Ambientalismo corporativo

Medio Ambiente. Conservación. Recursos naturales. Ecología. Sostenibilidad. Mercado global. Problemática. Normativa. Cámara Internacional de Comercio. Casos. Corporación económica ambiental

  • Enviado por: Fernando Rios
  • Idioma: castellano
  • País: México México
  • 17 páginas
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AMBIENTALISMO CORPORATIVO

La adaptación de las sociedades contemporáneas a los retos de sostenibilidad y elevada calidad del medio ambiente requiere de la participación activa de todos los sectores sociales y, de modo muy especial, de las corporaciones económicas. Es precisamente en el ámbito económico donde se realiza la mayor parte de las decisiones sobre el control y el uso de energía disponible, la apropiación de los recursos naturales, o la transformación de la calidad del medio ambiente. No habrá cambio social hacia patrones de sostenibilidad sin una transformación fundamental en la racionalidad que guía las acciones corporativas.

Sería ingenuo pensar que el conjunto de las grandes corporaciones económicas que trabajan actualmente en el mercado internacional ejerce unas funciones de vigilancia y conservación del medio ambiente para las cuales o han sido ideadas. Su objetivo es otro, a saber, la producción o distribución de bienes y servicios bajo el criterio de maximización de beneficio. Sin embargo, este propósito legítimo no se contradice necesariamente con una explotación sostenible y ética de los recursos y del medio ambiente. A largo plazo, economía y ecología coinciden, dado que ambas persiguen un uso eficiente de los recursos disponibles. En buena medida, la incorporación de la problemática ecológica a los planteamientos de las principales corporaciones modernas se ha producido por la extensión de las escalas temporales en sus cálculos de estrategia. Una mayor conciencia de esta convergencia e interdependencia entre los intereses ambientales y los económicos está impulsando reacciones nada despreciables dentro de las empresas transnacionales. Un nuevo “ambientalismo corporativo” surge tanto como respuesta a presiones sociales e institucionales externas, como por la implantación voluntaria de una nueva óptica en el modo de entender la eficiencia y la competitividad dentro de la organización productiva y que está mucho más acorde con la presente situación.

En la siguiente exposición se analizan las fuentes, el contexto y algunos casos concretos de este movimiento internacional hacia la racionalización de las actividades económicas en relación con el uso la distribución corporativa de los recursos naturales y del medio ambiente. La expansión y la mayor competencia en el mercado mundial, así como la transnacionalización de los sistemas productivos, han conllevado una cierta uniformización de estándares ambientales y la difusión de nuevas tecnologías e iniciativas organizativas en materia de medio ambiente.

A lo largo de los últimos años han surgido un conjunto de principios e iniciativas cuyo propósito trata de ajustar los actuales patrones de consumo y producción al objetivo general de sostenibilidad y alta calidad ambiental. Todo ello configura un modelo de organización ideal que de modo tentativo podríamos denominar “corporación ambiental económica”, que no existe en forma pura, pero que sirve de guía en el proceso de modificación de las rutinas y prácticas productivas presentes más nocivas e innecesarias. Este modelo, cuya adoptación es más factible en las grandes empresas, supone una forma de organización burocrática cuyo compromiso y poder son suficientes como para modificar y racionalizar sustantivamente las actuales decisiones de producción, distribución y consumo que afectan al medio ambiente y la utilización de los recursos naturales. Existen otros tipos de corporaciones ambientales que actúan tanto en el nivel global como local en el campo de la cultura o la política, aunque éste no es el lugar para establece runa clasificación y un examen minucioso de ellas.

  • SOSTENIBILIDAD Y MERCADO GLOBAL

  • El deseo universal de consumir una mayor cantidad y, aparentemente, una mejor calidad de productos industriales constituye una de las características más sobresalientes de la cultura global contemporánea. La presente expansión exponencial del comercio en el nivel mundial debe mucho a ello, así como al desarrollo de una tecnología y de unas instituciones internacionales estables. La propia definición de lo que se ha llegado a entender como calidad de vida, al menos para una tercera parte acomodada e influyente de la población del planeta, conlleva este requisito de consumo de bienes industriales. Sin embargo, cada vez surgen más voces críticas sobre la imposibilidad de mantener indefinidamente los ritmos actuales de utilización de energía y de recursos o de generar las ingentes cantidades de residuos y contaminantes del presente. Más inviable aun parece ser que los patrones de consumo y producción vigentes en los países occidentales puedan extenderse y generalizarse al resto de la población del planeta. Desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 a la de Río de Janeiro en1992, pasando por los informes del Club de Roma sobre los Limites de Crecimiento y el influyente informe Nuestro Futuro Común, de la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente, la mayoría de los organismos internacionales han coincidido en la necesidad de establecer nuevas orientaciones económicas, sociales y políticas que hagan compatibles el crecimiento económico con el uso sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de la calidad ambiental.

    El mercado internacional tiene un papel ambiguo en materia de medio ambiente y de sostenibilidad. Por un lado, si el sistema de comercio es estable y operativo, ello permite a cada país ofrecer aquella producción que supone un uso más eficiente d recursos bajo sus condiciones geográficas, ambientales y sociales. A la vez, el comercio mundial puede tener un efecto positivo en la transferencia de tecnologías más eficientes, la difusión de información o la mejora de estándares ambientales en determinados países. Sin embargo, cuando no se efectúa bajo ciertas condiciones institucionales, cada una de estas virtudes puede comparar también un efecto perverso. Así, por ejemplo, demasiada especialización productiva en un país puede dar lugar a un excesivo monocultivo e intensificación, lo cual puede tener un impacto negativo sobre el mantenimiento de su diversidad biológica. Un ritmo elevado de crecimiento económico originado a la causa de una rápida expansión comercial puede ser superior a la capacidad de un país para crear el imprescindible tejido institucional que evite fuertes desigualdades, desintegración social o efectos ambientales no deseados ni necesarios. Al mismo tiempo, es frecuente que el precio de la mayoría de las mercaderías comercializadas no incorpore el coste real de los recursos y de la energía empleada, ni tampoco integre los costes procedentes de externalidades negativas ocasionadas en su transporte o producción. Por ello, en el documento Agenda 21 confeccionado en 1992 en la conferencia de Río de Janeiro bajo los auspicios de l Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo se señala que un sistema multilateral de comercio que favorezca la distribución óptima de la producción global puede contribuir al desarrollo sostenible, siempre y cuando se haga bajo unas políticas ambientales correctas; que el sistema de comercio mundial debería permitir vender con éxito aquellos productos procedentes de los productores más eficientes; y que si los países pobres pudiesen ganar más de sus exportaciones, entonces tendrían más recursos para invertir en el desarrollo sostenible. Por tanto, por lo que al comercio se refiere, los países en vías de desarrollo deberían diversificar sus exportaciones y cooperar entre ellos, a la vez que los países más ricos deberían evitar las distorsiones en la competencia internacional derivada de subsidios u otras formas de proteccionismo y ayudar en la financiación e inversión hacia formas de desarrollo sostenible en los países más pobres (ONU, 1993). En suma, la expansión del comercio mundial no es necesariamente maligno para el medio ambiente o, al menos, sus efectos no son peores de lo que conlleva el mismo crecimiento económico. En realidad, para la consecución del desarrollo sostenible hace falta un cierto nivel de crecimiento y un cierto nivel de comercio, siempre bajo unas instituciones adecuadas.

    El comercio mundial de mercaderías ha crecido en la última década a un ritmo dos veces superior que la producción y, en algunos sectores como los servicios, el crecimiento ha sido aún más rápido. Actualmente, una cuarta parte del producto mundial se debe al comercio. En la situación presente, el comercio no solo se ha convertido en uno de los principales medios para conseguir un crecimiento económico, sino que también constituye un importante instrumento de castigo y de control internacional a un determinado país. Sin embargo, en este último caso y tal como se ha visto en los embargos y sanciones comerciales recientes a Serbia o a Irak, las consecuencias sociales y ambientales pueden ser desastrosas y contrarias a las deseadas. A pesar de ello, la liberalización del comercio mundial está sujeta a fuertes presiones sociales, discusiones éticas y perjuicios culturales y políticos de índole muy diversa, entre las cuales también se encuentran las relativas al medio ambiente y a los derechos de los animales. Por ejemplo, algunos países ven en la introducción de determinados productos tan elementales como determinadas bebidas refrescantes o productos de higiene el inicio de la modificación de sus estilos de vida y la imposición del modelo occidental. Del mismo modo, cada país, en función de su nivel de renta, su desarrollo tecnológico, su cultura y su sistema político, dispone de distintas regulaciones ambientales aunque los tratados internacionales de comercio tienen el objetivo de eliminar aquellas barreras nacionales constituidas por aquellos estándares nacionales que supongan una carga discriminatoria a la libre competencia.

    El incremento de problemas ambientales internacionales de índole muy distinta, desde la disminución de recursos como el agua o la pesca, la contaminación transfronteriza, o el calentamiento global de la tierra, ha impulsado la necesidad de las diversas naciones de intentar encontrar soluciones conjuntas. Actualmente, es un hecho indiscutible que las actividades que los diferentes países realizan en el interior de sus fronteras no solo inciden en terceros sino que en buena parte están condicionadas a lo que sucede en el exterior. La regulación de los procesos que afectan nuestro entorno ha surgido como un imperativo inaplazable, especialmente en un momento en el que un gran número de instituciones que deberían tratar estos problemas se vuelven obsoletas incluso antes de que se hayan consolidado. En los últimos dos decenios la actividad diplomática internacional y legislativa en materia ambiental ha sido muy intensa, lo que ha dado lugar a la proliferación de textos leales de carácter internacional que incorporan provisiones relacionadas con el medio ambiente, cifrándose ahora en torno a los 900. Por lo que se refiere a las regulaciones ambientales que afectan el comercio internacional, sobresalen la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES, de 1973), la Convención de Basilea sobre los Movimientos Transfronterizos y Depósito de Residuos Peligrosos (de 1989), y la Convención de Viena, el protocolo de Montreal y la extensión del Tratado sobre la protección de la capa del ozono (de 1987, 1990 y 1992 respectivamente).

    Las regulaciones ambientales de estos tres últimos convenios internacionales prevalecen, en caso de conflicto, por encima de lo establecido en el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA), aunque no sucede lo mismo en el caso del Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT). La finalización en 1994 de la Ronda de Uruguay del GATT estableció las nuevas bases para una mayor expansión del libre comercio mundial y creó la nueva Organización Mundial de Comercio (WTO) para vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Sin embargo, la WTO no permite prohibir la importación de productos que hayan sido fabricados en procesos más contaminantes que los permitidos en el país importador, incluso cuando tal contaminación afecta a la nación importadora a través de un impacto transfronterizo o a través de sus propios intereses en el patrimonio mundial común. A pesar de que el artículo 20 del GATT expresamente permite llevar a cabo las acciones que san necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal, en la práctica esta provisión no ha tenido los efectos esperados. En un famoso contencioso en el que los Estados Unidos impusieron unilateralmente la prohibición de importar atún procedente de México, dado que las flotas pesqueras de este país ocasionaban la muerte anual de uno 30 000 delfines. El GATT consideró que la acción de aquel país había sido discriminatoria, ya que solo prohibía la importación procedente de este país. De este modo, la denuncia de México por violación del derecho a vender atún a los Estados Unidos prosperó. Así, el Secretariado del GATT establece que un país puede prohibir la importación de un producto por motivos ambientales solo en tanto que tales estándares no sean discriminatorios entre la producción nacional y la extranjera. Este ejemplo muestra que, aunque un comercio sostenible y justo puede constituir una de las mejores formas de cooperación internacional, por lo que se refiere al estado actual de las negociaciones del comercio mundial, y en particular al GATT, los intereses de liberalización comercial aún prevalecen sobre los de conservación del medio ambiente, lo cual deriva en un desarrollo comercial no sostenible a largo plazo (cf. Charnovitz, 1992; Brack, 1995; French, 1993).

    En los años setenta, los informes del Club de Roma hicieron u llamamiento a la necesidad de limitar los patrones de crecimiento surgidos a partir de la posguerra en los países industrializados. Acontecimientos internacionales como las dos Conferencias para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la ONU -de 1972 y 1992- reiteraron buena parte de aquellas advertencias. Sin embargo, es notorio que el énfasis actual no se centra tanto en los límites sino más bien en la posibilidad de superarlos. Por ello, en el presente contexto ahora se emplean más las no poco discutidas nociones de consumo y producción sostenibles (Witoelar, 1995; Hunter, 1995). Sin embargo, no deben confundirse la noción de sostenibilidad y la de calidad ambiental, por lo que un mercado puede ser sostenible, al menos a corto y mediano plazo, a cambio de un progresivo empeoramiento del medio ambiente (D. Tabarra, 1996). Ambos son conceptos ambiguos, por lo que la sostenibilidad se puede definir en función de dos extremos elementales, las necesidades sociales, por un lado, y las capacidades de cara de los ecosistemas, por otro. Y, al mismo tiempo, la calidad del medio ambiente puede evaluarse en función de parámetros más cercanos a los intereses de las sociedades humanas o a base de parámetros más cercanos a los intereses de las sociedades humanas o a base de parámetros más relacionados con la preservación de otras formas de vida no humana. Sirva anotar ahora simplemente que en la práctica surgen tantas concepciones de sostenibilidad como intereses sociales en juego en cada contexto social particular, por lo que es necesario remitirnos a dos de las definiciones más o menos relacionadas en estos momentos. En primer lugar, la definición más popular, y quizás también la más ambigua, fue detallada en 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente en su informe Nuestro Futuro Común. Por otro lado, la Unión Mundial para la Naturaleza, el Fondo Mundial de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su Segunda Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, UNEP, WWF; 1991) consideraron que una sociedad es ecológicamente sostenible sí:

  • Conserva los sistemas ecológicos que mantienen la vida y la sostenibilidad.

  • Garantiza que el uso de los recursos renovables es sostenible y reduce al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables.

  • Permanece dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas de soporte.

  • Así, para que exista un mercado y que éste sea sostenible es necesario que la producción que configura la oferta de bienes comercializables no se realice a una tasa de explotación de los ecosistemas superior a su tasa de renovación. Ante la actual situación de expansión del mercado global, la demanda de muchos bienes ambientales tiende a ser infinita, por lo que los límites a la oferta vienen dados por la tecnología disponible, las instituciones y los modos de organización social, y, sobre todo, por las condiciones ecológicas en que se lleva a cabo el proceso de producción. Y es en este sentido en el que las corporaciones económicas tienen un papel fundamental en la consecución de niveles sostenibles de producción y consumo que garanticen una adecuada calidad del medio ambiente.

  • RESPUESTAS CORPORATIVAS

  • Principios y códigos

  • El origen intelectual de las reformas concretas que se están realizando en el seno de las corporaciones económicas modernas es diverso, aunque sin lugar a duda el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (UNEP), iniciado en 1972 como resultado de la Conferencia de Estocolmo, ha tenido un papel decisivo. El citado programa publica desde 1975 la revista Industria y Medio Ambiente en tres idiomas (inglés, francés y español), la cual constituye una inapreciable fuente de estudios de caso y experiencias relevantes en este ámbito. Muchos de estos principios fueron recogidos en la conferencia de Río de Janeiro en el documento Agenda 21, un acuerdo no vinculante donde se estipulan las recomendaciones que deberían adoptar todas las naciones de la tierra con el fin de permitir un desarrollado económico que no hipoteque los recursos futuros y que sea viable con la capacidad de carga del planeta. Con este objeto sería necesario alcanzar patrones de consumo y producción sostenibles, mediante el seguimiento de los siguientes principios (ONU, 1993):

  • Promover una mejor utilización de la energía y de los recursos: potenciando la investigación, el desarrollo y la difusión de tecnologías a la vez más eficientes y ecológicamente racionales.

  • Reducir al mínimo la producción de residuos: promoviendo el reciclaje, minimizando los embalajes superfluos y potenciado los productos ambientalmente respetuosos.

  • Orientar y sensibilizar las decisiones de los particulares hacia productos ecológicamente racionales: proporcionando a los consumidores información basada en criterios y métodos rigurosos y aceptados, que sirvan para evaluar su impacto ambiental, y realizar una elección consciente y adecuada.

  • Reorientar el consumo público: el sector público, como uno de los principales consumidores en las economías industrializadas actuales, tiene un papel especialmente relevante en la consecución del desarrollo sostenible.

  • Dirigirse hacia sistemas de fijación de precios ecológicamente racionales: determinadas energías y materiales y la producción de residuos. Los instrumentos fiscales pueden ser muy útiles al respecto.

  • Reforzar los valores afines al consumo sostenible: a través de campañas educativas y una publicidad positiva para aquellos productos ambientalmente sostenibles.

  • Por otro lado, según el citado informe Nuestro Futuro Común, elaborado en 1987 por expertos procedentes de 21 países, la respuesta empresarial ante la presente problemática de medio ambiente ha consistido principalmente en cuatro grupos de acciones:

  • El desarrollo y adopción de energías que permiten la reducción relativa de la contaminación y de otros impactos ambientales negativos.

  • El incremento de los gastos dirigidos a medidas de control de las industrias contaminantes.

  • El diseño por parte de las corporaciones económicas de sus propias políticas ambientales innovadoras.

  • La publicación por iniciativa de las organizaciones nacionales e internacionales de empresarios de códigos de conducta ambiental cuyo seguimiento ha sido aceptado por un número notable de compañías (WCED, 1987).

  • En los dos documentos se destaca que la respuesta de la industria ante los problemas actuales de medio ambiente no debe limitarse al simple cumplimiento de la normativa vigente. La industria y el comercio tienen un papel decisivo e ineludible en la tarea común de asegurar un desarrollo sostenible acorde con una elevada calidad del medio ambiente. Deben constituirse como agentes activos en la introducción de nuevas tecnologías, procesos y estrategias ambientalmente sostenibles en todos los niveles. Por lo tanto, según la Comisión Mundial, las nuevas tácticas empresariales deberían orientarse a “producir más con menos”, lo que significa reducir el consumo unitario de recursos por unidad producida, disminuir la generación de residuos y ofrecer unos artículos finales más duraderos y de mejor calidad.

    En la línea de los códigos de conducta y las acciones voluntarias por parte de la empresa, la Cámara Internacional de Comercio promulgó una Carta de los Negocios para el Desarrollo Sostenible, cuyos signatarios se comprometen a seguir los siguientes 16 principios (Smart, 1992, 78-81):

  • Reconocer el papel decisivo que tiene la gestión ambiental de las corporaciones económicas en el desarrollo sostenible.

  • Llevar a cabo una gestión integrada de las diferentes funciones empresariales.

  • Realizar un proceso continuo en la mejora ambiental.

  • Educar y formar al personal de forma ambientalmente responsable.

  • Realizar la evaluación de impacto ambiental antes de empezar antes de empezar otro proyecto nuevo, desmontar una instalación o abandonar un lugar.

  • Desarrollar productos sin impacto ambiental indebido y eficientes desde la perspectiva de los recursos, los residuos y la energía.

  • Aconsejar y educar al público, consumidores y distribuciones.

  • Desarrollar instalaciones y operaciones ambientalmente respetuosas y eficientes.

  • Investigar los impactos ambientales de los materiales, productos, procesos, emisiones y residuos derivados de las propias actividades.

  • Seguir el principio de la precaución y evitar daños ambientales graves o irreversibles.

  • Influir sobre los proveedores en estos principios.

  • Desarrollar y mantener planes de emergencia donde existan riesgos notables.

  • Contribuir a la trasferencia de tecnología ambientalmente respetuosa.

  • Contribuir al esfuerzo e iniciativas comunes para mejorar la conciencia pública y la protección al medio ambiente.

  • Abrir el diálogo con el público, anticiparse y responder a sus preocupaciones sobre operaciones, productos o residuos.

  • Medir y auditar regularmente el cumplimiento ambiental y distribuir la apropiada información al consejo de dirección, a los accionistas, a las autoridades y al público.

  • Al mismo tiempo, uno de los documentos más discutidos sobre industria y medio ambiente fue realizado en 1992 por le Business Council for Sustainable Development para la Conferencia de Río de Janeiro, bajo la coordinación del industrial suizo S. Schmidheiny (1992). Esta obra, Cambiando de curso, recoge un análisis único de la problemática ambiental a partir del examen de treinta y ocho estudios de casos y la experiencia de cincuenta líderes de empresas multinacionales, con el fin de analizar la aplicabilidad corporativa de los planteamientos del desarrollo sostenible. En este trabajo, se pone de manifiesto no solamente la necesidad de reorientar los negocios y la actividad empresarial, sino también la posibilidad de llevar a cabo con éxito estas nuevas prácticas. El reto ambiental dentro de la organización pasa por la adopción y la generalización de nuevas tácticas que permitan alcanzar la “ecoeficiencia”, aunque para ello se requiere una actitud positiva por parte del empresario:

    La ecoeficiencia no se alcanza simplemente con un cambio tecnológico. Sólo se logra a través de cambios profundos en los objetivos y en los supuestos que guían las actividades corporativas, y la modificación de las prácticas y herramientas que se usan para alcanzarlas. Esto significa una ruptura con la mentalidad hacer “negocios -como- siempre” y con el juicio convencional que deja a un lado las preocupaciones ambientales y humanas (Schimidheiny, 1992, 10).

    En el plano de las actividades específicas, el libro recoge catorce actuaciones que los productores pueden llevar a cabo para mejorar sus artículos e incrementar sus niveles de ecoeficiencia. Se trata de opciones tanto de producción como de venta que el empresario debe decidir bajo su propio criterio y que en concreto son las siguientes:

  • Eliminar o sustituir el producto en cuestión.

  • Eliminar o reducir sus ingredientes ambientalmente nocivos.

  • Sustituir materiales o procesos ambientales preferibles.

  • Disminuir peso o reducir volumen.

  • Producir productos más concentrados.

  • Producir en masa.

  • Combinar las funciones de más de un producto.

  • Producir menos modelos o estilos.

  • Rediseñar los productos para un uso más eficiente.

  • Incrementar la vida del producto.

  • Reducir los embalajes superfluos.

  • Mejorar la reparabilidad.

  • Rediseñar para la reutilización por parte del consumidor.

  • Remanufacturar el producto.

  • Algunos autores han denominado al conjunto de estas nuevas estrategias encaminadas a hacer compatible las actividades económicas el uso sostenible de los recursos y la preservación del entorno como una verdadera “nueva revolución industrial” (Flavin y Young, 1993). El nuevo sistema productivo debe beneficiarse de la incorporación de los últimos avances tecnológicos en materia de eficiencia energética, uso de materiales y sistemas de distribución. En este sentido, R.U. Ayres (1989) ha popularizado el concepto de “metabolismo industrial”, como aquel proceso en el que la producción industrial es sostenible a largo plazo, donde todos los materiales son reciclados dentro del sistema y la dependencia de energía y de recursos externos no renovables se sitúa en niveles mínimos. Ayres muestra algunos ejemplos de este proceso, que es válido tanto en las organizaciones como en regiones determinadas, aunque también admite que la situación real está muy alejada de aquel estadio ideal. En las pequeñas empresas, sin embargo, es probable que su ajuste y la incorporación de ecotecnologías suponga unos coses relativos más elevados, por lo que es razonable que reciban un mayor apoyo y un trato diferencial por parte de la administración.

    En suma, las empresas que se están adaptando a los requerimientos de sostenibilidad y mejora ambiental lo hacen o bien por los cambios que han ocurrido en el contexto externo donde desarrollan sus actividades, o bien por iniciativas internas que responden a valores o a intereses de los miembros de la propia empresa. En una corporación ambiental ideal, los anteriores principios relativos a los recursos naturales y claridad del entrono serían incorporados de manera transversal en el conjunto de funciones que se llevan a cabo dentro de la gestión normal de la empresa, y no solo en sus sistemas de producción.

  • Casos y estándares

  • El ambientalismo corporativo está configurado por un conjunto muy amplio y muy diverso de experiencias empresariales, que responden también a muy diversas motivaciones internas y presiones institucionales. Sin embargo, el denominador común de estas nuevas estrategias es el cambio en la actitud y en las acciones llevadas a cabo dentro de las unidades de producción de bienes y servicios que sean más acordes con los imperativos de sostenibilidad ecológica y elevada calidad ambiental. Por tanto, no se trata de ejemplos aislados e irrepetibles, sino más bien de un proceso múltiple y dinámico en constante transformación. En las siguientes líneas se comentan las razones que han llevado a determinadas empresas transnacionales a reaccionar al reto ambiental, así como algunas de sus respuestas más comunes.

    En las últimas décadas, importantes grupos ambientalistas han ido presionando a un buen número de empresas hasta el punto de que estas últimas se han visto obligadas a modificar sus prácticas más nocivas. La influencia de asociaciones de defensa del medio ambiente se ha ejercido principalmente mediante dos canales, uno directo, sobre las actividades de la propia empresa, y otro indirecto, a través de la creación de legislación o la denuncia de actividades legales pero ambientalmente nocivas. Algunas estrategias directas especialmente contundentes de estas organizaciones han afectado de forma nada despreciable a ciertas prácticas empresariales internacionales.

    Así, por ejemplo, los sabotajes ecológicos o “ecotajes” han tenido cierta importancia, como lo fue el hundimiento de dos barcos balleneros en Islandia por parte de la organización Sea Sheperd Society, o como lo constituyó el envío de explosivos a comerciantes de pieles británicos por parte del grupo Animal Liberation. En algunos casos, la autojustificación que se aporta de estas acciones ilegales es que las actividades que realizan las empresas contra quienes se enfrentan también son ilegales. Sin embargo, lo más frecuente es que las estrategias de los ecologistas se enmarquen dentro de la legalidad y consistan en campañas de desprestigio corporativo o actividades de denuncia jurídica. Entre las primeras destacan las acciones de investigación e información pública sobre los efectos nocivos del consumo de los procesos de producción de determinados artículos, así como la revelación de falsas afirmaciones sobre lo “ecológico” de su contenido o embalaje. El objeto de las segundas es la creación o modificación de legislación, así como la presión administrativa para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

    El problema de estas intervenciones es que a menudo se realizan sobre hechos consumados, una vez que el daño sobre el entorno ya se ha producido. Por este motivo, ante la presión directa o indirecta que han ejercido los grupos de defensa del medio ambiente, muchas de las modernas corporaciones económicas han llegado a la conclusión de que la postura menos rentable era la confrontación. Negociar y colaborar ha constituido probablemente la salida más conveniente para los intereses de estas compañías y, en algunos casos, también para las reivindicaciones ecologistas. Los canales de negociación y colaboración han sido múltiples y no solo de tipo económico. Algunas organizaciones internacionales de defensa del medio ambiente han empezado a ofrecer a las empresas servicios de evaluación de impacto ambiental y a diseñar proyectos de conservación y de gestión de espacios naturales.

    Y, al mismo tiempo, aquellas corporaciones que han llevado a cabo modificaciones en sus procesos productivos han abierto sus puertas a determinadas inspecciones por parte de estos grupos, lo cual ha proporcionado una imagen pública muy favorable. Modificar procesos y colaborar con los grupos ambientalistas y la administración ha demostrado no ser ni una quimera ni un objetivo imposible, siempre y cuando se hayan construido los adecuados canales para actuar conjuntamente en la resolución de los problemas ambientales.

    Sin embargo, en un estudio realizado sobre una muestra aleatoria de 169 empresas en el Reino Unido en donde se analizaban las razones que daban los empresarios por haber llevado a cabo laguna innovación tecnológica en materia ambiental, aparecía como causa menos influyente las campañas ejercidas por los grupos ecologistas. Por el contrario, el principal motivo era la obligatoriedad de adaptación a la regulación ambiental de la Comunidad Europea. La posibilidad de incrementar la cuota de mercado y los ahorros derivados de uso más eficiente de materiales y energía también constituían importantes factores de innovación tecnoambiental, tanto en productos como en procesos, aunque estas razones aparecían menos representadas que la conformación o incluso la anticipación a la normativa vigente (Green, McMeekin e Irwin, 1994). De este modo, adoptar una postura más activa que reactiva en materia ambiental dentro de la corporación, aunque también ha aportado unas ventajas que exceden con creces sus costes.

    La integración de innovaciones en el proceso de producción, antes de que constituya una exigencia por parte de la administración o la aceptación de un nivel de calidad ambiental superior al demandado por esta última, permite aumentar la capacidad de negociación de la empresa ante una nueva legislación, establecer un calendario más adecuado, o incluso orientar la creación de una nueva normativa ambiental hacia los propios estándares. Si bien una mejor regulación puede incrementar la ecoeficiencia de los procesos productivos, ampliar la información y mejorar la calidad final del producto, en ningún caso debe limitar la capacidad y la iniciativa del empresario para incorporar nuevas innovaciones voluntarias en sus procesos de fabricación y distribución. Así, por ejemplo, según S.R. Taylor (1992), la multinacional de electrodomésticos AEG adoptó a finales de los ochenta un diseño completo del ciclo de vida en algunos de sus productos, y ofreció artículos más eficientes tanto en el uso de agua y energía como de los propios detergentes. Ello permitió a la empresa recuperarse de un estado de cuasi quiebra y situarse de nuevo en una posición ventajosa ante sus rivales. Los beneficios en términos de competitividad al desarrollar una gestión más ambiental e integral en la empresa son, pues, evidentes, por lo que no ha y por qué esperar que tales cambios siempre procedan de presiones sociales o institucionales externas.

    Al margen de desarrollar mejoras dentro de los procesos productivos de cada compañía, algunas empresas transnacionales han respondido de manera muy imaginativa a fin de compensar el impacto inevitable que sus actividades realizaban sobre el medio ambiente. Por ejemplo, la corporación eléctrica americana AES emprendió una estrategia ambiental dirigida a fijar la parte de dióxido de carbono emitida por sus centrales mediante un proyecto de plantación con materia orgánica. Este “secuestro del carbón” se está llevando a cabo mediante la financiación de un programa agroforestal en Guatemala durante un periodo de cuarenta años, al final del cual l volumen de CO2 fijado por la nueva biomasa será superior al emitido por la propia empresa (Smart, 1992). Otras corporaciones han ejercido un papel destacado en materia ambiental mediante una mayor presión sobre sus proveedores o una mejor información al consumidor. Por ejemplo, una destacada marca internacional de supermercados, Maks & Spencer, envió un grupo de expertos a Brasil para comprobar si la carne de buey que recibía había sido producida en pastos de zonas desforestadas; asimismo, la empresa danesa de alimentación IRMA fue la primera en su país en anunciar la composición de sus embalajes (Beaumont, 1992; Taylor, 1992). Así, desde el punto de vista de la imagen, la estabilidad y la valoración de la empresa, también los mercados financieros aprecian más aquellas corporaciones transnacionales que basan sus decisiones en amplios periodos de tiempo y que no están sujetas a complicaciones de tipo ambiental.

    Igualmente, algunas empresas internacionales comprometidas en la protección efectiva del entrono han intentado colaborar financieramente con las organizaciones ambientalistas o en proyectos de investigación ambiental con las universidades. Sin embargo, no es de extrañar que se haya dado la lógica ironía de que muchas de las corporaciones que han contribuido de mayor modo en estas asociaciones son, a la vez, aquellas que realizan actividades con un mayor impacto ambienta. La esponsorización por parte de fundaciones ha sido decisiva en la creación de nuevos grupos conservacionistas, como fue en Estados Unidos la participación de la Ford Foundation en la formación del Natural Resource Defense Council, del Environmental Defense Fund o del mismo Sierra Club. En general, las ayudas por parte de las corporaciones económicas a las entidades ambientalistas están condicionadas por un conjunto de factores, como lo constituyen la organización, el tamaño y la estructura del grupo en cuestión. Igualmente, el grado de radicalismo o agresividad de la asociación ha sido un elemento importante a la hora de decidir la aportación económica. Frecuentemente, las empresas que han participado financieramente con estos grupos se han dirigido a organizaciones grandes, moderadas y mínimamente corporatizadas, que pudiesen ofrecer informes contables fiables sobre el destino de los fondos empleados y dispusiesen de un liderazgo visible. La probabilidad que las corporaciones económicas entrasen en la financiación de las entidades ambientalistas aumentaba si estas últimas garantizaban algunos beneficios en términos de “limpieza de imagen” o de refuerzo de la cuota de mercado. No obstante, no se debería suponer que por el hecho de aportar ayuda financiera a estos grupos sus objetivos o sus estrategias se moderarán. El incremento de recursos, tanto humanos como materiales, generalmente deriva en cambios en la organización de estas entidades ambientalistas y en un mayor número de compromisos, aunque éstas a la vez disponen de mayores medios para actuar en otros ámbitos.

    La cuestión ambiental ha modificado la visión contemporánea de la moralidad y ello también ha afectado a las grandes empresas. La existencia de valores en conflicto e incluso la imagen de inmoralidad de los objetivos de la corporación ha demostrado que puede traducirse en falta de motivación e identificación del trabajador con la entidad. Por ello, ya no sorprende que en la selección de personal de algunas corporaciones internacionales se empiece a evaluar la integridad ética de candidatos muy diversos en base a cuestiones relacionadas con el medioambiente, como es el caso de la empresa británica British Telecom. (R.S. Taylor; 1992). Al mismo tiempo, disponer de una buena imagen aumenta las posibilidades de colaboración con la administración y de obtener ayudas o permisos que otras corporaciones privadas igualmente eficientes no podrían conseguir. Ante esta situación, los sistemas contables y financieros también se están adaptando a las nuevas demandas, bien integrando costes ambientales no contabilizados hasta la fecha o bien rehusando fuentes e financiación cuyos orígenes se sabe que son ambientalmente nocivos. Algunas entidades financieras internacionales han comenzado a crear fondos de inversión “ambientalmente éticos”, como el Merlín International Green Inversment Trust, mientras que otras, por ejemplo, han creado tarjetas de crédito y otros sistemas de pago que contribuyen a algunas organizaciones ambientalistas internacionales, como el World Wildlife Fund. Así, aquellas empresas comprometidas en la causa ambiental pueden usar estas vías alternativas de financiación. En suma, se trata también de un conjunto de decisiones la mayoría de las cuales implica un importante contenido ético y personal.

    En muchos países, en el sector de la industria química se sitúan las empresas con una peor imagen y una mayor desconfianza en temas ambientales por una parte del público. Por ejemplo, fue notoria la intervención en Italia en 1989 de grupos ambientalistas en la asamblea general del gran grupo químico Montedison. En aquella ocasión, los verdes compraron 2,0000 acciones con el fin de repartirlas entre 400 socios y, de este modo, pedir (aunque simbólicamente, dada su poca representatividad) medidas sustantivas de saneamiento ambiental. Ante esta percepción pública negativa, y tal y como destaca Smart del World Resoruce Institute (1992), las empresas químicas canadienses lanzaron en 1985 un amplio programa de acción, patentado bajo el nombre de “cuidado responsable”, cuyo objeto era el de crear nuevos mecanismos de información al público y de compromiso corporativo en temas de riesgos ambientales. El programa consistía en la adhesión voluntaria por parte de las empresas a diez principios básicos, entre los cuales figuraban aspectos de responsabilidad ante las comunidades locales y el medio ambiente, así como otros relativos a la salud de sus trabajadores y al estado de instalaciones y procesos productivos. Ante el éxito de la iniciativa, 175 empresas de los Estados Unidos se incorporaron al programa en 1988. El simple hecho de abrir el escrutinio público una notoria cantidad de información que hasta la fecha permanecía dentro del dominio corporativo hizo reaccionar a muchas empresas del sector mucho más allá de lo que en un principio se podía suponer. En este sentido, la Comunidad Europea también aprobó en 1993 el reglamento referente a la auditoria ambiental en la empresa, como sistema voluntario de adscripción de estándares ambientales al proceso de producción y no al producto. Entre lo más destacado de la nueva normativa está la exigencia de informar al público del cumplimiento y las responsabilidades legales a la empresa en temas de medio ambiente. De este modo, la combinación de una mayor información y fiscalización por parte del público y de un mayor compromiso por parte de las empresas puede constituir una forma muy eficiente para la mejora ambiental y que, en ciertos casos, puede evitar recurrir a la intervención por parte del Estado.

    Sin embargo, ante estas iniciativas algunos observadores han criticado que la reducción de emisiones y la mejora en el uso de materiales, de agua o de energía en estas grandes empresas solo se ha realizado por unidad de producto, pero no en cifras absolutas. Así, por ejemplo, la multinacional 3M -Minnesota Mining and Manufacturing afirmaba que a través de más de 450,000 toneladas, además de haber ahorrado 420 millones de dólares durante loa quince años de vigencia de su programa ambiental “3P” (Pollution Prevention Pays). Sin embargo, los valores absolutos de las emisiones de esta compañía siguen creciendo, y la corporación ha seguido siendo penalizada varias veces por la EPA americana y llevada a juicio por diversas asociaciones ecologistas (Levy,1994).

    Una de las respuestas más frecuentes que las corporaciones económicas han realizado ante la cuestión ambiental ha sido el ya mencionado marketing ecológico. Los productos “verdes” se venden menor y, estos productos no protegen el medio ambiente. En todo caso, su consumo puede tener un menor impacto ambiental, pero sigue existiendo. En este sentido se puede decir que no existe ningún producto ecológico, con excepción de aquellos que produce espontáneamente la naturaleza sin intervención del hombre. Sin embargo, es evidente que en todo caso la categorización social de un bien o servicio con tal denominación lo que sí permite es ofrecer al consumidor una mejor información sobre ciertas características de algunos de los artículos que consume.

    El éxito de estos artículos en Entados Unidos fue espectacular a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta. En 1985 únicamente había en el mercado 24 productos “verdes”, mientras que sólo en los seis primeros meses de 1990 ya había 308, lo que suponía un 9.2% del total de los nuevos productos introducidos en el mercado. La existencia de buenas perspectivas de extender las oportunidades de negocio en el campo de los productos “verdes” ha originado estrategias claramente oportunistas que nada tienen que ver con la voluntad o el interés de mejorar el entorno. De esta forma, se ha dado el caso de la aparición de productos “ecológicos” o “amigos del medio ambiente” que apenas han efectuado alguna modificación sustancial en sus procesos productivos. La extensión de la práctica del etiquetado ecológico, como ya ha señalado el profesor Bañegil, podría mejorar estas disfunciones.

    No es difícil discernir las contradicciones, los oportunismos y las ambigüedades en todo lo que concierne a las respuestas corporativas en el objetivo común de adaptar los patrones de consumo y producción a estándares ambientalmente sostenibles y de elevada calidad ambiental. Pero al margen de tales deficiencias, estas cuestiones continúan constituyendo uno de los principales problemas que se plantean las sociedades contemporáneas en estos momentos y que, previsiblemente, no estamos en condiciones de poder resolver de una forma mínimamente satisfactoria a medio plazo. Cabe recordar que los promotores de los productos “verdes” y los procesos limpios o ecoeficientes no siempre han sido los consumidores sino los mismos productores. De este modo, la acción del empresario ha dado lugar -y quizá en algunos casos involuntariamente- a que los consumidores percibieran nuevos problemas ambientales en campos en los que anteriormente no existía tal apreciación. La simple presencia de productos “vedes” en el mercado ha sido una fuente invaluable para la difusión de estor problemas, lo que a la vez ha constituido una fuente nada despreciable de la creciente demanda de bienes, servicios y sistemas de producción ambientalmente más sostenibles.

    En definitiva, no son pocas las acciones que las corporaciones económicas mínimamente comprometidas en abordar la problemática ambiental pueden llevar a cabo si su actitud no se trata solo de una postura superficial. Todos estos casos muestran la existencia de infinitas formas mediante las que las grandes y medianas empresas llevan a cabo una gestión empresarial más acorde con los criterios de sostenibilidad y calidad ambiental. Aparentemente, la aplicación de estos criterios se traduce en una disminución en los beneficios empresariales. Sin embargo, la anterior revisión de experiencias pone en cuestión la veracidad de este supuesto y destaca el gran protagonismo que estos agentes sociales ostentan en el descubrimiento de nuevas estrategias, procesos y mercados que sean ambientalmente sostenibles y económicamente rentables. Las empresas que adopten patrones de producción y estrategias racionales desde el punto de vista ambiental, además de reducir costes diversos en el uso de materias primas, gozarán también de ventajas comerciales en los mercados nacionales e internacionales. Una mayor eficiencia en relación con los recursos empleados por unidad de producto y una mayor demanda por parte del consumidor de estos artículos hace previsible el desplazamiento y la eliminación de aquellos bienes y procesos que ambiental y económicamente sean menos viables.

  • DISCUSIÓN

  • Si las corporaciones económicas constituyen uno de los agentes sociales con mayor poder y recursos para decidir el estado presente y futuro del medio ambiente, son también las que en este ámbito cuentan con una mayor responsabilidad. A pesar de que muchos de los cambios acaecidos en el seno de las corporaciones transnacionales en materia ambiental proceden de presiones externas, y en particular de las regulaciones existentes dentro de cada país, un número creciente de estas empresas se están decantando por el uso de mecanismos voluntarios de adaptación ambiental. Es precisamente la voluntariedad de las reformas lo que permite insertarlas en un amplio movimiento ambientalista. De esta manera, su participación activa en el largo proceso de adaptar los patrones actuales de producción, consumo y distribución a los objetivos de sostenibilidad y elevada calidad ambiental es ineludible. Sin embargo, su tarea, aunque necesaria, no es suficiente. El trabajo empresarial se desarrolla bajo unas condiciones que dependen de las actividades llevadas a cabo tanto por la sociedad civil como por las instituciones políticas en cada contexto dado. Por este motivo, estas tres esferas sociales deben encontrar los mecanismos adecuados de participación, información y gestión conjunta que hagan posible la cooperación, el control y la mejora de la ecoeficiencia.

    Los últimos veinticinco años han presenciado un sustancial cambio de enfoque en la crítica, en la valoración y en las propuestas ambientalistas en torno a las tendencias de la expansión económica internacional. Se ha reducido el énfasis en la cuestión de los límites al crecimiento y se ha subrayado la posibilidad de mantener un desarrollo sostenible. Las ambivalencias y las contradicciones en ambas ideas son patentes. Sin embargo, el concepto de sostenibilidad ha demostrado ser más aceptable para un mayor número de sectores sociales, ya que es más afín tanto a aquellos sectores sociales deseosos de mayores niveles de consumo, como a aquellas empresas que en realidad no tienen ninguna intención de cerrar sus actividades productivas. El desarrollo sostenible se ha planteado como un juego de suma superior a cero, en el cual todos ganan, y es precisamente en ello donde radican sus atractivos y sus antinomias. No debemos engañarnos. Una corporación será “ambiental” siempre y cuando la adopción de patrones sostenibles y respetuosos con el medio no suponga una oposición excesiva a sus propios intereses ni una pérdida de capacidad para competir con otras empresas que trabajan en el mismo sector. Por esta razón, no sobran voces críticas respecto del conjunto de iniciativas que configuran el movimiento ambientalista corporativo actual, aunque tampoco se deberían desestimar las considerables mejoras que por unidad de producto se han realizado en el uso de materiales y energía y en la reducción de residuos y contaminantes. El proceso, por incipiente, está sujeto a contradicciones y oportunismos, pero no es por ello menos necesario.

    Para alcanzar niveles de consumo y de producción sostenibles y a la vez compatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental, hace falta no solamente un uso eficiente de la energía, de los recursos y los materiales, sino también de la disposición de un flujo de información y de conocimientos que permita maximizar el empleo de los primeros. En ambos aspectos el comercio mundial, bien regulado, puede y debe tener un protagonismo destacado, y convertirse en una de las mejores formas de cooperación. La liberalización y la mayor competencia en el comercio mundial pueden facilitar la transferencia de tecnología, estimular la producción de calidad y disminuir el coste de determinados bienes y servicios. Sin embargo, en ausencia de las adecuadas instituciones, como ocurre actualmente en las negociaciones del GATT, el comercio acaba por fomentar procesos de producción insostenibles tanto a medio como a largo plazo.

    La sostenibilidad, al igual que la calidad del medio ambiente, no consiste en ningún estado fijo de las cosas sino en un proceso dinámico. Las “soluciones” a los problemas de medio ambiente conllevan nuevos problemas, y a la redefinición de los parámetros que determinan lo deseable y lo posible en materia ambiental. El conjunto de principios y experiencias expuestos perfilan un modelo de “corporación económica ambiental” que, aunque no exista en forma pura, puede ser útil para orientar el cambio y destacar los errores y debilidades de las empresas presentes. Este modelo integra como mínimo tres aspectos fundamentales, a saber, liderazgo, formación y participación. Sin su compromiso activo por parte del empresario, es imposible la consecución de unos procesos productivos menos contaminantes, unos precios de mercado que incorporen los costes ambientales, o una utilización racionalmente sostenible de los recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, tal adaptación requiere la participación de todos los miembros de la empresa, cuyo conocimiento y motivación hacia la causa común deben alentarse. Es probable que esta actitud suponga un reajuste de los beneficios esperados a corto plazo, pero a medio plazo cabe prever un incremento en la competitividad y en la solidez de aquellas corporaciones que adopten estas nuevas orientaciones.