necesario plantear cuáles son los escenarios territoriales en los que Andalucía se integra y cuáles los objetivos que, para cada uno de ellos, ha de plantearse en el próximo siglo:

    • Un primer ámbito, el más inmediato es el del conjunto de España y Portugal. El Estado de las Autonomías ha permitido claros avances en cuanto a la definición de los sistemas infraestructurales de cada Comunidad en función de sus propios objetivos territoriales y económicos. Desde la perspectiva de la integración y cohesión del conjunto del territorio nacional, ello requiere la concertación de los grandes esquemas de infraestructuras que interconectan el territorio español y que, a su vez, ha de configurarse a partir de la definición de un modelo territorial coherente a nivel del conjunto del Estado. Tal es el caso de la red viaria y ferroviaria, los puertos y aeropuertos, las redes de telecomunicación, las redes de abastecimiento y transporte de energía o las redes de transporte de agua que conforman el sistema de transferencias entre unas cuencas y otras. Para la definición de cada uno de estos sistemas, Andalucía ha de posicionarse estableciendo cuáles son sus objetivos propios, desde una perspectiva solidaria y de cooperación.

    Dentro de este ámbito hay que hacer referencia a otra escala de integración como es la de los territorios limítrofes de Andalucía. Es evidente que la continuidad física entre determinadas zonas de Andalucía con las comunidades de Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia, plantea la necesidad de abordar, al menos, dos cuestiones principales:

    • La integración con los sistemas infraestructurales regionales propios de cada Comunidad.

    • La integración, a escala comarcal, con los territorios vecinos de las otras Comunidades.

    Por último es necesario hacer mención al caso concreto de Portugal en tanto que país vecino con el que históricamente han existido notables deficiencias en lo que se refiere a la interconexión de los sistemas de infraestructuras. Al igual que con el resto de las Comunidades Autónomas Andalucía ha de plantearse, por un lado, su integración con las redes principales de Portugal y, por otro, con los territorios colindantes, en concreto, el área de contacto entre Huelva, El Algarve y El Alemtejo.

    • El segundo contexto territorial en el que Andalucía ha de plantear el futuro de su integración exterior es el de la Unión Europea. En tanto que principal ámbito político y económico del que Andalucía forma parte a nivel internacional, la integración europea resulta decisiva. Gran parte de los sistemas infraestructurales de Andalucía han de ser concebidos como integrantes de redes europeas a fin de garantizar una adecuada conexión y cohesión del espacio europeo. Dado el carácter periférico de Andalucía, es esencial que en el futuro se mantengan los esfuerzos en esta dirección, participando activamente en uno de los procesos de mayor alcance histórico como es el de la configuración del espacio europeo común. Ello conlleva el mantenimiento de las políticas de solidaridad (Fondos Estructurales y de Cohesión) destinadas a reducir el diferencial de dotaciones y a favorecer el incremento de la interconexión y accesibilidad de Andalucía con Europa. En este sentido interesa remarcar la importancia de la participación de Andalucía en el proceso de definición de las redes transeuropeas (de comunicaciones, energéticas, ambientales) tanto por la función que desempeñan para garantizar una real integración y cohesión del territorio europeo, como por la necesidad de que dichas redes refuercen su función en la articulación y cohesión interna de la propia Andalucía

    Dentro de esta integración global con las redes europeas han de destacarse dos ámbitos especialmente estratégicos para Andalucía:

    • El Arco Mediterráneo, espacio que se está consolidando como uno de los futuros ejes territoriales de desarrollo en el contexto europeo, con características especialmente dinámicas e innovadoras y que, en cierto sentido, presenta ventajas comparativas frente a las regiones industriales tradicionales del centro de Europa. La apuesta estratégica de Andalucía por el Arco Mediterráneo ha de ser, pues, fundamental. Desde el punto de vista de las infraestructuras, sin embargo, han de plantearse retos importantes que hacen referencia a la discontinuidad de dicho eje, precisamente en su interconexión con Andalucía. Por mencionar dos casos de especial relevancia, ha de plantearse la prioridad a la conexión ferroviaria de la franja mediterránea andaluza con el resto del eje, así como la continuidad de la red de transporte de gas natural. Ambos son buenos ejemplos de la necesidad de cerrar las mallas de infraestructuras europeas en Andalucía como requisito imprescindible para contribuir a superar su falta de integración económica y su carácter de enclave terminal de las redes.

    • El Arco Atlántico, espacio formado por las regiones europeas de la costa más occidental, presenta evidentes discontinuidades físicas, económicas e infraestructurales que dificultan su consolidación como un auténtico eje de desarrollo a nivel europeo. En el caso de Andalucía, las principales cuestiones de integración son los ya mencionados en relación con Portugal, así como a la interrelación de la fachada portuaria.

    • Un último ámbito de integración exterior, que cada vez se revela como más decisivo para el futuro de Andalucía (y de la propia Europa) es el del norte de Africa. Por todos es reconocida la importancia estratégica de las relaciones entre el Magreb y Europa en el próximo siglo, relaciones en las que Andalucía juega un papel protagonista como espacio de contacto inmediato. Los menores niveles de desarrollo económico de este área y su dinamismo demográfico, se encuentran en la base de numerosos problemas que van desde la intensificación de unas cada vez más potentes corrientes migratorias hacia el norte, con los consiguientes problemas sociales que genera, a la competencia que las economías de estos países plantean especialmente en determinadas producciones agrarias mediterráneas, así como en las diferencias de la legislación laboral y ambiental que se traducen en procesos de deslocalización de empresas.

    Andalucía ha de desempeñar un papel crucial en el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre Europa y el norte de Africa que parta del objetivo primordial de consolidar un espacio para la cooperación entre ambas riberas del Mediterráneo. La contribución al desarrollo de los países del norte de Africa pasa, ineludiblemente, por intensificar las relaciones económicas y culturales entre Europa y Africa, proyecto global en el que los sistemas infraestructurales han de cumplir una función importante. Hechos recientes como la construcción de la interconexión eléctrica y del gasoducto Magreb-Europa son buenos ejemplos de ello por su contribución a generar un espacio de relación e interdependencia económica. En este proceso todo el territorio andaluz ha de ser protagonista, especialmente su frente costero y, en concreto, el ámbito del Estrecho de Gibraltar por su proximidad, y por sus funciones en los intercambios y en los flujos de personas y en las conexiones infraestructurales. En este sentido, el Estrecho ha de ser considerado como un enclave de interés estratégico en el ámbito europeo en el que ha de ponerse en marcha una intervención singular de fomento del desarrollo, fruto de la cooperación entre la Unión Europea y el norte de Africa, en cuyo contexto ha de impulsarse para el próximo siglo el proyecto de enlace fijo de los sistemas de comunicaciones entre ambos continentes.

    El desempleo en Andalucía

    1.- Pacto por la Economía Social.

    2.- Potenciación de las medidas de promoción de la Economía Social.

    3.- Políticas de formación y fomento de la Cultura Empresarial.

    4.- Políticas de acceso al crédito.

    EL DESEMPLEO EN ANDALUCÍA

    1.- Pacto por la Economía Social.

    2.- Potenciación de las medidas de promoción de la Economía Social.

    3.- Políticas de formación y fomento de la Cultura Empresarial.

    4.- Políticas de acceso al crédito.

    Nº Parados Tasa de paro Poblacón Activa

    España 3.041.900 18,65% 16.318.300

    Andalucía 844.700 30,39% 2.779.500

    Media U.E. 18.900.000 10,80% 172.500.000

    Con estos datos no cabe la duda, que es una obligación tanto del Gobierno (Central y Autonómico) como de los Agentes Sociales, buscar una salida a esta situación, máxime cuando el desempleo juvenil alcanza el 40% de la población activa, en nuestra Comunidad Autónoma..

    De las cifras anteriomente expuestas se deduce que el desempleo es el principal problema de Andalucía y tiene carácter estructural, por tanto las soluciones tienen que ser estructurales.

    Las causas de este nivel de desempleo habría que buscarlas en los siguientes factores:

      • Escaso tejido industrial de nuestra Comunidad.

      • El fuerte peso del sector primario en nuestra economía, pero que a pesar de ello no absorbe la mano de obra de este sector.

      • El componente coyuntural del sector servicios.

      • La escasez de proyectos viables, que crean trabajo estable.

    Por tanto las soluciones vendrían por crear un tejido productivo andaluz basado y apoyado en la microempresa y aquí es donde la Economía Social puede jugar papel clave, ya que el 80% de las empresas de Economía Social son consideradas microempresas. Si partimos de la hipótesis de que la creación de puestos de trabajo pasa hoy por potenciar los recursos endógenos de cada zona, no cabe duda que en el ámbito rural es donde más perspectivas hay de crear nuevos puestos de trabajo, para ello es necesario conjugar desarrollo tecnológico con iniciativa local.

    El auge demostrado en los últimos años, no sólo en Andalucía y España, sino en Europa, de las Iniciativas de Desarrollo Local para combatir el desempleo, nos dan pistas de por donde tienen que ir las líneas de actuación futura, y no cabe duda que la gran mayoría de los microproyectos (empresas) creadas al amparo de estas iniciativas locales se han articulado alrededor de empresas de Economía Social (fundamentalmente Cooperativas).

    Como ejemplo de lo anteriomente expuesto está la experiencia de las Escuelas de Empresas, iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Trabajo e Industria en colaboración con las Corporaciones Locales. En la actualidad existen en Andalucía 42 Escuelas de Empresas han sido el embrión de más de 259 proyectos empresariales (Cooperativas y Sales.) que han permitido crear 1.444 puestos de trabajo (el 90% de ellos en el medio rural). Este es un ejemplo de políticas activas de empleo a poner en marcha, en coordinación con las Corporaciones Locales.

    Nadie mejor que una empresa de Economía Social (donde el socio es trabajador y empresario a la vez) para crear empleo, puesto que en este tipo de empresas se combinan una serie de elmentos básicos como son:

      • Formación permanente

      • Redistribución de la renta

      • Potenciación de recursos endógenos

      • Respeto al entorno

      • Producción del productos de calidad

      • Congelación de salarios en época de crisis.

      • Reinversión de los excedentes empresariales.

    La Economía social. Alternativa y propuestas de Futuro.

    1.- Pacto por la Economía Social.

    El reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía del papel que ha desempeñado la Economía Social en nuestra Comunidad, en cuanto a la creación de puestos de trabajo, redistribución de la riqueza, vertebración territorial y potenciación y desarrollo de los recursos endógenos locales, tiene que concretarse en la firma de un Pacto por la Economía Social entre la Junta de Andalucía y Cepes-Andalucía como representante de este Sector. Es necesario que las expectativas empresariales que se van a crear con la entrada en vigor de la nueva Ley de Cooperativas a principios del año próximo en cuanto a la creación de este tipo de empresas y las Cooperativas y Sales ya existentes más de 4.500, tengan un horizonte financiero y presupuestario despejado como mínimo a tres años vistas.

    Dicho plan instrumentado a través del Decreto 167/97 de 1 de Julio y Orden de 30-07-97, de la Consejería de Trabajo e Industria,debe recoger un compromiso de financiación de la Economía Social a través de los programas 6.7.C y 2.3.A. de la Sección 13 (Consejería de Trabajo e Industria), para que las empresas de Economía Social puedan planificar sus inversiones a medio plazo, sin tener que depender y negociar año a año las partidas presupuestarias, sin someterse a los recortes presupuestarios originados por catástrofes o empresas en crisis.

    La incertidumbre, hace disminuir las expectativas empresariales y al mismo tiempo limita las inversiones.

    2.- Potenciación de las medidas de promoción de la Economía Social.

    Si el paro juvenil alcanza en Andalucía un tasa del 40%, no cabe duda de que es necesario atacar este problema estructural, con politicas activas de empleo, por ello mediante un modificación del Decreto 167/97 y Orden que lo desarrolla es necesario facilitar e incentivar las ayudas para jóvenes autoempleados, la creación de cooperativas juveniles, potenciar el programa de escuelas de empresas( como viveros de empresas), así como firmar Convenios de Colaboración con Ayuntamientos para a través las UPES, potenciar el desarrollo de empresas de Economía Social. Todo el esfuerzo presupuestario para atajar el desempleo juvenil es poco.

    Igualmente es necesario potenciar las ayudas para incentivar el empleo entre parados de larga duración. No olvidemos que el empleo se lo ha de buscar cada individuo o asociando con otros, aprovechando los recursos endógenos locales. La empresa tradicional no va a invertir en el medio rural.

    3.- Políticas de formación y fomento de la Cultura Empresarial.

    Para que los grupos más castigados por el desempleo (jóvenes y parados de larga duración) puedan acceder a un puesto de trabajo es necesaria una formación adecuada, para ello es necesario fomentar los programas de Formación orientados a la búsqueda del puesto de trabajo, en los ámbitos de actividad recogidos en el Libro Blanco, "Crecimiento, Competitividad y Empleo".

    Partiendo de que la Economía Social, es uno de los sectores más dinámicos en cuanto a la creación de puestos de trabajo, y que la formación va ligada al empleo, es necesario potenciar los paquetes formativos destinados a la Economía Social, ello pasa igualmente por el apoyo decidido de la Administración Pública al Centro de Formación de Dirigentes de la Economía Social, ubicado en la ciudad de Osuna (Sevilla).

    Sin menoscabo de la importancia del la Formación Profesional, es necesario la potenciación de la Formación Cooperativa, para crear verdaderos emprendedores.

    Un buen programa formativo, basado en las necesidades reales de la población, tutelado por la Administración y coordinado por las Federaciones de Economía Social y las Entidades Locales, a través de las Escuelas de Empresas, puede dar a medio plazo unos frutos buenos en la lucha contra el desempleo.

    4.- Políticas de acceso al crédito.

    Los convenios firmados en los últimos 15 años entre la Junta de Andalucía y las Entidades Financieras Andaluzas han dedicado una parte importante de recursos a la subsidiación de Pymes, aún cuando se destina una partida importante a este capítulo a subsidiar interés a Empresas de Economía Social, no cabe duda de que éstas son escasas, Llegando a cubrir año tras año el 50% de la demanda, con lo cual se está limitando la inversión productiva y generadora de empleo en este tipo de empresas, por lo que es necesario un mayor esfuerzo para atender estas limitaciones de crédito. Aquí pueden y deben jugar un papel muy importante, tanto las Cajas de Ahorros como las Cajas Rurales, papel que tiene que impulsar la Administración Autónoma de acuerdo con las Organizaciones de Economía Social.

    Igualmente sería conveniente estudiar, si es viable una sociedad de Capital Riesgo destinada a paticipar en proyectos de Economía Social. El hecho de que experiencias recientes hayan detectado fallos en este tipo de Sociedades, no quiere decir que no puedan desarrollar un papel importante apoyando los procesos de integración empresarial y estructuras de 2º grado, donde primen la calidad, la comercialización y los sistemas avanzados. Hablamos por tanto de una Sociedad de Capital Riesto especializada en participar en estructuras de ámbito superior para proyectos selectivos..

    5.- Políticas de potenciación del entorno rural.

    No olvidando la alta tasa de paro en el medio rural y las dificultades para mitigarlo, más importantes, que en el medio urbano y siendo concientes de las grandes posibilidades que se dan aprovechando los recursos endógenos en las distintas comarcas de Andalucía, es necesario facilitar la creación de infraestructuras que posibiliten la creación de empresas.

    Es necesario potenciar los polígonos industriales y crear centros de empresa, que permitan prestar apoyos de asesoramiento y servicios avanzados a aquellas empresas que se instalen en dichos polígonos, con especial incidencia en el Autoempleo. Tenemos que pensar que aquí no va a ver grandes proyectos, sino pequeñas empresas que tendran de 3 a 5 puestos de trabajo. De esta manera, estas empresas podrán disponer de servicios que por si solas no los podrían asumir.

    Conclusiones.

    Con la presente exposición hemos querido contribuir con la voz de la Economía Social, al reto que nos propone el foro creado para discutir propuestas de cara a la Andalucía del S.XXI denominado "Andalucía Nuevo Siglo".

    En nuestra exposición dirigida al área "Andalucía una economía competitiva que crear Empleo" hemos intentado poner de manifiesto el papel que la Economía Social, denominado hoy, Tercer Sector, esta jugando en Andalucía en cuanto a la creación de empleo, redistribución de riqueza y desarrollo de un medio como el rural poco competitivo.

    Partiendo de que el primer problema de Andalucía es el desempleo y éste tiene un fuerte componente estructural terminamos haciendo una serie de propuestas de futuro para la potenciación de las empresas de Economía Social, como una alternativa que puede coadyugar a resolver este problema de Andalucía.

    Andalucía en Europa

    1. Andalucía y la participación de España en Europa.

    2. Andalucía en una Europa solidaria.

    ANDALUCÍA EN EUROPA


    1. Andalucía y la participación de España en Europa.

    2. Andalucía en una Europa solidaria.

    Introducción.

    Se contienen en esta comunicación algunas ideas relativas al capítulo de Andalucía en Europa y se reflexiona sobre dos cuestiones principales, una la participación de Andalucía en Europa como consecuencia de la integración de España en las Comunidades Europeas y la otra sobre Andalucía en una Europa solidaria.

     

    1. Andalucía y la participación de España en Europa.

    La incorporación de España a Europa ha determinado no solo que competencias del Estado se transfieran a la Unión Europea sino que también se traspasen competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. En el caso de Andalucía tiene significado especial las competencias de agricultura y de reforma y desarrollo agrario.

    Muchas decisiones que antes se adoptaban en Andalucía se toman ahora en Bruselas y ello produce la necesidad de participación de Andalucía en dichas decisiones y de participar también en la ejecución de las mismas.

     

    La participación de Andalucía en las instituciones estatales españolas específicas relacionadas con la Unión Europea.

    Es necesario que las instituciones andaluzas mantengan estrecho contacto con el Consejero de Asuntos Económicos de la representación permanente de España en la Unión Europea, creado por el Real Decreto 2105/96 y con la Conferencia estatal para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, creada por Ley 2/97. Se trata de un órgano del Estado español de colaboración y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la participación de éstas en la formación de la voluntad del Estado y en la ejecución del Derecho comunitario. Sin embargo ello, en ocasiones, no basta y Andalucía debe pedir que, para determinados asuntos, un representante suyo pueda participar en las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Andalucía debe oponerse a la pretensión de algunos nacionalistas de que solo Cataluña y el País Vasco y Galicia, tengan representación directa ante el Consejo de la Unión. No existe título para esta discriminación porque Andalucía xxx

     

    La presencia de Andalucía en Bruselas.

    Además de la presencia andaluza en los órganos del Estado relacionados con la Unión Europea, Andalucía debe tener una representación permanente en Bruselas para lograr información de lo que allá ocurre, en estrecha colaboración con el Consejero de Asuntos Económicos de la representación permanente de España en la Unión Europea y poder estar informada directamente de los asuntos que afectan a los intereses generales de Andalucía y para informar a los andaluces que se trasladen a la sede de la Unión para gestionar asuntos de su interés.

     

    La presencia de los sectores económicos y sociales andaluces en Bruselas.

    Con independencia de la presencia en la sede de la Unión Europea de una representación institucional de la Junta de Andalucía, ésta debe fomentar y estimular la presencia de la iniciativa privada en la sede de la Unión Europea. La experiencia enseña la utilidad que para los distintos sectores económicos y sociales supone una presencia de los mismos en dicha sede ya que conocen, además de información, incluso los borradores de los Reglamentos y Directivas, lo que les permite, desde el principio, presentar estudios alternativos y evitar soluciones perjudiciales para sus intereses. Los distintos sectores andaluces con presencia en la sede de la Unión Europea deberían asociarse para aprovechar las sinergias derivadas de su colaboración.

     

    Andalucía y el comité de Regiones.

    La presencia de Andalucía en el Comité de Regiones de la Unión Europea, es obligada pero como se ha dicho de él su papel no es decisorio sino consultivo y no parece según los estudiosos del tema que a corto plazo pueda transformarse en un órgano codecisor. Con todo es un órgano institucional de la Unión Europea, en el que Andalucía puede hacer oír su voz en colaboración con la de otras nacionalidades y regiones.

     

    El artículo 23 del Estatuto de Autonomía.-

    Existe en el Estatuto de Autonomía de Andalucía un precepto olvidado que es el 23 que ordena que la Junta de Andalucía será informada en la elaboración de los Tratados y Convenios Internacionales, así como de los proyectos de legislación aduanera, en cuanto afecten a materia de su específico interés. Aunque se trata de mera información existe aquí una vía que permite que Andalucía pueda expresar su voz en temas tan importantes como el Tratado de Pesca con Marruecos. Es también importante la competencia que le otorga a la Junta de Andalucía para la ejecución de Tratados y Convenios Internacionales que afecten a las materias de su competencia.

    Especial relieve tiene la facultad reconocida a la Junta de Andalucía para dirigirse al Gobierno de la Nación, instándole a la celebración de Convenios o Tratados con paises de recepción de emigrantes andaluces para una especial asistencia a los mismos.

    Cuando se redactó el Estatuto, España no había ingresado en la Comunidad Europea y la interpretación del artículo 23 hay que realizarla de acuerdo con la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil. De acuerdo con ello el Gobierno de la Nación debe informar a la Junta de Andalucía de los Tratados y Convenios Internacionales que se elaboren por la Unión Europea en cuanto afecten a materias del específico interés de Andalucía y la Junta mantendrá la facultad de ejecución de los mismos que le atribuye el artículo 22.2. El párrafo 3 del citado artículo debe interpretarse, dada la realidad social en que nos encontramos, en el sentido de que la Junta de Andalucía podrá dirigirse al Gobierno instándole a la celebración de Convenios o Tratados con paises de emigrantes que entran en el país por Andalucía.

     

    2. Andalucía en una Europa solidaria.

    Andalucía tiene que oir su voz en los órganos de la Unión Europea en defensa de la solidaridad y ello porque tal principio constituye por sí, un valor para la convivencia en el seno de Europa y porque la situación de Andalucía lo exige. La defensa de la solidaridad ha de realizarse en un doble plano, uno interno entre los Estados, nacionalidades y regiones que configuran Europa y otro externo en relación con los países y Estados que no pertenecen a ella.

    Solidaridad interna.

    Los niveles socioeconómicos son muy diferentes entre los distintos Estados de la Unión Europea y entre las nacionalidades y regiones europeas y Andalucía ocupa uno de los últimos lugares en una serie de indicadores clave de los utilizados por la propia Unión Europea, la tasa de desempleo, la renta per cápita, los indicadores de nivel de vida, son muy desfavorables para Andalucía en relación con la media de los países de Europa.

    La libre circulación de personas, mercancías y dinero en los territorios de los Estados que forman la Europa Comunitaria, no garantizan por sí la corrección de esos desequilibrios territoriales sino que incluso pueden aumentarlos y por ello necesitan de una importante política de solidaridad para equilibrar los niveles entre las Nacionalidades y Regiones de los Estados que la forman.

    La política de solidaridad encontraba un camino para su ejecución en los fondos como el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FLEOGA), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para infraestructuras, el Fondo Social para programas de formación y orientación profesional y actuaciones frente al paro. El Tratado de Maastricht creó los Fondos de Cohesión que se concretaron en la cumbre de Edimburgo de diciembre de 1992 y que tienen como destinatarios a las Regiones menos desarrolladas España, Irlanda, Grecia y Portugal, han sido los Estados beneficiarios de importantes cantidades.

    En el final del siglo XX, Andalucía ha recibido importantes cantidades de estos Fondos lo que le ha permitido financiar proyectos de actividades e infraestructuras.

     

    Peligro de cambio para la solidaridad en el Siglo XXI.

    El nuevo siglo coincide con el peligro de un cambio en la financiación de la Unión Europea y en la de la Política Agraria Común y al mismo tiempo se anuncia la integración de la Unión de países del este de Europa que por lo general tienen niveles socioeconómicos inferiores a los de España y Europa.

    En este trance Andalucía tiene que impulsar a España a defender en el seno de Europa la política de solidaridad, cada vez más necesaria con la incorporación de los países del este.

    Al parecer los países ricos se quejan del desequilibrio entre lo que aportan al presupuesto europeo y lo que reciben de él. Algunas de las fórmulas que se barajan producirán una regresión en las políticas europeas, es decir castigarán más a los países más pobres, produciéndose más desequilibrios entre los países del norte y del sur.

    Concretamente en agricultura está en peligro la Agenda 2000 que incluía los gastos para el primer septenio del siglo XXI. Se pretende que un 25% de las ayudas directas al agricultor se cargue a los presupuestos de los Estados, lo que para España supondría 90.000 millones de pesetas, de los que buena parte vienen a Andalucía por la importancia de su agricultura. En definitiva se trata de racionalizar en parte la Política Agraria Común lo que perjudica a los países pobres en los que la agricultura tiene más peso y tiene la incertidumbre de como el Estado español va a financiar esta partida y sus repercusiones financieras territoriales.

    Ante el evidente peligro con el que se presenta el siglo XXI, Andalucía debe recordar que el principio de cohesión y de solidaridad, es fundamental en la construcción de Europa y que en el Tratado de la Unión Europea los conceptos de cohesión y convergencia figuran en el preámbulo del mismo en el que se afirma que los países de la Unión Europea están decididos a promover el progreso económico y social de sus pueblos dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesión y el artículo 130 del Tratado establece que a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta se propondrá, en particular reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.

    El referido precepto ordena que la Comisión presentará cada tres años, un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social y al Comité de Regiones, sobre los avances obtenidos en la cohesión económico social y sobre la forma en que los distintos Fondos hayan contribuido a ello. Si son necesarias medidas específicas al margen de los Fondos, el Consejo podrá adoptar dichas acciones por unanimidad. En el informe último sobre cohesión económico y social se afirma que la entrada en funcionamiento de los referidos Fondos de convergencia ha sido muy positiva y ha contribuido al acercamiento de las economías de la UE.

    Sin embargo estamos bien lejos de los objetivos ya que como ha recordado recientemente Afán de Ribera, el PIB per capita de Hamburgo es más de tres veces superior al de Andalucía y los ciudadanos de Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia o Luxemburgo tienen una renta per capita que duplica a la de un ciudadano español y triplica a la de un ciudadano portugués.

    Andalucía tiene que denunciar y proponer la oposición política y jurídica de tales reformas como contrarias a los principios y normas fundamentales del Tratado de la Unión.

    Asimismo ha de salir al paso del intento de excluir a España de los beneficios de determinados instrumentos de cohesión por el hecho de haber logrado los requisitos de convergencia para la entrada en la Unión Monetaria. Es necesario distinguir entre la convergencia macroeconómica y la convergencia real. Sería una gran injusticia eliminar de tales beneficios a países que han tenido que realizar un gran esfuerzo, en el que han participado sus Comunidades Autónomas, para lograr los requisitos de la convergencia macroeconómica.

    La convergencia real en niveles socioeconómicos está muy lejos de conseguirse entre los diversos Estados y nada digamos entre las nacionalidades y regiones que los forman, comparadas con las de otros Estados o con las de un mismo Estado.

     

    La solidaridad externa.

    Los países que forman la Unión Europea constituyen, en general, uno de los territorios de mayor nivel socioeconómico del mundo, que linda al sur y muy especialmente por Andalucía, con Africa uno de los continentes más subdesarrollados y en el que coexisten en no pocos países las luchas tribales, las dictaduras y el hambre. Los Estados y regiones del sur de Europa se ven afectadas y muy especialmente Andalucía, dramas terribles de la inmigración clandestina procedente de dichos países. Las cifras son terribles ya que en los últimos cinco años han sido mil los ahogados en el Estrecho y veinte mil los detenidos. Se ha podido decir que en el siglo XXI, los países acomodados de Europa, lindantes con un continente hambriento, podrán sufrir graves problemas de terrorismo derivados de la inmigración clandestina, movida por mafias que cobran cantidades a los inmigrantes por cruzar el Estrecho con la promesa de un puesto de trabajo en un país europeo.

    No se trata solo de que vengan marroquíes a Andalucía, sino de inmigrantes de los más diversos países africanos que buscan un país europeo y atraviesan Andalucía. El Estrecho de Gibraltar no es solo punto de unión de dos continentes sino frontera de separación de la Europa rica y desarrollada y de Africa, subdesarrollada y hambrienta. El fenómeno de inmigración ilegal irá a más en el siglo XXI.

    Andalucía por su historia, por su posición geográfica debe actuar como motor de Europa para el desarrollo de Africa. Europa por su historia colonial en Africa debe asumir a través de la cooperación internacional, un importante papel en el desarrollo de Africa. Andalucía debe hacer oir su voz en las instalaciones españolas para la Unión Europea, en el Comité de Regiones y en los foros especializados para que la Unión Europea asuma el papel que le corresponde en el desarrollo de Africa.

    Aunque necesaria no basta con la acción policial para atajar la inmigración ilegal sino que hay que combatir las causas que la provocan. En el orden policial hay también que vigilar y perseguir las mafias que a uno y otro lado del Estrecho trafican con los inmigrantes y para ello la Unión Europea, debe requerir a los Estados africanos para que persigan dichas mafias y controlen ellos la inmigración a fin de que sea legal. Pero al mismo tiempo los Estados europeos deben convenir con los africanos cupos generosos de emigrantes legales y abrir la posibilidad de inmigración temporal y realizar una labor con estos para hacerles ver los beneficios del retorno y convencer a los instalados legalmente que pueden convertirse en colaboradores del desarrollo de sus países de origen mediante proyectos de desarrollo empresarial, con ayuda financiera internacional, en una labor de cooperación. Debe crearse un sistema de financiación para estos proyectos de inmigrantes acomodados y sugerirles la inversión de parte de sus ahorros en el desarrollo de los países de origen.

    Andalucía debe luchar contra el racismo y la xenofobia que en Europa, en España y en su propio ámbito pueda practicarse contra los inmigrantes. Tiene para ello títulos bien específicos como son los de la tolerancia que en ella se practicó históricamente entre cristianos, árabes y judíos, el mestizaje que la ha caracterizado por las invasiones de su territorio facilitadas por su posición geográfica y el de los muchos andaluces que han tenido que emigrar a Europa y a tantas partes del mundo para sobrevivir.

    Como algunas de estas ideas han sido desarrolladas también en mi ponencia sobre Andalucía tierra de fronteras (apartado del Estrecho de Gibraltar a ella me remito)

     

    Andalucía, Europa, Africa y el problema de los Tratados de la pesca.

    La flota de altura andaluza tiene importantes intereses en los caladeros marroquíes y saharianos. En ellos han pescado tradicionalmente. En una primera fase y durante la época del Protectorado de España sobre Marruecos, ello no creó mayores problemas. Luego con la independencia de Marruecos, España suscribió Tratados de Pesca con Marruecos de los que dependía la suerte de la referida flota andaluza. Lo nuevo es que desde que España ingresó en Europa, tales Tratados los negocia y firma la Comunidad Europea. Andalucía y los intereses pesqueros andaluces han de expresar su parecer en estas no fáciles negociaciones y conviene llamar la atención sobre el natural anhelo de Marruecos de llegar a tener una flota pesquera propia, lo cual dificultaría en el futuro nuestra presencia en tales caladeros.

    Andalucía se juega mucho en estos Tratados ya que su flota, sus armadores y pescadores forman un porcentaje importante de su población y de su riqueza ya que el 25% de las costas españolas están en Andalucía.

    En la negociación de estos Tratados debe estar algún representante andaluz y se debe recordar que el artículo 23 del Estatuto de Autonomía establece que la Junta de Andalucía será informada en la elaboración de los Tratados y Convenios Internacionales, en cuanto afecten a materias de su específico interés.

    La Unión Europea que tiene un Tratado preferencial con Marruecos, posee bajas importantes en las negociaciones de los Tratados de Pesca, ya que los productos agrícolas africanos son competidores con los andaluces y para llegar a Europa tienen que atravesar Andalucía y sobre todo en la agricultura intensiva, los productos andaluces necesitarán determinados ajustes.

    En cualquier caso la Unión Europa debe colaborar en la búsqueda de otros caladeros alternativos a la flota andaluza.


    El futuro de Andalucía

  • Diagnóstico del marco global para la actuación internacional de andalucía

  • La construcción de un nuevo discurso andaluz. identidad e imagen de andalucía

  • Definición de objetivos

  • Oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado

  • Participación de Andalucía en la construcción europea

  • Andalucía, impulsora de la Cooperación Internacional

  • Líneas de actuación

  • Promoción internacional de los intereses andaluces

  • El papel de Andalucía en Europa y los desafíos europeos

  • La dimensión mediterránea de Andalucía

  • La dimensión atlántica de Andalucía

  • La cooperación internacional como eje de actuación de una ciudadanía solidaria.

  • EL FUTURO DE ANDALUCÍA

    Se trata de estudiar el papel que puede jugar Andalucía como encrucijada Norte-Sur y Este-Oeste, su función en el Mediterráneo y el compromiso de participar en el proyecto político de creación de la Unión Europea. Asimismo, se deberá plantear el papel activo que puede jugar en la ayuda a los países vecinos menos desarrollados y a los países hermanos de América. 

    Este documento tiene dos objetivos:

    1. Estudiar el marco global en el que se ha de desarrollar la proyección exterior de Andalucía en el siglo XXI, con el fin de analizar cómo afectarán a Andalucía los cambios que se están produciendo en el escenario internacional, con especial referencia a los que tienen lugar en la Unión Europea.

    2. Definir propuestas que permitan afrontar tanto los desafíos como las oportunidades que proporciona a Andalucía un mundo en acelerada transformación.

  • Diagnóstico del marco global para la actuación internacional de andalucía

  • La construcción de un nuevo discurso andaluz. identidad e imagen de andalucía

  • Definición de objetivos

  • Oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado

  • Participación de Andalucía en la construcción europea

  • Andalucía, impulsora de la Cooperación Internacional

  • Líneas de actuación

  • Promoción internacional de los intereses andaluces

  • El papel de Andalucía en Europa y los desafíos europeos

  • La dimensión mediterránea de Andalucía

  • La dimensión atlántica de Andalucía

  • La cooperación internacional como eje de actuación de una ciudadanía solidaria.

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    1. DIAGNÓSTICO DEL MARCO GLOBAL PARA LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA.

    El mundo contemporáneo es una compleja realidad en profunda evolución, cargada de incertidumbres en cuanto a lo que pueda ser el orden mundial futuro. En este sentido, la relativa simplicidad y estabilidad que presentaba la sociedad internacional de los siglos anteriores ha dado paso a una creciente movilidad y complejidad.

    El derrumbamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la desaparición del bloque socialista, el triunfo de la democracia formal y de la economía de mercado eliminaron la fractura dominante entre 1947 y 1989 (el enfrentamiento ideológico Este-Oeste, que caracterizó el periodo de la Guerra Fría), sustituyéndola por nuevas fracturas hasta entonces consideradas menores o secundarias. Por otra parte, hechos como las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente, la creciente pobreza, el narcotráfico y el terrorismo internacional alimentan la creciente sensación de ingobernabilidad del mundo contemporáneo ante la multiplicidad de sus problemas.

    El sistema internacional, en efecto, ya no es exclusivamente interestatal sino cada vez más complejo, en la medida en que los agentes sobrepasan a los propios Estados. Por ello, y a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, los Estados soberanos no son ya las únicas entidades que actúan en la vida internacional, como resultado de la mencionada complejidad y diversificación de la estructura de la comunidad internacional. Los Estados, además, se ven puestos en cuestión en la actualidad al comprobarse que son incapaces de resolver por sí mismos problemas que exigen un esfuerzo de cooperación internacional, y al verificarse que existen otras entidades no estatales (empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales o instituciones regionales y locales) que operan con creciente relevancia en la vida internacional. Por otra parte, el mundo es cada vez más inestable e imprevisible, ya que la noción de seguridad se ha hecho mucho más compleja y no se circunscribe hoy únicamente a los Estados ni se manifiesta exclusivamente en términos político-militares.

    Obviamente, el sistema internacional había empezado a transformarse mucho antes, pero los cambios se han intensificado profundamente en la última década y es innegable que estamos hoy ante un nuevo sistema mundial o planetario, cerrado espacialmente, profundamente fragmentado, heterogéneo y complejo; crecientemente transnacionalizado, interdependiente y global, pero políticamente poco estructurado o integrado.

    Su carácter universal y transnacionalizado -como consecuencia del proceso de descolonización, de la revolución científico-técnica, los avances en las comunicaciones, y la expansión del sistema económico occidental- se manifiesta en una unificación del campo estratégico, del sistema comunicativo y del sistema económico. Estos hechos originan procesos acelerados de dependencia económica, política y cultural y de pérdida de identidad cultural a escala no sólo individual sino también colectiva y, por otro lado, han aparecido conflictos de naturaleza diferente de los del pasado.

    Este nuevo sistema universal o mundial ha roto las barreras tradicionales que separaban a las distintas comunidades humanas, y ha liberado fuerzas y dinámicas nuevas o hasta ahora ahogadas, o al menos controladas, por los Estados soberanos territoriales. En el nuevo orden internacional, los grandes centros de poder político, económico y cultural, estatales o no estatales, pueden actuar e imponer sus objetivos sin necesidad de acudir a los procedimientos de intervención característicos de otras épocas históricas; por otra parte, actúan en él fuerzas y movimientos generadores de inseguridad e inestabilidad, difícilmente controlables incluso por los Estados más poderosos: flujos financieros incontrolados, flujos migratorios, degradación acelerada del medio ambiente, terrorismo y narcotráfico, entre otros.

    En esta compleja realidad, el Estado se presenta con rasgos muy distintos de los que le venían caracterizando desde la Paz de Westfalia, en 1648. En primer lugar, los Estados que pretendieron entonces la plenitud de soberanía e independencia se encuentran hoy subordinados en razón de los límites que les impone la realidad de la interdependencia; en segundo lugar, tras haber proclamado su integridad territorial tienen que admitir que sus fronteras han perdido mucho de su carácter cerrado, pues los hechos les obligan a tomar conciencia de que se hallan sumergidos en la transnacionalización de la vida; por último, después de haber afirmado durante siglos su unidad política, que sólo excepcionalmente quedaba perturbada, muchos sufren las consecuencias de la dislocación de tal unidad.

    Aunque la institución estatal y la pluralidad de Estados soberanos sigan siendo los presupuestos básicos de la sociedad internacional, existen aspectos de la realidad social transnacional que no están controlados, y ni siquiera gestionados, por los Estados, sino por entidades privadas que actúan exclusivamente en función de sus propios intereses y con tal éxito, que muchas veces desplazan a los Estados, colocándolos ante hechos consumados e imponiendo sus propias reglas en sectores no regulados, o contemplados sólo de modo precario, por el derecho internacional. El funcionamiento del capitalismo mundial o el de la criminalidad internacional organizada, por mencionar dos ejemplos concretos, hacen que los Estados soberanos, sobrepasados por fenómenos transnacionales que no controlan, queden a veces reducidos a intentar defenderse de la dinámica de actores paralelos que les privan de parcelas importantes de su independencia y soberanía, en un mundo dominado por el desenfrenado apetito de lucro.

    De ahí se derivan un conjunto de cambios relevantes en el mundo que podríamos sistematizar como sigue:

    a) Heterogeneidad del sistema internacional, como factor dominante del mismo, frente a la relativa homogeneidad que le había caracterizado a lo largo de la historia, cuando estaba constituido casi exclusivamente por Estados soberanos territoriales, lo que conlleva un proceso de difusión del poder, que implica cambios importantes tanto en la naturaleza del poder como en la distribución del mismo entre los distintos actores de la vida internacional.

    El debilitamiento de la centralidad del Estado en las relaciones internacionales es patente, a pesar del paralelo y espectacular crecimiento del número de Estados tras la descolonización, primero, y el desmembramiento de un importante número de Estados, después, en un proceso en el que los ejemplos de la URSS o de la antigua Yugoslavia son bien representativos. Como resultado de ello se produce una progresiva difuminación, e incluso desaparición, de los límites entre el mundo interno de los Estados y el mundo internacional, esto es, entre la política interior y la política exterior.

    b) En correspondencia con lo anterior adquieren relevancia nuevos tipos de conflictos, distintos de los tradicionales, que se desarrollan en el interior de los Estados y no entre Estados, que suelen ir acompañados de violaciones graves y masivas de los derechos humanos fundamentales y de los principios básicos del derecho internacional humanitario, y que pueden poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

    Como contrapartida, surge una revalorización de lo humano y de lo humanitario como valores generalmente compartidos por la comunidad internacional en su conjunto y como dimensión de las relaciones internacionales, lo que se traduce en la emergencia de un nuevo consenso internacional en torno a las nociones de derechos humanos y democracia, como valores generalmente aceptados en la comunidad internacional.

    c) Finalmente y como amplio telón de fondo resaltamos la creciente relevancia de los factores económicos, científico-técnicos y culturales en las relaciones internacionales, así como, la creciente importancia de nuevos actores no estatales en las relaciones internacionales, en las que es indiscutible la acción de empresas transnacionales, instituciones locales y de organizaciones no gubernamentales de la más diversa naturaleza.

    Desde la caída del muro de Berlín hasta la implosión del imperio ruso-soviético, los grandes cambios operados en la vida internacional suscitaron en muchos el sueño de un nuevo orden mundial, la ilusión de que un mundo sin conflictos ideológicos sería más fácil de gestionar. Liberalización y economía de mercado, por ejemplo, resumieron la propuesta que entonces parecía destinada a resolver los problemas del subdesarrollo. Pero los hechos mostraron pronto, y siguen poniendo de manifiesto hoy, que a los países ricos corresponde el 80% del comercio mundial, más del 85% de las inversiones directas en el extranjero, más del 95% de las inversiones en investigación y desarrollo, y que las decisiones económicas se concentran en un pequeño número de Estados que representan sólo el 10% de la población mundial.

    La economía mundial se ha globalizado, pero al mismo tiempo presenta tendencias en las que son evidentes las tensiones y las contradicciones: así, por ejemplo, el comercio crece mucho más rápidamente que la producción, y los flujos de capital aumentan con mayor rapidez aún; el papel de las empresas transnacionales es creciente, con lo que la mayor parte del comercio mundial se realiza entre empresas de un mismo grupo.

    En otro orden de cosas, si las fronteras han desaparecido en el campo de las finanzas y de los flujos de capital, se han reforzado en cambio en el de las migraciones -a pesar de que, proporcionalmente, éstas son menores que las que tuvieron lugar en el siglo XIX-, lo que significa que si de un lado se concentra la riqueza, de otro se dificulta el acceso de la inmensa mayoría de los seres humanos a ese bienestar.

    El mundo ha experimentado rápidas y hondas transformaciones que se resumen en una palabra: globalización. En efecto, la internacionalización de los capitales, el desarrollo de la técnica, y la revolución de los medios de comunicación hacen de la comunidad internacional contemporánea una realidad social cada vez más interdependiente y global, pero no menos conflictiva ni más segura.

    En la actual etapa de la globalización destacan tres aspectos. En primer lugar, la vertiginosa mundialización de los flujos financieros y la universalización de las imágenes audiovisuales, dos procesos controlados por un pequeño número de gigantescas empresas. En segundo lugar, la extensión geográfica sin precedentes de este proceso de mundialización, que ha sometido a su control incluso a países con una organización económica y social distinta de la del capitalismo, como es el caso de China, que no pueden desentenderse del funcionamiento de la economía mundial. Y, por último, los cambios en los instrumentos mediante los que se verifica esta expansión mundial del capitalismo: la informática y las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones.

    Es preciso, sin embargo, distinguir los mitos de las realidades, y tomar conciencia de que en el actual discurso de la globalización hay mucho más de fantasía ideológica que de realidad objetiva, ya que la globalización no tiene el alcance que le atribuyen los ideólogos neoliberales, aparte de que existen poderosas contratendencias que es necesario tener en cuenta.

    El proceso de globalización en el que el mundo se ve cada vez más inmerso crea casi por inevitable reflejo, otro mundo paralelo de interdependencias, en el cual, sin embargo, no todos los países y pueblos juegan con las mismas cartas. Mientras unos progresan en sus niveles de desarrollo y en sus procesos de integración política y económica, otros se estancan, propiciándose por ello una marginación generadora de tensiones en un marco internacional que unos diseñan y otros contemplan y sufren.

    La desaparición del sistema Este-Oeste ha dejado al descubierto la radical desigualdad del sistema Norte-Sur. La aparente uniformidad anunciada, al igual que el anunciado nuevo orden internacional, encubre una absoluta desigualdad en el comercio y en los intercambios mundiales.

    Si pensamos en África, claro exponente de lo que podríamos denominar la globalización mutilada, comprobamos que el fenómeno no tiene ni la dimensión, ni el carácter benéfico que le atribuyen los defensores de la globalización del mercado. El terrible panorama de los conflictos étnicos en el continente con más minorías étnicas del mundo (entre mil ochocientas y dos mil), pone de manifiesto no sólo la crisis profunda de muchos Estados africanos surgidos de la descolonización, sino atroces violaciones de los derechos humanos fundamentales.

    En el caso del Magreb, área geográfica de mayor importancia política y estratégica para Andalucía y en la que confluyen intereses políticos y de seguridad, intereses económicos e intereses socio-culturales, se manifiestan las disparidades y desequilibrios que afectan en general a las relaciones Norte-Sur. Singularizamos el conjunto de disparidades con arreglo a la clasificación que sigue:

    a) Los desequilibrios económicos: observables en que, si la media de la renta per cápita en la UE se sitúa en torno a los 17.000 dólares, en los países de la ribera sur del Mediterráneo apenas supera los 1.500 dólares.

    b) Los desequilibrios demográficos: producidos por el hecho de que la población europea se estanca casi en el crecimiento cero (0,2), mientras que la orilla Sur registra una media del 2,5%, convirtiéndose, por añadidura, en un emisor de primer orden de emigración hacia la orilla Norte, siendo Andalucía testigo y protagonista obligado de ese fenómeno.

    c) La disparidad cultural: determinada por las elevadísimas tasas de analfabetismo y el bajo nivel de escolarización a todos los niveles que registran los países del Sur. Determinada también por el fenómeno socio-cultural del integrismo islámico, que ha hecho crecer en amplias capas de la opinión pública europea no pocos temores, con frecuencia alentados por tesis catastrofistas. Ello no ha hecho sino añadir al desconocimiento mutuo nuevas aprehensiones.

    d) La disparidad político-institucional: por cuanto frente a una Europa uniforme en sus sistemas políticos y sociales y que avanza regularmente hacia su integración económica y política, la orilla Sur del Mediterráneo ofrece un panorama heterogéneo con sistemas políticos y sociales muy diferentes entre sí y con estructuras de integración aún muy incipientes e incapaces de superar antagonismos y rivalidades históricas. A mayor abundamiento, conflictos internos (la interminable búsqueda de la identidad argelina), bilaterales (Marruecos-Argelia) o regionales (Oriente Medio) añaden a este contexto un factor de inestabilidad y de fragilidad cuando menos perturbador.

    Por otra parte, la multiplicación de conflictos internos, el colapso de muchos Estados ante la violencia interétnica, y los nacionalismos exacerbados y excluyentes confirman la paradoja de una situación en la que la globalización corre paralela, en muchos supuestos, con una radicalización de lo local. Resulta así, que al mismo tiempo que el sistema internacional ha registrado profundos cambios en su estructura y dinámica, han salido a la luz nuevos problemas y se han reavivado conflictos que la Guerra Fría y el sistema bipolar habían amortiguado.

    Junto a la toma de conciencia de un contenido global que concierne a la supervivencia de la humanidad, los hechos ponen trágicamente de manifiesto que, al mismo tiempo, en tal o cual rincón de la tierra se continúa viviendo como siempre se ha vivido. Esto es, se continúa muriendo con las armas en la mano. Se sigue luchando con una tenacidad inimaginable para aquellos que ignoren la historia de estos grupos humanos, que siguen alimentándose con la memoria de los crímenes del enemigo, y nublando la memoria de los propios crímenes.

    Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se estima que hay en el mundo unos treinta millones de personas desplazadas, y más de veinte millones de refugiados; con lo que son cincuenta millones de personas aproximadamente las que, por causa de persecución o conflictos armados, se han visto obligadas a abandonar su hogar, ya sean refugiados o desplazados internos. Del número total de personas bajo el amparo de ACNUR (22.376.300 el 1 de enero de 1998), 7.385.100 correspondían a África y 7.458.500 a Asia.

    No hay pues una única globalización, y sí son ciertas las imágenes de la aldea global o la fábrica global, los hechos y las desigualdades crecientes que, a escala mundial, ponen de manifiesto un apartheid global. Por consiguiente, más que de una única globalización habría que hablar de diferentes globalizaciones y distinguir los aspectos positivos de las dimensiones negativas, incluso nefastas, de estos fenómenos.

    Hoy, además, tenemos más conciencia de los límites de la globalización, y en las noticias que sobre las fluctuaciones incontroladas de los mercados financieros internacionales llegan de Asia, Iberoamérica, Rusia y Wall Street se percibe, cada vez más claramente, una sensación de fin de época hasta el punto de que muchos se preguntan, incluso, si no se ha terminado la época de la globalización. Su hilo conductor -libertad ilimitada para mercancías, información y dinero- se ha puesto en cuestión, y se ha hecho mucho más intensa la sensación de ingobernabilidad; de que vivimos en un mundo de creciente complejidad, movilidad e incertidumbre.

    Por ello, un nuevo consenso parece estar emergiendo: la globalización puede y debe seguir adelante, pero regulada, esto es, sujeta a controles políticos y jurídicos; exigencia que en este momento histórico vuelve a dar un nuevo sentido, tanto a la función del Estado, como a la del derecho internacional.

     

    2. LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DISCURSO ANDALUZ. IDENTIDAD E IMAGEN DE ANDALUCÍA.

    Antes de debatir cómo afectarán a Andalucía los cambios que se están produciendo en el escenario internacional descrito anteriormente, se impone aproximarse a Andalucía, como sujeto y como objeto de los procesos internacionales a los que aspira a incorporarse.

    Andalucía está implicada en un doble proceso: por un lado, debe preservar su identidad, sus peculiaridades y sus intereses ante una UE en proceso de profundización y de ampliación de su ámbito de actuación y, por otra parte, debe participar, aprovechando su situación geográfica, su historia y su cultura, en la apertura de la UE hacia el Sur.

    Andalucía debe preservar su identidad. El tema de la identidad andaluza exige una detenida reflexión que, de entrada, evite los estereotipos y que, incluso, anticipe la identidad de una nueva Andalucía. Se trataría, en otros términos, de localizar aquellas señas de identidad que no sólo mejoren la imagen de Andalucía, sino también que la pongan en condiciones de competir en las relaciones internacionales.

    En la definición de esta nueva Andalucía deben valorarse debidamente los cambios vividos durante el último cuarto de siglo. Cambios que han introducido a Andalucía en la modernidad sin caer en las deformaciones por desgracia habituales. A pesar de los tópicos consuetudinarios que en nada nos honran, negándonos a veces nuestra capacidad transformadora, Andalucía experimenta un vigoroso y eficaz avance. Sin anticipar conclusiones, puede afirmarse que Andalucía reúne unas excelentes condiciones objetivas para entrar en el siglo XXI.

    La imagen actual de Andalucía fue fabricada por el romanticismo europeo del siglo XIX y por sus libros de viajes. La imagen de Andalucía transita entre Ford, Doré, Merimé y Washington Irving. Cierto que no faltaba base material para la creación de una Andalucía romántica. Pero, en definitiva, Andalucía circula en el imaginario colectivo exterior -y también en buena parte del español- entre lo pintoresco y el exotismo. Era, sin embargo, la Andalucía que mejor se adecuaba al paternalismo y al mantenimiento de una especie de reserva para visitantes ávidos de emociones.

    Lo peor sucede cuando la víctima hace suya la imagen que de ella han fabricado en el exterior. La Andalucía -y no la España- "de charanga y pandereta" fue asumida por no pocos andaluces. Esta supuesta peculiaridad, unida a la separación geográfica del resto de España y a las condiciones de atraso, cultivaron entre los andaluces el mito del ensimismamiento. De éste a la práctica del "ombliguismo" sólo había un paso, y se dio. Se sublimaron las carencias y de éstas se hicieron virtudes. En los años dorados del desarrollismo y del turismo incontrolado se incrementaron estas tendencias; posteriormente, la conquista andaluza del Estatuto de Comunidad histórica no ha invertido los términos de esta imagen andaluza.

    No obstante, hay datos que apuntan a la revisión de esta imagen tópica que, por demás, sería nociva a la hora de ubicar a Andalucía en el Mundo. La conquista del nivel autonómico privilegiado y las celebraciones de 1992 han contribuido positivamente en el cambio necesario de las mentalidades colectivas. La mejora del nivel de vida, la generalización del estado asistencial, la difusión de la cultura, etc., han sido factores que han generado una dinámica distinta.

    La conclusión provisional sería que se está en la línea para ir desarrollando una imagen de Andalucía más ajustada a la realidad; propia, moderna, sobre la base de una cultura andaluza que puede dinamizar a los andaluces, movilizarlos, y propiciar las acciones exteriores aquí preconizadas. Una Andalucía con unos rasgos culturales genuinos, no tópicos y, sobre todo, protagonista de su propia modernización. Una modernización solidaria y no egoísta. Que no condena, por ejemplo, el turismo como fuente de generación de recursos; pero que va más allá del turismo de sol y folklore; un turismo orientado a dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de Andalucía. El turismo de una Comunidad Autónoma que no se basa únicamente en la prestación de unos servicios de calidad, sino que se orienta a presentar una Andalucía generadora de recursos propios y en posesión de una mano de obra cualificada y de una clase intelectual, artística y política, en condiciones de competir con las de los países industrializados y más desarrollados.

     

    3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

    3.1. Oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado.

    La globalización en marcha es tanto una oportunidad como un desafío. Tras muchos años de ensimismamiento y de atender casi exclusivamente al mercado interno nacional, los andaluces, en distintos ámbitos de actuación (científico, artístico, creativo) y, en particular, las empresas andaluzas, empiezan a encontrar en los mercados exteriores un campo adecuado para sus actuaciones. El debate se plantea entonces sobre los mecanismos y las políticas necesarias para aprovechar esta dinámica de forma tal que se pueda transformar este aumento de la proyección exterior de los agentes económicos andaluces en un factor de competitividad y modernización de la economía y de la sociedad en su conjunto. El objetivo sería entonces encontrar la mejor manera de promover los intereses de los agentes económicos, profesionales y sociales andaluces para hacer frente tanto a los desafíos como a las oportunidades.

    Parece que cuando se habla de esta cuestión se piensa en la expansión económica de Andalucía fuera de las fronteras españolas y de los intercambios con el resto de las Comunidades Autónomas. Es un pensamiento lógico, pero no completo. Todo apunta a que las empresas andaluzas pueden encontrar campos exteriores para la continuación de su desarrollo y el mayor incremento de sus beneficios. Sin embargo, estas actuaciones, coherentes desde el punto de vista empresarial, deben ser consideradas bajo un prisma complementario.

    Es bien sabido que las normas del mercado se rigen por el beneficio mutuo. Sin embargo, las características de Andalucía deben potenciar, en sus actuaciones exteriores, otros factores que harán más fácil su penetración en determinados mercados internacionales. Sería oportuno, en consecuencia, fortalecer aquellas otros factores de acompañamiento (geográficos, sociales, históricos, culturales, etc.). La defensa de los intereses de los agentes económicos no puede excluir la potenciación de otros factores que, no sólo pueden favorecer la penetración, sino que también la pueden hacer más tolerable en épocas de crisis.

    El estudio de las oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado supone que ha de prestarse atención a dos aspectos muy concretos:

     

    3.1.1. Definición de los agentes

    En este caso, los agentes serán aquellas empresas andaluzas interesadas en ampliar sus actividades en el extranjero. Sin embargo, este catálogo que parece designar únicamente a empresas privadas, debe ampliarse a otros agentes cuya personalidad jurídica es mucho más compleja y que también realizan actuaciones económicas internacionales. Se trata de las Cajas de Ahorro andaluzas, sector en franca expansión y pendiente de reestructuración, pero que ya ha iniciado interesantes actividades económicas en el exterior. Este caso es del máximo interés, puesto que, frecuentemente, dichas actuaciones tienen también objetivos sociales o de clara promoción política y democrática de los países receptores de estas nuevas presencias socioeconómicas.

    Aunque, ciertamente, sin tener el protagonismo directo, las instituciones andaluzas tienen un claro papel en la promoción de la tarea de estos agentes económicos. Sin embargo, estas instituciones, con la Junta de Andalucía a la cabeza, no pueden limitarse a una simple labor de padrinazgo. Tienen, también, la función de orientación en la oferta de aquellos países y de aquellos sectores prioritarios. Igualmente, habrán de diseñar un programa de actuaciones y de presencias (Ferias internacionales, viajes institucionales de la Presidencia de la Junta, etc.).

    Agente complementario, pero muy importante, podría ser una Comisión de Asesoramiento en Asuntos Internacionales, donde se incorporasen los expertos en la materia, sector en el que abundan, además, los buenos profesionales andaluces.

     

    3.1.2. Determinación de acciones y de interacciones

    Ya se ha indicado en los párrafos anteriores, que la presencia institucional no puede ni debe limitarse a una mera función de patrocinio. Es básica la función orientadora y asesora, cuando sea solicitada por las empresas que se propongan realizar operaciones económicas en el extranjero. Y tendría que prolongarse durante todo el tiempo que se estimase necesario. Es, precisamente, lo que ya ha sido apuntado como proceso de toma de decisiones. Quizá pudiera pensarse en un tipo de compromiso por parte del Gobierno de Andalucía con las actividades de aquellas empresas que se ajustasen a las propuestas de la Junta. Lógicamente, desde esta perspectiva, deben tenerse muy en cuenta las razones de orden político. En palabras menos rotundas: orientar las operaciones a aquellos lugares del mundo y al género de actividades que, según la valoración del gobierno, mejor sirvan a los intereses globales de Andalucía y no sólo a los intereses económicos particulares de cada empresa, por respetables que sean. Sería, además, una forma de concertar las actividades de la sociedad civil con las oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado.

    Un problema que habrá que resolver será evitar actuaciones cruzadas, repetitivas o interacciones. Aspecto que la experiencia del gobierno de España ha demostrado que es más frecuente de lo que puede pensarse. Así, por ejemplo, hacer entrar en competencia, en idénticos sectores y en los mismos países, a empresas andaluzas.

     

    3.2. Participación de Andalucía en la construcción europea.

    La Europa del euro no puede ser una Europa ajena a las necesidades e inquietudes de los pueblos y comunidades que la integran. En un momento en que coinciden el replanteamiento del papel del Estado, la profundización de los procesos de descentralización y la asunción por parte de la Unión Europea de nuevas responsabilidades frente al mundo en desarrollo, Andalucía debe explorar nuevas vías que le permitan influir tanto en el proceso de profundización de la integración europea, como en la construcción de un espacio mediterráneo de estabilidad, paz y progreso.

    Previamente, hay que llamar a la reflexión sobre la cuestión de fondo que sustenta el modo de comprender la dimensión europea de Andalucía. Que Europa es la dimensión más determinante de Andalucía hoy parece difícilmente discutible. Sin embargo, se tiene la impresión de que algo no va bien. No se trata de un problema de identidades resistentes. Europa no precisa vencer ninguna identidad, pues la heterogeneidad y la diversidad forman parte de su esencia. De otra parte, Andalucía tiene capacidad histórica para convivir en un marco de diversidad cultural, y su participación en la cultura europea no es nueva. Tampoco parece un problema de identidades excluyentes. Europa no exige una lealtad unidimensional, ni en Andalucía existe una intención semejante.

    Andalucía es hoy parte de la Unión Europea, una gran potencia económica mundial con un peso político en la escena internacional más que considerable, el modelo de unidad económica y política internacional más acabado del mundo y sin embargo la percepción de esa europeidad en Andalucía sigue siendo algo externo y residual. Es posible que el origen de algunos de estos síntomas se encuentre en ciertas indefiniciones políticas del proyecto político europeo sobre el que pesan aún demasiadas incógnitas de futuro, pero la mayor parte de ellas apuntan en otra dirección, en particular la del modo en que Andalucía parece percibir el fenómeno europeo. Por esto, y como presupuesto básico para cualquier reflexión sobre Andalucía en la construcción europea, debe explorarse el discurso político que Andalucía tiene sobre su dimensión europea.

    Esta reflexión es esencial para la ordenación del debate sobre las propuestas concretas de futuro. Si la vertiente europea se viese como un elemento de presencia exterior de Andalucía, las propuestas serían entonces muy reducidas y probablemente circunscritas a la determinación de objetivos y medios para la defensa de los intereses andaluces en ese ámbito de la acción exterior. Por el contrario, si la Unión Europea es concebida como una dimensión esencial de Andalucía, los temas sobre los que trabajar se multiplican como consecuencia de la incidencia de lo europeo en, prácticamente, la totalidad de los aspectos de la vida política, económica, social y cultural andaluza. Es evidente que una u otra concepción conducen a propuestas y actuaciones diferentes.

    La pobreza de un discurso semejante constituye el principal obstáculo a superar. Para ello es imprescindible un debate a fondo sobre el origen de los defectos de estos planteamientos. Su reorientación exige partir de la aceptación realista de los condicionantes de Andalucía en la construcción europea, que pueden agruparse en tres categorías: condicionantes de origen, condicionantes de la situación geopolítica y condicionantes de evolución.

     

    3.2.1. Condicionantes de origen

    En primer lugar, hay que aceptar que los condicionantes de origen de ese discurso han marcado con dureza la inadecuada percepción del fenómeno europeo en Andalucía. Sin pretensiones de exhaustividad, entre los principales condicionantes de origen destacamos, los derivados de una incorporación tardía a la construcción europea, que sin duda ha producido una percepción muy elemental, cuando no deformada, del proceso histórico de formación del espacio europeo. Esta incorporación se produce con una sobrecarga emocional y política que, atendiendo comprensiblemente al significado de modernización del hecho, relegó, cuando no ahogó, cualquier otro elemento de aprehensión de este fenómeno. Asimismo, la incorporación se vertebró en términos estatales y, aunque histórica, política y jurídicamente estaba justificado, provocó un distanciamiento de la actuación política, económica y administrativa de Andalucía. Por último, pero no en importancia, es preciso aceptar que el hecho se produce prácticamente en paralelo a la construcción de la autonomía andaluza, social y políticamente poco consolidada.

     

    3.2.2. Condicionantes de la situación geopolítica andaluza

    Las deficiencias del discurso político de fondo sobre el papel de Andalucía en Europa se explican también por otros condicionantes que tienen que ver con su propia configuración geopolítica.

    Son condicionantes que provienen en su mayor parte de datos estructurales inalterables o cuya modificación llama a actuaciones que superan con mucho el marco de estas reflexiones. Se quiere decir con ello, que la selección que aquí se hace de estos condicionantes es estrictamente instrumental y parcial. Es decir, se recogen aquellos que tienen un significado especial para el papel de Andalucía en la construcción europea y de los efectos de dicha construcción sobre Andalucía.

    A) Andalucía es una región del sur europeo con un amplio territorio (prácticamente el mismo de Portugal), con una población de alrededor de siete millones de habitantes y con una extensa costa marítima en el Mediterráneo y Atlántico (812 km.). Es frontera terrestre intracomunitaria con Portugal. Es, asimismo, frontera marítima y terrestre con Marruecos y marítima con Argelia. Soporta en su territorio una situación colonial británica que le añade una zona fronteriza más. Su territorio configura la parte europea del Estrecho de Gibraltar, uno de los espacios de mayor importancia geoestratégica del mundo.

    Esta situación ha dado lugar a la formulación de ciertos tópicos como los de "puerta del Mediterráneo", "puente entre África y Europa"… que, como todos los tópicos, ocultan más de lo que reflejan. Buena parte de estos factores expresan una cierta situación geoestratégica importante, pero encierran también elementos de tensión y potenciales conflictos.

    El carácter ventajoso inmediato de semejante situación es más que dudoso, si se atiende a que Andalucía como Comunidad política no tiene demasiadas posibilidades de aprovecharla, ya que se trata, en gran medida, de factores sujetos a la competencia política del Estado y, en su caso, al designio de las políticas exteriores de la Unión Europea y a las políticas de seguridad y defensa de organizaciones internacionales a las que el Estado les ha atribuido funciones de esta índole (OTAN).

    Los planteamientos políticos de la Junta de Andalucía en este aspecto deben construirse a partir de su consideración como condicionantes y de sus posibilidades reales de intervención. La posible reorientación del discurso debe asumir como estrategia principal influir en el designio de esas políticas de la UE y del Estado español, que inciden sobre la situación geopolítica andaluza (relaciones euromediterráneas, marcos de cooperación con los países fronterizos, políticas migratorias, lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico…).

    Sólo la sabia combinación del binomio competencia-influencia podrá conducir a la creación de un espacio de estabilidad y cooperación que beneficie a Andalucía. Qué duda cabe que las posibilidades de éxito de una política de estas características se asientan en la claridad de sus ejes y en la anticipación, desechando la política de improvisación y la actuación coyuntural.

    B) En términos socioeconómicos comparados, Andalucía es una región europea de insuficiente desarrollo. Como región donde el PIB por habitante es inferior en un 25% a la media comunitaria, se declara a efectos de beneficios de políticas estructurales como región Objetivo 1.

    El hecho de ser región de Objetivo 1 hace de Andalucía una importante beneficiaria de los instrumentos estructurales comunitarios. En términos globales, en el período 1994-1999, si sumamos a los 2.465,7 millones de ecus (del marco subregional íntegramente gestionado por la Comunidad Autónoma), los 5.387,7 millones de ecus de cálculo de la participación en el marco plurirregional español, tenemos un total de 9.853,4 millones de ecus a los que deben sumarse las ayudas del Fondo de Cohesión y de las Iniciativas comunitarias, superándose los 10.000 millones de ecus. Es decir, más de un billón seiscientos mil millones de pesetas que se destinan a la modernización de infraestructuras, inversiones productivas, I+D, recursos humanos, reestructuración agrícola, desarrollo rural, etc.

    Teniendo en cuenta la importancia agraria de Andalucía, a estas cifras deben añadirse, entre otras de menor entidad, las percibidas a través del Fondo de Garantía de la PAC a través de Organizaciones Comunes de Mercado, y aunque la pluralidad y heterogeneidad de los receptores complica los cálculos, se estima que para Andalucía la media de los años 1993-1996 es de 224.630 millones de pesetas/año. Andalucía es, sin duda, a estos efectos una beneficiaria neta. Expresado en términos globales a través de un índice de retorno, se estima para Andalucía en un 3,20, lo que significa que de cada 100 pesetas que Andalucía aporta al Presupuesto comunitario, percibe 320 pesetas.

    Este condicionante es igualmente determinante en términos políticos. Los efectos benéficos de estas transferencias resultan a todas luces indiscutibles, aunque marcan con peligrosa dureza la imagen de Andalucía como región subvencionada. Sin restar a las políticas estructurales y a la cohesión un ápice de su importancia, es preciso desterrar justamente la tan limitada como extendida visión andaluza de la Unión Europea como caja de subvenciones. Esta visión despliega demasiados efectos negativos y, tal vez, el peor de ellos es una percepción acrítica del propio proceso europeo. Existiendo regiones que perciben en términos de PIB/habitante más que Andalucía, y con índices de retorno mayores, la imagen dominante de una Andalucía subvencionada es singularmente dañina. Se impone una decidida actuación contra esa imagen, ya que el discurso existente la ha potenciado hasta el extremo. Sin perjuicio de que la comparación con regiones más ricas y desarrolladas sirva para que Andalucía se fije objetivos más ambiciosos, hay que poner de manifiesto también que Andalucía, en los últimos años, ha hecho avances sorprendentes y hoy día se encuentra a la cabeza -exceptuando el sur de Francia y el litoral del norte de Italia, tanto en el Tirreno como en el Adriático- de todo el Sur de Europa, incluida la región meridional de Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, los Balcanes y Grecia. Y lo mismo, si nos comparamos con los países de Oriente como del Norte de África; y lo es tanto en el aspecto económico como en el social y cultural. La difusión de esta realidad es condición sine qua non para modificar el discurso y afirmarnos a nosotros mismos como una región dinámica y creadora.

    La elaboración de un nuevo discurso político debería explorar, al menos, los dos caminos siguientes: en primer lugar, deslindar lo percibido en términos de factores compensadores, de los efectos negativos que sobre las regiones menos desarrolladas tiene todo proceso de integración económica, y que tienen más que ver con la corrección de desequilibrios que con la importancia de las subvenciones, constituyendo este último hecho un mal endémico que debe erradicarse. En segundo lugar, provocar una mayor visibilidad de las políticas activas dirigidas a la generación de desarrollo, de tal modo que éstas no queden eclipsadas por las reivindicaciones en las políticas pasivas en el campo de la subvención, únicas realmente visibles por ahora. Aparte de la dignificación del papel de Andalucía en el contexto europeo, provocaría una mejor y más justa apreciación de lo que la dimensión europea aporta a nuestra Comunidad Autónoma.

    C) El tercer condicionante geopolítico de Andalucía en el contexto de la UE es su carácter periférico. Este condicionante debe ser necesariamente tenido en cuenta para la reelaboración del discurso.

    Este carácter periférico se manifiesta esencialmente en una debilidad de peso político en los centros de decisión. Es éste un hecho cuya obviedad no merma su importancia. La lejanía respecto a los centros de decisión provoca una cierta pasividad e irresponsabilidad respecto de la adopción de decisiones. A partir de ahí, existe un encadenamiento de efectos perversos: desinformación, falta de defensa de los intereses andaluces, manipulaciones políticas, derivación de la responsabilidad de lo impopular a un factor externo, etc. El discurso político andaluz es altamente deficitario en este orden de cuestiones.

    Por otra parte, la fragilidad del soporte social en una sociedad periférica comporta consecuencias adicionales. Como sociedad periférica, Andalucía soporta una presión muy fuerte en los órdenes económico, político, social, cultural, etc., que facilita un aumento de la dependencia del centro. Desde la desaparición de empresas ante la presencia de otras del exterior, más competitivas y con mayor capacidad financiera y tecnológica, hasta el clientelismo político, el desdibujamiento de la identidad social y la eliminación de manifestaciones culturales propias, provocando como resultado la sensación de un cierto efecto de devastación social.

    En estos aspectos los planteamientos políticos autonómicos oscilan entre la melancolía por un proteccionismo imposible y las ensoñaciones sobre grandezas y poderes inexistentes. En medio se queda la tendencia más peligrosa: la inhibición. Posición esta última no sólo provocada por el desconocimiento o el desconcierto, que al menos genera una cierta comprensión, sino por los egoísmos individuales y colectivos de rancia tradición y la irresponsabilidad, no menos rancia ni menos tradicional.

    Pero en cualquier caso, para ello es inútil mirar al pasado, por otra parte tampoco tan glorioso, y es conveniente aceptar cuanto antes el reto de estas dificultades. Es decir, se impone una buena dosis de realismo. No se puede navegar contra corriente. Este realismo no implica asumir una posición acrítica, mucho menos resignada, ante las políticas comunitarias. Conviene al respecto desterrar cuanto antes la visión de una Unión Europea de dirección única, que no es cierta.

    Pero es también exigencia del realismo aceptar que estamos dentro de una construcción económica y política con unas reglas de juego que hay que respetar. Partiendo del hecho de la irrenunciable dimensión europea de Andalucía, se trata de adaptarse y obtener las mayores ventajas. En este planteamiento básico cabe perfectamente, dentro de una pluralidad de concepciones, fortalecer la posición andaluza, no mediante una potenciación de los factores que aumentan su aislamiento, sino a través de los vectores que la enraízan en la sociedad europea. A este respecto, el discurso debe incorporar que buena parte de las dificultades no provienen del proceso de integración europeo, sino de la falta de cohesión sociopolítica de Andalucía, que agrava su carácter periférico (dependiente) y dificulta la defensa de sus intereses.

     

    3.2.3. Condicionantes de evolución

    En último lugar deben medirse bien los efectos de los condicionantes de evolución sobre el discurso andaluz en la materia. Es éste un contexto en el que los andaluces debemos asumir una mayor carga crítica sobre las deficiencias del discurso político. Los condicionantes anteriores explican algunas cosas, pero no todas. En buena medida las deficiencias han de ser imputadas a una falta de sensibilidad y dinamismo de nuestra sociedad tan escasamente articulada. La nueva Andalucía volcada hacia el exterior no dejará de ser una quimera si no se resuelven las carencias y debilidades de mentalidad y cohesión internas que aún siguen amenazando severamente las actuaciones del futuro. Entre estos condicionantes de evolución deben situarse, al menos, los siguientes:

    1. Persistencia de una consideración del proceso europeo como un asunto exterior. Esta consideración de la dimensión europea como un factor de política exterior es particularmente nociva y desencadena una serie de efectos perversos y distorsiones en su funcionamiento. Baste por ahora resaltar que ello provoca una tendencia a moverse en un terreno de escaso papel por el estrecho margen competencial que la Constitución Española otorga a las CCAA en esta materia (art. 149.1.3 de la CE), aun teniendo en cuenta la evolución de la jurisprudencia constitucional, algo más abierta en estos últimos tiempos. Esta lectura priva a Andalucía de la búsqueda de un papel importante en el ámbito de la UE que evoluciona hacia un mayor protagonismo de las regiones. Dicho más clara y rotundamente: no se ha producido la incorporación de la UE como una dimensión más de la vida socio-política andaluza. A nuestro juicio, las posibilidades de Andalucía de alcanzar un cierto protagonismo en la UE y obtener beneficios de diverso signo pasan por incorporar la UE como parte sustancial de su propio discurso político.

    2. Otro condicionante de evolución viene dado por el dinamismo propio del proceso de construcción europeo. No parece necesario detenerse demasiado a recordar que desde que España es parte de la Comunidad Europea/Unión Europea hemos asistido a cambios esenciales del proceso en los ámbitos económicos (Mercado Interior, Unión Económica y Monetaria [UEM]) y políticos: Acta Única Europea, Tratado de Maastricht -la reforma política de mayor envergadura- y Tratado de Amsterdam reforma de menor entidad recientemente ratificada-. Pero estos avances y modificaciones no expresan suficientemente bien los profundos cambios del escenario europeo provocados por las alteraciones mundiales de lo que se ha dado en llamar el fenómeno de globalización y la entidad político-económica de los cambios europeos. La culminación de la tercera fase, la UEM, va a cambiar de manera radical el modelo europeo. Incorporar esta evolución al discurso andaluz es una tarea tan inexcusable como difícil. Guste o no, es preciso asumir la pasividad con la que Andalucía viene asistiendo a un cambio fundamental de las reglas del juego dentro del proceso europeo. Algunas de estas reglas afectan incluso al papel de Andalucía dentro de la construcción europea (Comité de las Regiones, posibilidades de participación en el Consejo, observadores en la Representación Permanente en Bruselas…). Es claro que un discurso estático está condenado al fracaso, ya que los cambios que se avecinan en el proceso europeo no serán de menor entidad.

    Para la superación de este condicionante se requerirá un enfoque distinto que establezca los marcos necesarios para asumir la dinámica de evolución permanente del cuadro europeo.

    3. Un tercer condicionante de evolución insuficientemente sondeado es el relativo a la dimensión constitucional española, que determina el papel de la Comunidad Autónoma en su actuación europea. Se trata de otro marco cuya evolución en las llamadas fase ascendente (participación de las CCAA en la formación de la posición del Estado) y fase descendente (papel de las CCAA en la aplicación de los actos comunitarios) refleja en términos generales una mayor apertura al papel de las CCAA. Los últimos desarrollos en la cooperación Estado-CCAA a través de los Acuerdos de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas o la jurisprudencia constitucional marcan los signos de una evolución de la que cabe preguntarse si Andalucía extrae realmente todas sus posibilidades. Es un margen de todos modos estrecho pero por el que otras CCAA han deslizado un discurso político más activo y reivindicativo. Pero, además, y aun cuando, como se señaló al principio, hay que huir de datos coyunturales, es preciso por su potencial alcance tener presente que existen síntomas de un posible replanteamiento de la estructura del Estado español. Es evidente que de producirse cambios en la materia alterarían el modo de concebir la participación en Europa.

    En efecto, un aspecto fundamental a tener en cuenta al analizar el papel de Andalucía en el mundo es el de Andalucía en España, sobre todo en un momento en el que determinados partidos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia, que, además, algunos de ellos contribuyen a mantener la gobernabilidad del Estado, han abierto un debate sobre la necesidad de revisión del modelo territorial del Estado de la Constitución de 1978. A estos planteamientos hay que sumar acontecimientos, casi simultáneos con ellos, como el manifiesto de Estella, el cese parcial de la violencia declarada por ETA, la unión de los nacionalistas en el Gobierno vasco, la reclamación de la autodeterminación, la constitución de la Asamblea de ediles vascos y la tímida apertura de un proceso de pacificación.

    Para abordar esta cuestión no hay que olvidar que Andalucía llevó a cabo el proceso de acceso a la autonomía más brillante de todos los que ha habido en la Constitución de 1978 y que, para alcanzar las más altas cotas constitucionales, se le exigió lo que no se le ha exigido a ninguna otra Comunidad Autónoma, como es la ratificación por el pueblo, en un riguroso y singular referéndum, de la iniciativa autonómica pedida por todas las Diputaciones Provinciales y por muchos más de las tres cuartas partes de los Municipios de cada provincia andaluza. Tras dicha rigurosa ratificación popular que no se ha exigido a ninguna otra Comunidad Autónoma en España, Andalucía, al igual que el País Vasco, Cataluña y Galicia, aprobó el Estatuto de Autonomía en otro brillante referéndum. Conviene recordar que el Estatuto de las demás Comunidades Autónomas no se ha sometido a referéndum. De lo expuesto se deduce la singular posición de Andalucía en el Estado de las Autonomías ya que constitucionalmente, para alcanzar la autonomía se le exigió más que al País Vasco, Cataluña y Galicia, y mucho más que a todas las demás Comunidades Autónomas.

    Estas circunstancias legitiman a Andalucía para participar en el debate abierto con el nivel que le corresponde y a ser tenida en cuenta en el mismo como una Comunidad Autónoma singular.

    En el momento en que vivimos resulta difícil, por no decir imposible, predecir las reformas que vayan a introducirse en el modelo territorial del Estado, o si lo que se decida puede encajar en una relectura de la Constitución que no exija la modificación de la misma o incluso si se va a mantener la situación actual.

    Quizás no sea este el lugar idóneo para debatir teóricamente sobre los distintos modelos territoriales de Estado, ni tampoco sobre cual sea el más adecuado de los que ofrecen en sus programas los distintos partidos políticos con representación en las Cortes Generales o en el Parlamento de Andalucía. Sin embargo, sí parece conveniente resaltar que cualquier modificación en el modelo de organización territorial, requerirá de un amplio consenso como lo tuvo el de la Constitución de 1978, en uno de sus aspectos en que fue más difícil conseguirlo.

    Andalucía, en cualquiera de los casos, debe definir sus objetivos y prioridades en estos terrenos. Para ello Andalucía debe exigir si se va a un nuevo modelo de estado, que sus instituciones tengan el máximo rango constitucional y que sus competencias sean las más amplias de las posibles en el nuevo sistema territorial. De otra parte, ante la consagración de hechos diferenciales en otros pueblos, Andalucía debe exigir que se justifiquen y se concreten, que tengan el tratamiento adecuado y que nunca devengan en privilegios contrarios a la solidaridad.

     

    3.3. Andalucía, impulsora de la Cooperación Internacional.

    Andalucía aúna una posición geográfica privilegiada a una rica historia caracterizada, por una parte, por ser lugar de encuentro entre culturas y civilizaciones, y por otra, por ser fuente y origen de valores universales. La cooperación internacional es hoy en día el instrumento privilegiado de actuación exterior de una sociedad que se quiere abierta al mundo y consciente de sus responsabilidades en la construcción de sociedades más justas. El objetivo sería promover, desde los propios valores y señas de identidad, una cooperación más acorde con las capacidades e intereses de Andalucía, allá donde los andaluces tienen más que aportar: América Latina, el Mediterráneo y el Magreb.

    La cooperación internacional es un instrumento legítimo de acción exterior. Sólo esta constatación bastaría para justificar su existencia. Sin embargo, es insuficiente. La nueva ideología de la cooperación internacional la entiende como un ejercicio íntegro de solidaridad. Cooperación internacional no sólo para mejorar y para humanizar los intercambios socio-económicos. Cooperación internacional para mejorar los niveles de vida de las poblaciones receptoras. La economía como instrumento para mejorar las condiciones de vida de esas poblaciones, para hacerlas más libres. En este sentido, la Cooperación internacional puede y debe entenderse como un instrumento para educar en la democracia.

    Ciertamente, una tarea tan importante y de tan considerables dimensiones sólo puede llevarse a cabo si es asumida por toda la Comunidad Andaluza. Sería muy peligroso, y pondría en peligro su continuidad, que los andaluces entendiesen la cooperación internacional como una función más, por importante que fuese, de la Junta de Andalucía y de sus órganos de gobierno.

    Le llega, pues, el turno a la llamada sociedad civil andaluza. Al ser éste un concepto novedoso en la vida política española, y lógicamente en la andaluza, será necesario también definir cuáles son sus componentes y de qué forma asumen el concepto original de la Cooperación Internacional.

    El concepto de cooperación internacional sólo puede ser activado, en un sentido integral, cuando entra en contacto con la ideología más movilizadora del siglo XXI, que comenzó en 1989: la teoría y la práctica de los derechos humanos. Sin atender a distinciones falaces entre los llamados formales y los caracterizados como materiales; diferenciaciones que deshonraron a los ideólogos de la Guerra Fría de ambos bandos. Hoy, liberados de aquellas trabas paralizadoras, resulta inexcusable pensar y realizar los derechos humanos en su totalidad y sin distingos. Los derechos humanos constituyen, en consecuencia, la base de la ideología de la cooperación internacional.

    Realizar cooperación internacional sin la necesaria planificación se traduce en un despilfarro sin sentido. Es, por tanto, preceptivo saber con quién o con quiénes se es solidario. De los escenarios regionales-internacionales de actuación de Andalucía, no plantea duda alguna determinar aquellos que son los receptores principales de nuestra cooperación internacional: el Magreb e Iberoamérica.

    Una política andaluza de cooperación no puede entenderse sin valorar -y optimizar- su ubicación en el extremo suroccidental de Europa y el Mediterráneo, su historia y su cultura -forjada en siglos de roce, de coexistencia, de intercambios con otros pueblos- y, sobre todo, su voluntad y su capacidad de abrir espacios de diálogo y solidaridad. Estos tres elementos confluyen en el área mediterránea y, más concretamente, en el Magreb.

    Lógicamente, en el Magreb el lugar preferente para la cooperación internacional es Marruecos. Razones de todo tipo avalan esta postura: históricas, políticas, culturales, laborales, sociales, pesqueras, demográficas, etc. Por otra parte, Marruecos es un país con el que la Junta de Andalucía mantiene excelentes relaciones institucionales.

    El estrecho de Gibraltar se está convirtiendo progresivamente en nexo de unión entre África y Europa a través de Andalucía: cables de fibra óptica para facilitar las telecomunicaciones, tendidos eléctricos para vehicular la energía y conectar redes, gasoductos que garantizan aprovisionamientos vitales horadan ya los fondos marinos del estrecho, por no mencionar el enlace fijo -el túnel- cuya viabilidad técnica está ya demostrada al margen de su viabilidad financiera, la cual no puede depender exclusivamente de España y Marruecos. Todo ello sugiere una idea de complementariedad que tiene como primerísimos protagonistas a Andalucía y Marruecos. Prioridad que, evidentemente, no impide otras actuaciones de cooperación con Argelia, Mauritania y Túnez; países donde la presencia histórica andaluza tiene aún cierta relevancia.

    Esta consideración del Mediterráneo Árabe no puede concluirse en el Magreb, sino que debe extenderse a Oriente Medio. Sin embargo, Andalucía no tiene una capacidad inagotable de cooperación internacional. Se impondría un proceso selectivo y simbólico. El escenario indicado, en este caso, serían los territorios bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina: Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental.

    Son zonas necesitadas urgentemente de cooperación, en las que es muy significativa la cooperación internacional española y que, por añadidura, reforzaría las buenas relaciones con los Estados Árabes. Podría, incluso, explorarse la posibilidad de asociarse con alguna iniciativa del Gobierno de Israel, con el que también la Junta de Andalucía tiene buenas posibilidades de conexión.

    El otro escenario es Iberoamérica. Se tropieza, aquí también, con la magnitud de las dimensiones. Andalucía, por sí sola, no puede pretender desarrollar proyectos de cooperación internacional con todo el Continente. Sin exclusión de otras posibilidades, tanto por necesidades como por dimensiones, Centroamérica, El Caribe y el Cono Sur (Uruguay, Paraguay y Argentina) reúnen las condiciones adecuadas para acoger proyectos de cooperación internacional andaluces. Las condiciones socioeconómicas de sus poblaciones así lo aconsejan. Y, otro tanto, ocurre con democracias muy frágiles, las centroamericanas, que ya han recibido más de un plan de cooperación encaminado a fortalecer las políticas, tanto estatales como municipales, de desarrollo democrático. Con planteamiento en principio distinto, Cuba, en la situación actual y en la previsible de transición a la democracia, reúne igualmente las condiciones óptimas para acoger la cooperación internacional de Andalucía.

    En el contexto de la dimensión europea de Andalucía, la perspectiva andaluza en relación con Latinoamérica debe situarse en la exploración y explotación de los márgenes que las políticas comunitaria y estatal establecen. Conviene recordar que la política comercial, con carácter exclusivo, y la de cooperación al desarrollo, concurrente, son hoy competencias comunitarias y que las relaciones internacionales de carácter político son nacionales, con independencia de la virtual necesidad de moverse en los ámbitos de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

    La política comunitaria hacia Latinoamérica es relativamente tardía y, en cualquier caso, no se ha convertido en un eje de importancia relativa (por relación a los países ACP) hasta fechas muy recientes. Hoy, y hasta el año 2000, el modelo comunitario está basado en la estrategia global que fue diseñada por la Comisión en 1995 y una serie de estrategias concretas plasmadas en acuerdos con Mercosur, Chile, México, Cuba, Centroamérica y la Comunidad Andina. Para Andalucía es pues importante el conocimiento y seguimiento de la política comunitaria hacia Latinoamérica y la perspectiva de que en el año 2000 entramos en una nueva etapa particularmente relevante en los ámbitos comerciales.

     

    4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

    En esta cuarta y última parte, se expondrán aquellas cuestiones y aquellos problemas que habrán de plantearse y resolverse para acometer la tarea de ubicar a Andalucía en el Mundo. Habrá de entenderse, lógicamente, que no estamos ante un catálogo exhaustivo, sino ante una aproximación; para decirlo de una forma acuñada por el uso, ante un estado de la cuestión. Por razones obvias, es también el apartado más propicio a la discusión que, a veces, superará el marco de la Comunidad y se emplazará en el estatal.

     

    4.1. Promoción internacional de los intereses andaluces.

    En páginas anteriores se han definido estos intereses; económicos, sociales y culturales, básicamente. Queda pendiente la estrategia más adecuada para la defensa de los mismos y su articulación con la opinión pública andaluza para que los haga suyos, tanto a nivel empresarial como hacia el conjunto de la colectividad andaluza. Entendemos, sin embargo, que el concepto promoción reenvía a otro más vulgar: publicitar la idea y la imagen de Andalucía. ¿Cómo y a dónde llevar esta nueva imagen de Andalucía? Una posibilidad nos la ofrecen las Oficinas de representación - Oficinas de imagen. ¿Sería posible, con todas las reservas necesarias, distinguir entre la Oficina de Representación en Bruselas y otras, de promoción y de imagen, que podrían llamarse Institutos de Cultura Andaluza? ¿Sería aconsejable estudiar la experiencia de otras Comunidades Autónomas en este sector? ¿Podríamos, incluso, avanzar los nombres de algunas capitales mediterráneas e iberoamericanas como posibles sedes de estos Institutos, a los que habría que sumar el de Tokio?

    De igual manera habría que considerar la función de los medios de comunicación. El canal adecuado para dar a conocer y difundir la imagen actual de Andalucía es el ofrecido por los medios de comunicación, debiéndose actuar tanto dentro como fuera de España (también es oportuno desterrar la imagen tópica de Andalucía en el resto de España).

    Esta es una cuestión que siempre suscita problemas de consideración; pero que no sería difícil superar. La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con sus instrumentos propios para llevar a cabo los oportunos programas de promoción que se estimen oportunos: dos canales de televisión autonómicos y una serie importante de emisoras de radiodifusión. Entre todos ellos, destaca el llamado Andalucía Televisión, de difusión vía satélite, por su capacidad de presencia en el resto de España y en el extranjero. Habría que considerar su potenciación en el Magreb, en Iberoamérica y en aquellos países europeos con presencia importante de emigración andaluza. Aunque más importante aún sería revisar en profundidad sus contenidos, ya que a rasgos generales, y con alguna excepción de calidad, sigue anclada en los tópicos que más perjudican a la nueva Andalucía.

    Para que estas campañas de promoción tuviesen, no obstante, la intensidad y la profundización deseables habría que contar con la participación de los medios de comunicación de propiedad privada. En este sector poco o nada puede innovarse: habría que recurrir a la contratación de espacios en prensa escrita, radiofónica y televisiva, que se encargasen de difundir los programas de promoción diseñados por la Consejería o Consejerías competentes.

     

    4.2. El papel de Andalucía en Europa y los desafíos europeos.

    4.2.1. La adecuación de la instrumentación institucional de los intereses andaluces

    Quizás, la premisa previa para fortalecer la posición de Andalucía y materializar un nuevo discurso andaluz, sea la reformulación del sistema institucional andaluz dedicado a la dimensión europea. Sería conveniente a estos efectos una doble actuación. Por una parte, es necesario asegurar una presencia institucional más adecuada, fuerte y ágil cerca de los centros de decisión más importantes en este contexto, fundamentalmente Bruselas. Hay que optar claramente por redimensionar la actual representación andaluza en Bruselas. Se trata de crear una delegación debidamente dotada, de carácter plural en su actividad (económico, político, social, cultural, educativo, etc.), que asegure una presencia de Andalucía visible, consistente, apoyada en un amplio y serio consenso político y con capacidad de influencia. Para hoy, mejor que para mañana. La generación de una institución de estas características no se improvisa y requiere un período de asentamiento largo. No debería dudarse mucho en su inmediata conveniencia.

    Por otra, es igualmente necesaria la creación de un elemento institucional interno bien definido y dotado, con independencia de la permanencia o reforma de la actual Dirección General de Asuntos Comunitarios y de Cooperación Exterior. Debe debatirse en profundidad este instrumento institucional. Hay tres guías que debieran seguirse: a) división de funciones entre lo europeo y lo internacional; b) potenciación de su importancia en el esquema institucional de la Junta de Andalucía y una adecuada dotación humana y de medios; c) debería contener una estructura que actuara al modo de un comité de seguimiento y planificación de los temas europeos. Existen sobradamente en Andalucía expertos en estas materias, sobre los que a veces se ha hecho una notable inversión, que no deben ser desaprovechados.

     

    4.2.2. Fomento de los instrumentos e implicación de la sociedad civil en la realidad europea

    Siendo importante una articulación institucional apropiada, de poco valdrá si no se acompaña de una política igualmente decidida para incorporar a la sociedad civil, dotándola de los instrumentos necesarios para que dicha incorporación sea real. En este sentido, al menos dos ejes merecen atención: la información/formación y la cuestión de los idiomas.

    La primera exige una mayor atención en los medios de comunicación a los temas europeos y una más decidida actuación para la formación en todos los niveles de la enseñanza, pero no únicamente. La incorporación de estos estudios al mundo universitario no es suficiente. Es necesario un decidido apoyo institucional a la formación con mayores exigencias de calidad -hoy de escaso nivel- en todos los sectores sociales: profesionales, empresariales, agentes sociales, etc.

    La implicación de la sociedad civil pasa por la promoción de las interacciones de la sociedad andaluza con la europea. La movilidad de empresarios, profesionales, informadores, estudiantes, artistas, etc., por el espacio europeo es una acción más que rentable. Atraer y forjar redes de colaboración con empresas, instituciones, medios de comunicación europeos es igualmente importante. Cuidar en extremo la imagen de Andalucía, desterrando los subproductos con los que nos ha herido la historia provocando una imagen chusca y ridícula de nuestra identidad, y potenciando las manifestaciones culturales y científicas de calidad -que las hay-.

    Con respecto al conocimiento de idiomas, es preciso tomar conciencia de que constituye el principal instrumento de comunicación y, por consiguiente, el presupuesto material de toda interacción social. Andalucía debe comprender que sin un elevado conocimiento de los idiomas es absolutamente imposible implicarse con solvencia en el ámbito europeo. Es desde todo punto de vista inaceptable la situación existente. Andalucía parte aquí, paradójicamente, de una situación de ventaja comparativa lamentablemente desaprovechada. Se trata de una Comunidad Autónoma que no tiene ninguna otra lengua distinta al español que potenciar y subvencionar. Si se dedicara el mismo esfuerzo y medios a las lenguas comunitarias -inglés, francés, alemán- que otras comunidades consagran a sus lenguas propias, nos encontraríamos en un plazo de 20 años en mejores circunstancias relativas que otros. El conocimiento de idiomas no puede seguir siendo una cuestión de élites económicas y sociales. Es preciso incorporar de una vez por todas su conocimiento como un elemento básico de la formación. Apoyando y financiando cuantas iniciativas sean necesarias para conseguir una sociedad capaz de comunicarse sin dificultad, al menos, en español e inglés. Esta es la realidad de hoy y el camino del futuro.

     

    4.2.3. Implicaciones de las políticas estructurales y de cohesión de la Unión Europea.

    Como se puso de manifiesto al analizar el condicionante de desarrollo insuficiente, una de las cuestiones de mayor interés para Andalucía es la obtención de un importante lugar en las políticas estructurales y de cohesión social de la Unión Europea.

    En el momento actual se está decidiendo la financiación comunitaria y las propuestas existentes son en extremo preocupantes para Andalucía. La plena adhesión y el apoyo andaluz a la posición española en favor de la progresividad es inexcusable.

    Los peligros de una regresión en la financiación y en las políticas estructurales y de cohesión no terminan ahí y es preciso que Andalucía se prepare para un futuro complicado y con serios riesgos. En julio de 1997 la Comisión de la Unión Europea adoptó un importante proyecto estratégico sobre las perspectivas financieras y la preparación de la ampliación titulado "AGENDA 2000", donde se dilucidan buena parte de la proyección de futuro de las políticas comunitarias e instrumentos de cohesión. La complejidad y el riesgo de la cuestión se aprecian con claridad si se tienen en cuenta los dos factores más relevantes en su proyección de futuro. Por un lado, la ampliación; que puede provocar una cierta disolución de las políticas estructurales, con el riesgo de una introducción de criterios de distribución que perjudiquen las expectativas andaluzas en los fondos estructurales en beneficio de los países candidatos -todos ellos beneficiarios netos, ya que obtendrán más de lo que aporten a la Unión- o un estrangulamiento del fondo de cohesión para los países de la zona euro, si la participación en la UEM es adoptada como criterio de evaluación del desarrollo. Por otro lado, la modificación de los procedimientos decisorios europeos producidos en el Tratado de Amsterdam y, en particular, la pendiente modificación del modelo de decisión del Consejo. La generalización del voto por mayoría cualificada disminuirá las posibilidades de protección del Estado español, más aún en una Unión ampliada al Este.

    Simplemente a título indicativo se proponen las siguientes cuestiones:

    A) Ante la importancia, complejidad y riesgos de la situación descrita debería reformarse con urgencia el soporte institucional ad intra y ad extra en el sentido antes señalado, poniendo especial énfasis evitar cualquier atisbo de improvisación, la falta de estudios de impacto fiables y la descoordinación de actuaciones en los diversos ámbitos e inicie la política de anticipación que urge.

    A estos efectos, centrándonos en aspectos políticos, deberían ser objeto de análisis al menos los siguientes aspectos:

    1º. Incidencia de la mayoría cualificada en decisiones que afectan a sectores de interés para Andalucía (como la PAC). Muchas de las reformas del sistema decisorio en Amsterdam han tenido como elemento más significativo la potenciación de la función del Parlamento Europeo. ¿Cómo puede asegurarse una mayor presencia de Andalucía en el COSAC y, más en general, en el diálogo entre Parlamento Europeo y Parlamentos nacionales? Ante la inevitable reforma del sistema decisorio del Consejo ¿qué opción resulta más conveniente a los intereses andaluces: tal vez la "doble mayoría" (Estado/población)?

    2º. La introducción por el Tratado de Amsterdam del concepto de principios comunes a todos los Estados miembros (art. 190.4 [ex 138.3]) ha permitido que el 15 de julio de 1998 el Parlamento Europeo (PE) haya aprobado un proyecto de acto sobre el procedimiento electoral al Parlamento Europeo cuya flexibilidad le otorga muchas posibilidades. En el mencionado proyecto de acto el Parlamento Europeo prevé la formación de circunscripciones electorales infraestatales, en Estados con más de veinte millones de habitantes con la intención de potenciar el "acercamiento entre electores y elegidos", para las elecciones del 2004. Pese a que el Parlamento Europeo insiste en que tales circunscripciones no alterarán el carácter de representación de los pueblos de los Estados miembros de la Comunidad, cierto encauzamiento de intereses regionales a través de tales circunscripciones es una consecuencia lógica. Insiste asimismo en que no debe afectarse el carácter proporcional de la representación pero permite la posibilidad de tener en cuenta la especificidad regional. Por razones de simbología política, comienza a tomar cuerpo una cierta tendencia hacia la regionalización de las circunscripciones en España, aún cuando los efectos sobre el número de escaños correspondientes no sean siempre claros. ¿Interesa a Andalucía el sistema de circunscripción única en las elecciones al Parlamento Europeo? La diversificación de efectos de una opción de estas características, según las dimensiones de los partidos y su implantación estatal o regional, aconsejarían la formación de una mesa de composición política amplia que trate de adoptar una posición común sobre el sistema, circunscripción única o regional y, en su caso, con qué especificidades, de manera que los intereses andaluces no se menoscaben.

    3º. La incorporación de España a la UE ha producido el efecto de transferir competencias del Estado a la Unión Europea, pero también competencias de las Comunidades Autónomas. Concretamente en el caso de Andalucía, las de agricultura y las de reforma y desarrollo agrario, de tanta trascendencia para nuestra Comunidad. La Política Agraria Común se dicta en Bruselas, donde se determinan las cuantías de las ayudas complementarias a los agricultores. El siglo XXI se perfila con una reducción de los gastos de dicha política, lo que conduce a una disminución de las ayudas, que quiere paliarse con la llamada renacionalización de la política agraria común, basándose en que sean los Estados miembros los que financien parte de las ayudas. El seguimiento y la gestión de la PAC y sus Reformas (actualmente contenidas y debatidas en la Agenda 2000) exige un gran esfuerzo de recursos humanos y una coordinación institucional fundamental para conseguir las orientaciones y los recursos que necesita la agricultura andaluza. Hay que conseguir aunar los objetivos de una agricultura competitiva con un desarrollo rural sostenible. La gestión de este presupuesto exige movilizar en Andalucía los medios necesarios para contar con unas estructuras administrativas y de control eficaces que permitan la corresponsabilidad en la gestión y el logro de la austeridad financiera.

    4º. Ante una ampliación que, por justificada que esté en términos políticos, parece evidente que puede generar problemas económicos y desplazar los centros de gravedad de la UE y hacer perder fuerza a las zonas mediterráneas: ¿Qué capacidad de influencia se puede desplegar para retrasar las negociaciones de adhesión y/o en su caso obtener períodos transitorios lo más largos posibles? En su defecto, ¿qué alianzas con otros poderes regionales europeos pueden hacerse para evitar o paliar los efectos más graves de esa ampliación? En última instancia, ¿qué influencia se puede desplegar para potenciar el incremento de los recursos europeos por encima del actual 1,27% del PIB?

    B) Incentivar y acelerar la información/formación a la vista del mayor protagonismo que los agentes económicos y sociales van a tener en las nuevas políticas estructurales (como las propuestas de reglamentos de Fondos estructurales de la Comisión de 18 de marzo de 1998).

    C) Reforzar en toda la medida posible la presencia de Andalucía en el contexto europeo. Es preciso forzar las posibilidades de presencia directa haciendo que un representante andaluz pueda acompañar al representante español en el COREPER, y que asista junto al representante español a los Consejos que versen sobre temas de la competencia de la Comunidad Autónoma y extraer en el contexto español las máximas posibilidades de actuación en la fase ascendente. El último acuerdo de la Conferencia sectorial de 1998 abre algunas fórmulas de colaboración que deberían explorarse y que tal vez exigirían, en su momento, un servicio al efecto.

    D) Potenciar el control y la transparencia en la gestión. Desde luego por imposición misma de las políticas comunitarias, pero también por convencimiento de que una gestión eficaz es la mejor presentación y legitimación de las aspiraciones en estos contextos.

     

    4.2.4. El papel de Andalucía en la profundización del proceso europeo

    Los condicionantes de situación geopolítica, y de forma particular el papel de Andalucía como perceptora de subvenciones, tienden a marcar un aspecto que, no por justo y legítimo, deja en ocasiones de dar una visión parcial de las cosas. Ni la Unión Europea agota su función en los aspectos económicos, ni Andalucía debe reducir a ello su visión.

    El proceso de la construcción europea es un proyecto, seguramente descompensado en términos de realizaciones económicas y políticas y seguramente con evoluciones y sensibilidades no siempre satisfactorias, pero en cualquier caso es un fenómeno trascendental en la vida europea en este siglo y, con seguridad, lo va a ser aún más en el siglo próximo. Reducirlo es más que una estupidez; es insensato e irresponsable. Por su parte, tampoco es muy inteligente reducir el papel de Andalucía a una, más o menos hábil, buscadora de subvenciones.

    Hay aquí unas muy profundas carencias de fondo que deberían, en una perspectiva de futuro, tratar de resolverse. Habida cuenta de la seriedad de las carencias y de su multidimensionalidad, es difícil salir de propuestas muy genéricas. Intentando que esta dificultad no nos paralice, puede debatirse en torno a dos tipos de propuestas que parten de esa carencia esencial.

    Un primer bloque viene dado por una consideración que debe rechazar el simple recuento de aportaciones mutuas para incidir en un plano distinto y más profundo: la conexión del espacio público andaluz con el europeo. Un espacio de confluencia donde valores y conceptos, más que aportarse, se comparten a través del proyecto de ciudadanía europea. Para su potenciación, podría considerarse la conveniencia de actuaciones como la de acometer la realización de encuestas serias sobre la percepción de los andaluces de estos extremos relativos a su papel en Europa, nivel de conocimiento de idiomas comunitarios y países de la UE, sentimiento de vinculación a la UE, su sentido de ciudadanos de la Unión, etc. Esto podría dar un punto de partida sensato. También, habría que informar más y mejor del carácter condicionante de la dimensión europea y su aportación para Andalucía. La introducción de la moneda única es una oportunidad para captar esa atención. La colaboración con la Comisión Europea debe aprovecharse al máximo. La reconversión y revitalización de las estructuras existentes (Centros de Documentación Europea, Puntos de información, Eurobibliotecas) podría colaborar en esta misión. En esta línea, una actuación necesaria sería favorecer y facilitar los intercambios de estudiantes (esto funciona relativamente bien y es, a nuestro juicio, de los factores más positivos de sensibilización activa y pasiva) y profesionales, de agentes económicos y sociales (estos últimos encuentran más dificultades y deberían fomentarse).

    Un segundo aspecto en la conexión del espacio público andaluz con el europeo es la identificación valores que se comparten o deben compartirse en la medida en que Andalucía es un componente del proyecto europeo. En este sentido, deben tenerse en cuenta los valores de democracia y respeto de los derechos y libertades fundamentales, en su versión más avanzada y los niveles de cumplimiento y asunción de los derechos y valores de la ciudadanía europea. También, los valores que tienen que ver con el empleo y las políticas destinadas a asegurar la igualdad de hombres y mujeres en todos los órdenes de la vida social.

    Igualmente, se considera necesaria la consecución de valores como el desarrollo del conocimiento científico y técnico, así como la competitividad en un mundo de economía global con transparencia y honestidad en la gestión. Para ello, se hace necesario potenciar el derecho a la información y acceso a los documentos por los ciudadanos. También, en un mundo que tiende a la desregulación social, resulta vital la protección de intereses sociales.

    En otro ámbito, la preservación del medio ambiente es este otro aspecto de especial relevancia para Andalucía. El problema de la conservación y protección del litoral y de las aguas marítimas debe incorporarse con mayor decisión.

    Finalmente, un valor no incluido en la ciudadanía europea, y que Andalucía debería hacer que figurara entre los primeros objetivos, es el de la igualdad de oportunidades, dadas sus carencias tradicionales en ello.

    Y también la cooperación leal de Andalucía en la creación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que se pondrá en marcha con el nuevo Tratado de Amsterdam. Tanto en su vertiente comunitaria (visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas), como en los aspectos intergubernamentales de la cooperación en los asuntos policiales y judiciales penales, afectan a intereses muy evidentes de la situación andaluza. Este elemento requiere una especial atención por parte de la administración y sociedad andaluzas. Es necesario plantearse una acción y ejercer todas las influencias posibles para formar parte del espacio de cooperación, solidaridad e integración. La responsabilidad y los costos han de ser debidamente compartidos. Aquí sí que puede y debe Andalucía generar un contexto de convivencia y entendimiento con las culturas de esta zona del mediterráneo, para evitar que se nos utilice como una frontera de exclusión. Los proyectos culturales son una excelente vía, e iniciativas como la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo tienen un singular interés.

     

    4.2.5. Andalucía en el debate sobre el federalismo, la subsidiariedad y la descentralización.

    Posiblemente, la única forma correcta de situar este debate sería hacerlo bajo una fórmula distinta: España y el debate sobre el federalismo; donde, ciertamente, tendría su función y su parte alícuota correspondiente Andalucía. Tampoco sería aconsejable emprender una discusión sobre las doctrinas del federalismo que redujese el espacio a los niveles teóricos. Dos vías posibles serían: en primer lugar, ubicar el debate en la realidad de la España de las Autonomías. Y considerar si se trata de una construcción ya concluida y cerrada o si, por el contrario, el Estado de las Autonomías es un proceso continuo y cuyo final no se vislumbra. La reflexión pertinente lleva a estimar que Andalucía no ha concluido su propia construcción autonómica y que, por el contrario, todavía tiene pendientes demandas frente a los poderes centrales.

    Una segunda vía dirige hacia otra interrogante: ¿Existe una idea de nación andaluza? Es innegable que hay una construcción nacionalista, identificada incluso con propuestas de partidos políticos concretos. Sin embargo, habría que ir más allá. Ser o no una nacionalidad histórica, en los términos en que lo entendieron los constituyentes en 1978, es una simple cuestión de tiempo. No debe ocultarse que nos encontramos ante una cuestión que los sucesos más recientes han puesto de manera virulenta sobre el tablero político español. El llamado "frente nacionalista", del País Vasco, de Cataluña y de Galicia, ha optado por una vía dinámica y reivindicativa frente al Estado. ¿Sería ésta la opción política andaluza? ¿O, por el contrario, sería más adecuado continuar con una vía de negociación para subir el listón de sus competencias en la medida que corresponda?

    De cualquier manera, regresando a la realidad, en lo que se refiere al presente debate, la cuestión hay que plantearla de forma más modesta, al menos en apariencia. El objetivo es situar a Andalucía en el Mundo. El problema central radica en saber si estos fines pueden alcanzarse en el actual marco constitucional o si, para lograrlos de forma plena, habría que ir a un procedimiento de ampliación de competencias que revisasen el Título VIII de nuestra Constitución. Sea cual sea la respuesta, es obligado admitir que en el presente estado de cosas, las actividades exteriores de las Comunidades Autónomas están siempre en la frontera sutil que separa lo permitido de lo absolutamente inconstitucional.

    Por otro lado, es bueno recordar que hace tiempo que la construcción Europea camina por una senda original y ha quedado algo abandonado el discurso federalista, al menos en su versión más ortodoxa. No parece, por el momento, una opción con posibilidades de entrar en el centro del debate político europeo de los próximos años.

    Sin embargo, los efectos de la UEM y las exigencias de una sociedad internacional altamente globalizada pueden inducir a un desarrollo competencial europeo en estos ámbitos económicos y también en su asignatura pendiente, la política exterior y de seguridad común, de forma que en realidad, dibujen un panorama muy similar a una situación federal, al menos en el reparto competencial. En principio Andalucía, si supera algunas deficiencias estructurales y se mantiene el criterio de la cohesión y la progresividad, no debe preocuparse por esta evolución.

    En cambio, las tendencias a la renacionalización de funciones europeas sí deben preocuparle seriamente. Dicho con más claridad: el peor escenario posible para Andalucía, dados sus condicionantes, sería una integración en las políticas del núcleo duro, fundamentalmente mercado único y unión monetaria, y una renacionalización de las políticas de cohesión y solidaridad, de la PAC, políticas sociales, de transportes, etc., que dibujaría una especie de zona de libre comercio donde, es evidente, Andalucía no está en la mejor situación para obtener beneficios.

    Dicho esto, la subsidiariedad como principio informador general que acerca las decisiones a los ciudadanos no es rechazable, pero tiene el serio peligro de alimentar en su seno conocidos propósitos de renacionalización que en nada convienen a Andalucía. El debate debe perfilar bien el concepto de subsidiariedad que a Andalucía le conviene y que no es susceptible de una respuesta simple. Quizás a Andalucía, en las circunstancias actuales y en las del previsible inicio de este siglo, le convenga una Europa fuerte y democrática en la toma de decisiones, acompañada, eso sí, del principio de suficiencia de medios rigurosamente controlados y una cierta descentralización corresponsable como manifestación del principio de subsidiariedad.

    En el proceso de descentralización que desde Maastricht hasta hoy se está desarrollando, hay un reconocimiento y activación del papel de las regiones del que Andalucía no puede estar ausente. Los mecanismos de participación institucional y los cauces de influencia deben conocerse y utilizarse.

     

    4.3. La dimensión mediterránea de Andalucía

    El Mediterráneo es, desde el punto de vista cultural y étnico, un mar compartido; y Andalucía, afortunadamente, tiene una cultura legítimamente abierta a diversas relaciones en este ámbito. Esta condición, cuyas raíces históricas se hunden en la Antigüedad y no es pertinente, por sabida, evocar, le proporciona unas condiciones sumamente propicias para dialogar con aquellos otros pueblos que, en todo o en parte, tienen los mismos elementos comunes.

    Dado que la gran mayoría de los países euro-mediterráneos forman parte de la Unión Europea, Andalucía, en principio, deberá utilizar los canales ya diseñados por la UE. Lo cual no debería ser obstáculo para gestionar vías propias de entendimiento con aquellos miembros mediterráneos de la Unión Europea que le resulten más próximos por razones de afinidad, sensibilidad e intereses. Este es el caso, entre otros, de Italia. Aunque, en más de una ocasión, pueden producirse y de hecho se producen divergencias y contenciosos, fundamentalmente por razones económicas, agrícolas, que afectan particularmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

     

    4.3.1. Andalucía puerta de entrada o Andalucía frontera cerrada.

    Las relaciones entre Andalucía y Marruecos han sido siempre de notable intensidad. En ocasiones, por circunstancias negativas (las Guerras de Marruecos, el período del Protectorado) que, aunque propias de los avatares del Estado español, no han dejado de afectar a los andaluces. En la actualidad, el pasado histórico ha sido superado y su recuerdo no provoca traumas entre las dos orillas mediterráneas.

    El complejo relacional andaluz-marroquí es de notable contenido. Las afinidades culturales son abundantes y, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte de Municipios y Fundaciones, han registrado en los últimos años un notable incremento.

    Marruecos empieza a mirar a España, y en concreto a Andalucía, como uno de sus modelos y lugares de referencia, casi tanto o más que a Francia, lo que hace unos años era inimaginable. Hoy en día hay un número creciente de marroquíes en Andalucía, y las élites marroquíes conocen bastante bien nuestro país a diferencia de lo que sucede con las élites andaluzas. Incluso miles de turistas de alto nivel económico prefieren, por encima de cualquier otro lugar, la Costa del Sol para veranear. Todo ello supone un cambio de tendencia.

    En el campo de la economía, por el contrario, no faltan causas de fricción. La actividad de la flota pesquera andaluza en las aguas marroquíes, por suerte, ya se ha trasladado en su negociación y en su resolución a las instancias de la Unión Europea. Otro tanto puede afirmarse con respecto al sector agrícola, donde las producciones recíprocas entran claramente en competencia.

    Sin embargo, el mayor motivo de litigios y conflictos entre Marruecos y las costas andaluzas ha surgido en los últimos años. El crecimiento demográfico del Norte de África y su situación económica constituyen el motor que está impulsando masivas corrientes migratorias que buscan su entrada natural, ya en España, ya en la Unión Europea, por las costas andaluzas.

    Andalucía, que siempre ha sido un puente con Marruecos, puede ver alterada esta imagen y esta realidad en virtud de las políticas restrictivas de la Unión Europea. Ceuta, Melilla y el litoral andaluz son el límite natural del llamado territorio Schengen. Circunstancia que obliga a desempeñar funciones policiales.

    ¿Habría alguna posibilidad de cohonestar estas obligaciones insoslayables con los intereses andaluces y, además, materializar el impulso solidario que debe caracterizar a la acción exterior de Andalucía? La respuesta no es fácil. Pero, indudablemente, el mejor instrumento debe pasar por la implementación de la cooperación internacional con Marruecos. En el plano de la sociedad civil, habrán de fomentarse y ampararse a las ONG's que desempeñan labores de acogida a los trabajadores norteafricanos llegados a Andalucía; fomentando, por ejemplo, políticas de reagrupamiento familiar. Así como todas aquellas otras actividades que promuevan el diálogo intercultural.

    Por parte de la Junta de Andalucía, deberá proseguirse la política de impulso de inversiones empresariales andaluzas en el Magreb, especialmente en Marruecos. Está más que comprobado que la emigración no es un ansia natural del ser humano y que, cuando se encuentran condiciones apropiadas en la tierra de cada uno, la emigración pierde su razón de ser.

    Con estas medidas, y otras más, Andalucía podría evitar convertirse o ser vista como la muralla que separa a los norteafricanos de la tierra prometida, de las riquezas materiales de la Unión Europea.

    Y, en último lugar, el proyecto de enlace permanente, túnel o puente, entre Marruecos y Andalucía, proyecto en el que no deben estar ausentes los andaluces, será una excelente ocasión para mejorar e intensificar las relaciones mutuas.

    Sobre otros países magrebíes, la acción de la Comunidad de Andalucía tiene que ser distinta. En lo que concierne a Túnez, se dan también algunas circunstancias de competitividad en el sector agrícola. Por lo demás, hay un área importante por desarrollar que se refiere a las relaciones culturales. La presencia andaluza, andalusí, en muchas de las ciudades tunecinas es bien palpable. Este habría de ser el sector prioritario.

    El caso de Argelia es también muy distinto de los otros dos países del Magreb. Argelia es una potencia económica actualmente sumida en el caos de una guerra civil de larga duración, desde 1992. Lo que hace que Argelia presente hoy la cara más feroz del fundamentalismo islámico. Pero, por otra parte, es el mayor suministrador de gas natural a nuestro país. Además, el gasoducto pasa por tierras andaluzas; circunstancia que habría de ser aprovechada políticamente por las autoridades andaluzas.

     

    4.3.2. Implicaciones de la apertura de la UE hacia el Mediterráneo, y de la ampliación hacia el Este y el desplazamiento del centro de gravedad hacia el Norte de Europa.

    Parece más que legítima la preocupación por el desplazamiento del centro de gravedad de la UE hacia el Norte, en realidad hacia una especie de eje Norte-Este de Europa. El origen de esta preocupación no está estrictamente vinculado a la ampliación, sino a los regímenes otorgados y acuerdos celebrados con los Países de Europa Central y Oriental que alimentó, tras el debilitamiento y posterior caída del sistema comunista, un desplazamiento del interés político y económico comunitario hacia el este europeo.

    Este desplazamiento dejó bajo mínimos la atención europea a la zona mediterránea que, justamente, por la desaparición de los bloques, se había aparentemente tranquilizado desde el punto de vista político y por tanto perdido interés. La mayor parte de esos Estados de Europa Central y Oriental son hoy candidatos a la adhesión y el planteamiento respecto de ellos es esencialmente distinto. Es decir, que una perspectiva de futuro debe comprender que el tema de los Países de Europa Central y Oriental ha de ser entendido, más en claves político-económicas europeas internas a las que antes nos hemos referido (ampliación-proceso decisorio), que de política exterior. Con todo, es evidente que para Andalucía es importante un reequilibrio de la política comunitaria hacia estos diferentes ejes. Pero los planteamientos deben de cambiar.

    Una cierta reacción frente a aquel episodio político que relegó el interés por el Mediterráneo en la política comunitaria provino de la misma Comunidad al comprobar, desgraciadamente, que el Mediterráneo es una zona con un potencial de conflicto muy serio: la Guerra del Golfo (que puso de manifiesto que la ribera norte no estaba a salvo), la cuestión libia, la permanencia y recrudecimientos del conflicto israelo-palestino, la situación de Argelia, las relaciones por momentos tensas con Marruecos con motivo de los problemas de pesca o la convulsión en la antigua Yugoslavia, parecieron cambiar algo las cosas.

    Se produce entonces un cambio de enfoque de las relaciones Europa con los países del mediterráneo, ensayado primero con el Magreb y extendido luego a otros países mediterráneos. Se trata de un nuevo modelo de relaciones que prima el vínculo de asociación sobre el de cooperación que le precedió. La celebración de los acuerdos de asociación, el apoyo financiero del programa MEDA y las Conferencias Euromediterráneas de Barcelona 1995 (con su importante declaración) y de Malta 1997 han trazado un nuevo esquema de relación, que no puede asumirse como satisfactorio desde la perspectiva andaluza.

    Sin embargo, por el momento, es en este contexto en el que Andalucía está llamada y obligada a desenvolverse. Se trata de un contexto relacional UE/Países Terceros Mediterráneos (PTM) que, en particular desde la Conferencia de Barcelona, había alimentado muchas esperanzas y que, sin embargo, está resultando muy poco convincente. ¿Las causas? Son múltiples y complejas y es difícil pronunciarse sin una vasta argumentación. Probablemente en el origen de esta percepción se encuentre las limitaciones de una visión del espacio mediterráneo como una unidad internacional homogénea. Como en el origen parece estar, también, la dificultad del cambio de este enfoque hacia una vertiente más política que económica. Aunque la Declaración de Barcelona, con fundamento, adopta esta nueva visión política, tal vez es escaso el tiempo transcurrido para que haya encontrado asiento. Por otra parte, una concepción de estas características más políticas genera, por definición, mayores recelos y dificultades que el acercamiento estrictamente económico.

    Pues bien, en este contexto tan espinoso, Andalucía está obligada a intentar, en lo posible, una mayor cooperación y entendimientos. Parece innecesario recordar que su margen de maniobra es muy estrecho. Se trata en su mayor parte de competencias comunitarias o nacionales que no sólo no deben contrariarse, sino ni siquiera debilitarse con actuaciones autónomas que pueden acarrear distorsiones en políticas y estrategias muy complejas. La cooperación leal con la Unión y con el Estado son absolutamente imprescindibles. Pero ello no impide que Andalucía intente influir en dichas políticas de manera positiva con una baza bien importante: los andaluces nos encontramos entre los más vulnerables a los riesgos de una política inadecuada. Desgraciadamente todo parece indicar, y así lo mantienen ensayistas de primer orden, que el destino apunta a convertir el Mediterráneo en una frontera. Andalucía debe asumir, desde el realismo, esta condición, anticipar sus efectos y prever medios para su tratamiento. No obstante, Andalucía debe caminar simultáneamente en el sentido de potenciar por todos los medios a su alcance las relaciones, la colaboración, la integración, aún cuando sea consciente de sus límites.

    Algunas vías de actuación concreta podrían ser: a) la intensificación de las relaciones de cooperación en ámbitos no sujetos a la competencia de la Unión o del Estado. Por ejemplo, en los ámbitos culturales; b) el desarrollo, como ya se ha apuntado en varias ocasiones, de una política de influencia para aquellas zonas de competencias comunitarias o estatales. Para ello resulta imprescindible prefigurar una política propia y de objetivos claros; c) la toma de iniciativas en la formación de un modelo de cooperación entre regiones interesadas en la estabilidad y desarrollo del Mediterráneo (españolas, francesas, italianas y griegas), que podría abarcar poderes locales y abrirse a agentes interesados de las dos riberas. Andalucía debería tratar de liderar la opción latina mediterránea, como han tratado de hacerlo otras Comunidades, lo que permitiría reforzar el papel y las posibilidades de Andalucía en Europa y aprovechar los cauces abiertos por los acuerdos de asociación para la apertura de mercados y la actividad empresarial andaluza, mediante políticas decididas de relaciones institucionales, empresariales, profesionales, etc.

     

    4.3.3. Andalucía y Oriente Medio.

    Este escenario, o subescenario mediterráneo, aunque de menor inmediatez geográfica y también de menor contenido económico, es también apropiado para una acción exterior propia de la Junta de Andalucía y de la sociedad civil andaluza.

    Aparte aspectos económicos, asumidos por la política exterior del Gobierno español, buena parte de ellos recogidos en la red de tratados de la Unión Europea con los países de Oriente Medio. Por lo demás, bien conocida es nuestra dependencia de los crudos petroleros árabes. Buena parte de estos dineros han revertido en inversiones en el sector turístico andaluz. Extremo que requeriría un tratamiento específico y bien distinto del practicado hasta la fecha.

    Probablemente, el campo en el que la presencia andaluza en Oriente Medio puede ser más dinámica es, precisamente, el más conflictivo. Las relaciones de la Junta de Andalucía con el Estado de Israel son excelentes y, otro tanto, deberían serlo con los territorios bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina. Aquí, con mayor sentido que en otros lugares, Andalucía puede hacer valer su condición de espacio privilegiado donde convivieron las tres culturas y las tres grandes religiones monoteístas. Aquí también puede ser valiosa la contribución que pueda aportar la puesta en marcha de la Fundación de las Tres Culturas del Mediterraneo.

    Desde los usos y hábitos sociales, hasta el patrimonio artístico y arquitectónico de Andalucía constituyen una herencia que la Junta de Andalucía debe privilegiar. En último lugar, las ONG's andaluzas tienen que ocupar un lugar en Cisjordania y en Gaza, donde ya son muy numerosas otras ONGs españolas.

     

    4.4. Dimensión atlántica de Andalucía.

    Hablar de la dimensión atlántica, americana, de Andalucía puede parecer redundante. No obstante, hay veces en que es preciso subrayar la obviedad. También porque, en este terreno, al igual que en otros, se impone superar los estereotipos, los lugares comunes, y emplazar la cuestión sobre la realidad del aquí y del ahora. Lo que no significa que se olviden o se tiren por la borda siglos de historia en común. Hay que insertar el pensamiento de la tradición con el discurso de la modernidad.

    Otra evidencia indica que no puede ni debe pensarse en un tratamiento en bloque de las posibles relaciones de la Junta de Andalucía con Iberoamérica como si se tratase de un grupo monolítico u homogéneo. Son muy diferentes los niveles de desarrollo entre unos grupos regionales y otros; la realidad centroamericana es muy distinta de la del fenómeno de integración constituido por Mercosur, por poner un ejemplo entre otros muchos. O, entre la misma Centroamérica y algunos países caribeños, como el caso de Cuba. O, sin querer agotar la materia, el peso específico de un país como México, parte firmante del Nafta.

    Si las diferencias socioeconómicas son divergentes, algo análogo debe suscitarse con respecto a la conciencia nacional de cada uno de los países iberoamericanos. La elevadísima conciencia nacional de cubanos y mejicanos es muy superior a la de otros países iberoamericanos cuya evolución y cuyo proceso de integración estatal no es preciso recordar.

    Pero, junto a estas diferencias, hay un hecho unificador: Iberoamérica, en lo humano, en lo antropológico, en lo cultural, en lo religioso, es un subcontinente donde el mestizaje se hizo realidad. Una de las principales aportaciones de este mestizaje, sin caer en chovinismos aldeanos, es la española y, más concretamente, la andaluza. Aquí, al igual que en el Mediterráneo, Andalucía cuenta con un plus americano que la hace diferente al resto de las Comunidades Autónomas españolas. Es una potencialidad que está a disposición de la Junta de Andalucía y de la sociedad civil andaluza.

    Sobre las vinculaciones de Andalucía con Iberoamérica, sólo se mencionarán tres realidades, entre el repertorio mucho mayor que podría exponerse.

    La primera y la siempre invocada es la comunidad del idioma. No es una imagen literaria aquella que afirma que el andaluz es el castellano de Iberoamérica. Aunque en estas páginas no se ha hecho ninguna cita de autoridad, es obligado, al tiempo que resulta de justicia, recordar la importancia que han tenido los Atlas Lingüísticos realizados por Don Manuel Alvar. Sería ésta una tarea a continuar y a divulgar. Así, como la mejora y la multiplicación de los contactos entre las Academias nacionales iberoamericanas y las Academias andaluzas.

    En segundo lugar, es de resaltar la importancia de las migraciones andaluzas a Iberoamérica. Realmente, sin la magnitud que otras regiones españolas. Pero, por contra, los nombres de los exiliados republicanos andaluces son un motivo de prestigio que tiene gran vigencia en centros docentes, de investigación y de las más diversas manifestaciones artísticas. No parece que Andalucía haya celebrado hasta ahora ningún gran acto dedicado a recordar la importancia que tuvo este encuentro entre intelectuales y creadores andaluces con sus correspondientes iberoamericanos. La exaltación de este acontecimiento tendría, sin duda, importante eco al otro lado del Atlántico.

    En tercer lugar, como prolongación del anterior, sería conveniente recordar lo que por extensión podría llamarse manifestaciones culturales de ida y vuelta. Manifestaciones artísticas de todo tipo que han mantenido vivas las corrientes de influencia recíproca entre la Comunidad Andaluza y los pueblos iberoamericanos.

    Desde esta perspectiva, se considerarán algunos aspectos que pueden incidir en el enriquecimiento de la dimensión americana de Andalucía y de su posible acción exterior en Iberoamérica.

     

    4.4.1. Andalucía, puente con Iberoamérica.

    El concepto de puente debe ser utilizado cuidadosamente. Baste recordar el rechazo de México a la propuesta española de actuar en calidad de tal, frente a la entonces todavía Comunidad Económica Europea. A su peligrosidad, también se une su vaguedad. De cualquier forma, en ciertas condiciones y con respecto a determinados países iberoamericanos, Andalucía podría desempeñar esta función frente al resto del Estado español; de ninguna de las maneras tiene estas competencias frente a la Unión Europea.

    Sin embargo, sería de extrema utilidad la idea de Andalucía como puente entre las sociedades civiles iberoamericanas y sus instituciones, frente a la sociedad civil andaluza y la propia Junta de Andalucía. El esquema de actuación no presenta grandes variaciones con respecto a lo ya expuesto en otros escenarios.

    En el campo educativo, la Junta de Andalucía debe crear un marco jurídico por el que se facilite la celebración de convenios entre las Universidades andaluzas e iberoamericanas, con objetivos como el intercambio de profesores, computándose el tiempo servido en las referidas Universidades como prestado en las de origen y la firma de planes conjuntos de investigación en las distintas áreas, que aborden desde materias de ámbito universal a materias específicas de Andalucía y de los países respectivos.

    En el orden de la cultura, la Junta de Andalucía y los países o regiones iberoamericanos pueden organizar encuentros recíprocos para el mejor conocimiento mutuo, en los que se incluyeran conferencias, exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, nuevas tecnologías, etc. En este aspecto concreto de la cultura, bien podría comenzarse por aquellos Estados organizados federal o regionalmente, a fin de que las actuaciones culturales fueran entre Andalucía y Estados federados o regiones de Estados.

    En Andalucía existen centros culturales y universitarios como la Universidad Internacional de Andalucía (sede Iberoamericana de La Rábida), el Archivo de Indias, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la Biblioteca Colombina, etc., que pueden potenciarse para intensificar la labor cultural de Andalucía en Iberoamérica.

    En el campo económico, y en el marco del creciente acercamiento entre la Unión Europea e Iberoamérica, Andalucía y España, cuentan con la ventaja del idioma y de la historia común y parece aconsejable que las instituciones económicas andaluzas, como las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, la Confederación de Empresarios de Andalucía y representaciones de sectores económicos andaluces tengan contacto con las entidades representativas de la economía iberoamericana a fin de conocer no sólo las posibilidades de exportación e importación, sino también de implantación de empresas andaluzas en Iberoamérica. La Junta de Andalucía sería, como ya lo está siendo, impulsora y promotora de las empresas andaluzas con proyectos de instalación, inversión o intercambios económicos y comerciales.

    En lo concerniente a la sociedad civil, las ONG's andaluzas tienen un amplísimo campo de actividad en Iberoamérica. Aunque, lógicamente, se impondría actuar con la misma profesionalidad y con la misma cautela que se viene preconizando. La experiencia ya acumulada demuestra que los países iberoamericanos con mayor necesidad de programas de cooperación internacional son los centroamericanos, los caribeños y los andinos. Sería imprescindible una importante tarea de coordinación y que el impulso natural de solidaridad se canalizase hacia aquellos países y aquellos sectores sociales más necesitados. Teniendo en cuenta que, en ocasiones, son mucho más rentables, política y socialmente, proyectos modestos antes que otros de grandes aspiraciones. Función de coordinación que sólo podría llevar a cabo la Junta de Andalucía o las instituciones en que delegase.

     

    4.4.2. Andalucía, Portugal y Brasil.

    Este epígrafe debe entenderse en su sentido correcto. Brasil es todo un subcontinente, dentro del americano, y la vía propia de acceso pasa indefectiblemente por la conexión portuguesa. Portugal es punto clave en la futura y deseable acción exterior de la Junta de Andalucía. Los puntos comunes, tanto materiales como espirituales, no precisan ser detallados; y no sólo, evidentemente, por el propio interés americano.

    La andadura iberoamericana de Andalucía puede efectuarse por sí sola. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Extremadura podría asociarse a iniciativas andaluzas y viceversa. Al menos, sería muy útil establecer canales de información, mejor si fueran de coordinación, que evitasen repeticiones de proyectos o, lo que sería peor, entrar en conflicto en determinadas materias sobre cuestiones iberoamericanas.

    Sobre este conjunto político, nunca faltarán iniciativas. La Exposición Iberoamericana de 1929, con todas sus imperfecciones, fue de suma utilidad para potenciar la imagen de Andalucía en tierras americanas. Todavía lo fue más la Exposición Universal de 1992 y las conmemoraciones del Quinto Centenario. Debería pensarse en iniciativas que mantuviesen viva esta presencia. En esta línea, por mencionar una posibilidad, la Junta de Andalucía podría recabar ante el Gobierno de España la sede de la Cumbre Iberoamericana, cuando su organización le corresponda nuevamente a nuestro país.

    Una actuación que tendría una excelente acogida en Iberoamérica sería que la Comunidad Autónoma de Andalucía aplicase a sus relaciones mercantiles con estos países las reglas del llamado comercio justo. En último lugar, la necesaria atención a los intercambios económicos requeriría un tratamiento especial y no el del simple beneficio aunque fuese mutuo.

    Sobre estas bases, convendría incluir en una propuesta de futuro actuaciones tales como diseñar una política propia hacia Latinoamérica que incluyera la elaboración de un esquema plural de aproximación, donde tengan cabida tres vectores de actuación: primero, la cooperación al desarrollo; segundo, las relaciones comerciales; tercero, el diálogo político. Un esquema plural es la única vía para sustentar una visión global de las relaciones con Latinoamérica y presupuesto de una política propia, coherente y sobre bases reales. A tales efectos, sería conveniente elaborar un censo y localización de la presencia andaluza en Latinoamérica. El diseño de esta política no debe ignorar que Latinoamérica es considerada por la práctica totalidad de las CCAA españolas como cuestión propia. La adecuada coordinación y eventual cooperación con otras CCAA no debe desecharse en aras del protagonismo andaluz. De nuevo una buena política de anticipación y de objetivos claros posibilitará liderar algunos proyectos.

    También, y dada la importancia de los recursos que Andalucía destina a la cooperación, directa y a través de ONG's, convendría evaluar su incidencia y mecanismos de control. La creación y sostenimiento de programas y redes de cooperación de cierta permanencia pueden dotar a una cooperación, tan importante en términos cuantitativos, de mayor visibilidad.

    Abundando en las líneas maestras de la política que se propone, resulta esencial el sostenimiento e impulso de la actividad empresarial y de las inversiones realizadas por entidades andaluzas. Acaso una política adecuada de fondos de garantía contra riesgos constituya la mejor vía de potenciación de estas actividades. En la misma dirección, cabe el fomento de las relaciones educativas, científicas, técnicas y culturales. Aun siendo importante lo actuado por las distintas Universidades andaluzas y, en particular, por la Universidad Internacional de Andalucía, se debe seguir trabajando en la potenciación de este tipo de actividades.

    Finalmente, el proceso de regionalización en Latinoamérica no puede desconocerse, y un esfuerzo notable en la asociación de Andalucía a esa realidad político-económica emergente en Latinoamérica es consustancial a la política global, coherente y realista que se propone.

     

    4.5. La cooperación internacional como eje de actuación de una ciudadanía solidaria.

    Ya se han definido las líneas generales, los objetivos y los agentes sociales que deben acometer las tareas de la cooperación internacional acordes con los intereses generales de Andalucía.

    La cooperación de Andalucía con países Mediterráneos e Iberoamericanos, sin olvidar la Europa del Este, podría caracterizarse por lo que se ha denominado el principio del desdoblamiento. Éste significa que no hay actividad política, económica, cultural o social que no pueda desdoblarse, trasladarse desde Andalucía a esos países en los grados y con la intensidad que se estimen oportunos.

    Así, por ejemplo, la experiencia andaluza en materia de desarrollo autonómico (político y económico) puede ser modelo para experiencias que pueden estar en un estado más que incipiente en los países en desarrollo. En el mismo sentido, la participación andaluza en la vertebración del Estado de las Autonomías, así como su inserción en el marco más amplio de las regiones y su presencia en el ámbito europeo a través de la Asamblea de las Regiones de Europa, está creando un acervo importantísimo de experiencias acumuladas perfectamente transmisibles a las élites políticas de esos países. A nivel municipal, el papel de las ciudades como actores de la cooperación es un fenómeno cada vez más generalizado. Más allá de los clásicos hermanamientos, que con frecuencia se limitan a algún intercambio cultural episódico, las ciudades andaluzas, latinoamericanas y magrebíes deben establecer lazos de cooperación efectivos y enriquecedores, especialmente en el ámbito de la propia gestión municipal. Tanto más cuanto muchas de ellas han tenido vinculaciones históricas y guardan y atesoran tradiciones comunes. Debería, pues, fomentarse la comunicación entre ciudades a través de redes que pusieran en común experiencias de gestión y administración municipal.

    El principio del desdoblamiento encuentra en el capítulo de lo social un terreno abonado por el espectacular protagonismo que la sociedad civil ha venido adquiriendo en los últimos años en el ámbito de la cooperación. La descentralización ha llegado también a este sector, de la mano de una ciudadanía que, a través de ONG's fundamentalmente, ha encauzado un encomiable impulso solidario hacia los países en desarrollo y hacia los distintos grupos étnicos que, cada vez en mayor medida, se establecen en nuestro país.

    Andalucía, naturalmente, no ha sido ajena a este fenómeno. Un fenómeno, por otra parte, inicialmente volcado en su actividad hacia Iberoamérica pero que cada vez se abre más al Mediterráneo Sur, en especial, a los países del Magreb y a Palestina. Un fenómeno que tiene una importancia política transcendental por cuanto de participación ciudadana tiene, en sus actores, tanto los donantes como los receptores.

    Pese a todo, hay que insistir y matizar lo evidente. La cooperación internacional llevada a cabo por las instituciones andaluzas diferirá, lógicamente, de la acometida por la sociedad civil. Aunque sería conveniente una cierta coordinación en las líneas y en los objetivos generales. En la práctica, la primera estará sometida a mayores controles que la segunda; pero, en ningún caso, deberá perderse de vista el logro de algunas coincidencias globales.

    La diferencia esencial entre ambas radicará en los objetivos fijados a cada una de ellas. La primera, la institucional, aparte del ejercicio de la solidaridad, buscará rentabilizar los efectos de la cooperación internacional como instrumento de acción exterior; optimizará los intereses sociales y políticos del Gobierno andaluz y buscará la mejora de la imagen de Andalucía en el país receptor de la cooperación. La segunda, aún en cierto sentido al servicio de la primera, podrá desarrollar más libremente el ejercicio solidario. Téngase presente que uno de los sectores que mayor experiencia tiene en el campo de la cooperación internacional es la Iglesia Católica y determinadas órdenes religiosas que, tradicionalmente, desempeñan excelentes funciones asistenciales, no sólo de propagación de sus creencias.

    Ya se ha considerado en páginas anteriores la realidad de la sociedad civil andaluza y lo mucho que todavía queda por hacer para conseguir su articulación. Por el contrario, las sociedades civiles mediterráneas árabes están en una fase muy incipiente. Razones históricas de todo tipo (sociales, económicas, etc.) justifican esta situación; entre las cuales, es de destacar la todavía débil o dualizada estructuración social. No obstante, en los países árabes y musulmanes existen, desde antiguo, importantes redes sociales que realizan importantes tareas asistenciales y solidarias: atención a ancianos, cuidado de enfermos, etc. En términos generales, se trata de cofradías o hermandades religiosas que llevan fielmente a la práctica los preceptos coránicos. No es fácil, pues, conectar las redes sociales andaluzas con las sociedades civiles del Mediterráneo árabe. En todo caso, se trata de un espacio que deberá explorarse con la mayor cautela y con el máximo de los respetos a estas expresiones culturales, en el sentido más amplio, que nos resultan más ajenas.

    Junto a ello, debe recordarse que sobre aquellas ONG's que se nutren de sus propios recursos o de los proporcionados por sus miembros, puede ser prácticamente nula la capacidad de influencia de las instancias institucionales. En este caso, la Junta de Andalucía debería hacer gala de generosidad en el apoyo de estas actividades que, por su propia naturaleza, escapan a su control.

    En aquellas actividades de ONG's que se alimentan de los presupuestos de la Junta de Andalucía, en las efectuadas por ayuntamientos y diputaciones, así como las ejecutadas por cajas de ahorro e instituciones afines, se impone una coordinación efectiva por parte de los órganos competentes de la Junta. Y no sólo en la asignación de recursos, sino también en el control del gasto, en la coordinación de proyectos, en la transparencia de su ejecución y de su administración y en la fiscalización de los resultados obtenidos.

    Sería, en consecuencia, sumamente aconsejable la confección de un catálogo de las ONG's andaluzas, así como del resto de las instituciones de todo tipo que se dedican a la cooperación internacional, con el fin de convertirla en un instrumento eficaz y no en un mecanismo más de gasto público incontrolado.

    Tras ello, también podría pensarse en que Andalucía produzca sus propios cooperantes, al servicio de las instituciones y de la sociedad civil. No se oculta que ya se hacen interesantes y valiosas experiencias en este campo. Ahora bien, quizá fuese oportuna la creación de un Instituto o Centro Andaluz de Cooperación Internacional donde se preparasen, se capacitasen y se reciclasen especialistas en las diversas materias que configuran la cooperación internacional.


    Economía de Andalucía