PROLOGO.

Este sencillo trabajo de investigación, está centrado en una temática importante porque aborda un problema que se hace patente desde el momento en que nos comenzamos a percatar de que al paso de la vida y la historia, los Derechos Humanos han ido ocupando un mayor reconocimiento por parte de la sociedad en general. No obstante, también nos percatamos de que ni el paso del tiempo, ni las reformas a las leyes, ni uno u otro Convenio o Tratado Internacional, ha logrado definitivamente su objetivo: El respeto a los derechos de la mujer; la igualdad entre el hombre y la mujer; la no discriminación contra la mujer; que la mujer perciba un salario igual al del hombre; el reconocimiento de la capacidad laboral, creativa y educativa de la mujer.

Pero hay algo más, la palabra mujer requiere ser aclarada y entendida, pues el pronunciarla no significa hablar de lavar ropa, lavar trastes, hacer la casa, atender los niños, hacer de comer, obedecer al marido, ver telenovelas; no, no significa esto, ahora esta palabra tan importante, significa un porcentaje de progreso y futuro de la sociedad, incluso mayor que el porcentaje que representa el hombre en la actualidad.

Las alumnas autoras de este libro, nos lanzamos a investigar todo lo conducente y referente a los Derechos Humanos de la Mujer, y damos a conocer situaciones que tal vez la sociedad, aún cuando las conoce e incluso las ha vivido o presenciado, pone oídos sordos ante ellas. También, hacemos referencia al papel que juega el Estado, en esta lucha por el respeto a los Derechos Humanos.

Se trata de una investigación sencilla, pero con toda la intención de realizarla correctamente y dejar plasmada en la conciencia de la sociedad la idea de que: “Los Derechos Humanos, son un Derecho de la Mujer”

INTRODUCCIÓN.

Nuestro trabajo se divide en cinco Capítulos, cuyos temas y contenido son:

En el Capítulo 1, se aborda el tema de “LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y LA MUJER, EN NUESTRO PAÍS”, haciendo referencia precisamente a las violaciones de los derechos de la mujer, de que ésta ha sido objeto en nuestro País, incluso por las autoridades de Gobierno, encargadas de velar por la seguridad y bienestar de la sociedad. Se transcriben inclusive, algunos artículos periodísticos que nos hablan claramente de dichas violaciones y el temor que existe de que continúen, o quizás, aumenten.

“LA MUJER Y EL MUNDO DEL TRABAJO: LOS COSTOS SOCIALES DE UN VERDADERO PROGRESO”, es el tema que se trata en el Capítulo 2, haciendo una subdivisión de cuáles han sido las metas alcanzadas y evaluando al mismo tiempo el costo social que ellas representan.

En el Capítulo 3, entramos de lleno a las consecuencias del reconocimiento de los derechos de la mujer y su igualdad con los del hombre, que han representado en la mayoría de las veces no precisamente un beneficio para ella, sino el rompimiento del vínculo familiar, recayendo en la mujer un exceso de obligaciones, como lo son el sostenimiento económico, educativo y moral de la familia, lo que nos permite observar “LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA”.

“LA MUJER INDÍGENA, SUS DERECHOS Y SU DESTINO” ocupan nuestra atención en el Capítulo 4, por las mujeres indígenas que han sido estandarte o portavoz de las mujeres de su comunidad, pues es notorio que ya no son representadas por los tradicionales caciques, sino que ahora la mujer indígena se está levantando, y cuando las mujeres de una nación se levantan constituyen las voces más fuertes que pueden oírse, y esas voces, no pueden ya ser silenciadas.

Nuestras conclusiones respecto de cada uno de los temas tratados en este trabajo, se plasmaron en el Capítulo 5 de manera extensa, clara y precisa.

JUSTIFICACIÓN.

La Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; del mismo modo, la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

Asimismo, todos los Estados que toman parte en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; todo ello, en virtud de las convenciones internacionales concertadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así como las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por estos organismos.

Sin embargo, al comprobar que a pesar de la lucha enfrentada a través de estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, nace la preocupación constante por descubrir las razones de la inexistencia de respeto a los derechos consagrados legalmente en favor de éstas.

Y nacen también, ideas como el principio de que los derechos de la mujer son derechos humanos; la necesidad de emprender medidas para frenar todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo una clara referencia a la responsabilidad del Estado en los actos de violencia contra la mujer, y la condena de la mutilación genital femenina, ya que constituye una forma de violencia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En las diversas Convenciones realizadas sobre los Derechos Humanos de la Mujer, tanto a nivel nacional como internacional, se expresa de manera constante y hasta redundante, la necesidad de frenar toda violencia contra la mujer; sin embargo, aún existen muchas violaciones de estos derechos, que se hallan muy extendidas en todo el mundo, tanto en épocas de paz como de conflictos, como son la violación y los abusos sexuales u otras formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Vemos también, que la violación que se hace constantemente a través de la discriminación contra la mujer, de los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta su participación en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural del País, constituyendo así un obstáculo para el aumento de bienestar de la sociedad y de la familia, entorpeciendo el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

El hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, es un ejemplo claro de la discriminación contra la mujer y la violación a sus derechos, esos derechos, que también, aún cuando sean de y para la mujer, son humanos.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

La violencia contra la mujer y por ende, la violación a sus derechos humanos, tienen su origen en la cultura del hombre; esto lo observamos generalmente en el ejemplo de nuestras madres, quienes en un afán por servir incansablemente a su familia, influenciadas también por la educación que les fuera impartida por sus padres, enseñan a sus hijas a jugar a las muñecas, a hacer de comer, a servirle a sus hermanos y a su papá, a hacer el quehacer de la casa ellas y no los hijos; cuántas veces hemos escuchado palabras como éstas salir de la boca de una madre: “hija, sírvele a tu hermano”, “no te levantes hijo, tu hermana tiene qué servirte”, “hija, tú a la cocina y tú hijo a con su papá”, etc.

Estas palabras, en la mayoría de los casos, significan la disminución del valor de la mujer, sólo por ser eso, mujer.

Por otro lado, a los niños, se les enseña también que ellos serán “el hombre de la casa”, “el que lleva los pantalones” (lo que significa que es la autoridad), inculcándoles por lo tanto, un sentimiento de superioridad que la mayoría, al llegar a ser adultos nunca superan, por eso, es que ese niño al convertirse en hombre y formar su familia, repite la misma educación que en muchas ocasiones, se basa en la humillación o en la agresión física o verbal a la mujer, ya sea su esposa o sus hijas, y obviamente, esto se convierte en un círculo vicioso.

No es difícil deducir entonces, que la educación que brindemos a nuestros hijos y la cultura de que tratemos de impregnar nuestro hogar, definirá su futuro y el del mundo entero.

CAPITULO 1. LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y LA MUJER, EN NUESTRO PAÍS.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamadas en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

Con base en ese principio, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de Derechos Humanos, el 18 de diciembre de 1979, misma que entrara en vigor el 3 de septiembre de 1981, se ha convenido entre otras cosas:

Que a los efectos de dicha convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Los Estados Partes de dicha convención, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y, con tal objeto, se comprometen a:

Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio;

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como nuestras leyes, reservan uno o unos preceptos que hacen referencia a la igualdad de derechos del hombre y la mujer.

En lo que se refiere a los incisos b) y c), transcritos anteriormente, nuestro País, ha tomado las medidas necesarias y adecuadas, legislativas o de otro carácter, con las sanciones correspondientes, prohibiendo la discriminación contra la mujer, sin embargo, existe la figura tan notable de la corrupción, que fomenta la violación de esos derechos que todas las mujeres merecemos, pues aún cuando nuestras leyes contemplan sanciones para quienes violen los derechos de la mujer, no siempre se hacen efectivas; aún cuando se han creado Institutos y Organizaciones dedicados a la defensa de la mujer, todo parece ser inútil.

En lo referente a la abstención de los Estados de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer, a que se refiere el inciso d), en nuestro País se han observado esta clase de violaciones por parte de autoridades del gobierno Federal del régimen actual, y para muestra no basta sólo un botón, sino más:

“En noviembre del 2000, el diputado local del PRI en Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez O., propuso la reforma del artículo 4º Constitucional, donde se garantizaría la no discriminación por género, edad, estado civil y otras formas discriminatorias. El 9 de mayo de 2001 la mayoría panista rechazó la propuesta. El diputado panista Américo A. Ramírez Rodríguez señaló que los derechos de la mujer trabajadora no deben ser objeto de un impúdico manoseo demagógico... Yo creo que la mujer que deje o desatienda el hogar, su esposo, sus hijos, que lo haga por otras motivaciones muy distintas a la de tener que procurar el sustento de sus hijos y el propio sustento.”

“En riesgo de que las mujeres pierdan sus derechos y avances con el gobierno de Fox”

Poza Rica, Veracruz, 8 de marzo, 2001 (Alma Celia San Martín, corresponsal CIMAC).- En el gobierno de Vicente Fox, las mujeres están en peligro de perder sus derechos y los espacios que hasta ahora han ganado, ante la presencia cada vez más marcada de fundamentalistas y legendarios de Cristo, en el actual régimen.

Advirtió que en estos momentos los grupos ultraconservadores se mueven en el nuevo gobierno para quitar espacios a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En ese sentido dijo que no es cuestión de enfrentar a las mujeres y a los hombres, más bien ésta es una situación de falta de cultura y cuando se entienda esto, podrá haber un real cambio. Sin embargo, lo que realmente preocupa es la situación que se viene dando de manera velada por parte de los fundamentalistas, incrustados en el régimen.

Calificó de aberrante que a inicios del nuevo siglo, a las mujeres se les exija la prueba de no gravidez, en las maquilas, para darles un empleo, esto --dijo-- es un ataque a la dignidad.

“ Demandan feministas al gobierno mexicano ratificar protocolo de la CEDAW”

México DF, 8 de marzo, 2001 (Mónica Chavarría CIMAC).- Más de 60 organizaciones feministas demandaron al gobierno de Vicente Fox ratificar el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), con el cual se crearían los mecanismos necesarios para que las mexicanas ejerzan plenamente sus derechos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las feministas demandaron a los gobiernos -- federal y locales -- aplicar políticas públicas que eliminen las iniquidades entre hombres y mujeres, ya que a pesar de los convenios adquiridos por México para beneficiar el desarrollo de la población femenina aún no existen mecanismos efectivos para eliminar la marginación y discriminación.

La importancia de la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, es que las mujeres y las instituciones podrán denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas la violación a los derechos humanos de la población femenina, una vez agotadas las instancias de cada nación.

Hasta ahora más de 100 países han ratificado el protocolo facultativo de la CEDAW. Por ello María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, urgió al gobierno federal a ratificar dicho protocolo.

Además exhortó a Vicente Fox a gobernar reconociendo la distinción entre las creencias religiosas y las leyes civiles. Lo anterior, luego de mencionar que el Episcopado Mexicano solicitó al Ejecutivo federal “apoyar la campaña para prohibir el aborto en cualquier circunstancia”.

Mejía, incluso, señaló que si Fox no es congruente con el discurso de respetar “el Estado laico” podrían retrocederse los derechos de las mujeres alcanzados hasta hoy.

En el Día Internacional de la Mujer, Claudia Cruz Santiago, de la Asamblea Nacional de Mujeres, señaló que “es imposible construir la democracia sobre la base de la impunidad”, donde el 34 por ciento de las mujeres en este país sufren maltrato por parte de sus parejas.

Por ello subrayó que gobiernos tienen una deuda con “la mitad de la población”, ya que no se han resuelto las demandas de acceso a los servicios de salud, educación, trabajo, justicia y el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

La inclusión de la voz de las indígenas fue uno de los temas fundamentales que el gobierno mexicano debe incluir en la agenda política, sentenció Cruz Santiago.

“Las mexicanas continúan enfrentando discriminación salarial”

México DF, 8 de marzo, 2001 (María Huerta CIMAC).- En México, en los últimos 25 años, la incorporación de las mujeres en la actividad económica creció 19 puntos, al pasar de 17.6 por ciento en 1970 a 36.8 por ciento en 1997. Sin embargo, este crecimiento no responde a una mejora salarial, pues ellas perciben 11 por ciento menos en sus salarios que los varones.

Se estima que en la actualidad la Población Económicamente Activa (PEA) asciende a cerca de 43.3 millones, de los cuales alrededor de 14.9 millones son mujeres, lo que equivale a una tasa de participación femenina muy cercana a 40 por ciento. Sin embargo, el ingreso de las mujeres por su trabajo es menor comparado con el que reciben los hombres, ellas perciben 11 por ciento menos que los varones, revela el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Los rubros, en donde mayor discriminación salarial enfrentan las mujeres, a decir del INEGI, son como supervisores industriales y funcionarios públicos y privados, pues aquí las mujeres tendrían que contar con un incremento salarial de 45 por ciento para lograr la equidad con sus colegas.

Estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que en los últimos 25 años la tasa de participación femenina se incrementó de 17.6 por ciento en 1970 (del total de mujeres de 12 años y más) a 31.5 por ciento en 1991 y 36.8 en 1997.

A decir de este organismo gubernamental la presencia cada vez mayor de la población femenina en el mercado del trabajo responde a los proyectos de modernización y reestructuración que han tenido lugar en la economía mexicana y a una expresión de la proliferación de estrategias generadoras de ingreso deteriorados con las crisis y los ajustes económicos.

La mayor participación en el mercado laboral se observa entre las mujeres separadas y divorciadas (63.6 y 72.6 por ciento, respectivamente), seguidas por las mujeres solteras (40.4 por ciento). En contraste, las mujeres casadas, viudas o en unión libre tienen una tasa de participación de alrededor de 30 por ciento. El rápido crecimiento de la tasa de participación femenina se registra particularmente en la áreas más urbanizadas.

CAPÍTULO 2. LA MUJER Y EL MUNDO DEL TRABAJO: LOS COSTOS SOCIALES DE UN VERDADERO PROGRESO.

CONQUISTAS

Pese a la gran discriminación contra la mujer, durante los últimos 20 años, el nivel de su participación en la fuerza de trabajo ha ido en aumento, en la mayor parte del mundo. El progreso que se ha realizado es tal que esta tendencia puede describirse como un verdadero fenómeno de feminización de la fuerza laboral y del empleo.

Las estadísticas nos muestran que en 1994, alrededor del 45% de las mujeres entre 15 y 64 años de edad eran económicamente activas. De 1983 a 1992, el promedio anual de crecimiento de mujeres económicamente activas era del 2.1%, duplicando casi el correspondiente número de hombres que era del 0.8%, esto es, en los siguientes países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Islandia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido, Turquía.

América Latina se encuentra entre las regiones con uno de los niveles más bajos, alrededor del 30%, para el grupo de edad entre 15 y 64 años, aunque la participación de la mujer está aumentando y en algunos países y para ciertos grupos de edad, podría haber alcanzado a la del hombre. Los niveles más bajos se registran en los países árabes.

La proporción de mujeres económicamente activas ha sido tradicionalmente mucho más baja que la de hombres, pero en varias regiones del mundo el nivel de actividad de la mujer ha aumentado mientras que el nivel de actividad del hombre ha disminuido ligeramente. Antes, las mujeres eran principalmente amas de casa y en segundo lugar trabajadoras, pero durante los últimos años esta situación ha cambiado considerablemente, la feminización del trabajo es ahora una realidad y todo indica que se trata de un proceso irreversible.

2.2 COSTOS SOCIALES

Sin embargo, este progreso hacia la integración en la fuerza de trabajo ha ido acompañado por un costo social importante. Aunque la mujer se ha beneficiado más que el hombre con los empleos recientemente creados, persiste la desigualdad en la remuneración y ha descendido la calidad del empleo.

En los países industrializados, la creciente participación de la mujer en la fuerza de trabajo resulta de la expansión del trabajo a jornada parcial. En casi todos los países, la búsqueda del rendimiento económico impuesto por la competencia mundial va acompañada de un creciente recurso a la mujer como una fuerza flexible y económica, con la consiguiente limitación de la creación de puestos de trabajo estables y a tiempo completo. El progreso tecnológico ha reducido el número de puestos de trabajo que requieren escasas calificaciones, categoría en la cual tendían a predominar las mujeres. Algunos trabajos que tradicionalmente eran realizados por mujeres se están convirtiendo en obsoletos, incluido el trabajo de oficina, el trabajo de montaje en la industria y las labores agrícolas manuales. Esto favorece el desarrollo de otras formas de trabajos menos típicos, tales como el trabajo a jornada parcial, ocasional, subcontratado o doméstico. Esas formas de trabajo tienden a ser precarias, deficientemente remuneradas, ofrecen menos oportunidades de formación e incluso menos perspectivas de carrera. Pero aún más, estos trabajos difícilmente reciben la protección de la ley, los convenios colectivos o los sistemas de seguridad social. Tal es el caso, por ejemplo, del trabajo a domicilio, que suele ser realizado por mujeres con niños pequeños. Las trabajadoras a domicilio, invisibles y difíciles de organizar, están particularmente expuestas al riesgo de la explotación y a menudo quedan excluidas de la protección y de las ventajas ofrecidas por las leyes del trabajo.

Muy a menudo, estas formas de trabajo se imponen porque las crisis económicas o el reajuste estructural han provocado la reducción del número de puestos de trabajo estables en el sector formal debido a la falta de servicios para la atención de los hijos.

No se debe atribuir exclusivamente el elevado costo de la feminización del empleo a las tensiones causadas por la transformación económica. Prejuicios sociales y culturales constituyen también factores que han contribuido a ese costo, si bien no siempre en el mismo grado en todos los países.

CAPÍTULO 3. LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Si bien hay estadísticas recientes que confirman la existencia de un creciente número de hogares encabezados por mujeres, poco se ha investigado sobre los distintos aspectos de sus condiciones de vida. Su situación merece un examen más detenido, especialmente por el vínculo que existe entre este tipo de estructura familiar y el proceso de feminización de la pobreza.

El porcentaje de hogares encabezados por mujeres aumentó en todo el mundo durante el decenio de 1980. Los factores relacionados con este crecimiento varían de una región a otra en relación con las condiciones sociales, demográficas y económicas. Los factores más importantes son las migraciones, los divorcios, el abandono, los disturbios políticos, la viudez, los nacimientos fuera del matrimonio y, más generalmente, la idea de que los niños son responsabilidad de la mujer.

Las observaciones recientes indican que existen más posibilidades de que los hogares encabezados por mujeres sean más pobres de que lo sean los hogares encabezados por hombres. Por ejemplo, según un estudio estadounidense, el porcentaje de familias pobres, de un solo progenitor es el 18% en Gran Bretaña, el 19% en Alemania, el 20% en Italia, el 21% en Noruega, el 22% en Francia, el 25% en Suiza, el 40% en Irlanda, el 52% en el Canadá y el 63% en los Estados Unidos.

Varios factores explican esta correlación. En primer lugar, estos hogares tienen un mayor número de personas a cargo, es decir, una mayor proporción de personas que no trabajan (los niños y los ancianos). En segundo lugar, son hogares que, por definición, reciben su sostén principal de la mujer, cuyo ingreso medio es inferior al del hombre y tiene menores oportunidades de acceso a empleos lucrativos y a los recursos de producción, tales como la tierra, el crédito y la tecnología. En tercer lugar, las mujeres cabeza de familia deben también asumir por sí solas las responsabilidades familiares y, especialmente en los países en desarrollo, atender a las necesidades diarias, y ello las obliga a optar por empleos o tipos de trabajo que no están bien remunerados (a menudo a domicilio) pero que ofrecen condiciones más compatibles con la educación de los hijos, las obligaciones familiares, y las actividades domésticas.

Los hogares encabezados por mujeres con niños pequeños se encuentran entre los más pobres. Y si no gozan de un nivel mínimo de ingresos, trasmiten la pobreza a los niños. Esto sucede particularmente en el caso de las hijas que a menudo se ven obligadas a abandonar la escuela y a ocuparse de sus hermanos y hermanas mientras sus madres trabajan. Una investigación llevada a cabo en Brasil, Zambia y Filipinas revela que las posibilidades de supervivencia de los niños de estos hogares son notablemente inferiores a las de otros niños. No obstante, también se ha demostrado que cuando la mujer tiene un trabajo bien remunerado, es más probable que utilice una proporción de sus ingresos para el bienestar de sus hijos (educación, nutrición) mayor que la que destinan a ese fin los hombres. En Guatemala, por ejemplo, se ha observado que para alcanzar un nivel similar de nutrición infantil se requieren gastos quince veces mayores si los ingresos proceden del padre y no de la madre.

3.1 LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA, ACOMPAÑADA POR LA FEMINIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

En los países desarrollados, pese al declive de las industrias tradicionales, la reinstalación de algunas actividades productivas en países en desarrollo y el recorte global de los fondos del sector público, el nivel de la actividad económica de la mujer ascendió considerablemente. Ello significa que en el sector doméstico, la exclusión social y el descenso de los niveles de consumo se verían en gran medida compensados por una creciente participación de la mujer en la economía productiva.

Gracias al ingreso de la mujer en el mercado de trabajo, la mayoría de los hogares han podido hacer frente a la reducción de los ingresos reales provocada por la crisis económica. Esto significa que en épocas difíciles, es más probable que la mujer y no el hombre aproveche todas las posibilidades existentes de trabajos o ingresos, incluidas las actividades precarias y el trabajo mal remunerado en el hogar o en el sector informal, trabajos que exigen un cambio de domicilio o la emigración hacia las ciudades o hacia otros países.

En los países en desarrollo, casi 570 millones de mujeres rurales - el 60% de la población rural pobre - viven por debajo de la línea de pobreza. Investigaciones realizadas recientemente por el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA) demuestran que en los países en desarrollo la mujer es quien asegura gran parte de la producción de alimentos. En el continente africano, se estima que producen el 70% de los alimentos. Las mujeres pobres de estos países producen tanto para la venta como para la subsistencia; cuanto más pobres son los hogares, estas dos actividades resultan más duras y más esenciales. El análisis de los efectos de los programas de reajuste estructural en la agricultura africana indica que la creciente carga de trabajo que soporta la mujer podría provocar una nueva crisis de pobreza en la cual los hogares pobres tendrán niveles de mortalidad sin precedentes incluso a pesar de que aumenten los ingresos agrícolas.

Otro factor al que la mujer debe hacer frente es la escasez de servicios sociales. No solamente trabajan más para pagar servicios que antes estaban subvencionados, tales como la enseñanza y la atención de la salud, sino que también deben superar las deficiencias realizando trabajos al servicio de la comunidad. En los países de Europa central y oriental, el efecto más espectacular de la reducción de los gastos públicos y la privatización de las empresas estatales fue la desintegración de la infraestructura social, especialmente con el cierre de las guarderías financiadas por el Estado y de los centros de atención infantil, así como el abandono de la protección de la maternidad, servicios con los cuales las mujeres contaban para poder conciliar sus obligaciones profesionales y familiares.

CAPÍTULO 4. LA MUJER INDÍGENA: SUS DERECHOS Y SU DESTINO.

Como parte de la campaña que condujo al reconocimiento del movimiento indígena internacional, las mujeres indígenas de todas partes del mundo están organizándose y creando sus propias redes y grupos para expresar sus preocupaciones y esperanzas.

Entre las preocupaciones especiales de las mujeres indígenas se incluyen la supervivencia de sus comunidades, de su identidad cultural y el reconocimiento del papel fundamental que desempeña la mujer en los esfuerzos que se realizan por promover los intereses de las poblaciones indígenas en todas partes. Las mujeres indígenas esperan se lleven a cabo reformas en las Constituciones de sus Estados, con miras a incorporar en ellas los derechos de las poblaciones indígenas y que un mayor número de países ratifiquen la Convención No.169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en que se pide que se protejan los derechos de las poblaciones indígenas y tribales.

Un número cada vez más elevado de mujeres están tomando la iniciativa en relación con el apoyo que prestan a sus comunidades y han estado a la vanguardia en lo que respecta a la promoción de la causa de sus pueblos. Rigoberta Menchu Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz e India Maya, fue internacionalmente honrada por su labor de promoción de los derechos humanos de las poblaciones indígenas. La Sra. Menchu vivió en México exiliada de su país natal de Guatemala, que sufrió más de diez años de una guerra civil destructora. Usó su experiencia personal de tortura e injusticia para apoyar su campaña por los derechos humanos de los indios de todas partes. En 1992 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por sus actividades en la promoción de la paz.

Aumenta la participación de las mujeres indígenas en las estructuras políticas nacionales, aunque aún es insuficiente. Algunas mujeres indígenas participan actualmente en la política nacional a los más altos niveles. En Ottawa, por ejemplo, Mary Simon, una esquimal, fue designada la primera Embajadora del Canadá para asuntos circumpolares, las naciones circumpolares son el Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca, bajo cuya autoridad el Gobierno de Autonomía de Groenlandia administra el territorio de 42,000 esquimales. La Sra. Simon se ocupa ahora de cuestiones ambientales y de los efectos de los proyectos de desarrollo sobre las poblaciones.

Hay muchas mujeres más que no son conocidas internacionalmente, pero que están impulsando cambios en sus sociedades. En Colombia, Eulalia Yagari, a la edad de 14 años y contra la voluntad de su padre, fue la primera mujer de su comunidad que participó en una reunión orientada a aumentar la sensibilización del público respecto de la recuperación de las tierras, proceso que ha sido utilizado con buenos resultados por algunos grupos indígenas para recuperar la posesión de sus tierras ancestrales. En la aldea de Eulalia, 900 personas vivían en 60 hectáreas de tierra. Gracias a su labor, se distribuyeron más tierras a su comunidad como resultado de la campaña de recuperación de tierras.

Aunque fue encarcelada durante algunos días, Eulalia prosiguió sus actividades de organización y al final se le otorgó más tierra a su comunidad como resultado de la campaña emprendida por recuperar la tierra.

Las mujeres indígenas encaran problemas enormes. Como la mayoría de las mujeres del mundo, han sido víctimas de la discriminación durante siglos. Pero como mujeres indígenas han sido objeto de una doble discriminación: por ser indígenas y por ser mujeres.

La discriminación de las poblaciones indígenas ha incluido el desalojo por la fuerza de sus tierras tradicionales, la exclusión de las esferas medulares en el plano político, económico y social; y el genocidio.

Como mujeres indígenas, en algunas comunidades, se les ha mantenido con frecuencia en una situación de dependencia. Se les ha marginalizado, se les ha negado el acceso a la tierra o se han visto sometidas a otras formas de discriminación.

En algunas regiones, la condición social de las mujeres indígenas se vio limitada grandemente en el momento de la colonización, con la imposición de nuevos sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. Como se señaló en el Foro de Mujeres Indígenas del Ecuador, celebrado del 7 al 11 de septiembre de 1994, el colonialismo significó la pérdida de las tierras de las poblaciones indígenas, la introducción de un idioma sin sentido de la poesía, de una estructura política y administrativa irracional que no toma en cuenta las leyes de la naturaleza, y la imposición violenta de una religión judaico-cristiana en que la mujer es sinónimo de pecado.

Hubo un tiempo en que las mujeres indígenas desempeñaron un papel importante en sus comunidades: a la par del hombre, tomaban parte en el proceso de adopción de decisiones que afectaban al futuro de todo el grupo. Se les consultaba y sus opiniones eran escuchadas. Se las respetaba.

En muchos casos, la introducción de valores foráneos destruyó este equilibrio. Ello tuvo consecuencias negativas para la relación entre hombres y mujeres, así como para el papel de las mujeres en sus comunidades. Las mujeres fueron relegadas a una posición de importancia secundaria y se quebró la complementariedad tradicional de las funciones de los hombres y las mujeres.

En su vida cotidiana, en el marco de sus familias y comunidades, las mujeres indígenas encaran dificultades que se derivan de la falta de servicios básicos y de una educación deficiente o inexistente, entre otros problemas. Esos factores obstaculizan grandemente su participación en la sociedad.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA.

En términos generales, el enfoque autoritario de la mayoría de los sistemas educacionales que se han impuesto a la población indígena no ha tomado en consideración la importancia de los valores tradicionales y culturales de esas poblaciones. Antes bien, en los sistemas educacionales se ponía el acento en la integración de los grupos indígenas en el molde nacional. Con frecuencia, la mayoría de los niños indígenas no podían adaptarse a esos sistemas y, en consecuencia, en las comunidades indígenas existen tasas de analfabetismo muy elevadas y una escasa preparación educacional. En Bolivia, por ejemplo, los niveles de escolaridad de las poblaciones indígenas son tres años inferiores a los de la población no indígena, y la diferencia es mayor en relación con las mujeres indígenas.

Recientemente se han introducido algunas medidas innovadoras para remediar esta situación. En las escuelas de Guatemala y de Bolivia, por ejemplo, a los niños indígenas se les enseña en su propio idioma, al igual que en español, para ayudarlos a preservar su identidad cultural. En algunas zonas se ha elaborado un sistema educacional para cada comunidad étnica, sobre la base de la diversidad lingüística y cultural.

Una escasa preparación educacional significa que la mayoría de las mujeres indígenas no pueden esperar sino ganar bajos salarios, en el caso de que encuentren trabajo.

En consecuencia, a las mujeres indígenas les resulta muy difícil escapar del ciclo de extrema pobreza, explotación y empleo mal pagado. Según la Organización Internacional del Trabajo, los ingresos devengados por los aborígenes de Australia ascienden únicamente a la mitad del promedio nacional y la tasa de desempleo entre los aborígenes es cinco veces superior a la tasa de desempleo a nivel nacional.

No cabe dudas de que invertir en la mujer - dar prioridad a la educación y la capacitación de la mujer - en última instancia redundará en beneficio de todos los miembros de la comunidad. Y la educación apropiada es especialmente importante para las mujeres indígenas, pues a menudo son ellas principalmente las que conservan y transmiten su rica y diversificada cultura.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES.

A pesar de la existencia de numerosos convenios que garantizan la igualdad de oportunidades y trato, aún persiste la discriminación entre los sexos.

La entrada masiva de mujeres en el mercado laboral ha hecho que la opinión pública y los gobiernos de muchos países comprendiesen la necesidad de combatir las desigualdades y adoptasen una legislación que reflejara la real voluntad política de eliminar la desigualdad de oportunidades basadas en el sexo.

No obstante, a pesar de los derechos reconocidos:

• Las mujeres siguen asumiendo la doble carga de las obligaciones familiares y profesionales.

• Los salarios de las mujeres siguen siendo más bajos que los de los hombres.

• Las mujeres siguen siendo una minoría en los puestos directivos y de toma de decisiones.

• En general, las oportunidades de la mujer quedan limitadas a una franja estrecha de los denominados “empleos femeninos” (trabajo de oficina, servicios, ventas y profesiones liberales a un nivel medio) que en general reciben un salario inferior y son menos valoradas que los empleos tradicionalmente “masculinos”.

Estas tendencias persisten a pesar de que son innegables los éxitos que se han logrado con respecto al acceso a la educación y a la formación profesional. Ya no puede suponerse que las mujeres que llegan al mercado del trabajo están menos preparadas que los hombres. Lamentablemente, en muchos países, las mujeres más jóvenes siguen orientándose hacia las esferas tradicionalmente femeninas de estudios y profesiones, que limitan su capacidad de adquirir las aptitudes científicas y tecnológicas necesarias para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado de trabajo.

Las mujeres son más vulnerables frente a los efectos sociales negativos de la reestructuración y la recesión económica. No obstante, como la situación de las mujeres pobres es distinta de la de otras mujeres o de la de los hombres pobres, no son suficientes las medidas que se adopten para corregir la desigualdad entre los sexos, por eso es necesario luchar porque se complementen esas medidas con actividades adaptadas a las condiciones específicas de las mujeres pobres, que se basen en sus estrategias de supervivencia. Este enfoque tiene en cuenta el vínculo evidente que existe entre el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer y el de la calidad de vida de los niños.

Las medidas encaminadas a combatir la pobreza resultan ineficaces si se considera a las mujeres pobres como beneficiarias pasivas de la seguridad social. Para lograr los mejores resultados es importante hacer hincapié ante todo en el papel de la mujer como sujeto de la actividad económica.

Es necesario incrementar la productividad de la mujer en el trabajo a domicilio y agrícola, ampliando al mismo tiempo sus posibilidades de empleo y aumentando los ingresos que reciben. La transformación de las actividades económicas de la mujer requiere reformas profundas, por ejemplo: políticas que abran a la mujer el acceso a la tierra y a los medios de explotación, al crédito y a la tecnología; medidas financieras que favorezcan el trabajo independiente de la mujer; y programas de formación que las hagan competitivas en el mercado de trabajo. Es preciso concebir un acercamiento más orientado hacia la mujer en la formulación de programas y políticas de desarrollo económico y social.

En cuanto se refiere a la protección social, cada vez es mayor el número de mujeres no protegidas por la legislación del trabajo y que no gozan ni siquiera de las condiciones mínimas ni de los beneficios mínimos de la seguridad social. Incluso en los casos en los que se han adoptado disposiciones legislativas, el empleo precario y la situación económica obliga a los trabajadores a conservar sus puestos de trabajo, y no alienta a las mujeres a exigir que se respeten sus derechos.

En algunos países, los sistemas de seguridad social existentes han pasado a ser cada vez más anacrónicos debido a las transformaciones socioeconómicas y demográficas, dado que se basan en la idea de que el hombre es el sustento del hogar y que la mujer también está a cargo del hombre.

Una forma eficaz de mejorar la situación de las mujeres pobres, especialmente en el sector rural y en el sector urbano informal, es alentarlas para que se organicen y constituyan grupos. Una organización tiene numerosas ventajas y permite a las mujeres movilizar recursos humanos, financieros y materiales, racionalizar su actividad productiva, disminuir los riesgos y costos relacionados con el crédito, fomentar la confianza en sí mismas y adquirir una mayor autonomía, manteniéndose al mismo tiempo unidas y capaces de determinar por sí mismas sus necesidades y prioridades y comenzar las transformaciones que permitan mejorar su situación social y económica.

La realización del potencial de la mujer indígena es la clave para lograr mejores estándares de vida. Las propias mujeres desean que se les dé los medios y las herramientas para aumentar su independencia. El concepto de ejercicio pleno de los derechos de la mujer se ha descrito claramente en las palabras de una aborigen de Australia: "Si sólo has venido a ayudarme, puedes regresar a tu casa. Pero si consideras que mi lucha es parte de tu propia supervivencia, entonces tal vez podamos trabajar juntos."

Se ha producido un cambio elocuente en el concepto general de asistencia técnica, que antiguamente imponía sin consulta previa un determinado tipo de desarrollo en las poblaciones que la recibían, creando así una dependencia a largo plazo. Ese enfoque de arriba abajo resultó ser muy ineficaz. En la actualidad se está poniendo el acento en el fomento de la capacidad para valerse de medios propios y la independencia. Como reza el refrán chino, " si a un hombre le das un pescado, sobrevivirá por un día; si lo enseñas a pescar, él solo se alimentará toda la vida."

La importancia de la participación de la mujer en el proceso de desarrollo de su país se ha reconocido y subrayado en diversos foros de las Naciones Unidas. Algunos organismos de las Naciones Unidas han iniciado programas bilaterales con comunidades indígenas para permitirles que alcancen cierto grado de autonomía económica.

En vista de que muchos hombres de las comunidades indígenas emigran hacia las zonas urbanas en busca de empleo, las mujeres tienen que asumir mayores responsabilidades.

Pese a que participan intensamente en los aspectos económicos de sus comunidades, las mujeres indígenas aún encaran difíciles problemas sociales. La pobreza y la falta de oportunidades de empleo que afectan a esas comunidades dan lugar al alcoholismo, el uso indebido de drogas, la violencia doméstica y la prostitución.

Otra esfera de inquietud para las mujeres indígenas es el limitado acceso a la atención de salud. En el Foro de Mujeres Indígenas del Ecuador, las mujeres señalaron a la atención el deterioro alarmante de las condiciones sanitarias en sus comunidades. Aunque muchas aldeas cuentan con servicios básicos de salud, esos servicios siguen siendo inadecuados y no satisfacen las necesidades de la población.

En 1990, por ejemplo, en el Ecuador murieron 517 niños indígenas de cada 1000 nacidos vivos como consecuencia de infecciones respiratorias e intestinales o malnutrición, enfermedades fácilmente curables. Algunos gobiernos sostienen que la ausencia de instalaciones y servicios médicos adecuados se explica por la lejanía de las comunidades tribales más que por la negligencia, y también por la renuencia de algunos grupos indígenas a utilizar los centros de salud disponibles.

La tenencia de la tierra es un cuestión de importancia para las poblaciones indígenas. En el norte de Arizona, en los Estados Unidos, familias indígenas se han negado a que se les traslade de sus reservaciones, oponiéndose a que promotores inmobiliarios adquieran las tierras y los lugares sagrados de sus comunidades. Para apoyar su posición, un grupo de mujeres de edad avanzada se han organizado y han iniciado un proyecto de tejidos. Con el producto de las ventas de alfombras tejidas a mano, las mujeres proporcionan los ingresos que permiten sobrevivir a las familias que se han opuesto al traslado. Las alfombras se venden en 24 Estados del país y en 1991 los ingresos obtenidos de las ventas ascendieron a 500.000 dólares de los EE.UU.

La determinación de las mujeres indígenas de hacerse cargo de sus destinos se expresa de forma inequívoca en el número cada vez más elevado de mujeres indígenas que están asumiendo un papel rector en sus comunidades y participando en foros nacionales e internacionales. A nivel internacional, el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo brinda una excelente oportunidad a las mujeres indígenas para desarrollar nuevas relaciones con el sistema de las Naciones Unidas y con otros grupos indígenas del mundo, sentando así las bases para una mayor cooperación y comunicación. El fortalecimiento de esas asociaciones potenciará considerablemente los esfuerzos que se realizan a nivel local y nacional para resolver los problemas a que hacen frente las mujeres indígenas de todo el mundo.

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