ALCA (Área del Libre Comercio para las Américas)

Organizaciones económicas internacionales. MERCOSUR (Mercado Común del Sur). Orígenes. Aranceles y aduanas. Recursos. Financiación de proyectos

  • Enviado por: Maxi
  • Idioma: castellano
  • País: Argentina Argentina
  • 43 páginas

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proyecto Final

Alianzas económicas en América:

ALCA vs Mercosur

Gestión

2001

O.R.T. II

Índice

Introducción 3

Objetivos 3

Origen del Mercosur 4

Funcionamiento del Mercosur 8

Origen del ALCA 15

Países Participantes del ALCA 17

Aspectos del ALCA 18

Oposición 22

Argentina y el ALCA 30

El caso de Chile 38

Conclusión 42

Introducción

En estos tiempos gracias a avances tecnológicos y la tendencia a una globalización total; social, económica y política, surgen nuevas ideas sobre como encarar este proceso que lleva a la formación de bloques económicos para comercializar entre ellos y de esta manera reducir la cantidad de fronteras económicas existentes en el mundo actual.

En este trabajo vamos a focalizarnos en el estudio y explicación para un mejor entendimiento de las alianzas económicas que se realizan en América.

El primer quiebre de fronteras, el Mercosur, fue realizado en un principio por Brasil y Argentina, con la idea de complementarse económicamente para poder introducir sus economías en el economía mundial. Más adelante este bloque económico se fue agrandando cubriendo la mayor parte del territorio de América del sur.

Luego abarcaremos un proyecto futuro en el que se homogeneizaran las economías de 34 piases de toda América. El ALCA, promovido por EEUU tiene muchos aspectos dudosos, virtudes y defectos para cada uno de sus integrantes, puntos que analizaremos a lo largo de este trabajo.

Objetivos

  • Analizar el actual bloque económico Mercosur y el proyecto ALCA.

  • Comparar el Mercosur y el ALCA.

  • Evaluar el posible impacto positivo o negativo en la economía de nuestro país.

Origen del Mercosur

La idea de crear acuerdos sólidos entre Argentina y Brasil era una idea con historia, pero por diversas circunstancias no concretada. En l985 los dos gobiernos, los primeros libremente electos después de períodos con ausencia de democracia, enfrentaban la necesidad de reorientar sus economías.

El enorme peso de la deuda externa contraída en los años anteriores, la falta de nuevos créditos, la necesidad de hacer grandes inversiones para modernizarse y para competir en el mundo, llevó a comprender que este proceso de reconversión y expansión tendría más ventajas si era encarado en forma conjunta.

Sobre esta base a fines de l985 los Presidentes Alfonsín de Argentina y Sarney de Brasil, ratifican la voluntad de encarar el futuro en conjunto y con ello crean el marco político para que se exploren caminos de acuerdo.

Argentina desarrolla su idea de una “asociación preferente” con Brasil e invita en febrero de l986 a representantes de ese país a una reunión privada, sin compromisos, para discutirla. Una quinta privada en Don Torcuato sirve para dos días de discusiones en un clima de exploración y cambio libre de ideas.

Unas pocas semanas después, es Brasil quien invita a una reunión de similares características, también en una residencia no oficial, en Itaipava, dando su respuesta favorable a la idea argentina y comenzando a diseñarse las características del acuerdo.

Una idea central era que este acuerdo debía servir no para cerrarse sobre sí mismos sino para dar mayores oportunidades para que las economías de los dos países y, en definitiva el conjunto, saliera a integrarse al mundo. La idea de un acuerdo económico y político de esta naturaleza creaba escepticismo y dudas. Escepticismo, porque los países venían, como otros de América Latina, de una experiencia de acuerdos no exitosos o de resultados muy limitados como fueron la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) integrada por 11 países en los años 70 y su sucesora - aún existente- la ALADI (Asociaciones Latinoamericanas de Integración) lanzada en los años 80. Dudas, porque en l986, salvo la excepcional experiencia de la Comunidad Económica Europea, no había otras experiencias de integración relacionadas con economías relativamente desarrolladas o de desarrollo intermedio. En l986 no existía el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, menos aun por supuesto el Nafta que une estos dos países con México, e incluso la CEE (Comunidad Económica Europea) pasaba por momentos difíciles.

En ese sentido los acuerdos de Argentina-Brasil, que juntos representan el 95 % de la influencia dentro de lo que desde l990 es el Mercosur, fueron pioneros de lo que se denomina regionalismo abierto, es decir integrarse para, a su vez, relacionarse mejor con la economía internacional.

Se concreta el acuerdo

La declaración de Foz de Iguazú de diciembre de l985 comprometía a que hacia mediados de l986 se presentase un informe con las prioridades para la cooperación. En lugar de un informe lo que los negociadores presentan es un esquema completo y avanzado de integración y el 29 de julio de ese año se firma el Acta para la Integración Argentino-Brasileña. El acuerdo formal se firma así después de unos pocos meses de muy intenso trabajo, negociaciones y convencimiento interior de cada uno de los dos gobiernos y de los dos países.

El diseño del acuerdo comprendió algunos principios generales como fueron:

i) la economía moderna y competitiva exigía ciertas especializaciones para aprovechar mejor las escalas (tamaño) de la producción, las ventajas naturales o los recursos humanos que cada uno de los países tenía, pero debía ser una integración moderna donde estas especializaciones no significaran que un país creciera en materia industrial quedando al otro el papel de proveedor de bienes agrícolo-ganaderos. Es decir se rechazaba la idea de una especialización inter-sectorial.

Por el contrario se proponía expresamente que la integración y especialización fuera dentro de cada uno de los sectores, es decir debía ser intra-sectorial, asegurando que cada uno de los países desarrollara plenamente las diferentes ramas de la industria y del sector agropecuario, especializándose en algunos productos dentro de cada una de ellas.

II) El acuerdo debía ofrecer beneficios simétricos para los dos para lo cual debía haber mecanismos flexibles, graduales y progresivos.

A partir de allí y en sucesivas reuniones se fueron firmando diversos Protocolos Sectoriales que abarcaron tres grandes campos:

· el del aumento del comercio, reduciendo impuestos y comprometiendo abastecimiento

· el de la reconversión industrial conjunta de industrias existentes como el de los sectores de producción de máquinas, el de automotores o el de siderurgia. Así como el carbón y el acero fueron en los años `50 los sectores claves de la integración europea, las industrias de producción de máquinas y equipamiento fueron elegidos como el núcleo de esta nueva integración.

· el de desarrollo de sectores nuevos o incipientes como el de la informática, biotecnología, comunicaciones o de colaboración en materia de uso pacífico de la energía nuclear.

Nace el Mercosur

Los compromisos de l986 se profundizan con un tratado aun más amplio en l988 y finalmente el éxito obtenido por los acuerdos de integración entre Argentina y Brasil, así como el tratamiento especial que ambos países le dieron durante este lapso a Uruguay, lleva a que en l991 se firme el Tratado de Asunción que agrega al proyecto integrador como miembro pleno a Uruguay e introduce por primera vez a Paraguay. Estos cuatro países adoptan además formalmente para el acuerdo de integración la denominación de Mercosur (Mercado Común del Sur).

El Tratado de Asunción tuvo las siguientes características:

  • Desgravación automática para todo el comercio intrazona y se acuerda la liberación total del comercio en un período de cuatro años.

  • A partir de 1995 se debería adoptar el Arancel Externo Común (AEC), que consiste en que los países socios del Mercosur tengan hacia otros países un único arancel para todo el comercio extrarregional.

  • Los socios se obligaron a adoptar una política común y a sostener y concretar la voluntad de coordinar políticas.-

Para que haya una amplia voluntad de coordinación entre las políticas económicas, las economías deben ser altamente dependientes.-

Pero a pesar de todo, el Programa de ampliación automático de las preferencias por períodos semestrales para llegar al AEC. tuvo que ser más progresivo debido a los dispares programas macroécomicos que obviamente tenía consecuencias heterogéneas a lo largo de todo la región, por esto se dio una disparidad de sectores con mayor sensibilidad frente a la liberación del comercio regional y así surgieron los diversos regímenes especiales según el sector que se estuviera tratando y se adoptaron las Cláusulas de Salvaguardia que según al Tratado de Asunción era suspender temporariamente las preferencias arancelarias negociadas por distintas razones, para así evitar el deterioro de ciertos sectores.-

También desde el Tratado de Asunción se previeron acuerdos de complementación industrial entre los distintos sectores productivos presentes en las economías de los socios.

Cabe la mención de que mientras se programó un rápido avance en la liberación del comercio intrazona, no se progresó paralelamente en la reducción de asimetrías (se entiende por asimetría a las ventajas o desventajas competitivas con relación a la incidencia de distintas políticas empleadas en cada país para la regulación, la promoción, la protección o el apoyo de actividades productivas y comerciales; no así a las diferencias de competitividad intrafirma de los distintos países). -

El Mercosur generó desequilibrios en los países socios, tanto a nivel macroécomico como sectorial. Es decir una vez que estuvo en marcha el Mercosur, se tuvieron que hacer una serie de “retoques” según el socio de que se tratara (en Argentina en Octubre de 1992, además de decidir una reestructuración arancelaria y la modificación de políticas de reembolso a las exportaciones, se eleva la tasa de estadística de un 3% a un 10%). -

Es evidente que con el Mercosur se dan nuevas condiciones de competencia, que en la industria argentina se ven reflejadas en las Pymes que puedan acceder y acelerar el proceso de reconvención productiva basado principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías.-

Funcionamiento del Mercosur

ASPECTOS INSTITUCIONALES DE MERCOSUR

Las instituciones que controlan Mercosur están formadas por los representantes que los propios designan los cuales actúan regularmente siguiendo instrucciones gubernamentales. En lo que respecta a los órganos institucionales, el MERCOSUR tiene diversos niveles de decisión de carácter presidencial, ministerial o técnico según la naturaleza de los problemas a tratar.

Cada país aplica en las deliberaciones su estrategia nacional en defensa de sus intereses propios, procurando así mismo impulsar la empresa común de desarrollar y fortalecer la unión aduanera recientemente establecida.

El ejercicio de esta actividad supone a su vez, una concertación permanente en el plano nacional de apoyos técnicos por áreas de especialización, consultas orgánicas con los sectores privados involucrados y la orientación política de las negociaciones gubernamentales.

Las decisiones del gobierno de Mercosur serán publicadas en el Boletín Oficial del MERCOSUR íntegramente, en español y portugués, las Decisiones del CMC, las Resoluciones del GMC, las Directivas de la CCM y de los laudos arbitrales de solución de controversias, así como cualquier acto al cual el CMC o el GMC entiendan necesario atribuirle publicidad oficial, con el objetivo de hacer mas accesible al ciudadano la idea de Mercosur.

El MERCOSUR desde el 1 de enero de 1995 se encuentra en un grado de integración comúnmente llamado Unión Aduanera. Ocurre que este mecanismo supone que los Estados Partes eliminan todas las trabas arancelarias y para- arancelarias al comercio recíproco y adoptan un arancel externo común frente a terceros países.

Los Estados Partes del MERCOSUR negociaron lo que se dio a llamar un Régimen de Adecuación por el cual algunos productos en el comercio entre los cuatro países por un tiempo continuarán pagando aranceles. Asimismo, existe las Listas de Excepciones al arancel externo común para un grupo de productos específicos. O sea hay productos que importamos de la zona extra-MERCOSUR que por un tiempo pagarán un arancel distinto al común.

Organos que integran el gobierno de Mercosur.

I - Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior al que incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del Mercado Común.

II - Grupo Mercado Común (GMC), órgano ejecutivo del MERCOSUR.

III - Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), órgano encargado de asistir al Grupo Mercado Común, y le compete específicamente velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común.

IV - Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), órgano representativo de los parlamentos de los países del MERCOSUR.

V - Foro Consultivo Económico y Social (FCES), órgano de representación de los Sectores económicos y Sociales.

COMERCIO ENTRE SOCIOS

Derechos de importación.

Se han acordado listas de productos en que cada país los mantiene por un tiempo, sujetos a derechos o gravámenes de importación. Estas listas son diferentes en cuanto a su contenido tanto de tipo de productos como de cantidad de los mismos. En este último aspecto y expresado en cantidad de posiciones arancelarias del Arancel Externo Común del MERCOSUR, son menores las de Argentina y Brasil (221 y 28 respectivamente) y mayores las de Paraguay (272 y 950 respectivamente).

Mecanismo de derechos de importación:

Argentina y Brasil otorgan una rebaja inicial a partir del 1ro. de enero de 1995, luego una rebaja del 25% desde enero de 1996, se incremento la rebaja al 50% a partir de enero de 1997, aumento al 75% desde enero de 1998, llegando al 100% al 1ro. de enero de 1999.

Para Paraguay y Uruguay el sistema es similar pero corrido un año. Es decir que la rebaja inicial comenzó el 1ro. de enero de 1996 y las sucesivas al 25%,50% y 75% se produjeron a partir de enero de 1997, enero de 1998 y enero de 1999, respectivamente, llegando al 100% a partir del 1ro. de enero del año 2000.

Este sistema se denomina "Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera" y las rebajas se aplican a partir de la tarifa nominal total de cada país, vigente al 5 de agosto de 1994. Ningún otro gravamen arancelario o para- arancelario podrá aplicarse sobre los productos integrantes de este Régimen.

Los países del MERCOSUR, tienen la facultad por decisión unilateral, durante el período de vigencia del Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera, de retirar productos de sus listas así como de reintroducirlos en las mismas. Los productos que se retiran, pasan a gozar al ingresar a su territorio aduanero de una exoneración total de su tarifa nacional vigente. En cuanto a los que sean reintroducidos, su importación recibirá el tratamiento arancelario que le corresponda según la fecha en que ello se produce, en estricta conformidad con el cronograma de incremento de rebajas arancelarias antes comentado.

Los países pueden recurrir al procedimiento hasta tres veces por cada ítem arancelario, tanto con referencia a la reintroducción de productos, al margen de preferencia del cronograma, como al retorno a las cuotas originales.

Estas modificaciones entraron a regir según los casos, el 1ro. de enero, 1ro. de mayo o 1ro. de setiembre de cada año, mientras este en vigencia el Régimen de Adecuación.

A tales fines las decisiones deben ser comunicadas a los países, con anterioridad de treinta días si se trata de retirar productos, aumentar cuotas o anticipar profundización de rebajas arancelarias, o de sesenta días si se trata de reintroducir productos, aplicar cuotas originales o retornar al nivel arancelario establecido en el cronograma.

Los derechos de aduana

La eliminación de los derechos de aduana es sin duda una enorme simplificación. No obstante, subsisten razones por las cuales es necesario cumplir algunas formalidades y abonar ciertos impuestos en el momento de cruzar las fronteras. Un caso que permite comprenderlo claramente es el de la tributación del IVA. Mientras no se llegue a una armonización impositiva considerable, cada país conserva su propio esquema de IVA, con tasas, exoneraciones, etc., diferentes en cada país. Una manera de asegurar la equidad en el comercio consiste en descargar a los productos que son exportados del IVA del país de origen y pasar a cargarlos con el IVA del país de destino. Así, todos los bienes similares vendidos en, por ejemplo, el mercado uruguayo tienen incorporado el mismo IVA (igual tasa, sistema, etc.) en lugar de tener unos incorporado el IVA uruguayo, otros el brasileño y así sucesivamente. Algo similar existe en relación a impuestos internos como el IMESI.

Esto nos permite concluir que, a pesar de la importantísima simplificación que significa eliminar los derechos de aduana, las mercaderías continuarán cumpliendo ciertas formalidades y abonando ciertos tributos al atravesar las fronteras internas del MERCOSUR.

Restricciones arancelarias

El acuerdo por el que se instituye el MERCOSUR, dispone que las restricciones no arancelarias deben ser eliminadas. A tal efecto los países miembros deberían declarar sus restricciones, en las Notas Complementarias al acuerdo de complementación..

Este Acuerdo se firmó el 29 de noviembre de 1991, le correspondió el Nro. 18 en el registro de la Secretaría General de la ALADI y en el los cuatro países declararon sus restricciones no arancelarias que debían eliminarse al 31 de diciembre de 1994.

En la actualidad y sin perjuicio de las restricciones declaradas por los países, en análisis realizados por diversos subgrupos de trabajo del Grupo Mercado Común (Organo Ejecutivo del MERCOSUR), se detectó un considerable número de medidas no arancelarias que los países tenían además en vigor. Su análisis permitió establecer dos grupos: las que eran restrictivas y las que no lo eran. En base a ello se determinó por un lado las que debían ser eliminadas y por otro lado las que debían ser armonizadas. Todo ello debía concluirse al 31 de diciembre de 1994. Merece destacarse que también a dicha fecha, debían eliminarse y armonizarse las restricciones no arancelarias a las exportaciones.

Zonas francas

Salvo decisión en contrario, las zonas francas deberán pagar el Arancel Externo Común que corresponda o el arancel nacional vigente del país que importa, para el caso de productos excepcionados transitoriamente de la aplicación de dicho Arancel Externo.

Existen zonas francas exceptuadas del régimen general de Mercosur, Las áreas aduaneras especiales existentes en Manaos (Brasil) y Tierra del Fuego (Argentina), constituidas en razón de su particular situación geográfica, podrán funcionar bajo el régimen con que lo venían haciendo, hasta el año 2013. Ello significa que los productos podrán ingresar a los países respectivos, pero en caso de hacerlo hacia otros países del MERCOSUR, deberán pagar el Arancel Externo Común.

La solución general adoptada equivale a considerar a los bienes elaborados en las zonas francas de la misma manera que a los bienes producidos en otros países. Esto significa dejar de lado la posibilidad de incentivar la incorporación de valor agregado local y la compra de insumos producidos localmente. No se estimula entonces lo que a veces se ha denominado "efecto de arrastre" sobre la economía local, que ocurre cuando la instalación de una actividad en zona franca fortalece el empleo y la utilización de servicios e insumos como consecuencia de contrataciones en el área vecina a la zona franca.

Por otra parte, en el contexto de la negociación hay que tener en cuenta que las legislaciones de Argentina y Brasil en general prohiben el ingreso a sus respectivos territorios aduaneros de los bienes producidos en zonas francas.

El hecho de que no prosperara la intención de hacer esta norma extensiva al conjunto del MERCOSUR, constituye un elemento ciertamente favorable a las posibilidades de desarrollo de las zonas francas.

En cuanto a la diferenciación en el tratamiento para las áreas especiales de Manaos y Tierra del Fuego, ella resulta del reconocimiento de normas constitucionales en el caso de Brasil, y está limitada en el tiempo hasta el año 2013.

COMERCIO CON TERCEROS

Arancel externo.

El arancel externo común (en adelante AEC) es una condición necesaria para que el MERCOSUR pueda convertirse en un único territorio aduanero. Un territorio aduanero unificado hace posible la libre circulación de las mercaderías, facilitando enormemente los intercambios y permitiendo que se manifiesten las ventajas de la especialización utilizando lo mejor posible las potencialidades de cada empresa.

Esencialmente, el empleo del AEC posibilita obtener el mismo tipo de ventajas que dentro de un país se obtienen al no erigir barreras al comercio entre departamentos o provincias. El hecho mismo de que casi nunca los países optan por colocar estas barreras en el interior de su territorio, pone en evidencia las ventajas de tener un AEC, siempre que su nivel y estructura puedan servir equitativamente a los intereses de todos los países involucrados.

Los Aranceles se ubican entre el 0% y el 20%. de forma transitoria, los países del MERCOSUR tienen derecho a establecer excepciones a ese Arancel aplicando el propio. Es así que Argentina, Brasil y Uruguay pueden mantener hasta el 1ro. de enero de 2001 un número máximo de 300 ítem arancelarios de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, y en el caso de Paraguay ascienden a un máximo de 399 hasta el año 2006.

Existen excepciones al arancel externo de Mercosur ya que los bienes de capital (maquinarias) e informática y telecomunicaciones tienen un arancel externo común de 14% y 16%, respectivamente. Los países del MERCOSUR, partiendo de los aranceles nacionales, establecieron un mecanismo de convergencia hacia esos niveles, en forma lineal y automática.

Política comercial común

Cuando el acuerdo general establece el carácter común de la política comercial externa en su artículo 1er, lo hace en la misma frase en la que menciona al arancel externo común. Ello es lógico porque para constituir un espacio económico unificado es necesario conformar un mismo territorio aduanero - lo que permite gozar de las ventajas de la libre circulación de mercaderías- y para ello son esenciales que sean comunes a los cuatro países tanto el arancel externo como la política comercial externa. De poco valdría alcanzar un arancel externo común si por la vía de las demás medidas de política comercial se permitiese la existencia de diferentes condiciones de acceso a los productos de fuera del MERCOSUR según el lugar de ingreso de los mismos. Ello llevaría a la no integración del espacio económico unificado que se pretende construir, de la misma manera que se fragmentaría el espacio económico nacional si existieran, por ejemplo, prohibiciones a la importación en la aduana de Colonia pero no en la de Montevideo.

Así mismo se considera “Dumping” o competencia desleal cuando se verifica la existencia de competencia en condiciones desiguales y contrarias a las disposiciones existentes en la materia. En general, ello puede ocurrir cuando el producto recibe subsidios en el país de origen o cuando existe una política empresarial tendiente a vender a precios artificialmente bajos hasta eliminar la competencia.

Los países socios acordaron, respecto de las practicas desleales de comercio, que para las mercaderías originarias en terceros países, la Resolución Nro. 108/94 del Grupo Mercado Común instruye a la Comisión de Comercio a presentar al Grupo Mercado Común, antes del 31.3.95, un proyecto de Reglamento Común sobre Prácticas Desleales de Comercio Extra-Zona y un Reglamento Común de Salvaguardia frente a terceros países.

En cuanto al comercio intraregional, Se tomó en consideración que al no haberse perfeccionado todavía la Unión Aduanera, aún existen condiciones para que produzcan distorsiones en algunos precios. Por lo tanto la Resolución Nro. 129/94 del Grupo Mercado Común prorroga la vigencia del "Procedimiento de Intercambio Informativo para casos de Dumping" por importaciones provenientes de alguno de los países integrantes del MERCOSUR, que figura anexo en la anterior Resolución Nro. 63/93 del Grupo Mercado Común.

Este procedimiento, se llevará a cabo ahora a través de la Comisión de Comercio y se realizará de acuerdo a las legislaciones vigentes en los países. Las consultas entre los Estados Parte se realizarán además en concordancia con el procedimiento aprobado por la Decisión Nro. 3/92 del Consejo Mercado Común sobre "quejas y consultas aplicables durante el período de transición". No se impide que el país importador aplique "decisiones preliminares" o "medidas provisionales" para reparar el daño causado por el dumping denunciado.

ALCA

El camino para ALCA

En 1994, los Jefes de Estado de todos los países democráticos del continente, reunidos en Miami, en la Cumbre de las Américas, se comprometieron a crear mecanismos capaces de estimular el desarrollo y la prosperidad del hemisferio a través de la cooperación mutua y de la libertad de comercio. Nacía allí la propuesta de creación del ALCA - Area de Libre Comercio de las Américas, volcada hacia la eliminación progresiva de las barreras impuestas a la circulación de mercaderías e inversiones entre las naciones americanas, teniendo como base los acuerdos subregionales y bilaterales existentes. La declaración conjunta firmada por los 34 presidentes, destaca la oportunidad histórica de promover una integración de este nivel en el continente. Y convoca a las empresas, trabajadores, partidos políticos, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales a cooperar con los esfuerzos nacionales y regionales, fortaleciendo los vínculos entre los gobiernos y la sociedad. En junio de 1995, en la ciudad de Denver, EEUU, los ministros del área de comercio de las naciones americanas volvieron a reunirse para dar inicio a la preparación de las negociaciones en torno de la creación del ALCA. Fueron establecidos siete grupos de trabajo, con temario y cronograma, para identificar los puntos a ser negociados y evaluar los impactos de la futura integración sobre los diversos sectores de la economía y de la organización social de las naciones del hemisferio. En marzo de 1996, ministros del área comercial de los países americanos volvieron a reunirse en Cartagena de Indias, en Colombia. Reafirmaron, entonces, el compromiso de concluir las negociaciones para la creación del ALCA hasta el año 2005, garantizando el empeño y la transparencia a las etapas del proceso, y crearon más cuatro grupos de trabajo, incorporando nuevos temas a la agenda. El movimiento en dirección a una participación organizada del sector empresarial en el proceso de formación del ALCA tuvo inicio en Denver, cuando fue creado el Foro Empresarial de las Américas. La realización del II Foro Empresarial en Cartagena de Indias, siempre paralelamente a la Reunión de Ministros, representó un nuevo e importante paso en el sentido de una mayor integración entre el sector privado y los gobiernos de los países del hemisferio. Ahora, en Bello Horizonte, el III Foro Empresarial de las Américas significa una excelente oportunidad para consolidar esa participación. La agenda del Foro permite que los empresarios presenten a los gobiernos propuestas y sugerencias concretas que contribuyan para la integración hemisférica. Y Bello Horizonte, que tiene la libertad como símbolo, es el escenario ideal para ser sede de debates sobre un continente unido en la búsqueda del desarrollo económico, de la justicia social y del fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Países participantes


  • Antigua y Barbuda

  • Argentina

  • Bahamas

  • Barbados

  • Belice

  • Brasil

  • Bolivia

  • Canadá

  • Chile

  • Colombia

  • Costa Rica

  • Dominica

  • El Salvador

  • Ecuador

  • EEUU

  • Granada

  • Guatemala

  • Guyana

  • Haití

  • Honduras

  • Jamaica

  • México

  • Nicaragua

  • Panamá

  • Paraguay

  • Perú

  • República Dominicana

  • Santa Lucia

  • San Cristóbal y Nevéis

  • San Vicente y Granadinas

  • Suriname

  • Trinidad y Tobago

  • Uruguay

  • Venezuela


  • ALCA : Estados Unidos en busca de un mercado continental bajo su control

    Las negociaciones entre gobiernos y grupos de negocios destinadas a la implementación del proyecto del área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se caracterizan por su clandestinidad, su rápido avance y la ausencia de toda consulta a las instancias representativas de los países en cuestión. Por eso mismo proliferan las organizaciones opuestas al libre cambio, que confluyen a través de organismos nacionales y continentales en la Alianza Social Continental.

    Surgido de la Iniciativa para las Américas presentada por el presidente de Estados Unidos George Bush (padre) en junio de 1990, y reactivado por su sucesor, William Clinton, en la primera Cumbre de las Américas, en Miami en diciembre de 1994 (1) - año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá Estados Unidos y México -, el proyecto del ALCA (área de Libre Comercio de las Américas) se discutió  en Quebec del 20 al 22 de este Abril de 2001.

    Esta tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno del continente - de la que Cuba está excluida- reunirá  34 naciones.

    Bajo el impulso del nuevo presidente de Estados Unidos George W. Bush y de su representante para el comercio, Robert Zoellick, que se proponen acelerar una negociación cuyo término estaba inicialmente fijado para el 2005, se trata de generalizar las normas del TLC en todo el continente y de extender la influencia de los principios del tratamiento nacional y de no discriminación a todos los ámbitos, en particular al mercado público, a los servicios y a las inversiones. En este último campo, esas normas figuraban entre las más discutibles del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), de triste memoria. A título de ejemplo, el capítulo 11 del TLC permite a los inversionistas extranjeros iniciar juicio al Estado en caso de pérdidas provocadas por la aplicación de reglamentaciones oficiales, como la protección del

    1-El plan de acción surgido de esa cumbre fue redefinido y precisado en la segunda Cumbre de jefes de estado y gobierno desarrollada en Santiago De Chile en 1998

    medio ambiente. Así es como el gobierno mexicano tuvo que pagar 16,7 millones de dólares a la empresa californiana Metalclad Corp. porque una municipalidad mexicana no la autorizó a instalar un depósito de residuos peligrosos para la salud, contra el cual se había movilizado la población local (2).

    En su versión actual, el proyecto prevé efectivamente extender la integración a una docena de áreas agrupadas en cuatro grandes capítulos (llamados "canastos"): educación, democracia y derechos de la persona, pobreza, e integración económica. Pero, en realidad, es en este último "canasto" donde aparece el proyecto de crear una zona de libre comercio continental. Y si bien en principio las negociaciones cubren una cantidad de áreas y temas, en la práctica la integración comercial es sin duda el núcleo de las conversaciones, mientras que en segundo plano se perfila un suntuoso regalo para las multinacionales: una ola de privatizaciones y de desregulaciones, reservándose Washington la posibilidad de bloquear, por medio de sus leyes anti-dumping, el acceso al mercado estadounidense de productos agrícolas provenientes del Sur.

    En la quinta reunión de ministros de comercio, realizada en Toronto en noviembre de 1999, se encomendó a los negociadores la preparación de un borrador de acuerdo comercial para presentar en la sexta reunión, que se desarrolló en Buenos Aires el 6 y 7 de abril, poco más de dos semanas antes de la Cumbre de Quebec.

    Asimetrías y desigualdades

    Evocar ciertas cifras permite entender mejor lo que está en juego en esas negociaciones; sobre todo las consecuencias para sus participantes. La aplicación de las políticas neoliberales, que se supone sacarán a América Latina del subdesarrollo, ya lleva dos décadas, pero más del 36% de los hogares latinoamericanos (unos 220 millones de personas) vivían en la pobreza a comienzos del año 2000; ¡un porcentaje similar al de 1994, y ligeramente superior al de 1980! (3).

    2- Caminando, París, Diciembre de 2000

    3-“La brecha de equidad: una segunda evaluación”, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile, junio de 2000

    Siempre en el año 2000, las tres Américas (Norte, Centro y Sur) contaban 750 millones de habitantes y tenían un Producto Bruto Interno (PBI) total de 11 billones de dólares, con un peso relativo de las economías extremadamente desigual: EE.UU., Brasil, Canadá y México acaparan respectivamente 75,7%; 6,7%; 5,3% y 3,9% de ese PBI, y los 31 países restantes el 8,4%.

    De manera que economías como las de Nicaragua o Haití representan respectivamente el 0,002 % y el 0,003 % del PBI del continente. Los datos del PBI en función de la población confirman esa asimetría: EE.UU. está  primero con 30.600 dólares por habitante, seguido de Canadá (1 9.320), Argentina (7.600), Uruguay (5.900), Brasil (4.420) y México (4.400). En el otro extremo, Nicaragua y Haití cuentan respectivamente con 430 y 460 dólares por habitante, es decir, 70 veces menos que EE.UU. (4).

    Esas asimetrías y desigualdades presentan una multitud de interrogantes y suscitan, entre otros, el problema de los eventuales efectos que tendría una integración económica profunda sobre las economías calificadas como de "pequeña dimensión", para las cuales no se ha previsto ningún fondo de desarrollo ni red de seguridad alguna.

    La estrategia consistente en llevar adelante esas negociaciones de manera discreta dio hasta ahora muy buenos resultados a los gobiernos. Sus 900 negociadores convergieron en los últimos meses en Miami, contrariamente a lo que ocurría en el mismo momento en las negociaciones desarrolladas bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE). En efecto, mientras el gobierno francés retiraba la carpeta del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) de manos de sus negociadores en la OCDE en septiembre de 1998 y en Seattle fracasaba el lanzamiento de la Ronda del Milenio, en diciembre de 1999

    4- Cálculos efectuados a partir de datos de Bilan du Monde, 2001

    el proyecto de las Américas avanzaba sin hallar la menor resistencia.

    Las negociaciones actuales se desarrollan en la más perfecta clandestinidad y el mayor secreto, es decir, sin que los ciudadanos, y ni siquiera sus representantes, diputados o senadores, sean informados de su progresión o su contenido. Sin embargo, los hombres de negocios, reunidos para trabajar por la causa en el Americas Business Forum (ABF), obtuvieron un status oficial (5). De eso resulta que el papel de ABF es determinante, pues “varias de las recomendaciones presentadas por los participantes del Foro del ABF de San José se ven reflejadas en el mandato de los equipos de negociación del ALCA y en el plan de acción surgido de la Cumbre de las Américas de 1998” (6).

    En cambio, la suerte de los parlamentarios es muy reveladora del tono y de la atmósfera que rodean las negociaciones. Así ocurre con la Conferencia de Parlamentarios de América (COPA), organización que reúne legisladores de 35 países, de los 164 parlamentos provinciales o nacionales, y también delegados de los parlamentos regionales. En su Declaración de Puerto Rico, adoptada al término de su segunda Asamblea General, desarrollada en Río Grande en julio de 2000, la COPA exhortaba a los jefes de Estado y de gobierno a tener en cuenta el nivel de desarrollo de los países implicados en el proyecto ALCA y a garantizar la participación de los parlamentarios de todas las jurisdicciones, con el fin de favorecer la transparencia. Ningún gobierno puso en ejecución esas recomendaciones.

    Posteriormente, cuando el nuevo presidente electo de la COPA, Geraldo Magela Pereira, diputado del Congreso Federal de Brasil, pidió que fuera recibida una delegación en carácter de observadora en la Cumbre de Quebec, se le respondió que no era posible por problemas de horario.

    5- El plan de acción surgido de la segunda cumbre de las américas precisa que los gobiernos se comprometen a “facilitar la participación del sector privado en los proyectos de infraestructura, locales o transnacionales, que pudieran servir de base a futuros acuerdos bilaterales o multilaterales”

    6- ABF-Canadá, Document d´informaton, 5éme forum des gens dáffaires des Ameriques, 1-11-99

    La oposición se organiza

    A lo largo de todos estos años, y mientras las negociaciones avanzaban, organizaciones surgidas de todos los ámbitos, en los 35 países de América, incluida Cuba, crearon redes nacionales y sectoriales de oposición al ALCA. Con motivo de la Reunión Ministerial de Denver (EE.UU) en 1995, el movimiento sindical, apoyado por la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) - ala continental de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL)- organizó una conferencia paralela, en cuya declaración final los participantes manifiestan sus preocupaciones y reivindicaciones. Asimismo en Cartagena (Colombia), en 1996, el movimiento sindical estadounidense no sólo elaboró un nuevo documento de reflexión, sino que también trató de ejercer presiones sobre los representantes de los gobiernos. Éstos, en su propia declaración final reconocerían “la importancia de impulsar un mayor reconocimiento y desarrollo de los derechos de los trabajadores, y la necesidad de encarar medidas apropiadas a tal fin por parte de los respectivos gobiernos”.

    Durante la reunión de presidentes de los países del Mercosur (8) junto a los de Chile y Bolivia, realizada en Fortaleza (Brasil) en diciembre de 1996, tanto la principal central sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO, como la ORIT, enviaron representantes para apoyar a las otras centrales sudamericanas, que se habían puesto de acuerdo para celebrar una "jornada internacional de lucha por los derechos de los trabajadores del Mercosur".

    Sin embargo, poco después en la tercera Reunión Ministerial de Belo Horizonte, en mayo de 1997, no fueron solamente los representantes del movimiento sindical americano los que se reunieron, sino también delegados de las coaliciones de oposición al librecambio. Desde entonces, éstas tratan de desarrollar posiciones comunes y de construir una alternativa ante la liberalización sistemática de los mercados públicos, de los servicios de salud, la educación y las inversiones. Entre las decisiones adoptadas en Belo Horizonte, la más novedosa

    8- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

    es sin dudas la de crear una Alianza Social Continental (ASC), es decir, fundar una amplia y profunda alianza apoyada en la construcción “de alternativas viables y concretas al ALCA” (9).

    Al año siguiente, al margen de la segunda Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de las Américas, las principales coaliciones nacionales lograron organizar la primera Cumbre de los Pueblos Americanos, que se desarrolló en Santiago de Chile del 14 al 17 de abril de 1998. Esa cumbre había sido convocada a instancias de cinco coaliciones nacionales de oposición al librecambio, cuatro de ellas del norte: Alianza para un Comercio Responsable (ART), de Estados Unidos; Red Mexicana de Acción contra el Libre-Cambio (RMALC), de México; Fronteras Comunes, de Canadá, y Red Quebequense de Integración Continental (RQIC). La quinta era una coalición del Sur, la Red Chilena por la Iniciativa de los Pueblos (Rechip), grupo anfitrión (10). Otras organizaciones se sumaron a las primeras, entre ellas la ORIT, al igual que asociaciones ambientalistas, feministas, autóctonas, y el Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE) (11).

    Acontecimiento importante de la oposición, la primera Cumbre de los Pueblos permitió sobre todo unir opositores llegados de los campos más variados y establecer un consenso en tomo de un primer borrador de documento, titulado “Alternaivas para América. Hacia un acuerdo entre los pueblos del continente”. Posteriomenente, la creación de coaliciones a nivel nacional se extendió y se profundizó. Luego de la aparición de la Rebrip en Brasil, surgió en América Central la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC), mientras que el Congreso Latinoamericano de Organizaciones Campesinas (CLOC) se unía a la Alianza Social Continental. A su vez, y a nivel interno, cada una de esas coaliciones reúne un creciente número de organizaciones surgidas de sociedades civiles del continente.

    9-“Alternativas para América.Hacia un acuerdo un acuerdo entre los pueblos del continente” 1998

    10- La coalición chilena cambió de nombre y ahora se llama Alianza chilena para un comercio justo y responsable (ACIR).

    11- En 1999 se creó en Brasil una coalición formal, la Red Brasileña para la integración de pueblos

    El citado documento "Alternativas para América...”, conclusión de un trabajo iniciado en Belo Horizonte y jalón importante del ambicioso proyecto de formar una alianza social que abarque la mayor cantidad

    posible de sectores y de actores de las 35 sociedades civiles de América, establece que "el comercio y las inversiones no deben constituir un fin en sí mismos, sino medios susceptibles de encaminarnos hacia un desarrollo justo y duradero. Es fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan su derecho a participar en la formulación, en la ejecución y en la evaluación de las políticas sociales y económicas del continente. Los objetivos centrales de tales políticas deben ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar colectivo y la reducción de las desigualdades en todos los niveles".

    En noviembre de 1999, unos doscientos representantes de la Alianza Social Continental reunidos en Toronto al margen de la quinta Reunión Ministerial, lograron consolidar la Alianza y preparar el terreno en previsión de la Cumbre de Quebec. La denuncia de la clandestinidad en que se desarrollan las negociaciones y la exigencia de transparencia fueron unánimes. Al respecto, las coaliciones que integran la ASC prevén presentar como una reivindicación central la rápida divulgación del contenido del acuerdo.

    Coalición en las sombras

    Pero se trata de un aspecto secundario respecto de una situación general preocupante: en el marco de las negociaciones comerciales en curso, actualmente se percibe la instauración de una fuerte colaboración entre los gobiernos y los medios de negocios, un régimen partidista aún más selectivo y sectario - si cabe- que el que se halla a nivel multilateral. Esta estrategia explica su sorprendente avance, pero justifica también el creciente desarrollo que tiene la oposición al ALCA y la denuncia por la falta de democracia que rodea esa negociación en toda América.

    Los opositores al ALCA fueron numerosos en Quebec, pues los miembros de la ASC no son los únicos preocupados por la evolución del expediente de la integración económica de América. También fueron de la partida grupos de acción no violenta, coaliciones regionales y grupos de afinidades surgidos en todo el continente.

    Primeros efectos de las protestas antineoliberales: Repudio a los líderes globales

    Ya es una costumbre: las reuniones de "los que deciden", de los global leaders, indefectiblemente generan manifestaciones de hostilidad. Mientras que hasta no hace mucho las ciudades se peleaban por acoger esas cumbres como si fueran las Olimpíadas o el Mundial de Fútbol, hoy en día hacen todo lo posible por evitarlas: las movilizaciones policiales les cuestan caras, los beneficios comerciales de una cumbre atrincherada - como en Davos, Washington, Praga, Melbourne, Biarritz, Niza y Quebec- son escasos o nulos, y la "imagen" de la localidad anfitriona no se beneficia en nada. Los responsables de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), prevista para noviembre, tuvieron que aceptar la única hospitalidad que les fue ofrecida: la del emirato de Qatar, donde, al menos, no tendrán que temer la presencia masiva de manifestantes opositores. Madrid, que en junio debía acoger una reunión del Banco Mundial, le pasó esa "papa caliente" a Barcelona.

    América Latina ya forma parte de ese frente de rechazo. En Santiago de Chile el reciente encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) provocó serios incidentes (1). La última reunión de ministros de economía en Buenos Aires, preparatoria de la cumbre de Quebec, no fue una excepción a la regla.

    Prevista para el 6 y 7 de abril, se desarrolló  poco después de una oleada de huelgas y movilizaciones contra las medidas ultraliberales "de ajuste" adoptadas por el gobierno del presidente Fernando de la Rúa en aplicación de las directivas del Fondo Monetario Internacional. Un pésimo contexto, más aún teniendo en cuenta que un amplio comité de movilización, que incluye fundamentalmente al nucleamiento de pequeñas y medianas empresas argentinas (APYME), esperaron con una posición de firmeza a los delegados.

    1- El País, Madrid, 19-3-01

    El éxito de la Marcha Zapatista (2) permitrá que México se incorpore más aún a la dinámica de rechazo de la mundialización liberal, actitud espectacularmente impulsada por el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre de enero pasado (3). Así, el 14 y 15 de abril, apenas una semana antes de la cumbre de Quebec, se realizó en Ciudad de México un encuentro denominado Porto Alegre contra el ALCA, en el que estuvieron presentes participantes y actores del FSM - en particular la organización campesina internacional Vía Campesina- llegados de varios países, además de intelectuales y dirigentes de movimientos sociales mexicanos, y del subcomandante Marcos.

    Recursos Hídricos

    El agua ser el bien esencial - y escaso- de las próximas décadas. Por eso las grandes compañías se apresuran a establecer en los tratados internacionales, como el ALCA, una serie de normas que la convertirían en una mercancía sujeta, como otras, a las leyes de la oferta y la demanda.

    Los múltiples temores que genera el ALCA en el Norte están justificados por la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) vigente desde 1994 entre Canadá , EE.UU. y México, que serviría de modelo para la integración continental. Uno de sus temas centrales, el agua, permite entender la lógica utilizada en esta negociación. Ese elemento esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y para la supervivencia de la especie humana, corre grave peligro de ser transformado en simple mercancía.

    Las grandes corporaciones compiten para explotar la creciente penuria del precioso líquido y, junto a algunos países poseedores de ese recurso, se ven a sí mismas como "los dueños del agua", fingiendo ignorar que en este caso se trata de un recurso vital. En América del Norte ya se despertaron los apetitos.

  • Ignacio Ramonet, “Marcos marcha hacia Ciudad de México”, Le monde Diplomatique, 03-2001

  • Carlos Gabetta, “Porto Alegre, activismo y propuestas...” y “Sí, otro mundo es posible”, Le monde Diplomatique, 02-2001

  • El Toronto Globe and mail, de Canadá, ya preveía en 1991 que la privatización del agua sería la megaindustria de la siguiente década. El WalI Street Journal anunciaba en 1998 que, luego del teléfono, la energía y el gas, el agua sería el próximo servicio donde se desarrollaría la competencia internacional.

    De hecho, mientras que la población canadiense se inquieta por el peligro que acuerdos comerciales como el TLC implican sobre los recursos hídricos, las grandes firmas de ingenieros y de transporte esperan tranquilamente el día en que finalmente puedan organizar el comercio mundial del agua, como el del petróleo o el de la madera. Tironeado por ambas aspiraciones, el gobierno de Ottawa se mantiene en una posición ambigua: se declara decidido a proteger sus aguas, como lo desea la gran mayoría de sus ciudadanos, pero por otra parte se muestra igualmente dispuesto a abrir los mercados de América a las numerosas firmas canadienses que operan en el sector.

    Los gobiernos, ya de por sí sometidos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se verían impotentes en la zona de librecambio "de Alaska a Tierra del Fuego", donde la preponderancia de las normas del mercado libre sería aún mayor. El TLC ya impone a sus Estados miembro limitaciones mucho mayores que las de la OMC: en virtud de su capítulo 11, los inversionistas, ahora dotados del estatuto de sujetos de derecho internacional, anteriormente reservado sólo a los Estados, pueden iniciar acciones legales directamente contra los gobiernos (1).

    El capítulo 11 permite “garantizar” el comercio del agua en varios sentidos. En primer lugar, si el gobierno canadiense decidiera reservar las extracciones masivas de agua, su exportación o incluso la gestión de los servicios de distribución a compañías privadas canadienses, podrá ser objeto de acciones judiciales por parte de las compañías de otros países del TLC, a las que deberá indemnizar. Por otra parte, las derogaciones previstas del artículo XX del

    1-Actualmente el gobierno canadiense intenta cuestionar en este capítulo 11. Véase “Canada seeks TLC Chapter 11 review”, the Globe and Mail, Toronto, 13-12-200

    GATT, predecesor de la OMC, no se aplican en el marco del artículo 11 del TLC, que de esa forma rige todos los recursos hídricos, incluido el derecho de acceso al agua en su estado natural.

    En 1998, los responsables californianos estimaban que si no se encontraban nuevas fuentes antes de 2020, su estado debería enfrentar un déficit hídrico equivalente a su actual consumo de agua anual. ¿Y cuáles podrían ser esas "nuevas fuentes" ? Serían provistas por el comercio global de agua, en la medida en que la demanda pudiera ser satisfecha por la oferta. Ocurre que Canadá  tiene agua en abundancia y, tarde o temprano, deberá  inevitablemente "compartirla” con sus vecinos, afirma el responsable de la compañía californiana Sun Belt, empresa que inició un proceso contra las autoridades de Ottawa (2) porque éstas no pudieron efectuar exportaciones masivas hacia California, causándole así la pérdida de importantes beneficios.

    Por otra parte, el TLC incluye un capítulo sobre los servicios, con una lista de excepciones en la que el agua no figura. Los servicios de distribución y saneamiento estarían también cubiertos por el Acuerdo, debiéndose aplicarles la cláusula de trato nacional, como lo especifica el articulo 1202, el cual, según algunos juristas, comprendería además el derecho de proveer esos servicios más allá de las fronteras y no sólo a la población canadiense.

    Por último, el principio de trato proporcional (otra disposición única en su género), inscripto en el TLC, significa que una vez comenzada la exportación de agua hacia, por ejemplo, Estados Unidos, cualquier restricción que el gobierno canadiense quisiera introducir debería estar acompañada de restricciones idénticas en el plano interior. En otras palabras: una vez iniciada la exportación de agua hacia un país miembro del Acuerdo, éste tendría derecho a reclamar, prácticamente a perpetuidad, la fracción correspondiente de las aguas canadienses (art. 315). En la eventualidad de extender tales cláusulas al ALCA, el gobierno canadiense, al igual que los gobiernos de todos los otros países americanos, perderían incluso el

    2- Anthony de Palma, “TLC´s Long Reach: National Laws Are Overturned”, International Herald Tribune, Miami, 13-3-01

    derecho de decidir no exportar su agua hacia un país que, como Estados Unidos, la dilapida.

    En los hechos, el agua quedaría así fuera del principio de “soberanía permanente sobre los recursos naturales”. Con el ALCA, todos los pueblos de América se verían legalmente obligados a perpetuar un uso no sostenible de los recursos hídricos del continente y a aceptar un reparto de ese recurso ya no equitativo, sino mercantil, en función de la ley de la oferta y la demanda. Para grandes sectores de la población americana, que sólo sobreviven por medio de la autosuficiencia alimentaria, esto seria funesto. En la lógica del libre mercado, la presión de la demanda sobre un recurso limitado haría subir el precio y el agua se transformaría así en una riqueza para quienes pueden acapararla, se encuentre donde se encuentre.

    Pero los ecosistemas y los pueblos seguirán necesitando agua para vivir, aún sin disponer del dinero para comprarla. Recurso vital, el agua es un tema emblemático del debate que comienza en América. Si la vida no es una mercancía, es necesario volver a encontrar urgentemente el sentido y el espacio de un bien colectivo, de un patrimonio común de la Humanidad que en ningún caso puede quedar sometido a los imperativos del mercado. En una lógica donde la escasez determina el precio, o donde el valor se fija según la ley de la oferta y la demanda, una computadora vale más que una vida, pues la "demanda" de los ecosistemas no será  jamás "solvente", ni tampoco la de millones de seres humanos "iguales en dignidad y en derechos", como sin embargo se afirmaba solemnemente hace apenas medio siglo.

    "Excluir el agua de todas las transacciones internacionales, colocarla fuera del campo de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados sobre las Inversiones internacionales, y, además, pensar en organizar la forma de compartirla a nivel mundial”, sería un primer paso simbólicamente esencial. Excluyendo el agua de las transacciones comerciales, es el derecho a la vida el que se intenta preservar. Y por supuesto, el conjunto de los bienes comunes --la educación, la salud, el conocimiento y la información- que hacen de la Humanidad lo que ella es.

    Argentina y el ALCA

    El caso de EEUU se compara con una invasión o como una mano dentro de un títere, y la Argentina, dominada. Entendidos predicen que podría convertirse en una tragedia griega.

    El sector financiero argentino, hegemónico en el establishment local desde 1976, ha dado buena cuenta de la industria nacional, de la sociedad de posguerra y de los valores que sustentaba. No le importa el resto de la sociedad y muestra a las claras sus intenciones de total alineamiento con Estados Unidos y su política económica de repago a cualquier precio de la deuda. El grotesco episodio del ministro de Economía Ricardo López Murphy, que debió renunciar dos días después de presentar un plan de ajuste brutal ante el rechazo de la sociedad, demostró que esa política no funciona ya en un sistema democrático, siquiera formal. Fue demasiado frontal. El plan de Domingo Cavallo (ver mas adelante *) no difiere en las opciones estratégicas, pero es más sinuoso: promete lo que espera la gente y hará lo que quiere el establishment.

    El nuevo equipo económico sabe que el Mercosur es el principal problema latinoamericano de Estados Unidos, que necesita impedir que un grupo de países que reúne el 42% de la población y genera más de la mitad del producto de la región realice su propio proyecto nacional y subregional con eje en industria, mercado interno e independencia de Estados Unidos. Este esquema significaría, a plazo, el fin de la hegemonía del sector financiero en Argentina.

    Es en ese contexto que debe analizarse la reunión de ministros de comercio americanos, que se realizó a principios del mes de abril en Buenos Aires para elaborar la agenda y el borrador de declaración de política comercial que consideró la cumbre de Quebec a partir del día 20 del mismo mes. En esa materia, la posición de Estados Unidos con respecto a América Latina, que con tiene una serie de exigencias, es elemental y lógica, puesto que responde a la defensa de su exclusivo interés nacional.

    La primera exigencia se refiere a la eliminación de las tarifas comerciales: los productos procedentes de Estados Unidos deberán tener libre acceso y estar a salvo de restricciones arancelarias y no arancelarias, como las que imponen a terceros países los esquemas de integración regional o, por ejemplo, de salvaguarda nacional del medio ambiente. El segundo requerimiento se refiere al acceso irrestricto a las licitaciones y contratos de abastecimiento del sector público, con lo que abre un importante mercado para las empresas y productos estadounidenses. La tercera restricción apunta al control de la propiedad intelectual, en particular a la vigencia y exclusividad de las patentes de empresas transnacionales. Un ejemplo típico de este punto es la presión constante del gobierno de Estados Unidos para que se otorgue exclusividad a las patentes de sus empresas, sobre todo en la industria farmacéutica. Otra reivindicación es la remoción de cualquier restricción a la entrada de sus empresas al sector de servicios (inclusive financieros).

    Este es el tratamiento que exige Estados Unidos; pero su conducta al respecto no se ajusta a su posición teórica y contradice lo

    que solicita a los demás. En primer jugar, restringe la "referencia de tecnologías de punta. Se trate de emprendimientos militares, del monopolio de las innovaciones o de mantener la rentabilidad de tecnologías ya superadas, Estados Unidos sólo transfiere la tecnología que le interesa desde el punto de vista comercial. De tal modo esas transferencias, fundamentales para el desarrollo económico y tecnológico de los países, están sujetas a las mayores restricciones.

    En segundo lugar, Estados Unidos protege su agricultura. Antes el eje eran los pagos para que los agricultores se abstuvieran de producir, ahora son los subsidios. Para advertir su magnitud y progresión basta con señalar que los subsidios agrícolas estadounidenses se triplicaron en 10 años, de 9.300 millones de dólares en 1990 a 32.000 millones en 2000. De tal modo, más de la

    mitad de la renta líquida de los agricultores estadounidenses tiene

    origen en subsidios del gobierno (1). Esto configura una práctica desleal desde el punto de vista del libre comercio y no sólo afecta la entrada de productos agrícolas

    1- Marcos Sawaya Jank, “EUA amplían subsidio a agricultura”, Gazeta Mercantil, Río de Janeiro, 5-03-01

    al mercado estadounidense, sino que significa una competencia desleal en terceros mercados.

    Pero para el establishment argentino, únicamente preocupado por sobrevivir, tecnología de punta y agricultura son asuntos menores. Como toda élite decadente, confunde sus objetivos con los de toda la sociedad y vende el ingreso al ALCA como una decisión soberana, además de predicar ventajas inexistentes.

    Veamos los hechos. Un panorama global muestra que el comercio de Argentina con Estados Unidos no es de magnitud (sólo el 19% de las importaciones y el 8% de las exportaciones). Dentro de esas cifras, se exportan productos primarios y se importan manufacturas nuevas de origen industrial.

    ¿Qué ventajas tendría en este contexto una apertura a Estados Unidos? En la agricultura la Argentina es competitiva y se ve fuertemente perjudicada por los subsidios estadounidenses. Si se quiere instrumentar una política agrícola común con América Latina no basta con que Estados Unidos se abra; lo importante es que cesen los subsidios.

    En la industria, la enorme productividad de Estados Unidos hace muy dificultosa la entrada a sus mercados, salvo por la maquila y el comercio entre las propias empresas que se ubican en países cercanos de mano de obra barata (para eso ya están México y los países centroamericanos). En cambio, el libre acceso de la producción estadounidense a la Argentina barrería con las pocas industrias locales que subsisten. Las cifras son definitivas: en 1998, la Argentina importó de Estados Unidos manufacturas nuevas de origen industrial por 3.983 millones de dólares y exportó productos análogos por 225 millones de dólares.

    Pero no hay que "gobernar para los corralones” (como afirmó el fugaz viceministro Daniel Artana): basta con defender la especulación financiera. Aún a costa del país.

    Poniéndose Firmes

    América Latina ya está acostumbrada: en cualquier negociación gana el más fuerte: Estados Unidos. Tal es la experiencia histórica. Sin embargo, el caso del ALCA es atípico. Estados Unidos podrá ejercer toda su influencia y alinear a su lado a casi todos los países de la región, pero si Brasil y Venezuela no entran no hay ALCA: entre los dos totalizan el 42% del producto interno bruto de América Latina. Si se sumase Argentina, se llega al 56% (2). ¿Qué área de libre comercio podría hacerse con el resto de los países, que no llegan a sumar la mitad del producto regional? El peso del Mercosur más Venezuela se acerca al 80% de la región si se deja de lado a México, que ya está en

    el esquema de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC). De tal modo, Brasil y Venezuela (y acaso Argentina) tienen un poder implícito de veto. Sin estos tres países no hay ALCA. No se trata entonces de no negociar, sino de unirse para negociar fuerte. Este hecho fue señalado por el canciller de Brasil Celso Lafer, quien afirmó

    que "el poder en el ámbito del comercio es el tamaño del mercado propio. En ese contexto, tenemos recursos de poder. Una acción conjunta es siempre mejor, pero no le temo al aislamiento, si eso es necesario para defender los intereses nacionales" (3).

    En toda negociación, lo primero es decidir quiénes y cómo intervienen; lo segundo, qué se discute. Es fundamental que los países del Mercosur participen en bloque. Junto con Venezuela - que coincide con la posición de Brasil- representan casi el 60% del PBI de América Latina y el Caribe. Su poder de negociación es decisivo. Al

    mismo tiempo que se negocia con Estados Unidos también deberían discutirse temas análogos con la Unión Europea.

    En cuanto a la agenda, deben plantearse la difusión de tecnologías de punta y las medidas antidumping, en especial la supresión de los subsidios que otorga Estados Unidos a sus agricultores. Por supuesto, este temario choca con el de

    2- Los participaciones en el PIB regional están calculadas sobre la base de dólares constantes de 1995. Fuente: CEPAL, división estadísticas y proyecciones económicas

    3- Entrevista al canciller de Brasil Celso Lafer, en Valor Económico, San Pablo, 20-1-01

    Estados Unidos (eliminación de tarifas comerciales, acceso a contratos del sector público, patentes y libre entrada al sector de servicios). Aquí es donde los países del sur deben hacer valer su poder de veto implícito.

    Pero en este caso, quien lidera las discusiones es Brasil, que no está dispuesto a sacrificar su industria nacional sobre el altar de libre comercio de una sola mano. Allí cobra sentido el Mercosur.

    Financiar el desarrollo real

    En la discusión del ALCA está en juego el futuro del Mercosur. Esta opción no sólo tiene un ingrediente geopolítico (adscripción a

    Estados Unidos o creación de Sudamérica), sino que implica una elección de sistema productivo, donde el sector financiero tiene su lugar, pero subordinado a financiar el desarrollo real y no dedicado a la timba o al narcolavado. La única forma que los países sudamericanos - y Argentina en especial - tienen de exportar manufacturas en escala significativa es la integración sudamericana. El 85% de las manufacturas complejas que exporta la Argentina va hacia otros países de la región; Estados Unidos sólo compra a la Argentina el 4,7% de esas manufacturas (4). Además, las importaciones estadounidenses sin restricciones arrasarían con lo que queda de la industria nacional, que es el sueño dorado del establishment financiero. Por ello, es esencial que exista el Mercosur como horizonte de desarrollo económico. Sin unión aduanera, Argentina se disuelve en el ALCA. De allí la importancia fundamental de mantener una preferencia recíproca arancelaria para los miembros del Mercosur y no aceptar un arancel cero con Estados Unidos.

    4- Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, Le Monde Diplomatique, Ed. Cono sur, 09-2000

    La distancia que va entre el atraso colonial y el desarrollo independiente es la misma que separa al sector financiero y la captación de renta, del desarrollo industrial y el mercado interno, nacional o regional. Es por eso que la mejor respuesta a la amenaza del ALCA es la ampliación del Mercosur en territorio, industria y eficiencia.

    En primer lugar es necesario que se incorporen Venezuela y Bolivia (Chile ya optó por TLC y ALCA.). En el diseño de Sudamérica que surgió de la reunión de Brasilia de agosto de 2000, emerge un grupo del Pacífico y otro del Atlántico. El primero (Colombia, Ecuador, Perú y Chile) parece proclive a una integración con Estados Unidos. En cambio el del Atlántico (Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia) podría estructurar un Mercosur ampliado. Incluso en el caso de que Uruguay "se abriese", dado su escaso comercio.

    La segunda expansión es la de la industria. Con el mercado subregional extendido, existe la posibilidad de lanzarse a varios tipos de industrialización: de alta tecnología, pesada y sustitutiva de importaciones. Sólo la industria puede llevar a los países a altos grados de desarrollo. Es cierto que los países desarrollados tienen un sector importantísimo de servicios; pero antes tuvieron industria, la conservan, defienden y amplían. Además, son servicios de alta productividad, mientras que los nuestros suelen ser desocupación disfrazada.

    La tercera ampliación es la de las políticas comunes. Existe un extenso campo de acción, en todos los ámbitos (5). No sólo el comercial, sino también los posibles acuerdos sobre infraestructura, comunicaciones, tecnología, cultura, educación, complejo militar-industrial.

    La cuarta acción común -urgente- debe ser la coordinación de la defensa sudamericana. El Plan Colombia pone de manifiesto la necesidad de preservar la independencia nacional de los países. De hecho, es coherente la defensa de industrias y mercados junto con los territorios: la viabiliza y le otorga una dinámica eficiente.

    5- Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, Le Monde Diplomatique, Ed. Cono sur, 09-2000

    Subordinación incondicional

    Para el sector financiero, la opción de entrar al ALCA es fundamental, por varias razones. La primera, acumulación de poder. Cuando los economistas del establishment financiero afirman que el problema de la Argentina reside en la "competitividad", significa que el perfil productivo, la distribución del ingreso y el reparto del poder están en excelente situación... para sus intereses. La segunda hace a su esencia, que es la subordinación incondicional a los intereses de Estados Unidos, aunque sus manejos sean motivo de investigaciones judiciales, como el paradigmático de lavado de dinero, investigado por el Senado estadounidense y en Argentina por los diputados Carrió y Gutiérrez. La tercera hace a su existencia. El sector financiero destruyó Argentina al liquidar su estructura industrial. El modelo rentístico-financiero que se impuso con golpes de Estado o de mercado a partir de 1976 y con renovados bríos desde 1991, vuelve al centro de la escena con similares protagonistas. Está en agonía, en una desesperada lucha por sobrevivir a cualquier precio. La búsqueda de fondos en el Tesoro de Estados Unidos puede ser moneda de cambio para entrar al ALCA y desarticular al Mercosur.

    Por estas razones, las negociaciones del ALCA no son un episodio menor, sino que representan la oportunidad de alcanzar un mayor afianzamiento regional, en donde el sector hegemónico en Brasil, que es el industrial, "contagie" a la Argentina o donde el sector financiero argentino rompa la integración y "exporte" el previsible default.

    Los brasileños observan el histrionismo argentino con preocupación. Por cierto, la cancillería argentina ha mantenido la política de avanzar hacia el ALCA a través del Mercosur, al que otorga "no sólo una dimensión económica sino también estratégica" (6). Pero a Brasil le preocupa cuál es la verdadera naturaleza de la lealtad del gobierno, o si Argentina está dispuesta a suicidarse. Al aceptar algunas de las primeras medidas del "superministro" de Economía Domingo Cavallo, Brasil ha abierto un crédito que bien puede ser el último. Esta flexibilidad

    6- La Nación, Buenos Aires, 14-03-2001

    salva a Brasil de la antojadiza acusación de ser la causa del desastre argentino. Los decisores y analistas brasileños plantean, con incuestionable razón, que la principal dificultad de la Argentina reside en la política de convertibilidad. Ahora que el autor de ésta política es el líder del nuevo equipo de gobierno, se ve claramente cómo trata de reducir el Mercosur a un simple tratado de libre comercio que, casualmente, es lo que el ALCA precisa. La virtual suspensión del Mercosur sin plazo, que Cavallo acaba de hacer, indica el sentido de su estrategia. A la Argentina le puede costar muy caro.

    * El ministro de economía y las alianzas continentales

    Hay un “mito Cavallo”, que él mismo se encarga de fomentar: “yo o el caos”. Severo pero justo, candidato natural a Padre de la Patria. Dinamismo, decisiones fuertes, soluciones milagro. Sus exabruptos van por cuenta de su espontaneidad. Pero la realidad es otra: hay pasados y presentes difíciles de justificar. En 1982, cuando era presidente del Banco Central con Reynaldo Bignone como último

    presidente de la dictadura militar, licuó la deuda en pesos privada con

    una inflación del 28% mensual. Como si eso fuera poco, con la circular A-137 del 5-6-1982, estableció un seguro de cambio, que junto con las circulares A-31 del 5-6-1981 de Egidio lanella y la comunicación A-251 del 17-11-1982 de Julio González del Solar sirvieron para estatizar la, deuda externa privada, aún cuando muchas de las empresas que habían contratado esas deudas tuvieran importantes saldos en dólares en el exterior. Una pequeña ayuda para los amigos.

    En su vuelta al poder con Carlos Menem, en 1991, abrió sin

    restricciones el sector productivo industrial a las importaciones, con lo que provocó la quiebra de una multitud de empresas. En 1996 la tasa de desempleo abierto fue de 17,3% y la de subempleo de 13,6%. Fue el conductor del proceso de privatizaciones que terminó con las empresas públicas argentinas entre 1991 y 1996. Su trayectoria explica sus preferencias (o sus mandantes): en 1982, actuó a favor de los deudores privados, entre 1991 y 1996 sirvió a las empresas transnacionales que compraron los servidos públicos

    estatales. En ambos casos pagó el Estado argentino. La estatización de la deuda privada costó 14.500 millones de dólares entre 1981 y 1983 (7). Las privatizaciones dejaron al Estado argentino sin empresas y la apertura irrestricta a las importaciones desarticuló su sistema productivo. Por otra parte, siempre estuvo cerca de los círculos financieros de Estados Unidos; ante ellos, precisamente, gestionó el cierre de préstamos que contribuyó en 1989 a la caída del presidente Raúl Alfonsín por un golpe de mercado.

    Ahora le toca otra tarea, de largo plazo y de difícil reversión. Cavallo ha declarado que “lo que nosotros necesitamos es un tratado de libre comercio y no una unión aduanera” (8). Piensa que “unificar aranceles externos en todos los países del bloque nos va a llevar a discusiones interminables y a una quimera” (9). Acaso estas expresiones sean apenas el emergente de motivaciones más profundas, que explicita su más íntimo colaborador: "la Argentina tiene que dejar de perder inútilmente el tiempo con ese proyecto absurdo del Mercosur. Tiene que ir a buscar inmediatamente una negociación bilateral con Estados Unidos, que reforzaría el tema de confianza en una forma excepcional” (10).

    Chile, Ingenuidad e Ideología

    El gobierno chileno dio un viraje a favor del ALCA y contra la perspectiva de integración al Mercosur, pese a las crudas razones económicas que muestran la inconveniencia de admitir las imposiciones de Estados Unidos, a cambio de una dudosa promesa de tratamiento diferencial para su incorporación al TLC.

    Para la dirigencia política chilena el logro máximo de sus aspiraciones en materia de política económica internacional ha sido alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Sin embargo, sucesivos gobiernos habían llevado a cabo una política de inserción internacional mediante tres vías complementarias:

    7- FIEL, El gasto público en la Argentina, 1960-1983, Bs.As. 1985, págs. 75 y 76

    8- Domingo Cavallo, Ámbito Financiero, Bs. As, 22-03-01

    9- Domingo Cavallo, Ámbito Financiero, Bs. As, 22-03-01

    10-Adolfo Sturzenegger, La Nación, Bs. As, 4-03-01

    Una apertura unilateral y no discriminatoria con el exterior, a través de la significativa reducción de las tarifas arancelarias; la firma de acuerdos de complementación económica y tratados de libre comercio con diversos países en los años '90; finalmente, en el ámbito multilateral, la participación activa en la Ronda Uruguay del GATT-OMC, así como el APEC y el ALCA.

    Aquel objetivo central, aparentemente descartado por el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se coloca nuevamente en la prioridad de la agenda nacional a parar de fines de noviembre del año pasado: Chile reinició confidencialmente conversaciones con la Casa Blanca, hasta lograr la formalización de negociaciones para avanzar en un TLC con Estados Unidos.

    Los dos intentos anteriores terminaron en un rotundo fracaso, con costos significar en recursos humanos y financieros. Parece curioso que las autoridades chilenas, con el mismo equipo técnico en lo esencial, se embarquen nuevamente en una compleja negociación sin evaluar las razones de aquel fracaso. Más significativo aún es que el nuevo intento negociador se realice sin el famoso fast track y que su anuncio haya sido en la víspera de un cambio de gobierno en Estados Unidos.

    Las conversaciones de principios de la década pasada se insertaban en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (GeneraI Agreement on Trade and Taxes, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). Todo indica que Estados Unidos, en esa oportunidad tentó a las autoridades chilenas con la posible incorporación al TLC con el propósito de fortalecer su posición negociadora en la Ronda Uruguay. De esta manera, un Chile encandilado con acceder al TLC hizo concesiones injustificadamente generosas en propiedad intelectual, servicios y especialmente con la consolidación arancelaria, favoreciendo así la posición estadounidense.

    Después de casi 10 años, con la elección de un presidente socialdemócrata, se esperaba que cambiaran las líneas de política internacional chilena. De hecho, en junio del 2000 el presidente Lagos manifestó su compromiso de adhesión plena al Mercosur. Pero al poco tiempo el nuevo ofrecimiento de Estados Unidos para iniciar negociaciones formales fue irresistible para las autoridades chilenas. El entusiasmo hizo olvidara la Cancillería que debía explicaciones a sus vecinos por haber retrocedido en el Mercosur en favor de Estados Unidos, lo que produjo un deterioro - que aún persiste - en las relaciones políticas, especialmente con Brasil. Tampoco fue casual que Estados Unidos realizara su propuesta semanas antes del encuentro de Florianópolis, en un evidente intento de debilitar el Mercosur y así cerrar toda posibilidad de que se constituyera un bloque sudamericano para negociar con Estados Unidos en el marco del ALCA.

    Así como en el pasado Estados Unidos ejercía su hegemonía para reafirmar su posición negociadora frente a Europa en el marco de la Ronda Uruguay, ahora es indudable que el inicio de conversaciones de un TLC con Chile busca fortalecer su posición en las negociaciones del ALCA para debilitar una eventual postura común de los países del Sur. La política de Chile sólo se puede explicar como una mezcla entre ingenuidad e ideología, característica de la política comercial chilena de los últimos años.

    Por lo demás, no están nada claros los beneficios concretos de una negociación bilateral con Estados Unidos. Mientras Chile tendrá que reducir sus aranceles del promedio de 8% con el cual ingresan los productos de Estados Unidos, éste tendrá que reducir su arancel promedio con el cual ingresan los productos chilenos aproximadamente un 1 %. Es improbable que la rebaja en el escalonamiento arancelario de algunos productos manufacturados genere un incremento sustantivo en las exportaciones a Estados Unidos.

    Parece difícil que Washington desmantele el sistema antidumping - el mayor instrumento de protección comercial de ese país a instancias de Chile o que Estados Unidos se comprometa con un sistema de solución de controversia bilateral que limite su soberanía. En lo que respecta al tema agrícola, mientras los negociadores estadounidenses exigirán la eliminación de las bandas de precios (1), es improbable que accedan a disminuir los cuantiosos subsidios que Estados Unidos otorga a su sector agrícola. Es ingenuo pensar que el reducido poder de

    1- Una sobretasa a la importación de algunos productos agrícolas para corregir el efecto de subsidios en el mercado de origen.

    negociación de Chile pueda modificar el marcado proteccionismo de la política comercial estadounidense.

    A cambio de ello, Chile deberá reducir sus aranceles, desmontar sus bandas de precio, proteger los derechos de propiedad estadounidenses y comprometerse a abrir la cuenta de capitales. Probablemente se le pedirá  eliminar el encaje (2) y por tanto renunciar a mantener instrumentos de política que permitan reducir su vulnerabilidad externa. Además Estados Unidos exigirá  sin duda el compromiso de no gravar transacciones de comercio electrónico, protegiendo por lo tanto la competitividad internacional de su industria. Todo lo cual se parece mucho al intercambio de oro por collares de vidrio, del cual hay larga experiencia desde la Conquista.

    Lo más curioso, sin embargo, es que en general existe acuerdo con los demás países de Sudamérica -el Mercosur en particular- respecto a los temas de negociación con Estados Unidos:

    los subsidios agrícolas, el sistema antidumping, el escalonamiento arancelario y un sistema de controversia más equilibrado, son todas las concesiones a lograr mientras que un mayor control nacional sobre la cuenta de capitales, el comercio electrónico y propiedad intelectual son concesiones a evitar. Por lo tanto una negociación en bloque del Mercosur con Estados Unidos al interior del ALCA tendría, sin duda alguna, mayor peso que una negociación bilateral con el país del Norte.

    La insistencia en un TLC con Estados Unidos demuestra su sesgo ideológico. Un TLC con Estados Unidos reafirma una estrategia de desarrollo basada en la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación ambiental, la concentración económica en unos pocos grupos y la distribución desigual de los beneficios del crecimiento, todas características del desarrollo económico reciente de Chile.

    Un alto porcentaje de la canasta exportadora está constituida por recursos naturales, estructura que se ha mantenido básicamente constante en la década de

    2- Impuesto al capital especulativo, hoy en día cero, pero que llegó al 30% en los ´90.

    los noventa. El principal destino de las exportaciones chilenas es Estados Unidos: 3.183 millones de dólares exportados en el 2000, el 17% del total de las exportaciones. De éstas, más del 30% son recursos naturales sin ningún tipo de procesamiento. Pero Chile exporta 1.709 millones de dólares a los países del Mercosur, de los cuales sólo el 19% son recursos naturales y el resto productos industriales y recursos naturales procesados. Chile exporta 630 millones de dólares de productos manufacturados al año a los países de Mercosur, más del doble que a Estados Unidos. Por otra parte, las dos terceras partes de las inversiones de Chile en el exterior se dirigen al Mercosur.

    Conclusión

    Con este trabajo finaliza una etapa muy importante en nuestras vidas. Por esta razón es que pusimos un gran esfuerzo y una gran dedicación al mismo. Fue mucho tiempo el que utilizamos para investigar, informarnos, averiguar, y, finalmente, redactarlo. Para obtener la información que volcamos en estas páginas, fuimos a bibliotecas, universidades y recorrimos Internet, además de haber consultado entendidos en la materia.

    El Mercosur(Mercado Común del Sur) es una alianza entre un grupo de países unidos con el fin de ayudarse mutuamente en la inserción en la economía mundial. El mundo actual esta dividido en diferentes bloques económicos, como por ejemplo el TLC(formado por EEUU, Canadá y México) y la Unión Europea. El Mercosur es el tratado que representa en el mundo a los países que lo integran, y los muestra con los mismos intereses y necesidades.

    El mundo tiende a dividirse cada vez en menos bloques económicos debido a los avances tecnológicos, sociales, económicos y políticos. Es por ellos que existe un proyecto llamado ALCA(Área de Libre Comercio de las Américas) promovido por EEUU que intenta es disolver el Mercosur y el TLC y formar un solo bloque agregando también nuevos países de América. Este proyecto deja muchas dudas a muchos, ya que no se sabe si es conveniente o no implementarlo, se cree que las consecuencias no convendrían para la mayoría de los países que se desea involucrar. El ALCA sería aplicado en el 2005, sin embargo hasta el momento se mantiene inconclusa su implementación.

    Nosotros creemos que a la Argentina le convendría utilizar un sistema de Mercosur ampliado en América (sin incluir a Estados Unidos), por sobre el ALCA, debido a que la implementación de éste último, como todo sistema que generaría beneficiados y perjudicados, pero en este caso más damnificados que ganadores. El proyecto ALCA favorece más que nada a la economía de EEUU y dentro de nuestro país, al establishment financiero, por sobre los grandes perdedores, los sectores industriales.

    Por último, esperamos que los lectores de este trabajo se hayan enriquecido con nuestro esfuerzo y dedicación, y que el día de mañana este conjunto de páginas baje de un oscuro estante en alguna biblioteca y le sirva de ayuda a todo aquel que lo necesite y se interese en esta monografía.

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