Desamortizaciones

Historia de España. Siglos XVIII, XIX y XX. Procesos políticos y económicos. Manos muertas. Bienes nacionales y eclesiásticos. Decreto de supresión de monacales. Desamortización de Mendizábal. Madoz

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Historia

Desamortizaciones

Las desamortizaciones son procesos políticos y económicos de larga duración en España, que transcurrió desde 1766 hasta 1924, en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al libre mercado) de diversas entidades civiles y eclesiásticas (manos muertas) para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales.

Ya en el reinado de Carlos III apareció la crítica a la amortización de bienes raíces, tanto eclesiásticos como vinculados de la nobleza o comunales de los ayuntamientos. Los ilustrados la consideraban como la principal causa del estancamiento agrario, y proponían detener la amortización e incluso suprimirla. Pero la Corona se opuso con los mismos argumentos políticos y religiosos que utilizaban la nobleza y la Iglesia.

Fue a partir de 1795, con Godoy, cuando la política belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia. Entre 1798 y 1805 se vendieron tierras, que en total equivalían a la mayor parte del patrimonio de la Iglesia, pero en vez de destinar el dinero a su fin inicial, se gastó en nuevas campañas militares.

Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes.

En el Trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de propios y baldíos. Una buena parte de los bienes de los conventos fue vendida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.

En el primer párrafo, Mendizábal da los motivos por los cuáles se van a llevar a cabo estas desamortizaciones: Felicidad de la población, promesa solemne al pueblo, y dar una garantía positiva a la deuda nacional. En el segundo párrafo, cuenta el autor como con esta desamortización pretende crear la propiedad privada para conseguir de esta forma aminorar la fuerte deuda pública, como refleja el documento 1. En el primer artículo se expone aquellas personas a las que se les va a desamortizar: bienes de las comunidades, corporaciones religiosas extinguidas y los unidos por el vínculo del mayorazgo.

El famoso decreto de Mendizábal hizo pasar a la nación todas las propiedades de la Iglesia y las sacó a pública subasta.

La desamortización trajo consecuencias beneficiosas para el país, como se muestra en el documento 5, al permitir la explotación de tierras que no se trabajaban y convertir a la burguesía en defensora de la monarquía constitucional, ya que se había enriquecido gracias a ella y le interesaba mantenerla como medio de asegurar sus propiedades. Sin embargo, su aspecto negativo fue que, en realidad, resulto una “reforma agraria al revés”, ya que las tierras no fueron a parar a los campesinos, sino a una burguesía adinerada y a parte de la nobleza que las adquirieron a precios irrisorios.

Flórez Estrada criticó duramente esta desamortización ya que sólo beneficiaba y fomentaba el individualismo. Su propuesta era que las tierras pasasen al Estado como propietario y que este, a su vez, las arrendase a los campesinos sin tierra, en régimen de posesión a precio bajo y de forma censal, es decir por un periodo largo o de forma permanente, como se refleja en el documento 4.

Los decretos de Mendizábal se completaron en 1841 con la desamortización de Espartero, quien desamortiza los bienes del clero con el mismo objetivo, sanear la hacienda, como refleja el documento 2. La primera conspiración hacia el nuevo gobierno va a surgir a raíz de que Espartero quita los derechos forales al País Vasco. Existen una serie de manifestaciones, e intentan quitar de la regencia a Espartero, pero fracasa. A raíz de esto, hubo enfrentamientos en la política, manifestaciones con ideas republicanas. Espartero y su gobierno progresista empezaron a perder fuerza, y en 1843 Espartero abandona la regencia y se marcha a Inglaterra.

Ya en pleno reinado personal de Isabel II y durante el corto periodo de dos años del Bienio Progresista dirigido por Espartero (julio 1854-julio 1856), en el terreno económico se legisló una nueva desamortización en 1855 llamada la Desamortización de Madoz, a lo que hace referencia el documento 3. Hay que destacar que fue la más grande e importante de la época y que duró hasta finales de siglo. Esta vez, afectó a bienes municipales del clero, la instrucción pública, la Beneficencia y la Corona además del clero secular, y por ello, alcanzó un valor de vena muy elevado. La nueva ley ofreció algunas novedades con respecto a las políticas desamortizadoras anteriores: además de armonizar la deuda, se destinó parte del producto de las ventas a equilibrar el presupuesto estatal y a subvencionar obras públicas, en especial el ferrocarril, como muestra el documento 5. Otra de las novedades fue la de aceptar sólo dinero en metálico como medio de pago, aunque con posterioridad se admitieron también títulos de la deuda

.3.- La desamortización de Mendizábal.

En febrero se 1836 los bienes de las ordenes regulares masculinos eran declarados nacionales por la primera ley desamortizadora, y puestos a la venta para obtener beneficios y hacer frente a la mala situación económica del país. A cambio de estos bienes el Estado se comprometía a mantener el culto y al clero, al que debían pagar una pensión de por vida.

Los fines que se perseguían eran sacar dinero para un alistamiento general, debilitar al clero y a los carlistas y pagar parte de la deuda publica.

En 1837 Mendizábal, desamortizaba los bienes del clero secular y más tarde confiscaba los diezmos eclesiásticos. Se suprimen los mayorazgos y los derechos señoriales jurisdiccionales.

En las subastas se pagaba con los títulos de deuda devaluados pero por su valor nominal. Las tierras eran divididas en lotes y se podían pagar a plazos.

Los mayores beneficiados fueron la burguesía (profesionales y funcionarios), los terratenientes y en ciertos pueblos pequeños propietarios.

El economista Flórez Estrada criticó duramente esta desamortización ya que sólo beneficiaba y fomentaba el individualismo. Su propuesta era que las tierras pasasen al Estado como propietario y que este, a su vez, las arrendase a los campesinos sin tierra, en régimen de posesión a precio bajo i de forma enfitéutica, es decir por un periodo largo o de forma permanente.

2.4.- La desamortización de Madoz.

Comienza en 1855 para completar la de Mendizábal, algunas de sus secuelas han llegado hasta principios del siglo XX. A la desamortización de los bienes de la iglesia hay que sumarle los bienes municipales. Pero también afecta a los bienes de todo tipo de instituciones publicas como hospitales, diputaciones, beneficencia, universidades...

De nuevo aparecía ligada al problema de la deuda sin un alcance de verdadera reforma agraria. La venta de los bienes municipales supuso privar a los ayuntamientos de recursos y a los campesinos de las tierras y del uso colectivo de los bienes.

Su ejecución supuso la violación del concordato de 1851.

Su finalidad era amortizar la deuda pública, financiar obras en infraestructuras públicas y para cubrir el déficit presupuestario del año corriente.