Economía andaluza

LA ECONOMÍA EN ANDALUCÍA

Índice

Andalucía

Los sectores económicos en Andalucía

LOS SECTORES ECONÓMICOS EN ANDALUCÍA

1. COMPLEJO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO

El complejo agroalimentario y pesquero está compuesto por el conjunto de las producciones agrarias y las industrias agrarias y alimentarias, constituyendo una importante especialización productiva dentro de la economía andaluza, debido a su riqueza agraria y a la dedicación alimentaria de una parte importante de su sector industrial.

Por ello, el sector primario constituye una pieza básica de la economía regional, debido por un lado al peso y posición que ocupa en su estructura económica; y a sus ventajas y potencialidades por otro, todo lo cual permite prever que seguirá contando con un gran protagonismo en el futuro inmediato.

Dicha posición destacada se pone de manifiesto según indican los siguientes datos:

• En lo que respecta a la producción agraria, la participación de dicho sector en la formación del V.A.B. andaluz, es del 9,8%, frente al 4,4% en España y el 3,3% en la Unión Europea. El peso de los ocupados con respecto al conjunto de la población ocupada andaluza es del 11,8%, frente al 8,7 de la media española y al 5,8% de la Unión Europea.

• Por lo que respecta al subsector de la industria agroalimentaria, su elevada trascendencia queda reflejada, igualmente, por dos datos básicos: Su aportación al valor añadido industrial y a la ocupación industrial en Andalucía es, aproximadamente, del 30% del total. De igual forma, las exportaciones del sector representan el 44% del total de las exportaciones andaluzas, y el conjunto de las importaciones alcanzan el 20% del total.

En este sentido, los suministros regionales suponen el 31% de la producción efectiva en la agricultura y la pesca y el 50% en las industrias de alimentación y bebidas. Por su parte, los insumos de origen exterior suponen porcentajes bastante menores (en el sector primario no alcanza el 10% de la producción mientras que en industrias de alimentación y bebidas apenas supone un 17%). De esta información se desprende que el complejo agroalimentario y pesquero tiene una mayor dependencia relativa de materias primas de origen andaluz; conclusión importante por cuento un aumento de la producción del sector primario redundará en un aumento de la demanda de materias primas de origen regional, con los efectos multiplicadores inducidos.

En relación al destino de la producción del complejo agroalimentario y pesquero se puede afirmar que:

• El 47,7% de lo que producen el conjunto de las actividades agrarias y pesqueras, es utilizado como materia prima para otros sectores, mientras que en el sector de la industria de alimentación y bebidas este porcentaje es tan sólo del 20,3%. La diferencia refleja los distintos destinos de ambas producciones : la demanda intermedia (sector extractivo) y demanda final (sector transformador y comercializador).

• Dicho esto, hay que precisar que ciertas producciones abastecen en un porcentaje elevado (90%) de su producción a la demanda final, como es el caso de las hortalizas y frutas, agrios y aceites, frente a las producciones cuyo destino principal (70% de su producción) se halla en los consumos intermedios para otros sectores, sobre todo la industria agroalimentaria : olivar, silvicultura, industrias de alimentos para animales, etc.

Una nota interesante a señalar son las relaciones intersectoriales dentro del complejo agroalimentario y pesquero. que permite que los efectos inducidos de un aumento de la demanda de un determinado producto se trasladen en mayor grado al resto del sistema productivo. En este sentido, las interrelaciones dentro del complejo agroalimentario y pesquero pueden considerarse relativamente intensas, y por orden de importancia cabe destacar las siguientes:

• La existente entre la producción de olivar y la industria del aceite y grasas, y aceituna de mesa.

• La ganadería con las industrias cárnicas y lácteas.

• Los cereales y leguminosas con la molinería.

• Las plantas industriales con la industria asociada (azucarera y desmotadora).

• La pesca con la industria de conservas de pescado.

Por otra parte, en la actualidad, en el contexto en que se mueve la Comunidad Autónoma andaluza dentro de la UE y en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, el complejo agroalimentario y pesquero no sólo cumple un papel de índole económico, sino que atiende también a otros de carácter social y medioambiental. Aunque no se puede decir que estos cometidos sean nuevos, sí es cierto que han ido adquiriendo en los últimos tiempos un reconocimiento y significación específicos, y precisamente por este hecho, el análisis del complejo agroalimentario y pesquero no puede hacerse sólo desde una visión exclusivamente económica, sino que tiene que plantearse desde un enfoque múltiple que dé cabida a otras variables.

El análisis del empleo agrario revela la especial significación del sector primario en Andalucía, donde, pese a las tendencias universales en nuestro entorno, el mismo sigue teniendo una considerable importancia. Así, a pesar de la tendencia decreciente, la población ocupada agraria en Andalucía sigue significando una parte importante, el 12,8% del total de ocupados en 1996. Este porcentaje es sensiblemente superior al 18,4% que correspondía ese mismo año al conjunto del país y al 5,8% que en 1992 significaba en toda la UE. Si a estas cifras de empleo directo en la producción agraria, se agregan las correspondientes al sector de la elaboración agroalimentaria, se puede decir que el complejo agroalimentario y pesquero representa más del 20% de la ocupación regional.

Dicho esto, es previsible que la población ocupada en agricultura y pesca en Andalucía seguirá disminuyendo en los próximos años (como ha pasado en todas las economías desarrolladas). Esta previsible tendencia es consecuencia directa de la necesidad de aumento de la productividad. El reto actual consiste, por tanto, en poder generar empleo alternativo para la población afectada por el proceso de transformación de los sistemas de producción.

Será necesario el desarrollo de actividades que compensen esta tendencia y, particularmente, que la política de desarrollo rural potencie todas las posibilidades complementarias a las puramente agrarias y pesqueras.

Dentro del análisis de los efectos sociales de la agricultura, conviene destacar también su capacidad para mantener y fijar un cierto nivel de población por todo el territorio. Esto reduce los efectos negativos que, tanto en el mantenimiento de los recursos económicos, ambientales, culturales, etc., se derivan del despoblamiento masivo que, en otro caso, se produciría necesariamente en gran parte de las zonas desfavorecidas de Andalucía, como ha sucedido en otras zonas de España.

Otro elemento adicional en el análisis del sector se refiere a su particular relación con los sistemas medioambientales, que ha dado cuerpo, incluso, a una de las líneas políticas de la reforma de la PAC. A este respecto cabe destacar el papel que la agricultura ha tenido y sigue teniendo como creadora y gestora de una gran parte del rico patrimonio de ecosistemas y paisajes andaluces. Las dehesas, como ejemplo del modelo de equilibrio agro-silvo-pastoral, con notables valores ambientales, paisajísticos o de biodiversidad, o el ``bosque de olivar'', son ejemplos significativos del modelado que ha ido haciendo el hombre sobre la naturaleza, integrando en la misma como un componente propio, la actividad agraria. A esto cabría añadir otras influencias positivas muy importantes sobre el medio ambiente, menos reconocidas por su carácter más difuso. Así, por ejemplo, la labor de descontaminación del aire que producen las masas vegetales, entre las que destacan, lógicamente, las agrarias, la conservación de recursos y protección de incendios que suponen sistemas como las dehesas si están bien gestionados, etc.

En el otro extremo, cuando la agricultura, como actividad productiva que utiliza los recursos naturales, no está adecuadamente gestionada puede tener también efectos negativos sobre los sistemas ambientales que le sirven de soporte. Cabe citar a este respecto ejemplos como la sobreexplotación de acuíferos, algunas contaminaciones en los mismos por exceso de fertilizantes nitrogenados o de aglomeraciones de cultivos bajo plástico por lo que producen de residuos. De todo ello, se deduce la necesidad de que en la agricultura se mejoren los aspectos de uso y conservación de los recursos naturales, tendiendo hacia modelos de agricultura sostenible.

Aparte de los enfoques económicos, sociales y ambientales ya vistos, el análisis del papel de la política agraria andaluza debe considerar otros elementos estratégicos.

• Por un lado, está la situación de Andalucía como modelo de la llamada ``agricultura mediterránea'', que le confiere una posición especial tanto en el orden alimenticio (su condición de impulsora de la ``dieta mediterránea'') como en la producción y transferencia de tecnologías agrarias o industriales asociadas a los cultivos o ganadería típicos de esta agricultura.

• Por otro lado, la cooperación agraria va a ser otro elemento importante en las relaciones internacionales, en el que a la agricultura andaluza, por su avanzada situación le puede corresponder un papel significativo.

Como resumen del análisis anterior, la actuación pública se puede situar en dos apartados diferentes: el complejo agroalimentario y pesquero y el desarrollo rural. Este último se contempla como una política específica de tipo horizontal, que se centra en la dinamización de todas las potencialidades del mundo rural, la equidad territorial y la integración en su conjunto, de otras políticas sectoriales además de las agrarias. Dicha política de desarrollo rural es objeto de una atención independiente en el PEA 2000.

La política del complejo agroalimentario y pesquero se presenta subdividida en:

• Agricultura y ganadería, dirigida a su modernización, en respuesta a las nuevas exigencias de la política comunitaria y los acuerdos del GATT.

• Industria agroalimentaria, que se centra en su modernización y potenciación, y su mayor integración con el sector productor, del que en buena parte depende y al que dinamiza; así como en la mejora de todo el proceso de la comercialización dentro del complejo agroalimentario.

• Modernización del sector pesquero, donde se articula una política que responde a los importantes retos que el mismo tiene planteados.

El sector agrario ha registrado unas intensas transformaciones en la última década, que han modificado sus características estructurales. Se ha producido un descenso continuado de su participación relativa en el empleo y producción regional. Sin embargo, incluso con este descenso, los valores que estas magnitudes agrarias presentan en Andalucía son superiores a las que podemos encontrar en España y la Unión Europea. La fuerte presencia del sector agrario en el VAB andaluz y el empleo regional continúan siendo, por tanto, y pese a su continuo descenso relativo, los rasgos que mejor definen la evolución estructural del sector. A su vez, el descenso de la población ocupada agraria, y el aumento de la producción ha dado como resultado un incremento notable del VAB por ocupado agrario, superior al del resto de los países europeos.

Sin embargo, como se ha indicado, en estos rasgos estructurales se han visto sometidos a fuertes tensiones de cambio, que han originado una configuración estructural del sector muy diferente de la que presentaba dos décadas atrás. El primer factor impulsor de este cambio ha sido, la integración de la economía española, y la agricultura con ella, en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Una integración que, a su vez, ha tenido lugar dentro de un doble proceso de transformación: en un primer lugar, la adaptación de la agricultura andaluza a la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y, posteriormente, la propia adaptación de la PAC al comercio internacional, derivada de una mayor apertura de los mercados mundiales, consecuencia de los acuerdos adoptados en la Ronda GATT celebrada en Marrakech en 1995. De esta forma, la agricultura española, y por ende la andaluza, se han incorporado a un sistema que se hallaba a su vez en profunda transformación dentro del proceso que se ha dado en denominar las sucesivas Reformas de la PAC, cuya puesta en marcha se inicia a partir de 1992.

Otro factor que ha incidido sobre el derivado de la situación descrita, ha sido la producción en unos mercados internacionales cada vez más abiertos, en un sector tradicionalmente muy protegido. Esta situación ha obligado a los empresarios agrarios a redoblar sus esfuerzos para lograr una agricultura más competitiva en los mercados tradicionales, partiendo desde una posición menos ventajosa a la que la de la mayoría de sus socios comunitarios, que venían beneficiándose desde varios años atrás de una PAC hecha a medida de sus necesidades, y con un fuerte sesgo hacia producciones intensivas propias de las zonas atlánticas. No todos los cultivos han podido responder por igual a este desafío y determinadas producciones (frutas y hortalizas, aceite de oliva) han ido ganando terreno en los mercados europeos e internacionales, mientras que otras más tradicionales han ido en retroceso.

La mayor apertura a los mercados mundiales, como orientación principal de la Política Agrícola Comunitaria, se ha visto acompañada de una sustancial modificación en el régimen de ayudas a la renta agraria, auténtico motor de la PAC desde su propia declaración de principios en el Tratado de la Unión, donde se identificaba el mantenimiento de las rentas de los agricultores como el primer objetivo de esta Política Común. Los planteamientos de las Reformas de la PAC, a partir de su diseño inicial en 1991 (``Informe MacSharry'') ha evolucionado en el sentido de sustituir las ayudas a la producción, generadoras de excedentes imposibles de soportar en determinadas producciones continentales, por las ayudas a la superficie, en cultivos como las oleaginosas, o ayudas directas a las rentas. La Política Agraria Común ha introducido una nueva orientación a partir de 1992, al incorporar las llamadas ayudas agroambientales, que buscan retribuir a los empresarios agrarios por sus beneficios indirectos al medio ambiente en cuanto que mantenedores del espacio rural, así como ayudas a la reforestación de tierras agrarias, buscando la reducción de superficies de cultivo y la diversificación de producciones. Del análisis de las macromagnitudes agrarias puede deducirse que la presencia de estas diversas ayudas a las rentas agrarias ha ocasionado un fuerte aumento de la participación de las subvenciones dentro de la renta agraria.

Finalmente, hay que reseñar que determinados factores de carácter coyuntural han acabado repercutiendo en factores de índole estructural: el prolongado proceso de sequía que ha afectado a los cultivos andaluces entre 1991 y 1995 condujo a un importante debate acerca de la sostenibilidad de determinados modelos de producción y la necesidad de racionalizar el uso de un elemento como el agua, cuya escasez se ha puesto de manifiesto. Más allá de soluciones de tipo coyuntural, la sequía ha forzado importantes modificaciones, no sólo en lo que se refiere a las estructuras agrarias, especialmente a los Planes de Regadío, sino incluso en la orientación de muchos cultivos.

El proceso de transformación que la agricultura andaluza ha experimentado en los últimos años queda reflejado en el aumento del VAB agrario, que creció en términos reales, durante el período 1983-1995, con una tasa media anual acumulativa del 1,5%, frente al 2,9% del conjunto de sectores; mientras que la productividad por persona ocupada lo hizo a una tasa del 6,96%, muy superior al 3,94% del conjunto, continuando esta tendencia en la actualidad, aunque con incrementos más moderados. En comparación con lo sucedido a escala nacional, la producción agraria andaluza, que supone la cuarta parte de la española, tuvo un crecimiento en este período también superior a la media nacional, tanto en términos de VAB como de productividad por ocupado.

Con relación a su composición interna, el sector agrario andaluz se caracteriza por el predominio de la producción agrícola, que representa en torno al 75% de la Producción Final Agraria (PFA), con tendencia a llegar hasta el 80%, mientras que en el ámbito nacional alcanza cifras del 55 al 60%. La aportación de la producción ganadera es menor, siendo su valor en 1997 del 18,6%. Por último, el resto de las producciones, incluida la forestal, aportan en torno al 4%. Las causas fundamentales que explican estas diferencias son las condiciones agroclimáticas, que resultan en general mucho más favorables para los cultivos que para la ganadería de pastos o producciones forestales, y el menor desarrollo que ha tenido la ganadería intensiva en la región.

A. DIAGNÓSTICO

La expresión ya acuñada ``las agriculturas andaluzas'' define con claridad la falta de homogeneidad cuando se pretende caracterizar el sector. A diferentes realidades agrarias (climatología, suelo, estructuras) corresponden, por tanto, diferentes diagnósticos. Basta citar como ejemplos significativos que Andalucía cuenta al mismo tiempo con los lugares de máxima y mínima pluviometría de todo el país, desde las máximas elevaciones peninsulares hasta la importante zona agraria costera al nivel del mar. Si el análisis se centra en las estructuras agrarias, se comprueba una situación muy diversa, desde zonas con un elevado grado de minifundismo y agricultura familiar hasta otras de economía empresarial, con un tamaño medio por explotación muy superior a la media, que cuentan con un alto porcentaje de mano de obra asalariada. En cuanto a la tecnificación de las explotaciones, la situación refleja que coexisten explotaciones tradicionales en zonas de sierra, cuya producción se destina a la mera supervivencia o autoabastecimiento, con explotaciones avanzadas de agricultura intensiva muy tecnificada en el litoral, orientada hacia los mercados exteriores y con potentes redes de distribución.

No todas estas realidades agrarias pueden enfrentarse por igual a los desafíos que representa producir en una situación de mayor apertura a los mercados y, en consecuencia, una mayor competitividad. Supeditando la situación del sector a una necesaria síntesis en los párrafos siguientes se destacan los rasgos fundamentales que representan el conjunto del sector.

En primer lugar, la propia dinámica del proceso de reformas de la PAC abre dudas e incertidumbres, comunes a todos los empresarios agrarios europeos, lo que les impide adoptar posiciones firmes desde un primer momento. Junto a la apertura de los mercados derivada de los acuerdos del GATT, la entrada de los países del Este (PECOS) en el ámbito comunitario y los acuerdos preferenciales con terceros países que, como los mediterráneos, definen un escenario competitivo donde la capacidad del empresariado andaluz se está poniendo a prueba, con éxito en la mayoría de las ocasiones.

En segundo lugar, señalar la importante amenaza para Andalucía de la propuesta de modificación de la OCM del aceite de oliva.

En tercer lugar, y en relación con la sostenibilidad de los recursos naturales del medio rural, resulta cada vez más evidente la necesidad de un nuevo modelo de gestión del agua que responda a un planteamiento estratégico para la producción agraria andaluza. Siendo un recurso natural escaso e irregular en el tiempo y espacio, no ampliable por la mera voluntad del hombre, es necesario mejorar la planificación territorial para su distribución, al igual que lo es aumentar sus disponibilidades, proteger su calidad, economizar su empleo y racionalizar sus usos. En el caso de la agricultura andaluza, como ha quedado de manifiesto en el período de sequía del quinquenio 1990-1995, la presencia de este recurso ha llegado a condicionar numerosas producciones, influyendo de manera muy desigual en unas zonas respecto de otras, con las consiguientes tensiones territoriales. No debe pasarse por alto el hecho de que el regadío proporciona un elemento de flexibilidad frente a los cambios de producciones que impone el mercado y la política agraria, con lo que significa de apoyo a la competitividad en las producciones de nuestro clima frente a otras agriculturas europeas que no necesitan el riego como elemento esencial.

Los cultivos de regadíos, los más afectados por esta situación, han sido objeto de un profundo estudio. Dado que más del 60% de los regadíos andaluces tienen más de veinte años de antigüedad, se impone el reto de su modernización, al objeto de reducir el consumo unitario de agua ante una situación de déficit hídrico generalizada. En un contexto de escasez de estos recursos para atender la demanda exigida por el desarrollo integral de la región, más allá de cualquier sequía coyuntural, se hace inaplazable la modernización de los regadíos para lograr una mayor eficacia en la utilización del agua. Se estima que la modernización de las redes actuales conllevaría un ahorro superior al 13% de la dotación neta actual de los regadíos andaluces. Existen, asimismo, otras posibilidades importantes de aumentar las disponibilidades de agua para la agricultura en determinadas áreas costeras donde los cultivos son más competitivos para los mercados exteriores, mediante la reutilización de aguas residuales. Será necesario abordar con profundidad la planificación de los usos del agua, considerando las demandas económicas, sociales y ambientales.

En cuarto lugar, la diversidad de las explotaciones agrarias se traduce en una pluralidad de modos de gestión, empresas y situaciones de empleo. Junto a grupos de agricultores con un alto grado de profesionalización gerencial, que han sabido orientar con éxito sus empresas en los mercados exteriores, constituyéndose en motores del proceso de modernización del sector, existen amplias zonas, especialmente en el interior y en áreas de montaña, donde las explotaciones familiares tienen carácter de subsistencia. Por ello, resulta preciso elevar el nivel de formación de los empresarios y trabajadores del sector, para lograr una mayor cualificación y competitividad, que debe completarse con las oportunas acciones para reducir el desempleo en el sector y aumentar la calidad en el mismo.

Junto a una necesaria mejora en la formación y los sistemas de información, hay que señalar la necesidad de potenciar la política sectorial de I+D en materias agrarias, que debe encontrar su complemento en la política de Investigación y Desarrollo Tecnológico. La necesidad de reforzar la innovación en el sector es mayor si se considera el bajo grado de eficiencia en algunos procesos productivos agrarios, respecto a su potencialidad y condiciones agroclimáticas. En ocasiones este desajuste entre la producción real y la potencial se deriva de los medios empleados, como sucede por la todavía insuficiente utilización de semillas certificadas, plantas en buenas condiciones sanitarias o ganado de baja calidad genética. En otros casos, se debe a meras deficiencias en el uso de dichos medios, como sucede frecuentemente con los fertilizantes y fitosanitarios, alimentos animales, etc. La mejora de estos procesos, que requiere intensificar la transferencia de tecnología, permite reducir costes y, en ocasiones, evitar efectos no deseables como la contaminación nítrica de acuíferos.

En quinto lugar, hay que señalar una débil tendencia al asociacionismo en el sector y una deficiente implantación de empresas de servicios, hechos que le suponen una debilidad estratégica. Estos dos últimos aspectos distinguen fundamentalmente a las agriculturas más desarrolladas, donde se constata un mayor desarrollo de esos aspectos.

El apoyo tecnológico ha venido siendo desempeñado tradicionalmente por las Agencias de Extensión Agraria, en cuanto que órganos especializados de la administración en transferencia de tecnología a los empresarios agrarios y agentes de cambio en las comunidades rurales. Tras un paréntesis derivado de la ordenación del sector como consecuencia de las Reformas de la PAC, cada vez es más valorado el papel que la estructura comarcal agraria (materializada en la red de Oficinas Comarcales Agrarias) puede suponer entre el empresariado agrario y las comunidades rurales, como agente difusor de la innovación tecnológica y del cambio social en las funciones que la agricultura y el medio rural pueden desempeñar en el desarrollo regional. Junto a la potenciación de las Oficinas Comarcales Agrarias, hay que señalar la importancia de otras medidas tendentes a la mayor articulación del sector, que potencien los movimientos asociativos, la representación profesional, los acuerdos interprofesionales, etc.

En sexto lugar, también es necesario señalar algunos aspectos sobre la composición de la producción agrícola andaluza. El 72% de la producción agrícola, en 1997, es aportado por los cultivos de hortalizas, cítricos y frutales (39%) y el subsector de aceite de oliva y derivados (33%). El resto de la producción agrícola, un 28%, se reparte fundamentalmente entre cultivos industriales, vino y mosto, cereales y tubérculos. Esta estructura de la producción final agrícola difiere sustancialmente con la distribución de la superficie utilizada para su producción: prácticamente el 60% de la superficie está destinada a cultivos que sólo contribuyen en el 28% de la producción final. Contribuyen a la misma el grupo de cultivos industriales y forrajeros, leguminosas, tubérculos, viñedos y, especialmente, los cereales, que ocupan el 40% de la superficie agrícola y aportan algo menos del 5% de la producción final agrícola. En la producción de hortalizas, cítricos y frutales se emplea algo menos del 10% de la superficie agrícola, representando cerca del 40% de la producción final agrícola. Por su parte, la producción de aceite de oliva guarda un peso similar en la producción final y en la superficie de cultivo.

Destacar, asimismo, en relación con la apertura del sector al exterior, que Andalucía absorbe un 25,9% del total de las inversiones extranjeras que se realizan en España en el sector primario, dirigiéndose la mayor parte de éstas a las actividades de transformación y comercialización de productos agrarios, siendo prácticamente inexistente la destinada al subsector de silvicultura y explotación forestal (0,45%). No obstante, pese a su importancia en el total nacional, las inversiones extranjeras en la agricultura andaluza suponen menos de un 2% del total de inversiones extranjeras en la región.

En este sentido, señalar también la importancia de los aspectos sanitarios de las producciones que, además de afectar a los rendimientos, se ha convertido en un factor clave en los intercambios comerciales. Destacar que Andalucía presenta, además, una situación singular debido a su dependencia de las importaciones de material genético selecto (semillas hortícolas, reproductores porcinos, etc.), lo que, unido a sus condiciones climáticas y a su situación geográfica fronteriza que incrementa el tránsito de personas y mercancías, hacen especialmente importante mantener un sistema eficaz de vigilancia epidemiológica y protección sanitaria. Hay que resaltar los notables avances que la Comunidad Autónoma ha realizado en materia de sanidad animal: desde finales de 1992 España fue declarada totalmente libre de peste equina, y en 1995 se levantaron las restricciones sanitarias que existían en Andalucía sobre ganado porcino. En este nuevo contexto, la alta calidad de las producciones debe ser aprovechada como un elemento de importante potencialidad.

Otro rasgo básico estructural en el sector agrario andaluz concierne a su financiación y, en especial, al elevado nivel de endeudamiento en algunos subsectores, tanto en lo referente a explotaciones individuales como a entes asociativos. Dada la importancia de los cambios estructurales que el sector debe acometer, la cuestión adquiere una mayor relevancia en este contexto, que necesitará de nuevos modelos de financiación que se adecuen más a los requerimientos del sector.

Por otro lado, destacar el apoyo de las ayudas a los productores y producciones establecidas en la PAC. Con la reforma de la misma se ha ampliado notablemente el conjunto de ayudas a las rentas de los agricultores, ya sea como compensación por limitaciones naturales (zonas desfavorecidas o de montaña), o por pérdidas de renta derivadas de la nueva desregulación de mercados (en este sentido cabe entender buena parte de las reformas acometidas en las Organizaciones Comunes de Mercado) y descenso de la protección vía precios. Como dato que refleja su importancia, baste indicar que en 1997 estas ayudas alcanzaron la cifra de 250.000 millones de pesetas. La financiación de tales ayudas corre en su totalidad a cargo del FEOGA, aunque el proceso de gestión se desarrolla coordinadamente entre la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas.

La consolidación del régimen de ayudas comunitarias se ha realizado progresivamente en estos últimos años, lo que ha significado un importante esfuerzo de gestión y control de las mismas por parte de la Administración Andaluza, que ha culminado con la creación del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA). Tal es la complejidad de este sistema de gestión que su adecuación y mejor eficiencia se ha convertido en un objetivo en sí dentro de la política sectorial agraria, con su correspondiente estrategia específica. A esta estrategia, dado su efecto estabilizador, hay que agregarle el aumento de la actual cobertura del sistema de seguros agrarios, que en la actualidad cubre a los agricultores frente a las oscilaciones provocadas por graves adversidades climáticas o accidentes, incendios, etc.

Señalar, por último, en los rasgos básicos que resumen las características de la agricultura andaluza, los principales factores de potencialidad que dispone:

• Un conjunto de producciones específicas de calidad, ligadas a sistemas de producción singulares.

• Economías de escala derivadas de la estructura territorial (favorable para determinadas actividades) y un importante mercado de consumo interno sustentado en la población regional.

• Las condiciones agroclimáticas, que permiten una adecuada diversificación, y con ella la adaptación a nuevas demandas. En el caso concreto de las zonas de regadío y el cordón litoral, su potencial de adaptación es muy alto, con importantes ventajas estacionales con relación al resto de la UE.

• Posibilidades de crecimiento de la renta agraria, como resultado de una mejora de la manipulación y/o transformación de muchas producciones, al objeto de obtener un mayor valor añadido en su comercialización.

• Un conjunto de sistemas productivos tradicionales que permiten agregar valores ambientales, susceptibles de incorporar nuevas tecnologías y mejorar su capacidad comercial: como en el caso de olivar, porcino ibérico en extensivo, etc.

• Posibilidad de aumentar el consumo de productos mediterráneos, en un contexto de calidades específicas ligadas a la dieta mediterránea con atributos beneficiosos para la salud.

• Existe un umbral suficiente en el conjunto de las instituciones y servicios, con capacidad tecnológica para dar apoyo a los diferentes sectores.

B. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

La reforma de la Política Agraria Común y los acuerdos firmados en el GATT, se dirigen a disminuir el proteccionismo sobre los mercados. Esto ha llevado a la modificación de algunas de las más importantes Organizaciones Comunes de Mercado, y prevé la reforma de otras en breve plazo, lo que producirá repercusiones en el sector agrario andaluz. Estas circunstancias requieren una adaptación que impulsa la modernización y la competitividad del sector, eludiendo planteamientos proteccionistas. Ante esta situación en la actualidad, la Junta de Andalucía, con la participación de los agentes económicos y sociales firmantes del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, está elaborando el Plan de Modernización y Mejora de la Competitividad de la Agricultura Andaluza.

Por otra parte, sobre la base del diagnóstico efectuado, teniendo en cuenta la consideración de las potencialidades existentes y el papel que se demanda al sector agrario en el contexto del desarrollo económico de Andalucía, y dentro de la consecución del objetivo final de generación de empleo del PEA 2000, se plantean los siguientes objetivos básicos para la política de agricultura y ganadería: 

Objetivos.

Para la consecución de estos objetivos se han articulado trece estrategias, encuadradas en cuatro grandes áreas:

Regadíos e infraestructuras agrarias.

Dada la importancia que tiene el agua en la agricultura, la irregularidad climática y la situación de déficit hídrico, es necesario optimizar el uso de este recurso mediante el desarrollo de mecanismos de planificación de las disponibilidades y demandas, la explotación de fuentes adicionales, fomentando la utilización de aguas residuales en zonas, especialmente del litoral, y la modernización de los regadíos para reducir el consumo. Todo ello, unido a una mayor atención a la protección de la calidad de las aguas.

La existencia de infraestructuras adecuadas, caminos, electrificación, abastecimiento, saneamientos, etc., favorece el desarrollo agrario, en particular, y la dinamización de todo el mundo rural en general.

Con este planteamiento, se actuará en colaboración con las Corporaciones Locales tanto en la dotación de nuevas infraestructuras, como en el mantenimiento de las existentes.

La adecuación de la estructura territorial de las explotaciones y el acceso a la propiedad de jóvenes agricultores, son elementos claves para la modernización del sector con la finalidad de que las explotaciones tengan las dimensiones adecuadas, y se fomente la renovación generacional, a fin de facilitar la adaptación de nuevos procesos y tecnologías necesarios que permita alcanzar una mayor competitividad. En este ámbito se inscribe una estrategia específica, que se desarrolla, fundamentalmente, en las orientaciones de la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias y en el R.D. 204/96, así como en el programa comunitario regulado por el Reglamento (CEE) 2079/92.

Ordenación y modernización de la producción agraria.

La ordenación de las actividades y de las producciones agrarias es una componente básica de la Política Agrícola Común de la UE. A estos fines se dirige esta estrategia que pretende, por un lado, la adecuada aplicación de las normas reguladoras, con actuaciones de control y registro de determinadas actividades, superficies y producciones agrarias. Por otro lado, es necesario mantener la evaluación y seguimiento de los recursos productivos agrarios, que permita no sólo afrontar mejor las ordenaciones existentes, sino conseguir de las mismas una mayor adaptación a la realidad y a las necesidades de la agricultura andaluza. Finalmente, es importante considerar el desarrollo de nuevos aprovechamientos agrarios.

Esta estrategia se dirige a mejorar la estructura productiva de las explotaciones, incluyendo acciones derivadas en gran medida de los programas estructurales de carácter horizontal de la UE: mejora de los equipos productivos de las explotaciones y otras actuaciones conexas, y desarrollo de planes sectoriales de reconversión o reestructuración de producciones y de adaptación a normas comunitarias sobre la calidad de las producciones.

Estrategia que se plantea la modernización de la producción agraria, mediante una mayor eficiencia de los sistemas de producción que los haga más diversificados y competitivos, dentro de los principios del uso sostenido de los recursos. Se instrumentará con actuaciones para fomentar la innovación tecnológica, el uso más racional y de mejores medios de producción, tanto agraria como ganadera, la diversificación productiva y la mejora de las calidades.

Esta estrategia se dirige hacia la forestación de tierras agrícolas marginales y las mejoras de carácter forestal en superficies agrarias ya arboladas, todas ellas en manos privadas, mediante ayudas adaptadas a este tipo de actuaciones, como un elemento clave en la diversificación de las actividades agrarias y en el uso racional de los recursos, cuya aplicación se hará operativa con el programa comunitario regulado por el Reglamento (CEE) 2080/92.

La actividad agraria, como usuaria de recursos naturales, debe tender hacia modelos de desarrollo sostenible, entendiendo éste como el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Para ello, dentro de la PAC, en las medidas de acompañamiento de la reforma de 1992, se incluyó una línea específica (Reglamento CEE 2078/92) para desarrollar programas de fomento de métodos de producción agraria que tiendan a la conservación y protección de los recursos naturales, en donde se enmarcan una serie de programas de ámbito nacional o regional.

En esta estrategia se incluyen el fomento de métodos como los de producción integrada o la agricultura ecológica, que tienden a minimizar los posibles impactos ambientales de la actividad.

Como ya se ha indicado en el apartado de diagnóstico, la protección sanitaria de las producciones se configura como un elemento fundamental en el sector. La estrategia en este campo se va a centrar en cuatro grandes aspectos: el desarrollo de sistemas eficientes de alerta sanitaria, tanto vegetal como animal; el control fito o zoosanitario de las producciones; la lucha contra algunas enfermedades o plagas de gran repercusión en la salud de las personas; y el fomento de las actuaciones colectivas, ya sean llevadas a cabo por agricultores para el desarrollo de métodos avanzados como la protección integrada, o por agrupaciones de ganaderos para la defensa sanitaria (ADS).

En el contexto económico actual, disponer de información adecuada significa como una de las principales claves del éxito en la gestión. Por ello se considera imprescindible mejorar la cantidad y calidad de información relevante para la toma de decisiones, tanto de los empresarios del sector como de la propia Administración para su labor de seguimiento y planificación. A este fin se dirige la creación del Sistema Integrado de Información Agraria, que debe facilitar a una diversidad de usuarios, en modo y tiempo adecuados, la información que se genera en el sector. Dentro de este sistema, lógicamente, se incluirá todo el programa estadístico oficial incluido en los planes autonómicos, nacionales o de la UE. Además, se realizarán estudios y actuaciones sectoriales para la modernización del sector y evaluación de los programas estructurales.

Mantenimiento de las rentas agrarias y ordenación de mercados.

La ayudas dirigidas al mantenimiento y compensación de rentas, establecidas en la PAC, suponen un importante componente en la renta final agraria, de los agricultores. Por ello se considera trascendente dirigir una actuación que incluya el desarrollo de un sistema adecuado de gestión de este conjunto de ayudas, que asegure el control y agilidad de los procesos, y que potencie los mecanismos de colaboración con las entidades representativas del sector.

Asimismo, en esta estrategia se incluye la potenciación de los seguros agrarios, para extender al máximo la cobertura frente a riesgos climáticos.

La política comunitaria de estabilización y ordenación de mercados mediante regulación de los precios y de ciertas producciones agrarias mediante intervenciones directas se va a gestionar a partir de ahora, y en gran medida, a nivel territorial por la Administración autonómica, mediante un organismo específico (FAGA).

Formación agroalimentaria.

A la mejora de la cualificación profesional de los agricultores y trabajadores agrarios, se dirige una estrategia específica con actuaciones tanto de formación profesional reglada como ocupacional, que serán dirigidas desde la red de centros especializados de la Consejería de Agricultura y Pesca, pero que se van a ir desarrollando cada vez más en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector.

C. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. MEJORAR LA GESTIÓN Y USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA.

1.1. Planificación del uso del agua en la agricultura.

Para ello se va a intensificar la ejecución del Plan de Regadíos de Andalucía, que contemplará el conjunto de disponibilidades actuales y futuras así como las demandas, para establecer las líneas principales de actuación. Se incluyen también la implantación de mecanismos de seguimiento y gestión del uso del agua, así como la realización de estudios que avancen en alternativas viables sobre aspectos referidos a concesiones y tarifas que permitan optimizar el uso de este recurso.

1.2. Modernización de los regadíos actuales.

A fin de mejorar el uso del agua en los regadíos ya existentes se actuará adecuando las redes de distribución, fomentando la mejora de los sistemas de riego por las Comunidades de Regantes y creando instalaciones que permitan controlar y mejorar la gestión del agua.

1.3. Transformaciones en regadío.

Para determinadas zonas, donde se cuenta con disponibilidades y en las que se pueden desarrollar producciones competitivas, se contempla dentro de esta línea de actuación su transformación en regadío mediante la construcción de las correspondientes infraestructuras.

1.4. Fomentar la reutilización de aguas residuales en la agricultura.

Esta línea de actuación se llevará a cabo mediante la redacción de Planes coordinados con las administraciones hidráulicas y locales para la reutilización de las aguas residuales depuradas en los regadíos y la puesta en funcionamiento de instalaciones para reutilización de estas aguas en la agricultura.

1.5. Proteger la calidad del agua de la contaminación agraria difusa.

Incluye actuaciones normativas, de divulgación de prácticas adecuadas y de control, en aquellas zonas donde pueda existir riesgo de contaminación nítrica derivada de las actividades agrícolas o ganaderas, todo ello en aplicación de la Directiva comunitaria 91/676 del Consejo, desarrollada por el R.D. 261/96.

2. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y DOTAR AL MEDIO AGRARIO Y RURAL DE INFRAESTRUCTURAS QUE NO LIMITEN SU DESARROLLO.

2.1. Mejora de los caminos rurales.

Incluye actuaciones de construcción de caminos rurales en colaboración con Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Diputaciones, así como el apoyo a la creación de parques de maquinaria para la conservación de los caminos rurales.

2.2. Mejora de otros equipamientos de uso general en el medio agrario o rural.

En apoyo al desarrollo del medio agrario y rural se actuará en la dotación de equipamientos tales como electrificación, saneamientos, etc.

3. ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES Y DE PROPIEDAD DE LAS EXPLOTACIONES.

3.1. Mejora de la estructura territorial de las explotaciones.

Se desarrollarán y completarán las actuaciones en marcha en determinados municipios, para mejorar la estructura territorial de las explotaciones reduciendo la división parcelaria existente.

3.2. Optimización de los recursos territoriales agrarios en manos de la Administración Autonómica.

En las fincas propiedad del IARA se continuará el proceso de acondicionamiento de su equipo productivo, en unos casos como paso previo a la preceptiva reasignación entre agricultores o entes asociativos, y, en otros, para que puedan ser utilizados como ejemplos de gestión a utilizar en los planes de experimentación y transferencia tecnológica agrarias.

Asimismo, se planificará el uso y acondicionamiento de las fincas de titularidad pública.

3.3. Adecuación de la propiedad de las explotaciones.

Esta línea de actuación incluye ayudas destinadas a facilitar el acceso a la propiedades en el caso de los arrendamientos rústicos históricos, así como medidas derivadas de la Ley 19/95 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, relativas a su desarrollo normativo (creación del Registro de explotaciones prioritarias, determinación de las unidades mínimas de cultivos, etc.), y ayudas para la adquisición de tierras.

3.4. Fomento de la renovación generacional.

Incorpora las ayudas al cese anticipado de la actividad agraria, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento 2079/92, que acompañó a la reforma de la PAC de dicho año, así como los estímulos a la incorporación de jóvenes en la agricultura, establecidos en el R.D. 204/96.

4. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIONES AGRARIAS.

4.1. Evaluación e Inventario de los recursos agrarios.

Esta línea de actuación comprende la elaboración y actualización de determinados inventarios de cultivos agrarios, instrumentos imprescindible de la política de ordenación de los mismos, la aplicación y revisión de los parámetros de la regionalización productiva y su regulación normativa.

4.2. Control de superficies de cultivo y producciones sometidas a regímenes de ordenación sectorial.

Comprende medidas derivadas de la ordenación de determinados sectores agrícolas y ganaderos, control de determinadas producciones, como las de semillas y plantas de vivero; el registro de plantaciones y derechos de replantación en cultivos leñosos; el control de superficies de siembra de algunos cultivos herbáceos y de ciertas producciones ganaderas (cuotas de leche de vacuno).

4.3. Registro y control de actividades agrarias sujetas a ordenación.

Incluye la gestión de los registros y la inspección y control de la serie de actividades agrarias que están sometidas a régimen de ordenación.

Entre otros, comprende los Registros de Maquinaria Agrícola, de establecimientos productores o comercializadores de determinados medios de producción, de ciertas explotaciones ganaderas (porcinas, avícolas...), etc.

4.4. Desarrollo de nuevos aprovechamientos agrarios.

Se incidirá de forma especial en el desarrollo de los cultivos energéticos, la producción para la obtención de productos químicos industriales y los cultivos ecológicos.

5. MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.

5.1. Desarrollo del programa comunitario de mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, establecido en el Reglamento (CEE) 2328/91.

En el citado Reglamento, desarrollado a nivel nacional por el R.D. 204/96, se incluyen las ayudas a los planes de mejora de las explotaciones agrarias, así como a actuaciones complementarias y colectivas para equipamientos y prestaciones de servicios comunes.

5.2. Establecimiento de planes sectoriales de actuación.

Esta línea de actuación comprende acciones de estudio de planes de actuación sectorial, así como ayudas para reestructuraciones sectoriales o adaptaciones a las normas comunitarias de calidad que les afecten.

6. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRARIAS.

6.1. Caracterización técnico-económica de los sistemas de producción y contrastación de nuevas tecnologías agrarias.

Incluye esta actuación el seguimiento de los principales sistemas de producción agrícola o ganadera y del uso de los medios de producción, para mejorar el conocimiento de los mismos y sobre ello diseñar modos y procesos más eficientes. Además, se potenciará el ensayo de nuevos cultivos o actividades ganaderas y de nuevas tecnologías agrarias, que faciliten la diversificación y mejor utilización de los recursos.

6.2. Fomentar la mejora de la productividad, la diversificación y el uso más eficiente de los recursos agrarios.

En esta actuación se contemplan medidas de mantenimiento del patrimonio genético vegetal con usos agrícolas, así como el estímulo a la incorporación de innovaciones tecnológicas, de fomento a la producción y uso de material vegetal selecto (semillas o plantas de vivero o material genético vegetal o animal), la promoción de nuevos cultivos y aprovechamientos, junto al apoyo al uso eficiente de determinados medios de producción y mejora de la gestión técnico-económica en las explotaciones. Asimismo se incluye el estudio y diseño, en colaboración con las entidades financieras, de nuevos modelos de financiación de las actividades agrarias, que resulten más apropiadas a las necesidades y a las disponibilidades reales del sector.

6.3. Fomentar la selección y conservación de razas animales y la mejora de los métodos reproductivos.

La mejora de la base ganadera y de la eficiencia reproductiva, se basará en medidas de apoyo a los planes de mejora y conservación de razas, en particular las autóctonas andaluzas: estímulos a la difusión y utilización de material genético de alto valor; ayudas a la creación de centros y servicios de apoyo a la mejora de las técnicas de reproducción animal (inseminación artificial, transferencia de embriones, etc.) y a la adecuación de los medios materiales y humanos de los centros propios de la Administración que trabajan en apoyo a estos programas (Laboratorios de Producción y Sanidad Animal y Centro de Selección de Ovino).

7. FOMENTAR LA FORESTACIÓN EN TIERRAS AGRARIAS.

7.1. Desarrollo del Programa Comunitario de Forestación de Tierras Agrarias (Reglamento CEE 2080/92).

Incluye la línea comunitaria de ayudas establecida como complementaria a la reforma de la PAC de 1992, para la forestación de tierras agrarias marginales y las mejoras que se deban hacer en superficies agrarias ya forestadas.

8. IMPULSAR EL DESARROLLO DE MÉTODOS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE.

8.1. Desarrollo de programas agroambientales acogidos al Reglamento (CEE) 2078/92.

Esta línea de actuación comprende las ayudas para los programas "agroambientales" nacionales y regionales, acogidos al Reglamento CEE 2078/92, de fomento de métodos de producción agraria que sean compatibles con la protección de recursos naturales. En esta serie se incluye un programa de carácter horizontal, y otro aplicable a ciertas zonas de especial protección, desarrollados a nivel nacional por los RR.DD. 51/95 y 632/95 y los programas regionales del olivar sostenible, conservación de las dehesas, caña de azúcar, viñedo de pasas, apicultura trashumante, y Doñana.

8.2. Fomentar los sistemas de producción integrada y ecológica.

Incluye medidas de establecimiento de normas y de fomento de producciones desarrolladas bajo métodos que tienden a la protección de los recursos en línea con los principios del desarrollo sostenible, tales como las producciones "integradas" o "ecológicas".

9. PROTECCIÓN SANITARIA DE LAS PRODUCCIONES.

9.1. Desarrollo del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal.

El Plan Andaluz de Sanidad Vegetal incluye cinco medidas: inspección y control del material vegetal (pasaporte fitosanitario), de los productos fitosanitarios y de su uso, mediante el control de residuo; desarrollo de la Red de Alerta e Inspección Fitosanitaria, que incluye la vigilancia epidemiológica, la red agrometeorológica y la elaboración de modelos de decisión; actuaciones directas o indirectas para la prevención y lucha contra agentes nocivos; fomento de métodos de lucha integrada y la ayuda a las agrupaciones que los desarrollan (ATRIAS) y, por último, la adecuación en medios materiales y humanos de los centros de diagnósticos y apoyo (Laboratorios de Sanidad Vegetal).

9.2. Desarrollo del Plan Andaluz de Sanidad Animal.

En este Plan se contemplan las siguientes medidas: las Inspecciones Zoosanitarias, en desarrollo de la normativa para control sanitario del comercio intracomunitario; el desarrollo de la Red de Alerta Sanitaria, básica para la detección precoz de los procesos sanitarios; las actuaciones directas para la prevención, control y erradicación de determinadas enfermedades de gran repercusión y la calificación sanitaria de las explotaciones; las acciones de divulgación y particularmente, de fomento de actuaciones colectivas mediante Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y, finalmente adecuación de los medios de la Red de Laboratorios de Producción y Sanidad Animal, elementos básicos e imprescindibles de apoyo de todo este programa.

10. POTENCIAR LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA AGRICULTURA.

10.1. Establecer un sistema integrado multiusuario de información agraria.

Incluye esta actuación el diseño del citado sistema, la dotación de medios humanos, informáticos y de otro tipo, que va a requerir su adecuada implantación, así como el desarrollo de sistemas de identificación para agricultores y explotaciones agrarias que agilicen el acceso de los usuarios a determinados procesos de control y gestión de ayudas.

10.2. Programa estadístico agrario.

En desarrollo de los programas estadísticos establecidos a nivel comunitario (EUROSTAT), nacional, en colaboración con el MAPA, o andaluz, en colaboración con el Instituto de Estadística de Andalucía, esta actuación comprende medidas para la elaboración de una amplia serie de estadísticas, información de precios, mercados y otras variables relevantes en el sector, así como la elaboración de análisis sectoriales, cálculo de macromagnitudes, etc.

10.3. Estudios y actuaciones sectoriales.

Para el desarrollo de esta línea de actuación se realizarán planes generales de modernización del sector y de evaluación de los diferentes programas estructurales de agricultura.

11. MANTENIMIENTO DE LAS RENTAS DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.

11.1. Compensación a agricultores y ganaderos por desarrollar su actividad en zonas desfavorecidas y de montaña.

En esta línea de actuación se incluyen las ayudas comunitarias establecidas para agricultores o ganaderos de zonas desfavorecidas o de montaña (Indemnizaciones Compensatorias de Montaña).

11.2. Mantenimiento de rentas a agricultores y ganaderos afectados por adversidades climáticas.

Comprende el fomento de los seguros agrarios, para ampliar al máximo posible la cobertura de los mismos, que minimizará la incertidumbre derivada de los riesgos climáticos en la actividad agraria.

11.3. Ayudas a las producciones agrarias.

Gestión de las ayudas, fundamentalmente establecidas en la PAC, a cultivos y producciones agrícolas o ganaderas, que incluye todo el proceso de tramitación, control, inspección y pagos.

11.4. Mejora del sistema de gestión de ayudas.

La asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la mayor parte de las funciones de la gestión y pagos de las ayudas del FEOGA, que antes realizaba el MAPA, ha requerido la creación de un órgano específico, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA).

En este ámbito se diseñará e implantará un sistema ágil y eficiente de gestión integrada del conjunto de las ayudas del FEOGA-Garantía, así como el fomento de la participación del propio sector en la gestión y seguimiento de las mismas.

12. ORDENACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS.

12.1. Regulación de los precios agrarios.

Esta actuación que le corresponde al FAGA, incluye todo el conjunto de medidas indirectas de intervención en los mercados, a través de los diferentes mecanismos establecidos en la PAC (financiación de excedentes, retiradas de producciones, distribuciones gratuitas de alimentos, etc.).

12.2. Regulación de determinadas producciones agrarias mediante intervenciones directas.

Comprende medidas de intervención directas en los mercados agrarios, con compras, almacenamiento y ventas estratégicas, que ayuden a su estabilización, así como el mantenimiento de la red propia de centros de almacenamiento de estas producciones.

13. FORMACIÓN AGROALIMENTARIA.

13.1. Programa de formación agroalimentaria.

Entre las medidas de esta línea, se incluyen el desarrollo de programas de formación de trabajadores, técnicos y empresarios agrarios, que atienden a las necesidades crecientes de certificaciones profesionales exigidas por la normativa actual, oferta específica y programas a demanda, concertados con organizaciones del sector.

13.2. Formación de profesores y elaboración de material didáctico.

Esta actuación comprende medidas para la formación del profesorado específico, propio o de entidades asociativas colaboradoras (OPA), y la elaboración de materiales didácticos de los nuevos programas.

1.2 INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Desde la incorporación de España a la Comunidad Europea hasta el cierre de los acuerdos de la Ronda Uruguay, en el seno del GATT, se ha producido un importante proceso de globalización de las actividades económicas y empresariales, en un contexto de creciente ampliación y desregulación de los mercados. Asimismo, la creciente competitividad y los avances producidos en los transportes, las comunicaciones y las nuevas tecnologías han afectado las condiciones de producción y comercialización de los productos agroalimentarios, dado que han permitido la integración plena de estas actividades en el proceso de globalización de los mercados, superándose las limitaciones que planteaba la naturaleza perecedera de estos productos. Todo ello, ha afectado con intensidad al complejo agroalimentario, habituado a desarrollarse en mercados locales y en condiciones de protección.

A partir del ingreso de España en la Unión Europea, se produce un gran impulso en los procesos de concentración e internacionalización, que consolida la integración del entramado empresarial español, no sólo en la agroindustria sino también en el sector de la distribución. La inversión agroindustrial creció a tasas muy elevadas y de forma continuada durante el quinquenio 1986-1990, para posteriormente iniciarse una inflexión en las tendencias inversoras, motivadas por la recesión de la economía y otros factores.

En este contexto las pequeñas y medianas empresas —de origen principalmente regional— son las que se están enfrentando con más dificultades a este proceso de concentración e internacionalización. Dificultades derivadas fundamentalmente de su estructura productiva y comercial, y de la menor capacidad contractual de este tipo de empresas frente al sector de la distribución, progresivamente más concentrado y con mayores exigencias tecnológicas y comerciales. Aún así, las pequeñas y medianas empresas andaluzas deben asumir este reto e incidir de forma adecuada en los siguientes factores estratégicos: mayor flexibilidad para emprender nuevos proyectos, agilidad y dinamicidad, incrementar su vocación exportadora y búsqueda de fórmulas de cooperación entre ellas.

A. DIAGNÓSTICO

La industria agroalimentaria andaluza, con más de 6.000 establecimientos y unas 55.000 personas ocupadas genera una producción bruta de 1,42 billones de ptas. (18% del total de la industria) y un consumo de materias primas de 0,68 billones de ptas., según datos de la Encuesta Industrial de Empresas de 1993. Los datos anteriores representan el 27% de las personas ocupadas en el total de la industria de la comunidad, así como el 43% de las ventas de productos industriales. Si comparamos los datos andaluces con los nacionales, estos indicadores suponen el 15,3% de las personas ocupadas, el 18% de las ventas de producto y el 20% del consumo de materias primas de la Industria Agroalimentaria nacional, lo que sitúa al sector andaluz en el segundo lugar después de Cataluña.

Dentro de la estructura económica de Andalucía, el sector agroalimentario es de singular importancia por su aportación al valor añadido, a la ocupación industrial y a las exportaciones regionales; además de ser el principal mercado intermedio para el sector agrario y desempeñar un papel importante en el equilibrio territorial.

Los establecimientos de este sector se encuentran dispersos por toda la región, reflejando la propia distribución de la actividad agraria, y manifiestan una diversidad de tamaños, desde empresas familiares de muy reducida dimensión hasta otras que se cuentan entre las mayores de la región, de las cuales algunas son actualmente propiedad de compañías multinacionales. Estas industrias están diseminadas por las ocho provincias, aunque sobresale la mayor presencia de industrias aceiteras en Jaén, Córdoba y Sevilla, y de industrias vinícolas en Jerez y el Puerto de Santa María (Cádiz), el Condado (Huelva) y en Montilla (Córdoba). El sector agroalimentario ha sido uno de los principales destinos de la inversión extranjera en los últimos años, conduciéndose con la reestructuración de algunos subsectores en los que han entrado empresas foráneas: elaboración de cerveza, refino de azúcar o refino de aceite, entre otros. El subsector vinícola, especialmente el productor de vinos de Jerez, ha sido objeto también de una importante reestructuración competitiva en los últimos años.

La naturaleza de las diversas actividades conduce a diferentes estructuras de mercado, pero en general puede distinguirse entre un conjunto de grandes compañías que atienden a mercados nacionales e internacionales en algunas producciones, y una gran cantidad de pequeñas empresas que atienden a los mercados locales o a especialidades tradicionales. A ello se suman las plantas de algunas multinacionales de bebidas gaseosas y de panadería y bollería industrial, cuya presencia obedece a razones logísticas. Cabe señalar que la presencia del sector público ha sido tradicionalmente escasa, con la excepción del monopolio de la industria del tabaco.

Una importante desventaja competitiva de las empresas agroalimentarias andaluzas radica en su tamaño, respecto al de las empresas foráneas que se han ido implantando progresivamente en el mercado nacional. Esa dimensión limita también la capacidad de desarrollo de nuevos productos y reduce considerablemente el poder de negociación frente a las empresas de distribución; sector en el que se ha producido una intensa concentración en los últimos años.

Entre los principales rasgos que caracterizan a la industria agroalimentaria andaluza, destacan los siguientes:

• Coexistencia de grandes empresas muy competitivas en importantes sectores agroindustriales junto a Pyme con problemas de competitividad, lo que determina una cierta estructura de carácter dual.

• Grado de diversificaciones relativamente escaso, al estar concentrada la producción en ciertas actividades tales como: aceite y grasas, azúcar y bebidas alcohólicas.

• Escasa presencia relativa de la industria de segunda transformación, que viene derivada de la especialización productiva en actividades muy ligadas al sector agrario y en las que se producen bienes con bajo grado de elaboración.

• Coexistencia de actividades tecnológicamente avanzadas con otras que utilizan sistemas tradicionales de producción.

• Desarrollo comercial desigual, con una presencia heterogénea en los mercados internacionales; asimismo, y debido al proceso de globalización y homogeneización del consumo se ha perdido cuota de mercado interna en este subsector.

• Insuficiente integración intersectorial entre la industria agroalimentaria y las actividades primarias, que se refleja en la fuerte orientación de la producción agraria a la demanda final de consumo y exportaciones.

• Progresiva generalización de procesos adecuados de gestión de residuos y vertidos generados por la actividad agroindustrial, aunque todavía insuficientes.

En este orden de cosas, hay que resaltar las dificultades intrínsecas de estas empresas para mejorar su competitividad; ya que una de las especificidades del sector agroalimentario respecto al resto de las actividades productivas es la de requerir altas necesidades de capital circulante. El carácter biológico de las producciones agrícolas y ganaderas determina que se produzca en momentos muy determinados del año, lo que conduce a que la industria deba comprar sus materias primas cuando se producen (aceites, hortalizas, frutas) para transformarlas y almacenar el producto, mientras que se va abasteciendo el mercado. En otros casos, los procesos de producción son muy largos (vinos, quesos, chacinas) lo que obliga a realizar las inversiones en inputs y esperar a que, varios meses después, se obtenga el producto final y pueda venderse.

Por otra parte, la naturaleza de las materias primas requiere que los procesos productivos de primera transformación, y la fase posterior de envase y embalaje, exijan fuertes inversiones muy difíciles de amortizar por las empresas de pequeña y mediana dimensión. Finalmente, los escasos volúmenes de producción obtenidos por las empresas son insuficientes para negociar con proveedores y distribuidores, lo que no favorece una adecuada posición en los mercados.

Esta situación explica el grado de industrialización andaluza en comparación con el alto potencial de estos productos, que admite un mayor nivel de industrialización, así como la creación de empresas con actividades de segundas transformaciones. Este alto potencial agrario, en relación con las demandas actuales, facilitaría el lanzamiento de nuevos productos, tanto alimentarios como no alimentarios. Por otro lado, la existencia de Entidades Asociativas Agrarias con fuerte implantación en las zonas de producción permite disponer de producciones de calidad con posibilidades de mercado y de volúmenes de comercialización adecuados, no sólo para el mercado nacional, sino también para los mercados internacionales. En esta línea hay que mencionar también el gran esfuerzo llevado a cabo en los últimos años, tanto por la Administración, como por el sector privado, en la mejora de la industrialización, comercialización y promoción de productos agroalimentarios andaluces de calidad.

La racionalización del sector precisa de canales de financiación adecuados para hacer frente a la renovación tecnológica y a las mayores exigencias de capital circulante en cada campaña productiva, pero a su vez, obtener una financiación favorable obliga a las empresas a acelerar los procesos de concentración (fusión/absorción, cooperativas), y los de cooperación interempresarial en distintas fases de la cadena productiva y comercial.

En la evolución futura de la industria agroalimentaria hay que prever la acentuación de las siguientes tendencias:

• En primer lugar, la nueva configuración de las coordenadas de competitividad intrasectorial de la industria agroalimentaria surgida, tanto de los acuerdos del GATT —que establecen un período transitorio durante el cual habrán de armonizarse los intereses en materia de productos agroalimentarios de los distintos países signatarios—, como del intenso proceso de desregulación a nivel mundial en favor de espacios económicos más amplios. Sin duda, esto va a influir de una manera decisiva en las estrategias empresariales de los diferentes agentes y grupos económicos que operan en el sector.

En consecuencia, las grandes firmas agroindustriales de empresas de segunda transformación y de distribución instaladas en Andalucía tenderán a relocalizar sus actividades de abastecimiento de materias primas, elaboración de bienes y distribución de productos finales con criterios espaciales bastante diferentes a los que regían en mercados más aislados y regulados, debido a que puede resultarles más rentable aprovisionarse de materias primas y productos procedentes del exterior de la región.

• En segundo lugar, es preciso evaluar las perspectivas futuras de los factores de competitividad de las empresas agroalimentarias, fundamentalmente los relacionados con la innovación tecnológica en procesos y productos y con las tecnologías de la información aplicadas a la gestión y a la organización (informática y telemática, fundamentalmente), con el objeto de adecuar los productos a la tendencia hacia una mayor calidad y la diferenciación que exigen los mercados.

Otra faceta de las actividades de I+D son las actuales y futuras innovaciones en materia de ingeniería genética y de biotecnología —la comercialización de los productos modificados genéticamente empieza a ser una realidad—, por cuanto pueden provocar una auténtica ruptura tecnológica en el complejo agroalimentario de la actual forma de vinculación de la producción primaria con las etapas de transformación.

• En tercer lugar, las empresas agroalimentarias habrán de incorporar su estrategia comercial a la relación que se está estableciendo entre las fases de transformación y distribución alimentaria. El rápido avance hacia la fuerte concentración empresarial por parte del sector de distribución alimentaria, puesto de manifiesto en la región por el crecimiento de la inversión extranjera en las grandes superficies de venta, está originando un desequilibrio en las relaciones a lo largo de la cadena alimentaria en favor de la gran distribución, tanto en la fijación de los precios como en las especificaciones técnicas.

Como consecuencia de lo anterior, se está produciendo una mayor dualidad en la situación de las empresas agroindustriales, donde aquellas con mejor posición en los mercados adquieren una capacidad negociadora más equilibrada frente a la gran distribución.

• De otra parte, las nuevas exigencias medioambientales van a repercutir sobre el sector, ya que la actividad agroalimentaria es originaria de una importante producción de residuos. En esa dirección, la legislación comunitaria se orienta hacia el establecimiento de normativas que obliguen a las empresas a desarrollar una política de recogida selectiva y reciclado de residuos, así como a disminuir el peso de los envases y embalajes y a utilizar materiales reciclables.

El futuro del marco normativo para estas actividades supondrá para las Pyme un importante esfuerzo para adaptarse a los requerimientos de calidad, marca, protección medioambiental, normativa técnico-sanitaria, etc., pero a su vez representará una garantía de calidad que supondrá una mayor competitividad frente a productos de terceros países.

B. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.

Teniendo en cuenta que la Administración Autonómica, junto con los agentes Económicos y Sociales, está elaborando en la actualidad el Plan de Modernización y Mejora de la Competitividad de la Agricultura Andaluza, y dada la vinculación de la Política Agroalimentaria con la Política de Agricultura y Ganadería dentro del llamado Complejo Agroalimentario, los objetivos y estrategias de la Política de Industria Agroalimentaria son un reflejo de los expuestos en el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza. y tienen por finalidad articular la modernización del mismo para adecuarlo al entorno económico existente en la actualidad.

El sector agroalimentario en Andalucía presenta una significativa participación en el VAB y en el empleo de la región, constituyéndose, de este modo, en un sector de importancia para la consecución del objetivo final de generación de empleo del pea 2000.

Bajo esta premisa, los objetivos en materia agroindustrial del PEA 2000 son los siguientes:

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Para la consecución de estos objetivos se desarrollarán las estrategias siguientes:

Esta estrategia trata de adaptar las empresas agroalimentarias a las exigencias actuales del mercado. Para ello las líneas de actuación incidirán en los pilares básicos en los que se asienta la empresa, es decir: producción, recursos humanos, gestión empresarial, estructura financiera y comercial, actividad de I+D y cooperación sectorial.

Con objeto de paliar la dispersión de la oferta agroalimentaria las actuaciones se dirigirán a favorecer la unión de las empresas y el fomento del asociacionismo agroalimentario como instrumentos para concentrar la oferta y facilitar su comercialización en común.

Otras actuaciones incidirán en la mejora de las redes de comercialización existentes, apoyando la ordenación de las relaciones contractuales e interprofesionales entre las empresas de producción, industrialización y distribución, o la constitución de mesas intersectoriales como foro de encuentro entre los componentes del sistema agroalimentario.

La promoción de la calidad, como elemento diferenciador de los productos andaluces, representa una actuación clave para dar a conocer al consumidor la variada y amplia oferta agroalimentaria en estos productos, dado que cada vez se da una mayor preferencia por los productos de calidad y, especialmente, por los acogidos a Denominaciones de Calidad, "productos naturales" o "productos ecológicos".

C. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Mejora de los factores de competitividad de las empresas.

1.1. Fomento de la industrialización de los productos agrarios.

Se fomentará una mayor industrialización de productos agrarios, tanto de uso alimentario como no alimentario, para diversificar las producciones y conseguir un mayor valor añadido, lo que contribuirá además a la generación de empleo en el sector.

Esta actuación se concentrará en el apoyo a los proyectos de inversión de las empresas, cuya finalidad sea la instalación, ampliación, modernización, reconversión o innovación tecnológica de establecimientos fabriles o centros de manipulación, así como completar su adaptación a la normativa técnico-sanitaria para su homologación comunitaria, medidas de ahorro de agua, uso mejor de la energía, adaptación de los establecimientos a las normas ISO y la implantación de tratamientos y gestión de residuos y vertidos.

Las acciones anteriores se canalizarán a través de la normativa comunitaria (R(CEE) 866/90), nacional (R.D. 633/95, Ley de Incentivos Regionales) y de la Comunidad Autónoma (D. 271/95). Esta última normativa contempla además ayudas para sectores que no tienen apoyo comunitario y para proyectos específicos que representen una innovación importante en un determinado sector o comarca.

1.2. Apoyo a la formación profesional de los recursos humanos de las empresas.

Las actividades a realizar se encuentran recogidas en el Plan Andaluz de Formación Profesional.

1.3. Mejora de la gestión empresarial.

Las medidas que se contemplan dentro de esta línea de actuación, sin obviar las que recogen otros instrumentos de formación empresarial, se centran en la formación del empresariado agroalimentario en los aspectos de control de la calidad, presentación de productos, políticas de marca, auditorías de gestión de mejora de la calidad, marketing, etc.

1.4. Adecuación de la estructura financiera de las empresas.

Las medidas pretenden mejorar la capitalización de las empresas del sector, al objeto de que no le suponga un obstáculo para acudir a los mercados de capitales y conseguir la financiación preferente que necesitan para la ejecución de sus actividades.

Esta actuación se realizará informando, asesorando y poniendo a disposición de éstas los instrumentos financieros existentes o de nueva creación.

1.5. Fomento de la inversión empresarial en actividades de I+D y apoyo a la transferencia de tecnología a las empresas.

Las actividades de I+D representan un factor fundamental en las empresas para el desarrollo de nuevos productos y procesos, ya que en la actualidad la demanda general de los mercados se orienta hacia productos diferenciales nutricionales y tecnológicos de calidad, relacionados con el concepto de salud. Por otro lado, la obtención de nuevos productos permite abrir nuevos mercados, dando lugar a un nuevo posicionamiento estratégico.

Las medidas que se contemplan dentro de esta actuación son las siguientes:

• Desarrollo de un sistema integrado de investigación y transferencia de tecnología en colaboración con la iniciativa privada, con el fin de optimizar los recursos públicos dedicados a tal fin.

• Potenciar un sistema integrado de información para los empresarios y administraciones, actualizado y de fácil acceso, que apoye la toma de decisiones tanto públicas como privadas.

• Creación del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, como instituto tecnológico que dé soporte a la industria agroalimentaria andaluza y que sea además un elemento de cooperación internacional en materia de investigación y transferencia de tecnología para las empresas.

Las acciones anteriores se completarán con las que recoge el Plan Andaluz de Investigación.

2. Ordenación de la oferta agroalimentaria.

2.1. Facilitar la unión de empresas y la reorganización del sector.

La finalidad principal de esta línea de actuación es conseguir una optimización de la dimensión de las empresas. En este sentido la cooperación empresarial puede facilitar el reducir los costes de suministros, producción y distribución, adoptar las tecnologías más adecuadas a los procesos productivos, introducir nuevas fórmulas de gestión, contribuir a la especialización de las empresas del sector, posibilitar la implantación de contramarcas de calidad, etc.

En esta línea se apoyará el desarrollo de nuevos productos y procesos que den lugar a corporaciones agroindustriales andaluzas con la participación directa de los productores, las Entidades Financieras y otros entes y empresas.

2.2. Fomento del asociacionismo agroalimentario.

La internacionalización de la economía, cada vez mayor, exige una constante actualización de las estructuras del sector agroalimentario, constituyendo un importante recurso para los productores organizarse en Entidades Asociativas Agrarias y en otras fórmulas empresariales de asociación para hacer frente a la fuerte competencia comercial.

En la normativa comunitaria se están recogiendo estas nuevas realidades, mediante una serie de modificaciones en su reglamentación, en las que el asociacionismo, y más concretamente las Organizaciones de Productores, como instrumentos para la concentración de la oferta, mejora de la calidad de los productos, ordenación de los mercados y como gestores de la puesta en marcha de medidas respetuosas con el medio ambiente, ocupa un lugar relevante dentro de la política comunitaria agroalimentaria, para la gestión de los mercados.

En este sentido, las acciones que se vienen realizando están dirigidas a la promoción para la constitución de entidades asociativas de primer grado y su agrupación en entidades de segundo o ulterior grado, apoyo a la modernización de las mismas (fundamentalmente en los aspectos de gestión, concentración de la oferta y adecuación de los mercados) y seguimiento, control y asistencia para su adaptación, en su caso, a la reglamentación comunitaria (APAS y OPFH), así como a la normativa nacional y autonómica que las regula, reconocimiento de esas entidades y tramitación de las ayudas que les conceda las distintas reglamentaciones.

2.3. Mejora de las redes de comercialización.

Las medidas que se recogen en este apartado van dirigidas a:

• Potenciación de los Mercados de Productos Agrarios en Zonas de Producción. El Decreto 459/1994 regula la inscripción de dichos mercados en el correspondiente registro y contempla ayudas para obras de adecuación y mejora de la eficacia de gestión de los mercados existentes.

Por otro lado, hay que resaltar las ventajas de los productos normalizados en su comercialización, ya que facilitan las operaciones de compraventa al no necesitar inspección previa de la mercancía, evitan fraudes en distintas fases de su comercialización y contribuyen a la clarificación de los precios y por tanto a la transparencia de los mercados.

• Promoción y ordenación de las relaciones contractuales e interprofesionales. Los ajustes y adecuación de las producciones a las necesidades de los mercados es algo que hay que programar y realizar anticipadamente.

La Administración autónoma viene impulsando los contratos agrarios homologados, como una fórmula interesante y eficaz para que los productores e industriales mejoren la comercialización e industrialización de los productos agrarios andaluces, estableciendo una relación normalizada y profesional entre ambas partes intervinientes.

• Creación de consorcios de exportación para garantizar la presencia de los productos andaluces en los mercados mundiales. Con el fin de adaptarse a la situación de los mercados internacionales, se apoyarán infraestructuras de comercialización que coordinen las actuaciones de empresas, organismos e instituciones en el exterior, de forma que no sólo se conviertan en punto de encuentro entre la oferta y la demanda, sino que además se faciliten todas las condiciones que exige el comercio internacional.

3. Fomento del consumo de productos de calidad.

3.1. Promoción de productos agroalimentarios de calidad.

Se agrupan en esta línea de actuación las medidas tendentes a dar a conocer a los distintos sectores del mercado los productos, así como sus cualidades, acercándolos a los que pueden suponer mercados potenciales y a las últimas novedades tecnológicas.

La promoción institucional incluye la campaña de "Alimentos de Andalucía", que comprende las inserciones publicitarias en distintos medios de comunicación y la realización de otras actividades de promoción. También se contempla la participación institucional en ferias y certámenes agroalimentarios con stand propio en el que además se ofrece a las entidades del sector un espacio en el que puedan desarrollar otras acciones. La promoción institucional se hará en conexión con las políticas de Industria, Comercio y Turismo.

Por otra parte, se conceden ayudas a las empresas del sector agroalimentario para acciones promocionales, tales como campañas publicitarias, actos promocionales y de degustación, patrocinio de actividades culturales y deportivas, catas, etc. Asimismo se le conceden ayudas para asistencia a ferias y certámenes agroalimentarios con el fin de dar a conocer su oferta agroalimentaria a los potenciales consumidores.

3.2. Denominaciones de calidad y otras figuras.

Las actividades se dirigen a velar por el prestigio de las Denominaciones de Calidad, vigilar el posible empleo indebido y continuar con las labores de tutela y colaboración con los diversos Consejos Reguladores en sus planes de promoción.

Asimismo se propiciará el reconocimiento de nuevas denominaciones de productos tradicionales de calidad, apoyando la constitución y equipamiento de los respectivos Consejos Reguladores.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha promovido, diseñado y registrado el distintivo de calidad "Alimentos de Andalucía" y concede el uso del mismo a aquellos productos que, cumpliendo los requisitos establecidos, sean acreedores a su utilización en justa correspondencia a su calidad constatada y al esfuerzo y esmero de sus productores.

Por lo anterior, y a fin de lograr la mayor eficacia en las actividades promocionales, se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y la Asociación Empresarial de Usuarios del Distintivo de Calidad "Alimentos de Andalucía", además de la cooperación con otros entes y Centros Directivos para la promoción de productos de calidad.

Además, se fomentará el concepto "Alimentación Mediterránea" y del consumo de los productos que la constituyen, incidiendo en la repercusión de la mejora de la salud y calidad de vida, así como mejorar la formación y educación alimentaria del consumidor.

Por otro lado, se fomentarán las actuaciones relativas a los sistemas de producción integrada y de "Agricultura Ecológica" como generadores de productos de calidad. También se promocionará el desarrollo de marcas y garantías que permitan producir "Alimentos Saludables".

3.3. Red de laboratorios agroalimentarios.

Como actuaciones complementarias en pro de la calidad, se potenciará la red de Laboratorios Agroalimentarios con los medios necesarios, para que los servicios que les sean requeridos puedan ser ofrecidos con rapidez y garantía. En esta línea se concentrará también la prestación de servicios con los laboratorios privados necesarios.

1.3. Modernización de la pesca

El Parlamento de Andalucía aprobó, en diciembre del año 1994, una moción por la que se encomendaba al Gobierno Autónomo elaborar, conjuntamente con el sector pesquero, un Plan de Modernización de la Pesca. En la elaboración de este Plan han intervenido muy activamente los agentes sociales del sector pesquero de todas las provincias andaluzas, y su ejecución se ha puesto en marcha en 1997. La presente política del PEA 2000 recoge las principales directrices y orientaciones de dicho Plan.

La Administración Pesquera de Andalucía ha adquirido el compromiso de elaborar una norma general que recoja los objetivos de la política pesquera regulando todas las materias que son de competencia de la Comunidad Autónoma. Con la formulación de la Ley de Pesca se pretende alcanzar como objetivos: garantizar una explotación racional y responsable de los recursos pesqueros, mejorar y adaptar la flota pesquera andaluza a los recursos disponibles y accesibles, mejorar las condiciones socioeconómicas de los profesionales del sector, contribuir a la transparencia de los mercados, incrementar la calidad de los productos pesqueros, y establecer un sistema de control que garantice la consecución de todos estos objetivos.

A. Diagnóstico

El sector pesquero en Andalucía, en su conjunto representa aproximadamente el 1% del VAB regional con una producción anual superior de 116.040 Tm, genera un volumen de empleo directo de unos 20.000 trabajadores, y cuenta con un importante efecto multiplicador en el conjunto de la economía regional.

Andalucía es una región fuertemente vinculada a la pesca. A lo largo de su perímetro pesquero muchas poblaciones del litoral han centrado su actividad económica alrededor de la pesca, convirtiéndose en una actividad característica de la localidad. Por ejemplo, en Huelva, el 6% de los empleos provinciales los produce la pesca, siendo también importante el porcentaje en Cádiz. además, existe un conjunto de poblaciones, como Isla Cristina, Ayamonte, Barbate, etc., casi exclusivamente dependientes de la actividad pesquera.

La flota pesquera andaluza experimentó un fuerte crecimiento en las décadas de los años sesenta y setenta, al que siguió un período de contención de dicho crecimiento e incluso una ligera recesión en los años ochenta. A partir de 1991, se ha producido un reajuste de la flota como consecuencia de las fluctuaciones registradas en los precios de los productos desembarcados, del deterioro de los recursos pesqueros en caladeros próximos, y de la cada vez mayor incertidumbre para obtener licencias de pesca en caladeros de terceros países.

La antigüedad de la flota es, en general, elevada (29 años de edad media), por lo que muchas embarcaciones necesitan ser sustituidas por otras con menor coste de mantenimiento y mejor tecnología. En 1997 la flota cuenta con 2.592 embarcaciones pesqueras que desplazan unas 67.573 Toneladas de registro bruto y potencia propulsora de 358.855 cv. Esta flota representa el 14% del total nacional en términos de número de barcos, el 15,9% en arqueo y el 17,9% en potencia propulsora; siendo la segunda de España en importancia después de la gallega.

El número de tripulantes embarcados es de 14.284, representando el 18,6% de los tripulantes que trabajan en la flota pesquera española.

Respecto a la producción, hay que subrayar que desde el año 1970 hasta 1993 los desembarcos de productos pesqueros han sufrido una fuerte caída, en torno al 63% (pasando de 251.496 Tm. en 1970 a 91.487 Tm. en 1995), aunque no ha afectado de igual modo en todas las flotas. Las embarcaciones que faenan en caladeros andaluces y los desembarcos que se efectúan en los puertos de Andalucía no han experimentado cambios importantes en las dos últimas décadas, situándose en unas 30.000 Tm año.

Por otra parte, según las tablas input-output de 1990, el 87,4% de la exportación pesquera andaluza se dirige al resto de España, siendo éste el origen del 90% de lo importado en la región, lo que justifica en cierta medida la débil importancia relativa de estos productos en el comercio exterior del sector primario que se deriva de los datos de aduanas (4,3% del total de la importaciones y 1,9% de las exportaciones).

Por otra parte, la significación económica de la actividad pesquera en Andalucía debe necesariamente contemplarse en el contexto más amplio y complejo de su contribución a las economías locales y provinciales y, sobre todo, a su importancia social.

Los elementos principales del diagnóstico del sector son los siguientes:

• Los rendimientos netos de la actividad pesquera se sitúan por debajo de los rendimientos potenciales. Esta caída de los rendimientos se debe, entre otros, a los siguientes factores:

• El envejecimiento de la flota, que incrementa los costes de operación y hace disminuir su eficiencia tecnológica.

• El deterioro de los caladeros andaluces, consecuencia del incumplimiento reiterado de las medidas de ordenación y control, problemas de contaminación, ausencia de regulación de la actividad por puertos, flotas y zonas de pesca, etc., y del aumento de la presión sobre los mismos por el aumento de la flota artesanal de menor porte.

• Las fuertes resistencias para el acceso a las pesquerías de terceros países, consecuencia del cambio operado en el contexto internacional en los últimos veinte años y de las dificultades que emanan de la propia Política Pesquera Comunitaria, con un inestable equilibrio entre la coherencia de su política de recursos internos y externos y las exigencias de abastecimiento de su mercado interno de productos pesqueros.

• El descenso experimentado por los precios de los productos pesqueros en primera venta durante los últimos diez años.

• La estructura de la flota conforma en el sector pesquero andaluz la existencia de un empresariado que, debido a la magnitud y rapidez de los cambios producidos en el sector, aún no ha logrado adaptarse convenientemente a las nuevas circunstancias, presentando en su mayoría características propias de actividades artesanales. Por ello, junto al mantenimiento de los pequeños empresarios pesqueros que cuentan con esta actividad como su único medio de vida, se debe consolidar un núcleo de empresas potentes capaz de adaptarse a las circunstancias de un entorno cambiante y donde el mercado adquiere un protagonismo que antes reposaba en el volumen de la producción y ahora lo hace en la calidad de la misma.

• Las pesquerías se caracterizan en los momentos actuales por un doble proceso aparentemente contradictorio: se asiste, por una parte, a un proceso de internacionalización del comercio pesquero, mientras que por otra, las materias primas se nacionalizan como consecuencia de la ampliación de las aguas de los estados ribereños a las 200 millas.

Hasta la década de los años ochenta, la flota andaluza abastecía sus propios mercados con los productos que, en una gran proporción, extraía de caladeros ajenos. Esta situación ha cambiado radicalmente: hoy tiene que competir en los mercados con los productos provenientes del exterior, mientras que su presencia en caladeros foráneos se ha reducido drásticamente.

• La situación descrita afecta de manera especial al mercado de los productos de la pesca. La oferta ha sufrido una profunda transformación como consecuencia de la liberalización del comercio mundial, sobre todo de los productos alimentarios, y la integración de España en la UE que protege la libre circulación de mercancías, y que mantiene acuerdos con terceros países a los que abre los mercados andaluces como contrapartida al acceso de los buques comunitarios a sus recursos.

• A estos factores hay que añadir la utilización del transporte aéreo y la mejora de los sistemas de conservación, que permiten introducir en los mercados andaluces productos no sólo congelados o elaborados, sino también frescos, habiéndose duplicado las importaciones en los últimos años.

• La demanda también ha cambiado cualitativa y cuantitativamente. Los nuevos hábitos de consumo y modos de vida demandan productos congelados y elaborados, sustituyéndose la compra diaria doméstica por la compra periódica en grandes superficies. Por otra parte, los mayores niveles de renta permiten el consumo de productos de calidad, mientras que los restaurantes y grandes áreas de servicios exigen mayor regularidad de los suministros, y mayor selección de precios y calidades.

Este proceso, implica importantes riesgos sobre el futuro de la pesca extractiva en Andalucía.

• Es manifiesta, por otra parte, la escasa adaptación del sector pesquero andaluz a la nueva situación. La respuesta, sin embargo, únicamente puede venir desde un sector pesquero fuertemente organizado que sea capaz de proteger sus propios recursos, explotarlos racionalmente y comercializarlos de forma competitiva.

Por ello, son objetivos prioritarios de la Administración andaluza consolidar un sector pesquero vertebrado, capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos de la pesca y garantizar que la producción se comercializa, se transforma y se distribuye de forma moderna y competitiva. Además, conforme señala el PEDEA, se considera preciso garantizar una explotación racional y responsable de los recursos pesqueros y mejorar las condiciones socioeconómicas de los profesionales del sector, para ello es necesario la consolidación de unas organizaciones fuertemente vertebradas y capaces de responder a los grandes desafíos que a escala mundial plantea hoy la actividad pesquera.

Como conclusión de todo lo anterior, resulta necesario emprender actuaciones precisas en orden al aprovechamiento de las principales potencialidades señaladas, como son los productos de las costas andaluzas, de muy alta calidad, apreciados por consumidores exigentes, sobre todo en el litoral y especialmente en aquellas zonas en donde la principal actividad económica gira en torno al turismo, y en la puesta en marcha de una eficaz red de distribución y comercialización de los productos.

B. Objetivos y estrategias

La base de la política pesquera andaluza es el Plan de Modernización del Sector Pesquero, en el que se diseñan las líneas programáticas de las actuaciones en esta materia.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Para el logro de los objetivos formulados se plantean las siguientes estrategias:

1. La renovación y reestructuración de la flota pesquera andaluza.

Se hace patente un cierto desequilibrio entre las posibilidades de pesca al alcance de esta flota y su capacidad pesquera medida en términos de arqueo y potencia propulsora, lo que aconseja la adopción de medidas tendentes a equilibrar ambos. Por otra parte, se observa cierta obsolescencia en la flota pesquera andaluza, lo que es un claro indicador de las necesidades de renovación y modernización de los buques que la configuran.

2. Desarrollo de la acuicultura marina.

La acuicultura juega cada vez un papel más relevante en el conjunto de la producción pesquera mundial y el sector de los cultivos marinos en Andalucía no es ajeno a esta tendencia. El aumento de la acuicultura en Andalucía desde 1986, unido a las potencialidades de desarrollo de este sector productivo crean una situación favorable para el crecimiento de esta actividad, la cual no debe configurarse como alternativa a la pesca industrial sino como complemento a la misma.

3. Mejora de las condiciones de financiación de las empresas pesqueras y acuícolas.

Constituye una estrategia clave para un sector precisado de ganar en confianza y preferencia hacia las entidades que en muchos casos habrán de financiar las iniciativas de adaptación y desarrollo de la pesca en Andalucía de cara al año 2000.

4. Regulación de la actividad pesquera extractiva.

Es necesario desarrollar una adecuada regulación de la actividad pesquera en las modalidades de gran importancia para Andalucía, compatibilizando por un lado la capacidad extractiva real de la flota andaluza con las posibilidades que ofrecen los caladeros. Esta regulación y gestión del esfuerzo pesquero va dirigida a promover el uso de artes de pesca cada vez más selectivos, de manera que se reduzcan gradualmente los efectos negativos de la actividad sobre el medio marino. Estos aspectos serán recogidos en la futura ley de Pesca.

5. Protección y regeneración de los caladeros litorales.

La situación en la que se encuentran determinados caladeros explotados por la flota andaluza, hacen necesario emprender en unos casos y desarrollar en otros, medidas de conservación de los recursos pesqueros, protegiendo determinadas zonas de la actividad pesquera y regenerando caladeros especialmente sensibles a la acción de la pesca y a la contaminación medioambiental.

6. Control de la actividad pesquera y erradicación de las prácticas ilegales.

Es necesario garantizar el cumplimiento de las medidas de ordenación de la actividad pesquera y el respeto de las medidas de protección de los recursos, de manera que se preserven los recursos para los profesionales del mar, erradicando las prácticas de pesca antirreglamentarias y las actividades furtivas, que suponen una competencia desleal contra la pesca responsable.

La vigilancia e inspección pesqueras son imprescindibles para proteger los caladeros andaluces. Por ello, se hace necesaria la colaboración de distintas áreas administrativas para una protección eficaz de nuestros caladeros.

7. Adecuación de la flota andaluza que opera en caladeros internacionales.

La flota andaluza que opera en caladeros comunitarios próximos como Portugal, la que opera en caladeros de terceros países como Marruecos, y la flota de altura y gran altura que faena en Mauritania, Angola, Senegal y en aguas de otros países del continente africano cada día se encuentra con más obstáculos para pescar, debido a que estos países con riqueza pesquera son conscientes de la oportunidad que tienen para utilizar sus costas para negociar en condiciones ventajosas.

Por este motivo, se hace necesario una adaptación de la flota a caladeros externos, con actuaciones tales como el mantenimiento de los actuales acuerdos de pesca y la colaboración en la búsqueda de nuevos caladeros.

8. Dotar al sector pesquero de infraestructuras y equipamientos que permitan el adecuado desarrollo de la actividad.

La existencia de buenas infraestructuras y de equipamientos adecuados son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que se dinamice la actividad económica y comercial del sector pesquero. Destaca la importancia que proporcionan las infraestructuras para dotar a los sectores productivos de ventajas competitivas.

La Administración y el sector pesquero extractivo y comercial han hecho un importante esfuerzo por modernizar sus estructuras, adecuándolas a las exigencias sanitarias que establecen las directivas de la UE, pero todavía queda un camino por recorrer para hacer competitiva la actividad pesquera.

9. Crear las condiciones que permitan mejorar las condiciones de venta de la producción e incrementar la calidad de la oferta.

Los mercados de los productos de la pesca son en Andalucía poco transparentes, mientras que los procesos de formación de precios y de comercialización y distribución de los productos están poco tecnificados. Todo ello redunda en la elevada presencia de intermediarios no vinculados al sector extractivo y comercial y la pérdida por los productores de valores añadidos. Por otra parte, se detecta la falta de organización del sector para asumir las actividades de comercialización, y no existen relaciones entre los sectores que intervienen en el proceso comercial.

10. Mejora de la competitividad de la industria transformadora de los productos pesqueros.

Por último, se carece una estrategia integral tendente a la defensa de la calidad de los productos desembarcados por la flota andaluza. Muchos productos provenientes del exterior y que compiten con los andaluces entran en los mercados de la región con mayor regularidad, mejor calidad y menores costes. Se hace, por tanto, necesario superar estos estrangulamientos adoptando las medidas adecuadas para crear las condiciones que permitan mejorar las condiciones de venta de la oferta y mejorar su calidad.

11. Dinamizar los agentes sociales del sector pesquero y vincularles con el resto de los sectores productivos.

La Administración Autónoma ha apostado desde hace tiempo por el fortalecimiento de las Organizaciones del sector pesquero, para superar la falta de dinamismo de unos agentes sociales orientados a la actividad extractiva, obviando la adopción de innovaciones tecnológicas para sobrevivir a las transformaciones de las pesquerías y a las crecientes exigencias de garantías de calidad de los productos en los mercados.

La estrategia, por lo tanto, es doble: por una parte, la vertebración del sector pesquero, caracterizado por el individualismo y por un asociacionismo heterogéneo y disperso; y, por otra, su vinculación con el resto de los sectores productivos, especialmente con los que desarrollan actividades conexas con la pesca en orden a establecer iniciativas conjuntas para la mejora de las estructuras del sector y de la comercialización de sus productos.

12. Información y conocimiento de los recursos

La ordenación y gestión de los recursos pesqueros requiere como herramientas de trabajo la disponibilidad de conocimientos y datos sobre recursos, biología pesquera, capturas desembarcadas, comercialización, etc.; en definitiva, la potenciación de estudios y infraestructuras.

13. Investigación y generación de innovaciones.

Se pretende el desarrollo de tecnologías pesqueras con destino a su aplicación sobre los recursos pesqueros que permitan mejorar su productividad y abrir nuevas posibilidades de uso a otras formas distintas a las actuales, que sirvan de complemento a la actividad extractiva para aplicar un menor esfuerzo sobre los caladeros o como actividad alternativa.

14. Transferencias de nuevas tecnologías.

Esta estrategia permitirá superar las actuales limitaciones relacionadas con la coordinación y estímulo a la cooperación entre grupos o centros de investigación de distintas entidades u organismos, así como a posibilitar actuaciones o proyectos a través de la promoción de centros de investigación y la dotación en infraestructura de alto nivel, para la utilización común por los grupos o centros vinculados a la I+D pesquera de Andalucía.

15. Creación de un sistema de formación marítimo-pesquera moderno y eficaz que actualice los conocimientos y capacite a los profesionales del sector.

La formación profesional náutico pesquera dirigida a la regulación y capacitación de los trabajadores de la pesca, al reciclaje y adaptación a las nuevas tecnologías pesqueras así como a la ocupación y dedicación de puestos de trabajo afines y complementarios a su actividad, exige la implantación de un sistema orgánico e infraestructuras que posibilite la creación de una red de centros y coordinación de las actividades de todos los organismos y entidades con funciones y competencias en esta materia.

C. Líneas de actuación

1. Renovación y reestructuración de la flota pesquera andaluza.

1.1. Promoción y apoyo a las iniciativas de sustitución de buques obsoletos y ajuste de la capacidad pesquera.

Se basa en el apoyo a los proyectos de construcción de buques de pesca en sustitución de unidades que no están operativas para el ejercicio de la pesca en condiciones seguras y rentables, con el concurso de los fondos comunitarios del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Esta actuación se acompaña de medidas de apoyo a la modernización de buques existentes (Planes de renovación de la flota artesanal), que precisan la renovación tecnológica y las primas a la retirada definitiva de los buques con escasas posibilidades de continuar en los calderos habituales, estableciendo los criterios para estas últimas.

Para ello, es de todo punto imprescindible la continuidad del fondo estructural IFOP a partir del año 2000, con unas asignaciones que en cualquier caso deberían mantener las establecidas para el período 1994-99.

1.2. Medidas de acompañamiento de carácter socioeconómico.

Persiguen la adopción de medidas tendentes al desarrollo de las zonas dependientes de la pesca afectadas por la reducción de su capacidad pesquera, contando para ello con la participación de los fondos comunitarios destinados a la Iniciativa Comunitaria "Pesca", y apoyando medidas de promoción al empleo.

2. Desarrollo de la acuicultura.

2.1. Apoyo a proyectos de diversificación de producción, modernización de instalaciones y aprovechamiento de nuevos espacios naturales.

Se persigue la consolidación y el desarrollo de una actividad que ha tenido que superar una primera etapa de fuerte carácter experimental. Aunque limitadas, existen posibilidades de incremento de producciones y de aprovechamiento de espacios naturales para usos acuícolas compatibles con la preservación del medio ambiente que deben aflorar en los próximos años.

La participación del mayor volumen de fondos comunitarios del IFOP constituye una pieza clave en esta actuación.

3. Mejora de las condiciones de financiación de las empresas pesqueras y acuícolas.

3.1. Colaboración con instituciones y entidades financieras.

Para lograr esta estrategia la Administración andaluza va a colaborar con las empresas y con las entidades bancarias, a través de la promoción de instrumentos de cooperación (firma de convenios de colaboración) y de ayudas directas para la minoración de intereses en operaciones que contribuyan a la modernización del sector.

Como medidas complementarias a impulsar dentro del primer objetivo hay que señalar las siguientes:

• Atraer el mayor volumen de financiación comunitaria y nacional, en apoyo a los proyectos de inversión que presenten las empresas.

• Agilizar y simplificar la gestión de las ayudas al sector.

• Potenciar la información sobre ayudas.

• Promoción de barcos tipo y polivalentes.

4. Regulación de la actividad pesquera extractiva.

4.1. Ordenación del régimen de explotación de los caladeros.

Para Andalucía, la flota que ejerce su actividad en las proximidades de la costa utilizando artes de marisqueo y realizando pesca artesanal con artes menores, es la de mayor importancia social. Es por ello que la regulación y ordenación de estas actividades son de gran importancia por afectar a un elevado número de embarcaciones.

Asimismo, las actividades de cerco o de arrastre tienen una alta representación en la flota andaluza y es por ello que en el ámbito competencial tanto de la pesca marítima en aguas interiores como de la ordenación del sector pesquero, se regulan las materias que están relacionadas con estas actividades.

Asimismo, en Andalucía existen en la actualidad un total de 31 zonas de producción en las que está permitida la captura de moluscos. Estas zonas han de estar continuamente en condiciones óptimas para su explotación, regulándose la actividad según las condiciones existentes.

Las medidas que materializan esta línea de actuación son: análisis y seguimiento de las zonas de producción.

5. Protección y regeneración de los caladeros litorales.

5.1. Conservación de los recursos pesqueros.

Con el fin de evitar que determinadas especies pesqueras de alto interés comercial se encuentren en condiciones de sobreexplotación, es necesario que desde la administración se establezcan medidas de regulación de tallas mínimas de especies pesqueras, épocas de veda pa